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Si el siglo XX fue el siglo de los jóvenes, el XXI será de los viejos. A mitad de siglo, uno de que cada cinco personas en el mundo estará por encima de los 60 años, superando por primera vez a la población infantil, un hecho insólito en la historia de la humanidad. No hay ningún segmento de la población mundial que crezca a mayor velocidad. En 1950 eran unos 205 millones sobre una población mundial de 2.500 millones. Ahora mismo, los que hemos cumplido ya los 60 años somos 810 millones sobre una población de 7.000 millones, el 11 por ciento de la humanidad. Y en 2050 espero no estar todavía entre los 2.000 millones de más de 60 años sobre una población de 9.300 millones, porcentualmente el doble que ahora; aunque no puedo excluirlo puesto que habrá ya 3'2 millones de personas que han alcanzado los 100 años, un número diez veces mayor a los que hay ahora.

No será la única gran novedad del siglo en el que estamos navegando desde hace 12 años. También será el siglo de la población urbana y de las megaciudades: desde hace un par de años los urbanitas somos mayoría en el planeta. Y el siglo de las mujeres: de las trabajadoras que se incorporarán al mundo laboral en los países ya emergidos y que garantizarán la continuación del crecimiento; y de las mujeres ancianas. Ahora hay 84 hombres para cada 100 mujeres de más de sesenta y 61 ancianos por cada 100 ancianas de más de 80. Una tendencia que se acrecentará si vemos la pauta de Japón, el país que experimenta de forma más radical la tendencia, con su actual 31 por ciento de población por encima de los 60: allí hay ahora más de 40.000 centenarios, que serán 600.000 en 2050 y de los cuales 500.000 serán mujeres. Todas estas cifras no son curiosidades sobre el mundo que nos espera sino indicios de cambios muy profundos que transformarán nuestras vidas. Las consecuencias escapan a los cálculos que podamos hacer ahora mismo sobre la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y sanitarios, el alargamiento de la edad laboral, la aparición de nuevos estilos de consumo y nuevos mercados, el empobrecimiento de las clases medias o la seguridad de las ciudades donde vivirá esta población especialmente vulnerable y sensible a la pérdida de rentas. También habrá consecuencias políticas de calado: influirán en el voto o en la forma de hacer política y de gobernar.

Este nuevo mundo envejecido es hijo del éxito. Aunque a muchos no les guste como horizonte, es una excelente noticia para la humanidad, fruto del alargamiento de la expectativa de vida. Las causas son claras: mejoras en los sistemas de salud, aumento de la calidad de vida, e incluso la paz y la estabilidad geopolíticas, pero también la caída de la natalidad. Vivimos mejor y durante más tiempo y nacen menos seres humanos. Estas dos tendencias, que caracterizaban a los países desarrollados, afectan ya plenamente al conjunto del planeta, y sobre todo a los llamados países emergentes, con una nuevas y extensas clases medias que se incorporan al consumo y a un incipiente estado del bienestar.

En 2050 habrá 64 países que serán como es hoy Japón en cuanto a envejecimiento de población, entre los que se incluye todos los desarrollados pero también muchos de los que pertenecieron al mundo en desarrollo. En España la tendencia al envejecimiento es mayor que en el resto de Europa, puesto que ahora los mayores de 60 años representan exactamente el mismo 22 por ciento que en el conjunto del continente, pero en 2050 será el 38'3 por ciento, cuatro puntos por encima.

Todos estos datos, bien conocidos de los demógrafos, son noticia estos días gracias a la publicación de un valioso estudio realizado por un grupo de organismos internacionales coordinados por Naciones Unidas, titulado Envejecimiento en el siglo XXI. Una celebración y un desafío. Con independencia de la mirada hacia el futuro, el informe es de una actualidad indiscutible, porque muchos de los problemas de mañana ya existen hoy en una versión todavía limitada. Muy oportunamente Naciones Unidas señala que la población de edad provecta es especialmente vulnerable a los abusos financieros, tal como ha quedado demostrado en España en los últimos meses con la desaparición de los ahorros de muchos de nuestros seniors gracias a la pésima información suministrada por bancos y cajas sobre productos como las participaciones preferentes, las cuotas participativas o la deuda subordinada.

Las guerras y las revoluciones corresponden a la época de la humanidad en que había más jóvenes que viejos. Un mundo con más viejos que jóvenes será más conservador y menos dado a aventuras y utopías que puedan terminar mal. Las propuestas políticas que impliquen sacrificar a las actuales generaciones en favor de las generaciones futuras tendrán una acogida cada vez más tibia en estas sociedades envejecidas. Una sociedad más vieja es también una sociedad que vive más y mejor amarrada a la resolución de los problemas de su presente.

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El president Mas lleva razón. El conflicto entre legitimidad y legalidad que se está tejiendo en Cataluña no puede resolverse por las armas. Pero tampoco se resuelve con actuaciones fuera de la ley por parte de los gobernantes catalanes. Lo que hacen ambos tipos de actuaciones es agravar el conflicto, no resolverlo. Y de las dos, la que más lo agrava es el uso de la fuerza. Lo agrava tanto que lo puede convertir en un conflicto irreparable.

La solución es tan sencilla como difícil. Mas y Rajoy deben hacer en algún momento, lo antes posible por cierto, lo que no supieron hacer el pasado 20 de septiembre: ponerse de acuerdo y hacer un plan de trabajo para hacer dos cosas imprescindibles en este momento, como son salir junto de la crisis primero y rehacer el consenso constitucional español después.

Estamos en una larga carrera no apta para cardíacos, sentimentales o iracundos. Las apuestas van a seguir subiendo. También el tono y la gravedad de los argumentos. Las ventajas de unos serán entendidas como chantajes por los otros, los inconvenientes como amenazas, las observaciones imparciales como voluntad de desentendimiento. Esto será así, al menos, hasta las elecciones. Después se verá. En función de los resultados, de la situación política general y del estado de la economía. Hay variables exteriores que escapan al control de los actores internos de este conflicto. Por ejemplo, el futuro del euro y de la Unión Europea. Es evidente que a una Europa en estado de disgregación, que no es el caso, al menos todavía, le importaría muy poco lo que ocurriera en España. Pero también lo es que la Europa de ahora, a pesar del clima de crisis, no admitiría ni las ilegalidades de unos ni el uso de la fuerza de otros.

A pesar de la puja verbal y política, lo mejor es no hacer mucho caso a los extremos. Dejarse llevar por quienes se sitúan en la punta del arco político es altamente desaconsejable. Adelanto además mi pronóstico: no serán ellos quienes ganarán esta larga jugada en la que estamos metidos. Ha sido Jordi Pujol quien da por prácticamente imposible la independencia. Como correlato simétrico hay que excluir también que se mantenga la unidad de España tal como la interpreta el Tribunal Constitucional en su famosa sentencia sorbe el Estatuto de Cataluña.

Hay solución a este conflicto y se encuentra, como todo, en un punto intermedio que los políticos debieran encontrar y fijar lo antes posible. Cuanto más tarden, más alto será el precio que pagaremos todos por la solución. Y cuanto más tarden, más arriesgado e incierto será el camino que hay que recorrer, con mayores posibilidades de percances de recorrido, sobre todo por la crisis pavorosa que va cobrándose puestos de trabajo, crecimiento y derechos sociales a su paso.

Lo siento, president, pero de Estado de derecho no hay más que uno. Y de momento no es catalán. Tampoco hay un Estado de derecho internacional. Ojalá lo hubiera y fuera al menos europeo. Seguro que facilitaría la existencia de un Estado de derecho catalán integrado, ese Estado propio dentro de la Unión Europea que pedían los manifestantes del 11-S. Lo único que hay es el Estado de derecho español, con independencia de que guste más o menos a unos y otros.

Artur Mas dijo el sábado, a propósito de la legalidad de una consulta sobre la soberanía de Cataluña, que seguirá "los marcos legales y el Estado derecho, sea el español cuando sea necesario, el catálán o el internacional cuando también lo sea". Pues no podrá ser. La única forma de que sea legal la consulta que se propone es hacerla dentro del marco Constitucional del Estado español.

Una de dos: o la realiza después de un intenso diálogo y un acuerdo final con el Gobierno español, que es quien debe autorizarla o alternativamente aceptar una reforma constitucional que la permita; o se convoca sin valor jurídico, en la línea de las consultas populares ya realizadas por multitud de ayuntamientos catalanes, sin el apoyo de Estado de derecho alguno para que se deduzcan consecuencias efectivas de sus resultados. El Estado de derecho español no es una nimiedad ni una formalidad. Artur Mas es presidente gracias a que hay Estado de derecho español. Si su victoria electoral el 25 de noviembre se da ya por hecha es gracias, entre otras cosas, a las disfunciones y defectos del Estado de derecho que han propiciado el clima secesionista imperante en Cataluña. Pero no hay otro. La regla de juego es esta, por imperfecta que sea. La base de todo, de la autonomía, de la recuperación de la lengua, de la integración europea y de la moneda única de nuestras crisis es el Estado de derecho español.

Esta idea es muy seria y gravita sobre la política catalana desde el 6 de octubre de 1934, cuando el presidente de la Generalitat del momento se olvidó de quién era y a quién representaba y se levantó contra la legalidad española y el Gobierno legalmente constituido para declarar el Estado catalán dentro de la República federal española. Nadie quiere en la plaza de Sant Jaume una repetición del 6 de octubre, y no tan solo por cómo acabaron la autonomía y su presidente a los pocos años, sino también por el respeto del principio de legalidad que viene exigido por todos, empezando por la comunidad internacional y el conjunto de los socios europeos.

El presidente catalán ha querido decir dos cosas con su curiosa teoría acerca del Estado de derecho. Hará las cosas dentro de la ley. Recordemos que incluso la ruptura pactada con el franquismo se hizo preservando las formas legales, "de la ley a la ley y por la ley", según palabras del inspirador del proceso que fue Torcuato Fernández Miranda. Y quiere jugar en la escena internacional para obligar al Gobierno español a sentarse y a negociar más que acogerse a una legalidad internacional que difícilmente puede responder a sus requerimientos.

Artur Mas ha avanzado todavía más. No le bastará con un 51 por ciento a favor en la consulta, sino que exigirá una mayoría indestructible e indiscutible. Nada de aprovechar la ventana de oportunidad para precipitar un proceso rápido de secesión como le exigen los más apresurados. No importa un año más, ha dicho. Ni dos legislaturas en vez de una. Mientras tanto, ha dejado de pronunciar el hexasílabo catalán de moda. Por si acaso. Su consejero de Cultura, Ferran Mascarell, para complicar más las cosas, ha declarado al diario Ara que "es un falso dilema escoger entre Estado propio y federalismo, porque la mayoría de quienes decimos que Cataluña necesita instrumentos de Estado somos federalizadores respecto a Europa y a España".

Estamos en campaña electoral. Formalmente desde el martes, cuando Mas convocó las elecciones. De facto, mucho antes, quizás desde que Rajoy obtuvo hace un año una mayoría absoluta y CiU escribió el guión que culminó con la ruptura en La Moncloa tras la Diada. Ahora es tiempo de levantar ilusiones y lanzar promesas, que solo comprometen a quienes se las creen.