Vicente Verdú
Nos fríen a multas. A unos y a otros por esto o aquello. Falta de medios, en medio de la crisis, la Administración española está actuando de manera abusiva sobre muchos de los ciudadanos. Una vez son los ayuntamientos que ponen multas con cualquier pretexto e incluso repiten, en ciertas ocasiones, la misma sanción por la misma falta. Otras veces son los agentes del tráfico en carretera que, un poco antes de la última huelga parcial que declararon, establecían controles de velocidad mediante aviesos radares y coches camuflados para cazar al conductor en cualquier descuido. El déficit que crearon las administraciones locales, autonómicas o central, despilfarrando- entre otros diversos items- en coches oficiales, lo estamos pagando, por lo que se ve, a través -entre otras- de nuestra condición de conductores. Un coche multado subvenciona a un coche oficial, una multa injustificada tiende a justificar los superfluos gastos en viajes de la autoridad. En suma, el ciudadano, casi siempre completamente indefenso ante la multa que se le adjudica, se encuentra ahora forzado a echar una mano a los manirrotos de los dirigentes. El asunto adquiere, día a día, la categoría de un procedimiento estructural. Nada de un azar, una anécdota, un pago de circunstancia.
