Sergio Ramírez
Nos encaminamos en Nicaragua hacia unas elecciones presidenciales que no lo serán de verdad, desde luego que todo ha sido decidido de antemano para que el comandante Ortega las gane por tercera vez consecutiva. No hay candidatos creíbles de oposición, que fueron eliminados de la contienda; sin observadores internacionales, declarados non gratos de antemano; sin un aparato electoral creíble; y con el tejido institucional del país en harapos.
No hay, ni habrá una campaña electoral entusiasta y contrastada en las calles y en las pantallas de televisión, ni encuestas de opinión que muestren tendencias de votos que pueden cambiar de un día para otro, ni debates entre candidatos presidenciales. En fin, lo que hoy en día resulta lo normal en los países donde prosperan los sistemas democráticos.
Las únicas demostraciones serán las del candidato oficial, con todos los recursos del estado a disposición, y detrás el aparato de propaganda del partido, incluidas las decenas de estaciones de radio y televisión bajo control oficial. Un partido prácticamente único, compitiendo en un espacio único, lo que en buen nicaragüense se suele llamar "pelea de tigre suelto contra burro amarrado".
El país se aparta cada vez más del modelo medio de desarrollo político en América Latina, donde las salidas democráticas siguen abiertas, y la decisión de los electores es respetada. Y aún en casos de resultados muy ajustados, como en las recientes elecciones en Perú, nadie pone en duda el conteo justo de los votos, y el fraude electoral parece haber sido desterrado.
El régimen se muestra cada vez más intolerante, como se ha visto en las recientes deportaciones de extranjeros, incluidos ciudadanos de Estados Unidos, que llegan al país a realizar tareas burocráticas, e investigaciones académicas, o reportajes periodísticos, sobre temas que se han vuelo tabúes, como la pobreza, o el Gran Canal Interoceánico; o simplemente a participar en programas ecologistas en comunidades rurales. Esto ha hecho que tres países, México, Estados Unidos y Costa Rica, hayan publicado advertencias sobre los riesgos de viajar a Nicaragua.
Pero la cúpula gobernante se siente segura y confiada. Cuenta con el favor de las encuestas, con una base organizada y bajo control, capaz de ser movilizada a través del aparato del estado hacia las plazas y también hacia las urnas electorales, y con un efectivo e incondicional cuerpo de represión policial; mientras, del otro lado, la oposición se encuentra diezmada, o ilegalizada, y hay suficientes "partidos" dispuestos a participar en el juego electoral a cambio de curules y otras prebendas, como es ya tradición en Nicaragua desde los tiempos de Somoza.
Y priva, sobre todo, la apatía. Las necesidades de la subsistencia diaria pesan más que el interés por la democracia y el respeto a las reglas constitucionales. Las demostraciones en las calles en reclamo de elecciones libres sólo convocan a un puñado de personas. Los únicos capaces hasta ahora de movilizar masivamente a la población campesina, han sido los dirigentes del movimiento que defiende la propiedad de las tierras amenazadas por el proyecto del Gran Canal.
El régimen confía también en su alianza con la empresa privada, que ha aprendido a no temer al discurso virulento del comandante Ortega en contra del imperialismo yanqui y el capitalismo. La regla de oro de esta relación es que los asuntos políticos quedan excluidos de las mesas de concertación donde se tratan los temas económicos, que por otro lado se ajustan al marco aconsejado por el Fondo Monetario Internacional.
Estas políticas han permitido que las cuentas financieras muestren algún crecimiento económico, menos acelerado sin embargo que el crecimiento del número de nuevos millonarios; y tampoco han provocado ninguna reducción apreciable de los índices de pobreza, ni han sacado a Nicaragua de la cola entre los países más atrasados de América Latina, en disputa con Haití.
Y Estados Unidos sabe también que detrás de la retórica encendida de Ortega no hay ninguna amenaza real para sus intereses de seguridad hemisférica; la reciente expulsión de funcionarios norteamericanos ha quedado reducida a un incidente, si se quiere, perturbador. El modelo de supresión democrática en Nicaragua no choca de ninguna manera con la vieja tesis de Washington de que lo que más importa a la hora de enfocar las políticas hacia América Latina, es la estabilidad, que existe hasta que el volcán estalla. Pero no hay movimientos sísmicos que indiquen que algo semejante esté por pasar.
Los votos, pues, están contados de antemano. Es como si las elecciones de noviembre de este año ya hubieran ocurrido.
