Sergio Ramírez
La ley de la selva. No sólo los asesinatos a sangre fría de los choferes y ayudantes de los autobuses, que pagan con sus vidas cuando los propietarios de las líneas se niegan a la extorsión; también contra los dueños de tiendas de abastecimiento, bares, cantinas, y otros negocios medianos y pequeños en los barrios, sometidos al terror de las pandillas de los maras, que han pasado de ser organizaciones juveniles violentas, a bandas criminales en estrecha alianza con los carteles del narcotráfico.
Y están los secuestros, que afectan a familias de todo tamaño pero, por supuesto, a las de mayores recursos, que constituyen el mejor botín: secuestros de hombre de negocio, de sus esposas, de niños raptados a la salida de los colegios, casos que en su mayoría no son registrados en los medios de comunicación, y que se negocian en silencio.
La violencia indiscriminada, fue un tema central en la recién pasada campaña electoral de la que Álvaro Colom resultó ganador, en contra del general Otto Pérez Molina, quien prometió "mano dura" si ganaba, y con eso se trajo el apoyo de gran parte de la población, hastiada de la inseguridad, a pesar de que ya sabe lo que "mano dura" ha significado en la historia de Guatemala. Y son los diputados de su Partido Patriota, los que ahora han promovido en la Asamblea Nacional el restablecimiento de la pena de muerte.
