En 1983 grabé con aquél arcaico sistema de vídeo una larga entrevista a Federica Montseny. La produjo el profesor Jaume Sureda para el archivo de historia oral de la universidad balear. Federica, la primera mujer ministra, sindicalista, escritora, había llegado a Palma invitada por los estudiantes de la Facultad de Derecho para participar en un debate que tuvo lugar en el Teatro Principal. La conversación con Federica Montseny fue el día antes en una de las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras, en el edificio de Son Malferit.

La anciana y longeva Federica conservaba su legendario vigor, una memoria nítida y una rara conciencia sobre el pasado, el curso de la historia y la marcha del tiempo. No me hablaba como la mujer tantas veces derrotada.

Antes de la primera pregunta recité un fragmento del relato que el escritor alemán Hans Magnus Enzensberger dedica a los republicanos y anarcosindicalistas exiliados en Toulousse. En la más española de las ciudades francesas, los héroes de las mil batallas perdidas, subsistían con sobriedad, haciendo de su austeridad el sustento de una insobornable independencia. Sin rencor ni odios ideológicos, ni banales ejercicios de nostalgia, vivían en modestas viviendas sin televisor, pero con libros. Pertenecían a una generación que dio a la cultura y a la educación la más alta consideración moral. Reverenciaban a Don Quijote y en cada una de sus casas conservaban la obra magna de Cervantes. Me extendí citando los elogios de Enzensberger por los viejos compañeros de Federica, pero el homenaje no la conmovió. Recelando de la mitografía y avisada de lo que encubre el embellecimiento del pasado. Como si el reconocimiento al abnegado idealismo de aquellos hombres no fuera más que otro modo de redactar su epitafio.

Lo recuerdo ahora que la televisión francesa ha emitido un documental sobre Federica Montseny, “L’Indomptable”, dirigido por Jean-Michel Rodrigo. Allí aparecen fragmentos de mi entrevista a Federica y me cuenta el documentalista, Javier Campillo, bibliotecario del Instituto Cervantes en Toulousse, que no hay en los archivos ninguna otra intervención tan larga y completa como la que entonces quedó grabada y custodiada.

Le comento a Juan Luis Cebrián, el día que presenta la novela de Fernando Schwartz en la Embajada de Francia, acompañado por un locuaz y simpático embajador, que al recordar a los españoles maltratados por la Historia (los judíos, los moriscos, los republicanos…) siento una desagradable sensación de amarga melancolía. Los que conocí en mi adolescencia se distinguían por una singular generosidad vital, ajenos al instinto sectario que hemos visto fructificar en la política y en la prensa. Su extraña autonomía personal encarnaba un estilo de vida, una filosofía –en efecto, un anhelo de sabiduría- más que una doctrina para la predicación y la conquista del poder. Probablemente, mis recuerdos sean los restos deslavazados de un legado que hoy no podemos comprender.

Nuestro avaro y celoso país de infinitas sectas, enemistado con el pasado y rival de su futuro, poseído por una feroz disputa consigo mismo. Este país nuestro, intratable, presto al chantaje, y a la infamia, militando siempre en la trinchera de enfrente, consiente de mala gana que los Reyes de España se vayan a Francia a homenajear a los héroes de La Nueve. La valerosa compañía de españoles, los primeros en entrar en Paris y arrancar a las tropas alemanas su rendición.

Esto se acaba. Esta historia no da más de sí. La hora de la rectificación ha llegado y todos, incluidos los ideólogos mas entusiastas, han empezado a plegar velas. Uno de los ideólogos del proceso se pregunta por el lugar de Mas. Nadie sabe qué hacer con el rey destronado. Otro se adentra en la autocrítica que tanto ha faltado a lo largo de esta inacabable marcha hacia ninguna parte. Ahora reconocemos que la superioridad moral y la autocomplacencia empequeñecen la mirada colectiva, irrealista y ciega sobre todo ante las propias inmoralidades. También que la transferencia de todos los defectos sobre España, como única responsable de nuestros problemas, ha hecho el resto. Un poco tarde para tan atinadas reflexiones.

La idea de la violencia ha hecho su trabajo, es evidente. La revolución de las sonrisas y la ruptura democrática y pacífica han tropezado con su rostro más hosco. Voces bien serias, desde dentro del propio campo soberanista, lo venían advirtiendo desde hace tiempo. No es tan solo el problema de los métodos violentos, cuya sola apelación imaginativa a través de los okupas amigos de la CUP aleja a la gran masa de los votantes. Antes está la cuestión del principio de legalidad, es decir, el Estado de derecho, las libertades y los derechos civiles individuales.

Atender a la legalidad no es un capricho reaccionario e incluso franquista. La democracia sin ley es demagogia y conduce a la dictadura. Lo que está en juego no es el principio de autoridad ni la contundente consigna burguesa de ley y orden, sino la regla de juego que a todos obliga y a todos defiende de la arbitrariedad. Sobre todo a los más débiles. Si son los okupas los que dictan la ley, habrá un momento en que alguien más fuerte dictará la suya. Por eso el rupturismo conduce históricamente a la dictadura de uno u otro signo.

Los pacíficos y amables dirigentes del proceso habían imaginado un inexplicable camino de tranquilas rupturas, pequeñas fracturas de la legalidad o incluso una decantación pacífica y casi imperceptible desde la legalidad actual hasta otra que surgiría nueva y limpia, catalana claro está, lista para ser adoptada por todos y constituir el Estado propio inmaculado. Estos planes --fraguados en las masías de l'Empordà y en los chalés de la Cerdanya durante los largos fines de semana de los días tórridos de agosto que preceden a las grandes jornadas patrióticas del Once de Septiembre-- han tropezado ahora con las tentaciones expropiatorias de las segundas residencias que la CUP no ha tenido rebozo en exhibir como argumentos de apoyo a la negociación de los presupuestos con Junts pel Sí.

El peor escenario se ha hecho realidad. La CUP es quien controla la agenda política. Con apenas unas centenas de agitadores congregados en Gràcia consigue poner en jaque a los gobiernos municipal y de la Generalitat, secuestra el foco mediático, impugna la autoridad de las fuerzas del orden catalanas e impide la aprobación de los presupuestos en el Parlament. Sin su voto no hay presupuestos y sin presupuestos no hay algo digno de llamarse gobierno.

La CUP aprieta las tuercas porque con tal experiencia ha sacado hasta ahora grandes réditos. Sin ir más lejos, los contenidos rupturistas de la declaración del 9N y la cabeza de Artur Mas. Ahora ha conseguido poner al gobierno contra las cuerdas y someterlo a un dilema endiablado y demoledor, entre dar por roto el acuerdo de estabilidad parlamentaria o ceder y continuar sometidos al chantaje permanente, algo que una persona tan autorizada como Pilar Rahola considera como ?dos opciones letales para el proceso?.

La tentación es mantener intactos los planes secesionistas en la línea reafirmada ayer por Puigdemont en la entrevista concedida a EL PAÍS. Esto significa que, más pronto que tarde, con presupuestos o sin ellos, habrá disolución del Parlament y que esta se disfrazará y explicará como una nueva forma de paso plebiscitario hacia el Estado propio. Hay otro camino, como es el de buscar una nueva geometría de alianzas parlamentarias, cambiar así la mayoría en el parlamento catalán para aprobar el presupuesto, gobernar de nuevo, restaurar la unidad civil y política catalanista y aprovechar los nuevos espacios de acuerdo y de alianza que se han abierto en Madrid y en las comunidades valenciana, balear y aragonesa con los socialistas y las nuevas izquierdas.

No significa enterrar nada, sino meramente cambiar el ritmo, cargarse de paciencia y acomodarse, finalmente, a la dura y tozuda realidad. El problema es saber si hay alguien con el coraje personal y la autoridad política para dar este paso que muchos querrán interpretar como una rendición, aunque no lo sea.

Cuando alguien me pregunta por qué estudié Derecho, suelo dudar o hacer un chiste, y al final confieso un error histórico que corregí con una maestría y un doctorado en Letras. Recuerdo los cinco años que pasé en la Facultad de Derecho como un desafortunado paréntesis: si bien disfruté de dos o tres materias e igual número de grandes profesores -Guillermo Floris Margadant en Derecho Romano, Ricardo Franco Guzmán en Derecho Penal o en Rolando Tamayo en Filosofía del Derecho-, el resto me pareció una pérdida de tiempo: aulas atestadas, a veces con 200 alumnos, y la  obligación de aprender de memoria leyes y códigos que la mayor parte de las veces no se cumplen o se cumplen sólo para unos cuantos.

            Si bien desde la preparatoria había decidido convertirme en escritor -gracias al influjo de mis amigos Eloy Urroz e Ignacio Padilla-, me dejé convencer por mis padres, mis maestros y mis propios miedos de que era mejor estudiar una profesión previsiblemente lucrativa y dejar a la literatura como un placer culpable. La presión gremial tuvo mucho que ver: de los 50 alumnos del área 4, la de Ciencias Sociales en el CUM, 35 estudiamos Derecho en la UNAM pese a que nuestras vocaciones divergieran de la política a la música y del cine a la filosofía.

            Un periodo más tenebroso -y fascinante- se abrió para mí durante los tres años que trabajé en las procuradurías General de Justicia del Distrito Federal y General de la República al lado de Diego Valadés. A diferencia de lo que ocurría en la Facultad, donde en el fondo maestros y alumnos sabíamos que en México la teoría jurídica jamás se corresponde con los hechos, en estas instituciones tuve la oportunidad de atestiguar no sólo las escasas virtudes y los incontables vicios de nuestro ámbito criminal, sino un concentrado del país con todos sus contrastes. Para un escritor en ciernes constituyó una oportunidad invaluable que muy pocos de mis pares han tenido: observar la realidad de primera mano.

            Tras la renuncia de Valadés a la PGR en mayo de 1994, ese "año que vivimos en peligro", mi lejanía del Derecho se acentuó hasta que lo abandoné por completo. Las leyes y los códigos se volvieron tan nebulosos para mí como para cualquier ciudadano que no tiene que lidiar en tribunales. Veinticinco años después de presentar mi examen profesional (con una extravagante tesis sobre Michel Foucault), he vuelto a sumergirme en mi pasado. Desde hace varios meses investigo un caso criminal con la idea de escribir un libro de no ficción: esta tarea no sólo me ha llevado a examinar detenidamente las miles de páginas del expediente, sino a recorrer de nuevo los laberintos de nuestro orden jurídico.   

            Si aún no puedo hacerme un juicio definitivo sobre el caso que me ocupa, he podido constatar en cambio lo que a muchos abogados les parecerá una rutina ineludible. Al revisar no tanto nuestra legislación penal, que no difiere tanto de otras tradiciones, sino nuestros procedimientos penales, resulta imposible no darse cuenta de sus incontables defectos. Muchos piensan que el mayor problema de nuestro sistema de justicia se halla en la corrupción, pero antes tendríamos que reconocer la propia perversidad de su arquitectura.

            Más que descalificar el sistema por ineficaz, habría que resaltar su absoluta eficacia, si se entiende que fue diseñado para garantizar que los poderosos queden siempre impunes, que quienes los perturban no tengan modo de defensa y, en medio de ello, miles de inocentes terminen en la cárcel. Con su preferencia por la argumentación escrita, que sólo acentúa el papeleo burocrático -y alarga al infinito los procesos-, su entronización de las confesiones -que alienta la tortura, casi ineludible- y la falta de transparencia en sus prácticas, todo funciona para que la verdad quede sepultada bajo los intereses económicos o políticos.

            Si a ello se suma la corrupción, presente en cada fase de un proceso, desde la denuncia y la averiguación previa hasta las raras ocasiones en que se llega a una sentencia, el desastre es mayúsculo. A este marco sólo hacía falta añadirle la violencia de la guerra contra el narco para asegurarse de que el caos se tornase sobrecogedor. Tras leer las miles de páginas de mi expediente (en un español macarrónico), la necesidad de imponer los juicios orales se torna obvia: éstos quizás no eliminen todos los problemas, pero al menos limitarán las peores aristas de un sistema concebido para preservar la injusticia.

Twitter: @jvolpi Cuando alguien me pregunta por qué estudié Derecho, suelo dudar o hacer un chiste, y al final confieso un error histórico que corregí con una maestría y un doctorado en Letras. Recuerdo los cinco años que pasé en la Facultad de Derecho como un desafortunado paréntesis: si bien disfruté de dos o tres materias e igual número de grandes profesores -Guillermo Floris Margadant en Derecho Romano, Ricardo Franco Guzmán en Derecho Penal o en Rolando Tamayo en Filosofía del Derecho-, el resto me pareció una pérdida de tiempo: aulas atestadas, a veces con 200 alumnos, y la  obligación de aprender de memoria leyes y códigos que la mayor parte de las veces no se cumplen o se cumplen sólo para unos cuantos.

            Si bien desde la preparatoria había decidido convertirme en escritor -gracias al influjo de mis amigos Eloy Urroz e Ignacio Padilla-, me dejé convencer por mis padres, mis maestros y mis propios miedos de que era mejor estudiar una profesión previsiblemente lucrativa y dejar a la literatura como un placer culpable. La presión gremial tuvo mucho que ver: de los 50 alumnos del área 4, la de Ciencias Sociales en el CUM, 35 estudiamos Derecho en la UNAM pese a que nuestras vocaciones divergieran de la política a la música y del cine a la filosofía.

            Un periodo más tenebroso -y fascinante- se abrió para mí durante los tres años que trabajé en las procuradurías General de Justicia del Distrito Federal y General de la República al lado de Diego Valadés. A diferencia de lo que ocurría en la Facultad, donde en el fondo maestros y alumnos sabíamos que en México la teoría jurídica jamás se corresponde con los hechos, en estas instituciones tuve la oportunidad de atestiguar no sólo las escasas virtudes y los incontables vicios de nuestro ámbito criminal, sino un concentrado del país con todos sus contrastes. Para un escritor en ciernes constituyó una oportunidad invaluable que muy pocos de mis pares han tenido: observar la realidad de primera mano.

            Tras la renuncia de Valadés a la PGR en mayo de 1994, ese "año que vivimos en peligro", mi lejanía del Derecho se acentuó hasta que lo abandoné por completo. Las leyes y los códigos se volvieron tan nebulosos para mí como para cualquier ciudadano que no tiene que lidiar en tribunales. Veinticinco años después de presentar mi examen profesional (con una extravagante tesis sobre Michel Foucault), he vuelto a sumergirme en mi pasado. Desde hace varios meses investigo un caso criminal con la idea de escribir un libro de no ficción: esta tarea no sólo me ha llevado a examinar detenidamente las miles de páginas del expediente, sino a recorrer de nuevo los laberintos de nuestro orden jurídico.   

            Si aún no puedo hacerme un juicio definitivo sobre el caso que me ocupa, he podido constatar en cambio lo que a muchos abogados les parecerá una rutina ineludible. Al revisar no tanto nuestra legislación penal, que no difiere tanto de otras tradiciones, sino nuestros procedimientos penales, resulta imposible no darse cuenta de sus incontables defectos. Muchos piensan que el mayor problema de nuestro sistema de justicia se halla en la corrupción, pero antes tendríamos que reconocer la propia perversidad de su arquitectura.

            Más que descalificar el sistema por ineficaz, habría que resaltar su absoluta eficacia, si se entiende que fue diseñado para garantizar que los poderosos queden siempre impunes, que quienes los perturban no tengan modo de defensa y, en medio de ello, miles de inocentes terminen en la cárcel. Con su preferencia por la argumentación escrita, que sólo acentúa el papeleo burocrático -y alarga al infinito los procesos-, su entronización de las confesiones -que alienta la tortura, casi ineludible- y la falta de transparencia en sus prácticas, todo funciona para que la verdad quede sepultada bajo los intereses económicos o políticos.

            Si a ello se suma la corrupción, presente en cada fase de un proceso, desde la denuncia y la averiguación previa hasta las raras ocasiones en que se llega a una sentencia, el desastre es mayúsculo. A este marco sólo hacía falta añadirle la violencia de la guerra contra el narco para asegurarse de que el caos se tornase sobrecogedor. Tras leer las miles de páginas de mi expediente (en un español macarrónico), la necesidad de imponer los juicios orales se torna obvia: éstos quizás no eliminen todos los problemas, pero al menos limitarán las peores aristas de un sistema concebido para preservar la injusticia.

Twitter: @jvolpi 

Una reflexión sobre el poeta Basho y el haiku es el tema central de En torno a Basho y otros...

Que cada vez se lea menos no es sólo un quebranto para lo libreros y los editores sino un grave desaliento para los escritores. ¿Cómo no prever por tanto que poco a poco se creará menos literatura (sobre todo de la buena) y en el ya absoluto fracaso comercial del ensayo se pensará menos o no se pensará en nada que requiera tiempo y profundidad?