Lluís Bassets

Erdogan juega muy fuerte. Sin componendas ni contemplaciones. No tan solo de cara adentro, donde la purga alcanza proporciones gigantescas, jamás vistas en el pasado más reciente y digna de regímenes totalitarios; sino también hacia fuera, en dirección a la UE, a la OTAN, a Estados Unidos, los aliados a los que presiona y sitúa en una posición inconfortable con sus exigencias de apoyo incondicional.

En el castigo a los aliados hay una evidente factura del rencor por la escasa diligencia en condenar el golpe que demostraron en la noche del 15 de julio, todos a la espera de conocer su desenlace antes de expresar su apoyo a la democracia. Pero hay otro factor de orden táctico, que iguala a Erdogan con los autócratas de la región en el uso de las amenazas. Nada es más fácil que hacerse el ofendido para sacar réditos por la imperdonable ofensa infligida y de paso quitarse de encima las críticas por los excesos represivos.

Erdogan abolió la pena de muerte en 2004 para cumplir con las condiciones de ingreso en la UE, pero ahora sus partidarios le piden que la restaure para castigar a los golpistas y a sus numerosos seguidores, detenidos a millares no se sabe si por participar en la conspiración, meramente por desear que triunfara el golpe o por pertenecer a la secta gulenista culpabilizada colectivamente. Por supuesto, es una ofensa intolerable contra la soberanía nacional que desde Bruselas se recuerde a Turquía la imposibilidad de integrar la UE en caso de que se reinstaure la pena capital para castigar a los golpistas.

Erdogan cuenta con un colosal precedente de chantaje sobre la UE en el acuerdo sobre devolución de los refugiados sirios, cobrado generosamente en financiación europea, reapertura de la negociación de adhesión y concesión de un régimen de exención de visados. Ahora el contragolpe es la oportunidad para echar un nuevo pulso a la UE con la pena de muerte, que puede abrir en canal las enteras relaciones con Bruselas, incluido el acuerdo de los refugiados.

Con Estados Unidos sucede tres cuartos de lo mismo. De entrada, el entorno de Erdogan insinúa públicamente que Washington estaba detrás del golpe y su prensa más afín llega a titular que fue quien intentó asesinarle. Dos son, el menos, las palancas para presionar: la base aérea de Incirlik, imprescindible para bombardear al Estado Islámico, y el anciano clérigo Fetulá Gülen, que vive en Pensilvania, cuya extradición exige Erdogan para salvar las relaciones con Obama.

Hay una enorme estupefacción entre los aliados de Turquía por las dimensiones de la represión interna y de la ira externa. Una va con otra, pues así es como dentro Erdogan obtiene manos libres y fuera mantiene a raya a los críticos. El resultado es una deriva geopolítica que aleja a Turquía de Europa, la Alianza Atlántica y el Estado de derecho exigido por Europa y le aproxima al entorno de países iliberales y autocráticos propio de Oriente Próximo y del mundo árabe. Con la admirable excepción tunecina, este es el final de un ensueño, el del islamismo democrático al estilo de las democracias cristianas europeas, que las revueltas árabes de 2011 despertaron.

Las urnas cansan, pero más cansa el voto inútil. Cansa acudir nueve veces a las urnas en seis años, como hemos hecho los catalanes, a la velocidad promedio de una convocatoria y media por año, pero más cansa cuando el ciudadano tiene la sensación de que sirve para muy poco o para nada.

Es discutible, ciertamente, el rendimiento de las convocatorias electorales. Para unos, nada más inútil que las dos astutas disoluciones parlamentarias anticipadas con las que Artur Mas buscó una mayoría independentista en el parlamento catalán, o la convocatoria a las urnas del 9N en el proceso participativo sobre la independencia declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Para otros, en cambio, el entero camino que ha conducido hasta aquí, incluidas las convocatorias electorales, el 9N y la coalición de Junts pel Sí constituye un éxito sin retroceso que deberá culminar el próximo año de nuevo con otra convocatoria a las urnas en unas elecciones anticipadas y de carácter digamos que definitivo. Si respecto al ámbito autonómico el cansancio está dividido, no lo está en los otros dos, el municipal y el general. Las dos elecciones municipales apenas han contribuido a la sensación de fatiga e incluso ha sucedido lo contrario, en consonancia con la vitalidad y proximidad de la democracia local. Ahí es donde se han producido los mayores cambios: en 2011 la Convergència ahora extinta alcanzó por primera y última vez la alcaldía de Barcelona y en 2015 llegó Colau a la plaza de Sant Jaume, la izquierda de nuevo, aunque otra izquierda.

La tres elecciones generales celebradas desde 2010, en cambio, son las que más han contribuido al cansancio, gracias a la repetición y a la amenaza de una tercera convocatoria. Si el independentismo repite elecciones para conseguir su cambio soberanista, el conservadurismo rajoyista lo hace para evitar cualquier cambio.

Si hay un cansancio español de las urnas, hay también un cansancio específicamente catalán referido a las elecciones generales. Para los independentistas, es parte del cansancio de España y de su infatigable optimismo respecto a la posibilidad de largarse, tal como expresan de forma elocuente los diputados de Esquerra. Pero para el común de los catalanes, incluyendo a votantes independentistas, este cansancio de las urnas españolas se debe a una novedad que sigue produciendo extrañeza: votas en Cataluña y nada pasa en Madrid, como venía sucediendo a lo largo de toda la historia de nuestra democracia.

El tipo de voto con efecto más visible era el que solía obtener Convergència i Unió, que sirvió para sostener gobiernos de Felipe González y José María Aznar y asegurar políticas económicas y europeas con todos, incluso con José Luis Rodríguez Zapatero. Pero no era el único. Todas las mayorías del PSOE, sobre todo las dos absolutas de 1980 y 1986, no se explican sin el voto catalán socialista. Incluso el voto al PP aportó su cuota parte a las dos mayorías absolutas de Aznar y Rajoy. El hecho es que el voto catalán está ahora devaluado o, si se quiere, ha regresado a su valor de cambio normal después de una larga época de pujanza.

La cuestión central en esta devaluación es el suicidio de CiU, primero por el divorcio entre Convergència y Unió, luego por la desaparición de este último de la vida parlamentaria, y finalmente por la transformación de los convergentes en un doble de Esquerra Republicana aunque un puntito más burgués y conservador. El nuevo Partit Democràtic de Catalunya es independentista y republicano, e incluso ligeramente rupturista, pero sobre todo ha decidido que de Madrid solo le puede interesar la consulta sobre la independencia, so pena de verse señalado e incluso desbordado por Esquerra.

La idea de influir, modernizar e incluso gobernar en España, inscrita en el pórtico centenario del catalanismo moderado, ha quedado superada. Y, como contrapartida, la exigencia de un referéndum sobre Cataluña como exigencia previa a cualquier negociación se ha convertido en un estigma que inhabilita a los partidos independentistas para entrar en el juego de los pactos parlamentarios. No es tan solo porun tabú antiseparatista, sino por el mantenimiento de los plazos perentorios para culminar el proceso, los 18 meses que vencen en 2017, considerados como un chantaje que inhabilita al independentismo.

Ciertamente, todo es producto de la fragmentación parlamentaria española, que es a la vez catalana. El viejo catalanismo posibilista ya no existe, pero el independentismo que le ha sustituido no tiene mayoría suficiente para gobernar en Barcelona y culminar su hoja de ruta, y no sabe cómo hacer valer sus votos en la carrera de San Jerónimo: ni para hacer gobiernos en Madrid, como estábamos acostumbrados en la época de CiU, ni tan siquiera para echar a Jorge Fernández Díaz del ministerio del Interior.

Vivimos una época de ascenso de los populismos, algo que se ha dado en llamar un momento populista, en el que el juego de la polarización y la dialéctica amigo/enemigo se convierte en eje e incluso motor del juego político. Puede que algunos lo hayan descubierto recientemente, pero hay datos suficientes para señalar que en el caso de la crisis constitucional abierta en Cataluña el momento populista no es reciente, puesto que empezó hace diez años, justo cuando estalló la pugna alrededor de la redacción de un nuevo Estatuto.

Llevamos al menos una década entera cultivando esmeradamente de un lado y otro una dialéctica negativa, de descalificación del adversario y de polarización de las posiciones políticas, sobre todo desde unos medios de comunicación que se han dejado contaminar y en algunos casos se han convertido en auténticas fábricas de retórica antagonística, llena de estereotipos y sofismas, y que es, digámoslo bien claro, abiertamente antiespañola en un lado y anticatalana en el otro, o si se quiere y con lenguaje más a la moda, hispanófoba y catalanófoba.

(Este el texto de mi intervención el pasado 14 de julio en la Fundación Ortega y Gasset Gregorio Marañón en la última sesión del seminario titulado 'Escolta Espanya!¡Escucha Cataluña!, alrededor del tema 'Sociedad civil y medios de comunicación: ideas para una nueva convivencia entre Catalunya y España'.) Si se trata de buscar ideas para una nueva convivencia, tal como reza el título de la sesión de esta mañana, lo primero que habría que propugnar sería el desarme verbal. Dejémonos de insultarnos. Dejémonos de despreciarnos y ofendernos mutuamente. Luego puede llegar la reconciliación, pero antes debería producirse el cese de las hostilidades en la contienda de la palabra.

Estas retóricas antagonísticas gratifican a los mutuamente ofendidos, atizan las peores pasiones y suelen dar rendimientos en audiencias mediáticas y sobre todo en resultados electorales, por lo que tengo sobrados motivos para dudar que quienes las promueven quieran y vayan a abandonarlas solo por la mera llamada de buena voluntad de unos pocos remilgados a que cese la guerra verbal.

No se trata de una cuestión anecdótica, ni de una inflamación digital atribuible a la frivolidad y a la irresponsabilidad que proliferan sobre todo en las redes sociales. En muchos casos son dirigentes políticos del máximo nivel, intelectuales de la máxima consideración, directores de campañas electorales y responsables de medios de comunicación de los más tradicionales de uno y otro lado quienes encabezan las ofensivas verbales con intolerantes soflamas que en muchas ocasiones poco tienen que ver con las ideas o con los argumentos sino que atacan a las personas individual o colectivamente, estrictamente por lo que son o por la identidad que exhiben: por catalanes, por españoles. Algo sabemos históricamente de la cultura del odio en España y hay que decir que en estos diez años hemos desenterrado incluso todo el arsenal de insultos y tópicos viejos de cien años, desde los mismos orígenes polémicos del catalanismo, para arrojárnoslos a la cabeza unos a otros. Hay incluso bibliografía al respecto.

Tras el desarme verbal, debiera llegar la etapa de creación de territorios de diálogo y de acuerdo. No puedo avanzar ni un centímetro en esta dirección sin expresar de nuevo mi escepticismo: si desde los medios no tan solo no hemos sabido frenar la guerra verbal, sino que incluso la hemos atizado ?unos más que otros, sin duda: que cada uno haga su examen de conciencia? ¿cómo voy a pensar que seremos capaces de contribuir a la creación de estos territorios de diálogo y de entendimiento desde los mismos medios?

Y sin embargo, habrá que abandonar en algún momento la idea de los frentes de combate. Además de desarmar, habrá que empezar en algún momento a reorganizar la vida civilizada. No es una cuestión únicamente de contenidos ofensivos, sino de pluralismo. Hay medios de comunicación y más concretamente periódicos, en uno y otro lado, en los que la uniformidad y la redundancia de los análisis y de las opiniones es sorprendente e incluso bochornosa. El pluralismo de la sociedad no se agota en la pluralidad de medios con orientaciones distintas e incluso contrapuestas, sino que debería ser también pluralismo interno de los medios, dentro de las proporciones razonables respecto a la orientación de cada uno de ellos.

En estos diez años hemos visto como disminuía el pluralismo y crecía el unanimismo, hasta casi llegar al cero absoluto del primero y al cien por cien del segundo. Es especialmente grave como síntoma cuando se produce en medios privados de referencia para un sector importante de la opinión pública, en concreto los diarios que mejor representan a la derecha española y los que mejor representan al catalanismo político. Pero es más grave todavía y no tan solo como síntoma sino como enfermedad de la democracia cuando se produce en medios de comunicación públicos, como hemos visto prácticamente en todas las televisiones y radios, aunque en mi caso quiero hacer una referencia especialmente crítica a RTVE y a la CCRTV, Televisión Española y TV3, instituciones donde se ha perdido, especialmente en los momentos más intensos de la confrontación entre el gobierno catalán y el español, el mínimo sentido del equilibrio, la proporción y la honestidad informativas.

Tras el desarme verbal, se me antoja por tanto absolutamente necesario un esfuerzo para que regrese el pluralismo, al menos en los medios de comunicación públicos. Ningún territorio de entendimiento puede crearse si persistimos en los cotos cerrados e incomunicados, con la opinión pública parcelada según las ideologías e incluso según los territorios y conducida por medios públicos gubernamentalizados.

Vivimos en algunos momentos en mundos paralelos, que no tienen nada en común, y que se dirigen cada uno de ellos a sus propios parroquianos, incapaces de sentarse a dialogar con quien sostiene una opinión diametralmente opuesta. En España ha dejado de existir la conversación ciudadana, el diálogo entre ciudadanos. Ojo, también en Cataluña. Estamos en la era de los monólogos: el soberanismo habla muchísimo, pero consigo mismo; lo mismo sucede con los adversarios de la independencia.

Tras el desarme verbal y la entrada en juego de la pluralidad de voces, necesitamos recuperar nuestra conversación ciudadana, que es una conversación española y catalana, en la que cada uno reconozca la voz del otro y su derecho a ser escuchado sin prejuicios y sin etiquetas. ¿Somos capaces de escucharnos civilizadamente sin descalificarnos? También en este punto quiero mantener de nuevo mis dudas, lamentablemente fundamentadas en la experiencia. Pero ahora se trata aquí de lo que debe ser y no de lo que es. Y lo que corresponde es escucharnos unos a otros, ponernos en el lugar del otro, atender a sus argumentos e intentar llegar al final a posiciones que incluyan a todos.

Con mi escepticismo por delante, quisiera enumerar los territorios de entendimiento sobre los que según mi parecer sería necesario un esfuerzo desde los medios de comunicación responsables para abrir, al menos, un debate público honesto y eficaz.

El primero es la lengua. Es inconcebible a estas alturas que la sociedad española no haya conseguido un mínimo consenso sobre el tratamiento y las políticas que debe recibir la diversidad de sus lenguas y culturas, reconocida de otra parte en la Constitución. Es inconcebible la inexistencia de un debate público y a la vez la irresponsable utilización exclusiva de estos materiales como munición propagandística ofensiva. En vez de respetar y proteger las lenguas, como es obligado por la Constitución ?en el preámbulo, en el artículo 3 del título preliminar, y en el artículo 20 del capítulo de derechos y libertades?las hemos utilizado como instrumentos politizados para combatir al adversario.

Hay un pacto lingüístico imprescindible, que debe servir para restaurar la unidad civil buscada en la transición y casi inmediatamente perdida. La lengua catalana, que es mi lengua, no tiene el estatus ni el trato que merece por parte de las instituciones del Estado y de los medios de comunicación públicos y privados de alcance español y esto debe ser discutido y remediado.

Su unidad, claramente reconocida por las instancias académicas y científicas, no puede ser objeto de instrumentalización a conveniencia de los combates políticos entre nacionalismos, como ha sucedido en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares.

No tengo tiempo aquí para entrar en detalles, pero mi opinión es que hay responsabilidades de todas las partes en la ruptura del consenso lingüístico. La segunda ley lingüística catalana de 1998, en la que se imponían cuotas y multas, tiene mucho que ver con esta ruptura, que se ha expresado fundamentalmente en el cuestionamiento del modelo de enseñanza de las lenguas vigente actualmente en Cataluña.

Es difícil el acuerdo ahora porque hay dos posiciones enquistadas en sus respectivos dogmas, pero creo que es posible y que los ciudadanos lo merecen. No voy a discutir aquí conceptos como inmersión lingüística o lengua vehicular de la enseñanza. Y probablemente ni siquiera hacen falta estos conceptos para imaginar un modelo de enseñanza fundamentalmente en lengua catalana, con el papel central que merece la lengua reconocida estatutariamente como propia, en la que el castellano reciba también un trato correspondiente a su peso social y cultural y a la dignidad de los ciudadanos catalanes de lengua materna castellana, y el inglés tenga la relevancia que exige la economía globalizada en la que encontrarán trabajo nuestros actuales escolares.

Me parece que no es una osadía pensar que las principales instituciones del Estado, empezando por la Corona, deben a los ciudadanos españoles que tienen otras lenguas distintas al castellano como lengua materna y propia algún gesto ostensible y no meramente simbólico de reconocimiento. Entre las sociedades occidentales más próximas disponemos al menos de tres modelos, el de Canadá, el del Reino de Bélgica y el de la Confederación Helvética, que debieran ser analizados y ser objeto de un debate serio y no de meras descalificaciones entre nosotros. El primer ministro de Canadá habla siempre en francés e inglés. Nada se hace en Bélgica, desde los discursos de la corona hasta las sesiones parlamentarias, sin respetar el bilingüismo en francés y en flamenco. En Suiza las cosas son todavía más complejas porque son cuatro las lenguas y como en España cada una de ellas tiene un ámbito y una fuerza distinta. Aquí con despreciar los pinganillos que sirvan para la traducción simultánea en el Senado nos hemos quedado tan anchos.

Yo voy a personalizar. He hablado de mi lengua, el catalán. Quiero hablar ahora de mi ciudad, Barcelona. Hay un debate apenas abierto, en todo caso siempre cerrado y de malos modos, al estilo del de los pinganillos, sobre la doble capitalidad española, con frecuencia a cuenta de las supuestas extravagancias atribuidas a Pasqual Maragall. Parte del problema implícito en la discusión sobre el federalismo e incluso sobre la independencia, radica en la vocación barcelonesa como capital española e internacional. Hay por supuesto razones subjetivas poderosas: los sentimientos y los deseos inequívocos que tenemos los barceloneses, pura sociedad civil por cierto; pero las hay también objetivas, que tienen que ver con el peso económico y demográfico, con el emplazamiento geográfico y con el prestigio y la imagen internacional de nuestra ciudad.

Ernest Lluch daba una definición de nación muy pertinente para entender el fenómeno barcelonés. Una nación es un territorio con una gran ciudad que es su capital. Si Barcelona ve negada su condición como capital española, se abre la pista a quienes quieren que sea solo y en exclusiva capital de Cataluña y constructora de la nación catalana independiente.

Pocas cosas hay tan chocantes para mi gusto en la Constitución española como el trato que recibe Madrid como capital de España, reconocida como tal en el título preliminar, artículo 5. Fíjense si es importante la capitalidad que para cambiarla se requiere el mismo procedimiento reforzado o agravado que se necesita para pasar de monarquía a república o para reconocer el derecho de autodeterminación, que como ustedes saben exige la disolución del parlamento tras una primera votación por la que se decide realizar la reforma, su aprobación en una segunda votación por las nuevas Cortes y a continuación su ratificación en referéndum.

La nación catalana sin Barcelona no existiría. Con una pequeña capital provincial, Cataluña apenas podría presentarse como nación, porque no tendría suficiente demografía, ni riqueza económica, lingüística y cultural. El peso de su lengua sería también más bien escaso, como su peso demográfico y cultural. Las oleadas de inmigrantes que algunos vieron en su día como un peligro para la identidad nacional y para la lengua son las que las han salvado al proporcionar la fuerza de una población que crece y sigue hablando la lengua propia.

Hasta el proceso soberanista, la Marca Cataluña apenas ha existido. La única marca seria ha sido y es Barcelona. La Marca Cataluña que existe ahora y se proyecta internacionalmente es la de un conflicto de difícil comprensión fuera de España.

Todo esto no gusta al nacionalismo esencialista. Ni al nacionalismo español, que existe, vaya si existe, y quiere una lengua, una cultura y una capital, ni al nacionalismo catalán, que quiere también lo mismo, una lengua, una cultura y una capital, pero reducido al ámbito catalán. Los nacionalismos no quieren compartir soberanías ni capitales. De ahí que a mí me parecería muy pertinente un debate español potente en el que se pudiera discutir qué instituciones del Estado deben tener su sede en Barcelona y qué cosas puede hacer España para que su segunda gran ciudad sea también sentida como capital de todos.

Esta cuestión afecta también al debate sobre el federalismo, que tiene aspectos constitucionales, ya discutidos aquí en una anterior mañana de ponencias, pero tiene otros muy prácticos. El federalismo alemán es el que ofrece el mejor ejemplo de compatibilidad entre estructura federal y multicapitalidad, repartiendo instituciones del Estado prácticamente por todos los länder. Cabría la posibilidad de trasladar instituciones del Estado a Barcelona, pero también se podrían trasladar a otras capitales de las principales autonomías según el modelo alemán. Madrid y la idea de la España centralizada a la francesa sufrirían, es cierto. Pero de eso es también de lo que se trata.

El caso de Barcelona afecta asimismo al debate imprescindible sobre las infraestructuras, territorio en el que algunas fuerzas políticas han jugado abiertamente a la construcción de una nación española centralizada y radial, en la que Madrid cuente como capital única con una ciudad como Valencia como puerto central, y que arrincona y provincializa a Cataluña y a Barcelona. Y todo, por supuesto, en detrimento de la estructura en red que corresponde a la realidad política del Estado autonómico, y en detrimento del eje mediterráneo, que es el eje de transportes de la competitividad, de la conexión europea y de la prosperidad española.

En la lamentable política de inversiones que ha sufrido Cataluña se diría que han sido las instituciones centrales del Estado las que han jugado prematuramente, antes incluso que el movimiento soberanista, con la idea de desconexión catalana respecto al resto de España. Como si creyeran que la independencia efectivamente va a producirse y fuera mejor una estrategia de descapitalización del futuro Estado catalán independiente. Para qué vamos a gastar más con ellos o a darnos prisa en las inversiones si nos están diciendo que se van.

Hay también un debate fiscal, en el que probablemente los argumentos todavía no han superado la propaganda, pero que está más avanzado que los otros. Eso no quiere decir que vaya a ser más fácil la obtención de un consenso español sobre el reparto de los recursos. El espejo del concierto vasco y sobre todo la fijación y reparto del cupo ha sido uno de los mayores estímulos a las reivindicaciones catalanas. Y se trata, como todos sabemos, del gran tabú constitucional de la transición. Fijémonos, además, que tanto las infraestructuras como la fiscalidad suscitan en Cataluña consensos muy amplios, sobre todo en la sociedad civil, que apenas se han roto o degradado como ha sucedido con los consensos lingüísticos y no digamos ya los autonómicos.

El último de los debates es el de la reforma constitucional. Gracias a los últimos resultados electorales se ha acallado de una vez esa voz persistente que nos advertía sobre la inutilidad de cualquier reforma. No sé si habrá reforma, pero a la vista está que tendremos al menos el debate y que sería del todo imprescindible incluir a los partidos soberanistas en la discusión.

Pudo hacerse de otra forma, sin duda. Sin reformar ni siquiera la Constitución. Porque el problema no es la Constitución sino el consenso. Cuando no hay consenso ni ganas de que lo haya, cuando se hacen lecturas de la Constitución, como las hace el propio TC, que van en la dirección contraria al consenso, de nada sirve plantearse una reforma.

Lo primero es saber si queremos recuperar el consenso constitucional. Es evidente que el independentismo ya no está por la labor. Pero la reforma constitucional no debe dirigirse a los independentistas, aunque hay que intentar naturalmente que participen en el debate y puedan incorporar lo mejor posible sus puntos de vista. Hay que hacer, por tanto, una reforma para todos en la que todos participen, y si no pueden ser todos el mayor número posible de fuerzas, y a ser posible tantas y tan importantes como las que lo hicieron hace 40 años.

Esta reforma habrá que someterla posteriormente a referéndum de todos los españoles. La fiesta no es para los catalanes, y sobre todo no solo para los catalanes, pero si los catalanes no se sienten representados en el resultado, la fiesta habrá servido para muy poco.

La reforma constitucional debe ser profunda, seria, valiente, de forma que se aborden todos los problemas pendientes y se resuelvan con sentido histórico y visión de Estado, es decir, para los próximos 40 años al menos.

Yo no sé si es prudente por parte de las fuerzas políticas decir que esta reforma debe recibir una aprobación contundente de los catalanes y que en caso contrario no va a servir. Quizás no es prudente decirlo, como se les reprocha a los socialistas catalanes, pero para un analista político, para un periodista, es obligado decirlo. Una reforma de tal tipo, si supera en Cataluña la barra del 50 por ciento con una participación promedio similar a las anteriores contiendas electorales, cerrará el contencioso para un buen número de años y obligará a los dirigentes del proceso a situarse en un territorio político nuevo y al menos algo más calmado.

¿Pero qué sucederá si la reforma no vence en Cataluña? ¿Debo reprimir mi pregunta? ¿Significa erosionar la reforma el solo hecho de formularla? ¿Debemos mirar hacia otro lado y olvidar el conflicto abierto por la sentencia del TC que anuló parte de un estatuto aprobado por el Parlament catalán, las dos cámaras españolas y el cuerpo electoral catalán en referéndum?

La respuesta para mi gusto es que, en caso de que los catalanes vuelvan a expresar en las urnas, como lo han hecho ya varias veces, su discrepancia respecto al modelo de Estado en el que su autogobierno se halla organizado, entonces la democracia española deberá habilitar un camino democrático que solo se puede inspirar en la tradición constitucional más acorde con el problema que es la canadiense.

No se trata de reconocer para Cataluña el derecho de autodeterminación, ni tan siquiera de apuntarse al inasible derecho a decidir. Es meramente cuestión del principio democrático por el que nos exigimos gobernar con el consenso de los gobernados. ¿Alguien imagina una persistente expresión electoral de un profundo disenso respecto al ordenamiento constitucional por parte de la mitad de la población de una comunidad autónoma de la importancia política y del peso económico de Cataluña? ¿Cuánto tiempo podría durar una tal situación? ¿Cuántas elecciones aguantaríamos con mayorías parlamentarias absolutas independentistas aunque en votos no alcanzaran el 50 por ciento?

Todos sabemos cuál es la reforma constitucional que puede funcionar y que se espera desde Cataluña. Es una que resuelva la cuestión de la delimitación de competencias e impida su invasión por el Gobierno central, especialmente en los capítulos de lengua y de enseñanza; que garantice la financiación suficiente del autogobierno, mediante la creación de una agencia tributaria catalana cogestionada y una mejor distribución de los recursos; que convierta el Senado en una auténtica cámara federal al estilo alemán y facilite la formación de una voluntad federal común; y que reconozca la singularidad de Cataluña como nación diferenciada dentro de España, al estilo del reconocimiento que ha hecho Canadá de la nación quebequesa.

Quienes no querían reforma alguna hasta ayer u hoy mismo, quienes quieren una reforma de mínimos, quienes quisieran incluso lo contrario, es decir, una reforma recentralizadora que sirva para que el Estado central recupere competencias cedidas en estos 40 años, deberán meditar sobre estas preguntas, que atienden al principio democrático y están en las base de la doctrina jurídica de la claridad y de la ley de la claridad canadienses.

La apertura de este gran diálogo no depende tan solo de los políticos, sino en buena parte de los creadores de opinión que somos los periodistas y especialmente los responsables de medios de comunicación. Para una nueva convivencia en España es necesario ante todo hablarnos y hablarnos con respeto sobre estas cuestiones que exigen de todos nosotros al menos un esfuerzo de claridad argumental y de honestidad argumental, lejos de la demagogia y de los populismos. Permítanme que cierre mi intervención con una frase de quien fue rector de la Universidad Autonóma de Barcelona y consejero de la Generalitat, el insigne historiador Pedro Bosch Gimpera: ?España será la de todos, hecha por todos, o no será?. Así de simple. Muchas gracias.

Negras son las noches blancas de este verano de 2016. Primero fue el Brexit, la noche de San Juan que empezó con las encuestas a favor del Remain y terminó con la apoteosis de Boris Johnson y Nigel Farage. Después fue el camión infernal de Niza, que sembró de muerte el Paseo de los Ingleses el día de la gran fiesta republicana francesa del Día de la Bastilla. La última ha sido el golpe militar del día siguiente, 15 de julio, contra una democracia turca que ya se hallaba en la pendiente por el autoritarismo creciente del triunfador, el presidente Erdogan.

Pasan muchas y trascendentes cosas en muy poco tiempo, signo evidente de un acelerón de la historia. Y pasan en tres países que son piezas fundamentales del orden europeo de los últimos 70 años. De todas ellas podemos extraer ideas positivas, aunque es difícil que compensen los aspectos más negros de estos coletazos de la historia, como son la pesada factura que se cobran en vidas humanas. Hoy ya no toca hablar del Brexit, aunque es obligado recordar a la diputada laborista tiroteada y apuñalada. Incluso el más pacífico y civilizado de estos hechos trascendentes de este verano ha dejado su huella de sangre y de dolor. Nada comparable con la hecatombe humana de Niza o con el balance de víctimas civiles y militares que todavía tardaremos en conocer con precisión del golpe contra Erdogan.

Turquía es socio en la OTAN, candidato a ingresar en la UE y país seguro para la devolución de refugiados según el acuerdo firmado con la UE. Es un aliado imprescindible para terminar con el Estado Islámico y también para alcanzar la paz entre todas las partes en Siria. Es todavía, a pesar de los esfuerzos de Erdogan en sentido contrario, una referencia para quienes quieren hacer compatible el islamismo político con la democracia representativa.

Nada bueno podía salir del golpe militar, que solo habría triunfado con un inmenso baño de sangre, de dimensiones mucho mayores del que ya ha sufrido Turquía con esta noche guerracivilista. Pero no es seguro que sea la democracia la que salga reforzada, sino más bien los instintos autocráticos de Erdogan, más endiosado ahora tras pasar por la prueba de la supervivencia a un golpe militar. Probablemente será un socio y aliado todavía más temible en sus exigencias.

A pesar de todo, siempre es un alivio que triunfen los manifestantes desarmados frente a los tanques y blindados, los teléfonos móviles frente a las televisiones ocupadas por militares, las instituciones y el Estado de derecho ?por frágil que sea?sobre los galones militares.

No son solo los acontecimientos trágicos los que aportan inestabilidad y alientan el miedo en este verano de subversión del orden europeo de 2016. El tedio de la noria española, con gobierno interino desde hace más de 200 días y dos elecciones generales seguidas sin capacidad resolutoria, es la otra cara del acelerón de la historia, remansada en la frívola irresponsabilidad de nuestras elites políticas, que se permiten mantener al país sin gobierno en el mismo momento en que Europa se rompe por todas las costuras. Si hubiera un mínimo sentido histórico entre nuestros políticos, si lo tuvieran Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, tendríamos gobierno en 24 horas.

Desorientarnos y debilitarnos hasta convertirnos en peleles a disposición de quien quiera utilizarnos. Eso es el terror. Una violencia inusitada e incomprensible, que nos deja tirados y sin capacidad para entender el por qué de tanto de dolor y de tanta muerte.

Las víctimas, primero. Claro está. El sin sentido de esas vidas segadas, el dolor inmenso por esos mundos de potencial infinito que ya no serán. Nosotros, después, con nuestra dificultad para vivir así, con una amenaza absurda que afecta a los estadios de fútbol, a las revistas satíricas, a los bares nocturnos, a las salas de música, a las discotecas de ambiente LGBT, a los resorts turísticos, a los aeropuertos y ahora a los paseos marítimos donde las muchedumbre acude a gozar de la fiesta y se encuentra luego engullida por un infierno que le abre sus puertas de par en par.

Es una guerra, se nos dice, y es contra occidente. No hay duda alguna de ambas cosas si nos creemos a pie juntillas la propaganda del autoproclamado Estado Islámico y sus amigos, sus propagandísticas o sus condescendientes simpatizantes. Pero no va a ser una guerra, ni puede serlo, ni queremos que lo sea, si se trata de militarizar nuestras sociedades, perder nuestras libertades y convertirnos en rehenes permanentes del terror, custodiados a distancia por el miedo y la desorientación.

Y tampoco la reconoceremos como una guerra contra occidente si en ese occidente que dicen combatir los asesinos no se incluyen las víctimas de religión musulmana que producen sus atentados ?que son la mayoría? y los países que la sufren: Irak, Egipto, Túnez, Turquía, Bangladesh o Arabia Saudí incluso donde han atentado recientemente.

Quedan los argumentos: las guerras, ?nuestras? guerras. ¿Siria? ¿Irak? ¿Libia? La embriaguez ideológica que provoca el terror busca explicaciones fundamentadas para las acciones de los asesinos de masas, como si sus mentes actuaran por razones políticas y morales atendibles. Pueden servir las guerras del presente como las del pasado, tal como Gilles Kepel ha documentado con su idea de esa ?resaca retrocolonial? que bulle en la cabeza de los franceses de origen argelino o tunecino reclutados por el yihadismo universal a través de un cóctel de marginación social, desencanto político y radicalización islámica (Terreur dans l?hexagone, Gallimard, 2015).

La guerra de Bush y Blair sirve a estos asesinos como sirve la guerra de Argelia, la opresión colonial o, puestos a seguir con el efecto retroactivo, como hace el Estado islámico en sus panfletos, las remotas cruzadas. Cruzados eran, según el lenguaje criminal del yihadismo, quienes murieron aplastados por el camión del asesino yihadista en el Paseo de los Ingleses de Niza convertido en el paseo del terror.

No es una guerra, y no es contra occidente, pero hay que combatir a esta plaga criminal con todos los medios legítimos del Estado de derecho, que son sobre todo policiales y de inteligencia. No hay que creer a esos criminales contra la humanidad cuando pretenden convencernos que son soldados del islam combatiente en guerra contra occidente, pero sí hay que hacer caso de los objetivos que escogen para entender quién es realmente su enemigo: la fiesta popular, el paseo marítimo de una capital del turismo global, la noche del 14 de julio aniversario de la toma de la Bastilla. Quieren terminar con nuestra libertad, con la igualdad y sobre todo con la fraternidad.

Theresa May quiere que el Brexit sea un éxito. Ella no lo apoyó, porque sabía que es un fracaso por definición, pero ahora tiene que gestionarlo, a la vista de que nadie más se ha atrevido, y lógicamente quiere triunfar en su nuevo encargo.

Para que de verdad sea un éxito el Brexit no debe notarse, al menos en lo más sustancial para los británicos, que es el mercado único. Es decir, May debería conseguir un mercado europeo de tres libertades (de circulación de capitales, servicios y mercancías) y salirse en cambio de la libre circulación de personas. Sería el mejor de los mundos para los conservadores británicos y un estatuto que nadie ha obtenido, ni siquiera países como Noruega o Suiza.

La mejor prueba de que el Brexit es lo más parecido a una derrota es la velocidad con la que han desaparecido sus padres. Para empezar, su auténtico y ambiguo progenitor, David Cameron, a pesar de que previamente al desastre mostraba su disposición a seguir como primer ministro e incluso a poner en acción el mecanismo de salida contemplado en el artículo 50 del Tratado de la UE inmediatamente después del referéndum.

Cameron con el Brexit recuerda a Felipe González con el referéndum sobre la OTAN. En ambos casos el móvil era convencer a los más radicales de su propio partido. Los dos buscaron un estatus especial que justificara las reticencias y satisficiera a los más reticentes. Y ambos se la jugaron. Pero González lo ganó y Cameron lo ha perdido, entre otras razones porque no ha sabido formular el argumento que fue decisivo en el caso español: ¿quién gestionará el no?

Si los británicos hubieran sabido que los dirigentes del Brexit saldrían en estampida ante la victoria de sus posiciones, el voto se hubiera decantado en favor de seguir en la UE. Los padres del Brexit han abandonado el barco, como ratas han dicho algunos, como una forma de arrepentimiento han dicho otros. Querían un referéndum, querían incluso que Cameron dejara muchos pelos en la gatera, pero en realidad no querían ni creían en la victoria.

Lo más que se puede esperar del Brexit y de la firmeza de Theresa May es minimizar los costes. Brexit significa Brexit, tal como ha dicho la nueva primera ministra, pero de momento no va activar el artículo 50, y va a intentar negociar por debajo de la mesa ya que la UE se va a negar a empezar la negociación mientras Londres no pida formalmente la salida.

El artículo 50 es una maldición, un tiro en el pie. Mientras no se active hay que seguir cumpliendo los deberes, incluyendo las aportaciones presupuestarias. Y en cuanto se active, Londres perderá su derecho de veto en los temas que exigen unanimidad y afecten a su estatus. Además, tendrá que negociar contra el reloj de los dos años de plazo que fija el tratado, prorrogables solo si lo aprueba el Consejo de la UE por unanimidad.

Hay una frase inglesa que sirve muy bien para el caso. "There ain't no such thing as a free lunch". No hay almuerzos gratis. En Europa, y en el mundo entero, todo pasa su factura.

Los hechos establecidos por John Chilcot durante los siete años que ha durado la investigación son abrumadores. Es un auténtico acta de acusación que clama por algún tipo de satisfacción penal por las responsabilidades personales de Tony Blair. Fue una guerra ilegal e injusta, en la que se enmascaró un cambio de régimen bajo el disfraz de una guerra preventiva, ante la falsa amenaza de un ataque con unas armas de destrucción masiva inexistentes que podía producirse en 45 minutos.

El número de delitos probablemente sería largo, porque a las mentiras de la preparación de la guerra se añade la irresponsabilidad de quienes organizaron una caótica posguerra todavía más catastrófica. Si la invasión de Irak y el derrocamiento de Sadam Husein fueron ilegales y organizados con mentiras y manipulaciones, nada se hizo después que diera algo de legitimidad a la invasión y a la desaparición del déspota, como ha ocurrido tantas veces en la historia, en forma de beneficios para los iraquíes y de estabilidad en la región.

Al contrario, la destrucción de sus fuerzas armadas y de la estructura entera del Estado abrió las puertas al infierno de una guerra civil entre chiíes y suníes que en propiedad todavía no ha terminado y se ha convertido en el monstruo del Estado Islámico. Difícilmente sirve en este caso la doctrina del mal menor para defender los desastres ocasionados por esta guerra ante el mal mayor que todavía hoy Blair y Bush pretenden blandir con el espantajo de Sadam Husein.

Hay un delito que cuadraría perfectamente con lo que hicieron ambos en la guerra de Irak, con la ayuda diplomática y la complicidad política de Aznar. Es el crimen de agresión, surgido como figura jurídica en los juicios de Nuremberg contra el nazismo y reivindicado en el tratado de creación de la Corte Penal Internacional, el llamado Estatuto de Roma de 1998, como figura delictiva a incluir en el futuro a través de las enmiendas a dicho tratado, como así se hizo en la revisión de 2010. El problema es la no retroactividad de las leyes: cuando se cometió presuntamente el crimen, en 2003, todavía no estaba incluido en el Estatuto de Roma. Para colmo, los procedimientos de ratificación y de entrada en vigor solo convertirán en perseguible el crimen de agresión a partir de 2018.

La fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) no ha ocultado su incomodidad con el contraste entre la impunidad de los dirigentes occidentales cuando vulneran la Carta de Naciones Unidas y la exclusiva inculpación de ciudadanos africanos con los actuales instrumentos legales del tribunal. Los 39 inculpados hasta ahora son todos africanos. También son africanos los únicos jefes de Estado objeto de investigación o persecución legal, como el difunto líder libio Muamar el Gadafi o el actual presidente de Sudán del Norte, Omar Al-Bashir. Otro jefe de Estado africano, Hissène Habré, presidente de Chad entre 1982 y 1990, ha sido condenado a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad, violación, esclavitud forzada y múltiples homicidios y asesinatos, por una corte especial creada por Senegal por encargo de la Unión Africana, en un caso ejemplar que ha hecho prescindible en esta ocasión la actuación de la CPI.

No es el único contraste. Ha habido al menos dos investigaciones y centenares de denuncias por crímenes de guerra por la muerte de detenidos iraquíes bajo custodia británica, algunas ante tribunales británicos y otros ante la CPI, aunque solo el cabo Donald Payne ha sido condenado a un año de prisión. Sería una cruel ironía que el Informe Chilcot sirviera para perseguir soldados y jefes militares británicos y no diera lugar en cambio a indagación alguna sobre Tony Blair. De ahí que la fiscalía de la CPI haya aclarado muy sutilmente en una nota que ?sugerir que la CPI haya descartado la investigación sobre el ex primer ministro por crímenes de guerra pero pueda perseguir a los soldados es una deformación de los hechos?.

Ni un solo jurista ha expresado hasta ahora su confianza en que Tony Blair, al igual que George Bush, se sienten algún día en el banquillo, ya sea de sus respectivos tribunales nacionales ya sea de la CPI, a pesar de que lo han pedido parlamentarios británicos como Jeremy Corbyn o Alex Salmond y el obispo sudafricano y premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu. En el caso del expresidente de Estados Unidos, porque el Senado de su país ni siquiera ha ratificado el tratado internacional que lo crea, a pesar de que su antecesor Bill Clinton lo firmó en Roma. George W. Bush boicoteó todo lo que pudo a la CPI y aprobó, incluso, un paquete legislativo para impedir que sus soldados y ciudadanos pudieran ser inculpados o perseguidos bajo la jurisdicción universal.

El Informe Chilcot tendrá una lectura fácil y demagógica: demuestra la impunidad del hombre blanco, del máximo responsable político frente a los soldaditos que obedecen órdenes, de los honorables mandatarios occidentales frente a los déspotas africanos y árabes. En el momento populista que atravesamos, las opiniones públicas exigen gestos ejemplarizantes y cabezas que rueden. Se da por descontado, en cambio algo que no lo está en absoluto en la gran mayoría de los países, como es que una comisión de investigación, por encargo del Gobierno, realice un ejercicio de transparencia de tanta trascendencia y llegue tan lejos en la documentación y determinación de responsabilidades políticas como ha hecho John Chilcot.

Una nueva paradoja del caso es que esto sucede en pleno Brexit, el movimiento soberanista que no solo pone en cuestión la dependencia de Reino Unido de la legislación y los tribunales de la UE sino incluso de la legislación internacional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. No es extraño ni anecdótico que Alex Salmond haya planteado la posibilidad de que Tony Blair sea juzgado algún día por crimen de agresión en los tribunales de esa Escocia que busca tras el Brexit su independencia y la adhesión a la Unión Europea.

Para el Parlamento británico el Informe Chilcot no es tan solo un ejercicio ejemplar de transparencia que demuestra el vigor de la democracia británica, sino también un estímulo para ratificar las enmiendas que introducen el crimen de agresión en el Estatuto de Roma y dificultar así que en el futuro alguien pueda repetir una actuación como la de Blair desde el número 10 de Downing Street. Aunque el 'caso Blair' no llegue nunca a La Haya, donde tiene su sede la CPI, parece haber pocas dudas de la contribución a la justicia universal que ha hecho Reino Unido con la comisión Chilcot y su informe.

Estrictas novedades, pocas. Muchas confirmaciones. Las peores sospechas han quedado dramáticamente demostradas: no había base legal para invadir Irak, no existía evidencia alguna sobre las armas de destrucción masiva, la preparación de la guerra y de la posguerra fue deficiente, en ningún caso la guerra fue el último recurso. Quienes se opusieron a la segunda guerra de Irak tenían toda la razón y el Informe Chilcot ha venido ahora a remacharlo con una detallada indagación que constituye todo un pesadísimo alegato, al menos político, contra Tony Blair.

Como todos sabían y ha sido sobradamente documentado, Bush decidió terminar con Saddam Husein primero y buscar los argumentos y las bases legales después. Tony Blair fue quien más le ayudó en la faena. De ahí el título de 'caniche de Bush'. No fue el único: Aznar, que sale numerosas veces citado de pasada en el informe, fue el caniche del caniche. Pero el caso de Blair es especialmente grave, por su prestigio como líder de la Tercera Vía y su sobrada experiencia política, que contrastaba con la bisoñez de Bush, y porque además comprometió a su país, su ejército, sus servicios secretos y sus instituciones, incluida la BBC, en la construcción del castillo de sofismas y falsedades de la causa belicista.

Tras los atentados del 11-S Blair estaba totalmente decidido a apoyar a Bush. "Estaré con usted, pase lo que pase", le dijo en una carta. Cierto que también lo intentó todo para evitar una decisión unilateral, buscar cobertura legal de Naciones Unidas e incluso agotar los caminos diplomáticos y las inspecciones sobre la existencia de las famosas armas de destrucción masiva que ya no existían.

El Informe Chilcot es un auto de acusación abrumador, especialmente en los aspectos más políticos, que cae en un momento especial de la política británica y extiende un enorme interrogante sobre las decisiones del ejecutivo, la responsabilidad de sus primeros ministros y su capacidad para manipular la opinión pública. Las evidencias sobre una de las peores decisiones de la historia británica como es la entrada en la guerra de Irak llegan con una extensa conciencia británica e internacional de que Reino Unido acaba de tomar otra de sus peores decisiones históricas, como es abandonar la Unión Europea; dos reveses de graves consecuencias geopolíticas separados solo por trece años. El único argumento de Blair es de una debilidad portentosa. Pide disculpas, expresa su pesar, pero se niega a admitir que mintió, porque lo hizo de buena fe: maquiavelismo de buena fe, en definitiva.

Blair se vio revestido con los hábitos de Churchill para combatir al lado de Estados Unidos el nazismo del siglo XXI, representado por Saddam Husein, en mitad de la mayor soledad europea. Solo una extraña combinación de arrogancia y autoindulgencia le permite cerrar los ojos ante las consecuencias: los soldados muertos, un país entero destruido, un terremoto político cuyas consecuencias llegan hasta ahora mismo con el Estado Islámico y la crisis de los refugiados. ¿Todo por la cabeza de Saddam? No, todo por la relación especial con Estados Unidos, la misma relación que el Brexit ha venido a erosionar.

No fue por radicalidad democrática sino por oportunismo aventurero e irresponsable. El plumero no se le vio todavía en el referéndum escocés, pero no ha podido esconderlo en el del Brexit. David Cameron es cualquier cosa menos un ejemplo a seguir, tanto en relación a Escocia como a la pertenencia a la UE.

Por este lado, mala noticia para el soberanismo catalán. La convocatoria del referéndum escocés autorizado por Cameron no sirve. Ahora se ha visto que no fue la libertad de los viejos reinos británicos lo que indujo al primer ministro conservador a acordar con Alex Salmond la consulta escocesa, con el primer objetivo de apuntarse una victoria unionista sobre Escocia y conseguir después un acuerdo con Bruselas que le llevara a una victoria imperial sobre el Brexit.

De haber culminado estos altísimos propósitos habría ingresado en la galería de los grandes políticos del siglo XXI, con un doble gesto de dominación interna sobre los británicos y externa sobre los europeos. Era una apuesta muy arriesgada, a todo o nada, y la ha perdido.

Con el referéndum de Escocia rechazó el sensato e inteligente camino de la vía intermedia, la Devolution Plus que Salmond le proponía como tercera opción entre la unión y la separación. Sabían ambos que era la opción vencedora en caso de someterla a consulta, pero Cameron prefirió jugárselo todo a la opción binaria para no perder ni un ápice del poder de Londres.

Cuando la campaña empezó a pintar mal, se sacó de la manga un nuevo incremento de la autonomía escocesa e incluso el horizonte de una cierta federalización del Reino Unido. Una vez venció, las promesas quedaron en nada y Cameron se limitó a guardar sus cartas para negociar después del referéndum del Brexit. Ahora el gobierno británico no tendrá más remedio que mejorar todavía más la oferta para convencer a los escoceses ya fuera de plazo de que es mejor que se queden en el Reino Unido.

El independentismo escocés va al alza y está encontrando aliados en toda Europa. El primero y más natural son las dos instituciones más comunitarias ?la Comisión y el Parlamento? a las que les caen simpáticos los países que quieren entrar y antipáticos los que despotrican y quieren salir. Irlanda ya ha actuado de portavoz escocés en el último Consejo. Fácilmente habrá abogados escandinavos de su causa, e incluso bálticos. Pero la UE es un club de Estados y ellos son los que tienen la última palabra, tal como se han encargado de recordar Francia y España, que como los viejos imperios unitarios que fueron saltan como resortes en cuanto otro viejo imperio como el británico entra en fase de descomposición interior.

La adhesión de Escocia a la UE deberá negociarse por el momento dentro de Reino Unido, como parte de la preparación interna del Brexit, en la que los escoceses ya han anunciado que ejercerán su derecho a vetar la salida de la UE si no se cumplen sus exigencias. Todo pinta por tanto que la negociación de las nuevas relaciones de Reino Unido con la UE incluirán un nuevo referéndum escocés o un nuevo estatuto y quizás de otros territorios, como Irlanda del Norte, Gales o Londres.

La UE es una unión de Estados, pero también es un espacio de libertad y de democracia, tal como demostró la adhesión de España, solicitada en plena dictadura y obtenida solo tras la consolidación de un régimen democrático y constitucional. La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, ha sido recibida en Bruselas gracias a estos valores fundacionales. El razonamiento desde Bruselas es impecable: ¿Cómo no se va a escuchar a quien representa a un país que democráticamente ha expresado su deseo de seguir en la UE? Otra cosa es que tenga capacidad para negociar, pero la UE debe atender y no hay duda de que a la larga atenderá la expresión democrática de la voluntad de la mayoría escocesa.

Este es el punto fuerte que el soberanismo catalán no puede olvidar. Es de nuevo la fórmula clásica de la democracia: respeto a las reglas del juego y voluntad mayoritaria. Mientras que en Cataluña son muchos, incluso en el espacio moderado, los que la ponen en duda, Escocia la ha seguido siempre. Es un camino que exige paciencia, porque es más lento y largo, como Alex Salmond se ha encargado de recordar.

Los socialistas catalanes lo acaban de balizar ante la incomprensión de unos y otros: primero, la reforma constitucional que los catalanes puedan convalidar por una amplia mayoría en un referéndum en el que participen todos los españoles; si la reforma es insuficiente y los catalanes votan en contra, aunque haya sido aprobada por el conjunto, acudir entonces al principio canadiense y a una ley de la claridad, que establezca los términos, el censo y las mayorías necesarias para consultar a una población que ha expresado reiteradamente su voluntad de organizar su relación con el resto de España de forma distinta. Esto no es el eufemístico derecho a decidir, sino el simple principio democrático que cualquier demócrata debe defender.

Esta es la segunda y última parte de la conversación que mantuvimos Moisés Naím y yo mismo el pasado 22 de abril en Barcelona, por encargo de la revista F del Foment Nacional y que se puede leer en el último ejemplar de la publicación.

--En su libro ?Repensar el mundo? ofrece lo que llama ?111 fotografías del nuevo mundo global?. En ?El fin del poder? armó la teoría y en este, en cambio, da las visiones, como fogonazos, de este cambio. Si tuviera que escoger la imagen de portada del fin del poder, ¿qué foto escogería?

--La imagen no sería una foto sino una película, una especie de caleidoscopio que se mueve a gran velocidad y hace difícil identificar algo o a alguien. No hay un objeto protagonista, un galán, no hay un héroe o mujeres bonitas, sino que hay mucho de todo.

--¿Y cómo definiría en pocas palabras el estado de este mundo??

--Es un mundo en convulsión, en el que todo lo que creíamos permanente se ha vuelto transitorio y lo que creíamos transitorio se ha vuelto permanente. No tenemos nuevas palabras para explicarlo. Responde a una frase famosa del comunista italiano Antonio Gramsci: ?Lo viejo está muriendo y lo nuevo está por nacer?.

--Es la definición de una crisis revolucionaria.?

--Sí, claro. Pero no es la revolución marxista, sino una revolución de otro orden que está trastocando el orden del poder. La estructura de poder está siendo transformada pero no en la dirección que creía Gramsci sino exactamente la contraria. --La aportación más reciente y polémica respecto al análisis del estado del mundo es quizás la entrevista que ha concedido Barack Obama a Jeffrey Goldberg para la revista ?The Atlantic? en el número de abril del 2016, titulada precisamente ?La Doctrina Obama?, que nos ha proporcionado algunas sorpresas respecto a la aproximación estadounidense a Europa y a Oriente Próximo.

--La entrevista marca realmente un hito. Obama revela puntos de vista cuyas manifestaciones habíamos visto, pero que ahora precisa muy bien. La ?Doctrina Obama? vale como una reivindicación del fin del poder. Obama viene a decir: nos atribuyen capacidades que no tenemos o no podemos ejercer. Hemos creído que podíamos imponer la democracia en Irak y nos equivocamos de una manera trágica que ha costado cientos de miles de vidas y miles de millones de dólares. ¿Ustedes creen que yo voy a ir a la guerra contra Rusia por Crimea? ¿O que voy a mandar una fuerza expedicionaria de los marines a Siria? El mensaje es que hay respetar los límites y las debilidades del poder de EEUU, dentro del hecho de que nadie discute que es el país más poderoso del mundo. Yo tuve una experiencia ?que quiero contarle. El jefe del Estado Mayor de EEUU, que es el oficial militar de mayor grado, me invitó a reunirme? a solas con todos sus comandantes?para discutir sobre mi libro. Son los jefes militares más poderosos de toda ?la historia de la humanidad. Nadie ?tiene ni ha tenido mayor poder militar en sus manos, y sin embargo querían hablar de los límites de su poder y del fin del poder. Es lógico, porque una potencia militar de la envergadura? de EEUU confronta restricciones importantísimas a la hora de afrontar las amenazas a la seguridad nacional, que ya no provienen de los enemigos clásicos ni siquiera de los Estados fallidos. Un buen ejemplo es el Estado Islámico. ¿Quién hubiera imaginado que una banda de vándalos en medio del desierto acabarían teniendo suficiente poder como para trastocar la dinámica del mundo, involucrar a Rusia, provocar el miedo en toda Europa y parte del mundo, desencadenar una oleada de atentados y provocar migraciones masivas? La conversación sobre las limitaciones que tiene el ejercicio? del poder entre estos militares tan poderosos es muy interesante porque ves que ellos mismos son los primeros que reconocen sus limitaciones.

--Estamos ante un hecho insólito, en todo caso, como es que un presidente diga que el poder militar no lo soluciona todo, que hay que restringir su uso y reflexionar muy bien antes de usarlo.

--Yo creo que viene determinado por la experiencia reciente, cuando EEUU violó esa visión de los límites. La idea prepotente de que se puede andar por? el mundo como el sheriff poniendo ley y orden en un mundo anárquico es la que produjo las tragedias que hemos conocido. Pero es interesante ver cómo en los debates de los candidatos republica- nos el tema de la seguridad nacional se sigue planteando de la misma manera, que es exactamente la opuesta de Obama. Si hemos escuchado a Trump o a Cruz vemos el tono bélico de los debates republicanos. Parece que están listos para ir a la guerra mañana.

--Obama nos dice que el nuevo orden puede venir garantizado por Estados Unidos, como superpotencia consciente, que se restringe a sí misma, pero siempre que añadamos el multilateralismo, y esto es lo que puede dar un cierto orden mundial. ¿Puede EEUU convencer a los otros para que acepten su aproximación al multilateralismo?

--Hablemos primero de las alianzas. Obama muestra una impaciencia creciente con respecto a lo que llama free riders, los gorrones que se montan al autobús sin pagar e intentan obtener sus servicios gratis. La paciencia y la tolerancia de EEUU son clave. El mundo se echa a dormir y cuenta con que otro va a resolverle el problema. Por ejemplo, el caso de Siria. ¿Dónde están los países árabes, dónde está Europa? ¿Por qué tiene que ser EEUU quien mande las tropas para que las masacren? Si Europa quiere formar parte de la conversación tiene que empezar a pagar su parte. Tiene que cumplir con su deber si quiere que se la tome en cuenta. Así va a tratar EEUU a sus aliados a partir de ahora, ya no solo como a niños mimados. En cuanto al multilateralismo, la idea de que voy a convocar a 192 países y que enfrentaré?los grandes problemas con el acuerdo de todos es imposible. El multilateralismo ha logrado grandes fotos y ha enriquecido a las compañías de catering que organizan las cumbres pero luego no da resultados. Suena bien y suena democrático pero no obtiene los efectos esperados. Cada vez más queda claro que los problemas no serán resueltos por un solo país, por grande y fuerte que sea; y que solo se hará actuando los países unidos y colectivamente, ante el cambio climático, el terrorismo, el lavado de dinero, las pandemias. Los 192 países nunca se pondrán de acuerdo. Yo propongo el minilateralismo, buscar el mínimo de países que generan el máximo impacto en la solución de los problemas. Hay que ver cuáles son los problemas y cuáles los países que pueden resolverlos, buscar el número de países que generan el máximo impacto, sean ocho, doce, o quince, pero no 192. Si ellos lo logran, los otros se unirán más tarde.

--Vamos a Europa, muéstrenos la foto de cómo la ve actualmente.

--Abrumada, confusa, en transición y con falta de entusiasmo. Yo soy un europeísta fanático. Soy radical en pocas cosas, pero en cuanto a la importancia de Europa unida, soy extremista. Europa debe estar unida para tener más fuerza a escala europea y mundial. El mundo es mejor si hay una Europa fuerte. Es muy importante que Europa participe intensamente en la conversación global, porque es sinónimo de libertad, democracia, derechos humanos, igualdad de género. Y yo quiero que estos valores tengan fuerza y presencia en el mundo, lo que no ocurre con la Europa actual. En vez de trabajar juntos estamos preocupados por el Brexit, por la fragmentación, por la crisis económica. Europa está amenazada por una economía anémica, una demografía inadecuada, una competitividad insuficiente, una avalancha de refugiados y migrantes que viene de todas partes, además de las amenazas expansionistas rusas y el terrorismo islamista. Ni uno solo de estos problemas puede resolverlos un país por sí solo, ni siquiera los grandes, ni siquiera Alemania sola. Es imprescindible que se recupere la facultad de actuar políticamente juntos. Y esto no va a suceder hasta que los políticos no entusiasmen de nuevo a los europeos.

--Si EEUU se retrae, si los europeos se dividen, los populismos ascienden y solo el populismo de izquierdas sirve para frenar al populismo de derechas, en poco tiempo Rusia tendrá posibilidades de controlar el espacio político euroasiático.

--Sí, estamos a tres elecciones del Armagedón. Si sale el Brexit en el referéndum, gana Trump la presidencia y también lo hace Marine Le Pen en Francia, entonces hay que mudarse a Venezuela. No creo que suceda. Pero tampoco hay que olvidar que Vladimir Putin no es inmune a las tendencias que yo describo. También él sufre las limitaciones de todos en el ejercicio del poder. El otro día anunció la creación de una especie de milicia nacionalista de 400.000 efectivos, presumiblemente destinada a salvaguardar fronteras, pero que todos sabemos que es una guardia pretoriana para controlar cualquier intento de insurgencia. Eso refleja la lectura que hace Putin de la fragilidad de su situación política y social. Rusia está en una situación difícil. No hay por qué suponer que la caída de su economía no está generando en las nuevas clases medias la misma incomodidad o insatisfacción que se da en otras partes del mundo. Y que esa insatisfacción puede llevar a querer cambiar las caras de quienes rigen los destinos del país.

--Hablemos, para finalizar, de España; de la actual crisis política, del cuestionamiento de la transición,?de su desaparición de la escena internacional. ¿Qué nos ha pasado a los españoles? ¿Qué ha pasado para que un país que parecía tan brillante hace pocos años de pronto se encuentre en esta situación?

--Ya utilicé el caso español en mi libro El fin del poder, donde hablaba de la fragmentación del poder, la vetocracia y el fenómeno de Podemos. España es ahora un país bloqueado, en el que se sabe lo que hay que hacer pero cuesta muchísimo hacerlo; ocupado en discusiones sobre problemas locales que hacen perder de vista las grandes limitaciones que tiene para el futuro y las exigencias de atención urgente a todas ellas. Tengo la impresión y la esperanza de que en España vamos a ver un renacer de liderazgos. Ahora hay un concurso de impopularidades entre los líderes. De ahí los altos índices de rechazo. Y sucede también con los nuevos. Esto no es sostenible a largo plazo. Hay un apetito de líderes nuevos y diferentes. Y cuando hay demanda termina apareciendo la oferta. España sufre un fuerte parroquialismo, que es temporal. Impide ver más allá de los horizontes inmediatos. Y se explica porque acaba de recibir un mazazo económico enorme. El sufrimiento ha sido grave y grande. La desilusión por la corrupción, extraordinaria. La lista de errores y horrores es fácil y está todo el día en primer plano en las tertulias y los programas de radio y televisión. Se están equivocando. Hay también una lista estimulante de logros y cuestiones positivas. Esta lista tiene que empezar a aparecer. Hay que regresar a una visión afirmativa sobre España. Hay un catastrofismo que se ha instalado en la sociedad. Que se vayan todos, todo es malo, no tiene remedio. Es mentira. Este país tiene capacidades únicas, tiene talentos especiales.

--Para terminar, me gustaría que?me diera una pincelada de cómo ve desde Washington el debate sobre la independencia catalana.?

--Creo que se ha puesto de moda en el mundo reformar o cambiar constituciones?y yo estoy en contra. En un mundo tan cambiante y volátil, donde todo es transitorio y confuso, las sociedades necesitan estabilidad. No quiere decir que no haya constituciones defectuosas. Lo es la de Estados Unidos. Pero en un mundo de tanta turbulencia, si encima rompes las reglas de convivencia... No estoy seguro de que de una reforma constitucional en un ambiente tan confuso y lleno de demagogia salga algo mejor. Esta observación es general, no tiene que ver con España. Mi segunda reacción es respecto a Europa. No hay ningún problema europeo o español que se resuelva con más fragmentación. Soy partidario de la integración y de la unificación. Creo en más y no en menos Europa. Esto es lo que el mundo requiere. Hay formas de relanzar y solucionar esta situación y luchar por la unión de todos. Esto no quiere decir que desconozca la manera como España ha maltratado y malquerido a Catalunya y a los catalanes, las asimetrías, las balanzas fiscales desequilibradas, pero hay formas, por supuesto, de mitigar este malquerer y este maltrato histórico de forma que no signifique menos Europa ni menos España.