Sergio Ramírez
Una resolución aprobada en el Parlamento Europeo acerca de la situación de ruptura del orden constitucional en Nicaragua no contó con el respaldo de los diputados socialistas, que se abstuvieron bajo el alegato de que no era oportuno, y solamente fue votada por los grupos parlamentarios liberal y conservador. Es decir, se abstuvo la izquierda, y la condena a los perturbadores hechos de violencia contra la democracia que han venido ocurriendo en Nicaragua, sólo correspondió a la derecha.
Grave error de apreciación de los socialistas. La batalla a favor del restablecimiento de la democracia que se está librando en Nicaragua, no es un asunto de banderas partidarias dentro del país, ni debería serlo fuera de él. Se trata de si la democracia se salva o no se salva, y quedamos de nuevo, a lo mejor por décadas como en el pasado, en manos de un gobierno dictatorial, de rasgos familiares, bajo cuya égida la constitución y las leyes, y por tanto las instituciones, pierden importancia y pierden vigencia frente a una voluntad omnímoda.
En noviembre del año pasado unas elecciones fraudulentas arrebataron a los legítimos ganadores decenas de gobiernos municipales. Este año, una reforma a la Constitución Política ejecutada por magistrados de la Corte Suprema fieles a Daniel Ortega, abrió a éste, de manera también fraudulenta, las puertas de una incesante reelección presidencial, mientras tanto todas las instituciones civiles del estado se encuentran avasalladas. Ortega trata de doblegar también la voluntad de los mandos de la Policía Nacional para que se alineen a su voluntad personal, y la fuerza pública se convierta en un instrumento de represión en contra de los ciudadanos que protestan.