Sergio Ramírez
Ha caído el telón del primer acto en el drama de Honduras después del intento fallido del presidente Manuel Zelaya de ingresar a su país, tras haber obtenido para su causa de gobernante derrocado el respaldo unánime de la comunidad internacional. La declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y la resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) haciendo valer la Carta Democrática Interamericana para declarar a Honduras un país paria, es lo que legítimamente se debió haber hecho para repudiar un golpe de estado que no es más que un vergonzoso retroceso hacia los tiempos oscuros de América Latina.
¿Pero qué viene ahora?
No hay otra manera de llamar a la deposición violenta del presidente Zelaya que un golpe de estado, ejecutado por la fuerza militar. Pero la situación se encuentra ahora en un impasse. Honduras está aislada diplomáticamente, pero con un gobierno instalado por resolución del Congreso Nacional, y todas sus instituciones funcionando, la primera de ellas el Tribunal Supremo Electoral, que debe realizar las elecciones el próximo mes de noviembre, con los candidatos ya designados mediante votaciones primarias, listos a iniciar su campaña. Ni los procedimientos utilizados para escoger los candidatos, ni el Tribunal que sancionó su escogencia, ni los candidatos mismos, ni las fechas previstas para las elecciones, han sido cuestionados hasta ahora por nadie, y es un proceso que sigue adelante.
Las elecciones, a un plazo de cuatro meses, con una campaña que está a las puertas, es una salida privilegiada a la crisis que no puede ser de ninguna manera ignorada. Si la campaña electoral se desarrolla bajo todas las garantías, y desde su inicio se establece en Honduras una observación tanto nacional, de parte de organismos independientes de la sociedad civil, como internacional, de parte de las mismas Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea, y el Centro Carter, que cumple tradicionalmente estas tareas, estas elecciones serán una vía para restablecer el orden constitucional roto por el golpe de estado contra el presidente Zelaya. De esta manera, el pueblo podrá escoger libremente un sucesor presidencial legítimo, bajo el amparo de la misma Constitución Política que las dos partes en conflicto reconocen como vigente.
