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Se llama Entrevoces y es un movimiento universal. El pasado fin de semana celebró su séptimo congreso en Alcalá de Henares, donde participaron centenares de personas que alguna vez en su vida han oído voces. Muchos lo han ocultado para protegerse y no ser motivo de cachondeo. Decimos con ligereza: ?Está como una cabra?, o ?como una chota?. Pero ¿cuántos saben hoy que es una chota? En su web se lee: ?El fenómeno de las alucinaciones auditivas, desde un punto de vista fenomenológico existencial, ha sido poco estudiado. En un 60%-70% de las personas que las sufren y reciben medicación, las voces suelen remitir, sin embargo, el 30%-40% de personas son refractarias a este tratamiento?. Hablo con María, que ha asistido al congreso. Ella también se ha presentado como hacen todos, levantando la mano y diciendo: ?Soy una superviviente?. En su caso no oye voces, pero tampoco recela de quienes perciben ecos ajenos que proceden de su mente. Es la persona menos prejuiciosa que conozco, y no tiene ningún tipo de inhibición al reconocer que toma medicación y que le sienta de maravilla. Padeció bipolaridad, lidió con sus viajes al infierno y ahora está más cuerda que usted y yo. Me informa de la nueva nomenclatura: a los locos hoy se les denomina ?personas con experiencia de trastorno mental?, porque la palabra hace la realidad. Ha podido ser un trastorno fugaz, crónico o enquistado: bulevares abismales, apagones, delirios, tristeza biliosa, angustia paralizante… Por un lado, hay que barrer el estigma ?palabra clave en cualquier proceso y tratamiento?, porque de ello depende que se demore unos diez años el diagnóstico, a pesar de intuir que ocurre algo grave. Más de la mitad del sufrimiento se debe al tabú que persigue a estos enfermos. El desprestigio social suele vincular erróneamente la locura con el mal, cuando precisamente los enfermos mentales son víctimas más vulnerables que el resto de los mortales. La campaña ?Obertament? ha llegado a la conclusión de que tienen que actuar a través del marketing social, como en su día lo hicieron los gais y lesbianas: saliendo del armario. De vez en cuando alguna celebridad, como Catherine Zeta-Jones o Stephen Fry, dan la cara sin miedo a la etiqueta. Los británicos nos llevan quince años de diferencia: ?Time to change? y ?Save us? ?en Escocia?. Se calcula que uno de cada cuatro españoles será diagnosticado alguna vez de trastorno mental. En EE.UU., uno de cada tres. Los hay que son carne de psiquiatra para toda la vida, otros sólo ocasionalmente. Pero las enfermedades del alma siguen siendo tratadas de forma muy diferente de las del cuerpo, con una desconfianza supersticiosa que dice mucho del tipo de sociedad en la que vivimos. (La Vanguardia)

El canal por Nicaragua puede parecer un imposible por su magnitud descomedida, y porque Wang Ying, el empresario a quien se entregó la concesión leonina para construirlo, se desvanece cada vez más como un fantasma junto con su fortuna que se tragó la última crisis financiera en China, donde ya desde antes era un millonario de tercera.

Pero para los campesinos cuyas tierras se hallan en los territorios por donde pasaría el canal, la amenaza que se cierne sobre ellos no tiene nada de cuento chino. No se trata de negociar. Lo que exigen es que el canal no se construya.

Salidos de la entraña de la Nicaragua profunda han enseñado un vigor inusitado que ningún movimiento político ha podido mostrar. Hace poco decidieron llegar hasta Managua desde  las lejanas comarcas donde viven para demandar la derogación de la concesión canalera. Y entonces el gobierno de Ortega decidió impedirles poner pie en la capital a cualquier costo.

Todos los instrumentos del poder político del régimen fueron concentrados en una gigantesca operación que empezó desde que los campesinos subieron a los vehículos que los llevarían a Managua, y en ella participaron la Policía Nacional para cerrarles el paso, el Ministerio de Transporte para exigir permisos arbitrarios; las fuerzas de choque del partido de gobierno para amedrentarlos en los cruces de carreteras.

Les confiscaron autobuses, los sometieron a pedreas, capturaron a sus líderes, los obligaron a marchar largos trayectos a pie; pero al final, venciendo las barreras policiacas, más nutridas a medida que se acercaban a Managua, las caravanas de camiones de carga donde viajaban lograron entrar a la capital, sólo para encontrarse con los cordones de policías antimotines que les cerraban el paso en las calles, con más grupos de choque armados de garrotes y cadenas, y con una contramanifestación montada con empleados públicos, miembros de la Juventud Sandinista uniformados, y estudiantes acarreados de las universidades estatales y los colegios de secundaria. Había asueto decretado para todos.

En medio del cerco, los manifestantes lograron apartar las barreras metálicas colocadas a media calle, y pudieron recorrer varias cuadras, con lo que se dieron por satisfechos. Nunca buscaron ni el enfrentamiento ni la violencia, y resistieron las provocaciones. Demostraron que habían podido llegar a la capital, pese a todo, y antes del anochecer iban de regreso hacia las tierras que no están dispuestos a entregar.

He visto una y otra vez los videos tomados ese día. Los campesinos, arracimados en los camiones de carga, entran a Managua ondeando sus banderas nacionales azul y blanco. Abajo, los contra manifestantes ondean banderas del partido oficial, las banderas rojinegras que un día fueron de la revolución,  y sus consignas son contra "los malos hijos de Nicaragua". Dan vivas al canal, vivas a Ortega y a su esposa. "¡No pasarán!", grita uno. Y otro: "¡Me vale verga lo que digan los indios! ¡El canal va!"

La palabra "indios", es la que mejor  ha expresado nunca el desprecio en contra de los rotos y descalzos, y la soberbia en contra del inculto, el ignorante, el de abajo; "indios" son estos campesinos que calzan botas de hule, y a quienes este joven activista que grita desde la calle en nombre del sandinismo oficial, repudia.

Una "india" como la campesina Francisca Ramírez, dirigente de la lucha contra el canal, que dice: "miles pensamos que preferimos morir antes de entregar o vender nuestra tierras, y aunque nos digan que nos van a llevar a una ciudad y que vamos a tener todo, nosotros sentimos como que nos están quitando la vida y más bien nos están mandando a la muerte"

Hace 35 años, en los albores de la revolución, miles de jóvenes se fueron a convivir por meses con los "indios" para enseñarles a leer y a escribir. Fue la Cruzada Nacional de Alfabetización, cuando la juventud que gozaba del privilegio de educarse reconoció que había dos Nicaraguas, y traspasó la frontera para trasladarse a la otra, la de los pobres y analfabetos.

Quizás los campesinos que por fin lograron llegar a Managua son hijos de aquella Cruzada, y aprendieron a leer y a escribir entonces, y a defender sus derechos, lo que ahora se les niegan, aún el derecho de movilizarse y de protestar, ya no digamos el de vivir en sus tierras. Y pareciera que son ellos quienes deberían alfabetizar ahora a estos otros jóvenes que los repudian con sarcasmo llamándolos "indios" mientras agitan las banderas que un día fueron las banderas de la revolución.

Casi todos ustedes estarán atentos a las consecuencias de lo que han votado ayer nuestros simpáticos compatriotas catalanes. Yo escribo el lunes sin tener toda la información. Siendo así que es muy improbable que los separatistas opten por desarmar el trabuco, imagino cuál será el resultado. No hay que alarmarse. Aunque hayan jurado que sólo obedecerán las órdenes emanadas de la Virgen de Montserrat, verán que son gente muy poco fiable. Es cierto que una minoría más bien rural está haciendo todo lo posible para poner en ridículo a Barcelona y a su comunidad autónoma, pero quienes apreciamos de verdad ese territorio hemos de permanecer impertérritos.

¿Me creen si les digo que esa minoría de fanáticos es el peor enemigo de Cataluña? Quiero decir, ¿de su mejor historia? Desde que empezaron a subirse a la parra y quizás por sumisión a un siniestro personaje cargado de tantos hijos como delitos, el respeto hacia Cataluña en España, en Europa y en los escasos lugares donde les suene que hay algo así como una Provenza del sur, ha caído en picado. Ese abultado grupo de zelotes se ha empeñado en desprestigiar a su país. Por fortuna, son muchos más los que aún mantienen la dignidad. Exactamente la mayoría. No hay de qué preocuparse.

Ante las próximas elecciones generales, no obstante, hay que vigilar de cerca a quienes quieren conceder a los fanáticos aún más privilegios. Dice Sánchez que reconocerá a Cataluña como nación. No dice qué hará con el País Vasco y con Galicia. Tampoco dice qué pasará con La Rioja, de quién será Navarra o si Valencia y Baleares pasarán a ser reivindicaciones imperiales catalanas, ahora con la aprobación gubernamental. ¿Y acaso no será Andalucía una nación? Sánchez, no sabes en lo que te metes.

Somos egoístas cuando leemos libros que sus autores nunca quisieron que los demás leyéramos. Tan egoístas como ellos y ellas, que, unas más y otros menos, pasaron una buena parte de su vida contestando cartas y guardando las que recibían, sin molestarse en romperlas o negárselas a la posteridad. Hace años, no tantos, en España se juzgaba irrelevante, propio de metomentodos, leer epistolarios y otras secciones de la escritura biográfica. La cosa está cambiando, aunque el yo ajeno revelado aún desconcierta a muchos, que no saben a qué carta quedarse.

De la abundancia reciente menciono aquí los últimos que he leído: el segundo volumen de la extraordinaria edición emprendida por Cambridge University Press de ‘The Letters of Samuel Beckett', de momento sólo disponibles en inglés, también, bajo el título ‘Crónica de mí mismo' (Errata Naturae), un centenar de las muchas escritas por el poeta Walt Whitman, así como las que Vicente Aleixandre le escribió a Miguel Hernández y a su mujer Josefina Manresa, prematuramente convertida en viuda de guerra, ‘De Nobel a novel' (Espasa Calpe). Tres obras maestras del género epistolar. Esperan lectura ‘Puedo contar contigo' (Destino), las cartas intercambiadas entre Carmen Laforet y Ramón J. Sénder, un tándem para mí inesperado, y las ‘Cartas a Véra' de Nabokov (RBA), que no sólo tratan, por lo que llevo ojeado, de amor conyugal y mariposas.

Quiero hablar más extensamente de un libro que llevaba muchos años agotado y aparece ahora reeditado por la editorial Comba. Se trata de ‘De mar a mar', sesenta y siete cartas intercambiadas entre Rosa Chacel y Ana María Moix desde el día de 1965 en que la joven ‘prenovísima' de dieciocho años le escribe a la novelista exiliada, poniendo en el sobre una dirección incierta de Río de Janeiro. La carta llegó y fue respondida larga y generosamente por Chacel, quien, en otro de sus muchos envíos a otros corresponsales, que cita, en el prólogo de su excelente edición de Comba Ana Rodríguez Fischer, entraba así al trapo del arte epistolar: "¿Es el epistolario una relación de contacto personal o es un conocimiento de obra? No sé qué decir, pero en nuestro presente se nos aparece como un lujo demasiado caro. No importa, todo es cuestión de habilidad económica".

Rosa Chacel tuvo esa "habilidad económica" de la carta, y quedará algún día, si se hace justicia, como epistológrafa de máxima altura en nuestra lengua. Rodríguez Fischer anuncia en dicho prólogo que la mayoría de sus cartas está aún por recoger, y juzgando por el breve y delicioso apéndice de cartas a Javier Marías incluido en la preciosa recopilación de textos chacelianos ‘Astillas' (Cuadernos de Obra Fundamental, Fundación Banco Santander, 2013) y, sobre todo, por éstas a Ana Moix, no cabe duda de su agudeza en establecer una "relación de contacto personal", así como del profundo instinto literario y perceptividad sentimental, deslumbrantes sobre todo en las cartas números 26, 30 y 59. ‘De mar a mar' es un libro de encantadora lectura. La adolescente y la casi setentona pierden pronto la formalidad táctica y se confiesan, discutiendo de libros, de cine (en el que Godard las separa), de amigos comunes, con pasajes de gran fuerza de Ana María (su desgarrada carta 65, de marzo de 1970). El retrato dual es elocuente, y lo que se dicen da ganas de leer en sus libros propios a ambas escritoras desaparecidas.

Como todos sabemos, Cataluña tiene de todo. Incluso un mito insurreccional, fraguado sobre la historia de un momento trágico y excepcional, en que tropas armadas a las órdenes del gobierno catalán se enfrentaron breve pero cruentamente con tropas a las órdenes del gobierno de la República Española. Fue en 1934, el 6 de octubre, cuando el presidente Lluís Companys proclamó el Estado Catalán de la República Federal Española desde el balcón de la Generalitat en la plaza de Sant Jaume.

La intentona duró apenas unas diez horas, que arrojaron un terrible balance, solo disminuido por las dimensiones de la carnicería que se avecinaba apenas a dos años vista con la guerra civil. Fueron 74 los muertos y 252 los heridos, entre cuatro y siete millares los detenidos, entre ellos el gobierno catalán en pleno con su presidente a la cabeza, así como el alcalde de Barcelona, numerosos funcionarios, diputados, cargos públicos y dirigentes políticos y sindicales. La autonomía fue intervenida, el Parlamento quedó suspendido, fueron prohibidos los principales periódicos catalanistas, se reinstauró la censura sobre los otros y dos militares se hicieron cargo de la presidencia accidental de la Generalitat y de la comisaría de Orden Público.

La insurrección catalana fue un episodio más y no el más grave de una intentona revolucionaria de mayor alcance contra el Gobierno derechista surgido de las elecciones de 1933, que tuvo en Asturias su capítulo más cruento. Pretendía frenar el fascismo pero dio pie en cambio a una brutal regresión de la democracia y del autogobierno catalán de la que Cataluña apenas se recuperaría durante unos pocos meses, antes de caer en el caos y el desgobierno de la guerra civil.

Sobre las causas y lecciones del Seis de Octubre ha corrido desde entonces mucha tinta, y una parte muy importante precisamente en los últimos años, con motivo del proceso soberanista y de los temores y esperanzas que ha suscitado. "No queremos un nuevo Seis de Octubre", se ha oído decir desde hace ya unos años en el campo nacionalista. Para unos es un error a evitar; pero para otros, en cambio, es la experiencia que conviene corregir y mejorar para que ahora salga bien.

Sobre las diferencias de circunstancias entre 1934 y hoy no hace falta extenderse, porque casi todo es distinto, la época y las sociedades. Esta vez no es el balcón presidencial sino el parlamento donde se produce la proclama o acontecimiento inicial. No hay ahora una proclamación unilateral de la independencia con pretensiones de efectos inmediatos, sino una declaración que anuncia la ruptura o desconexión diferida o a plazos con la legalidad constitucional y la desvinculación de la autoridad del Tribunal Constitucional.

A diferencia de los violentos años 30, todo parece jugarse en los límites de la acción democrática y pacífica, en manifestaciones cívicas, en los medios de comunicación, en la actuación de los gobiernos y los parlamentos o en los recursos a los tribunales. Aunque unos y otros pronuncian palabras graves y duras, más o menos eufemísticas, como desconexión, ruptura, insurgencia o rebelión, nada de momento sitúa la confrontación en el plano del uso de la fuerza. Y lo que menos lo permite es precisamente el contexto europeo, la desaparición de las fronteras y las soberanías compartidas --la disolución precisamente de la idea de independencia nacional-- bien distinto al de la época de los nacionalismos agresivos, la escalada armamentística y los totalitarismos.

Pero también hay semejanzas. La mayor, probablemente la más insidiosa para la democracia y la que más se ha subrayado, es que se trata en ambos casos de una ruptura con la legalidad por parte de una institución surgida de la propia legalidad constitucional. En los dos casos se confía en la acción unilateral para modificar la relación con el resto de España, sin una negociación ni un acuerdo previo. Tal como han señalado algunos historiadores, Lluís Companys no pretendía la separación, sino repetir la jugada de Francesc Macià el 14 de abril de 1931, cuando proclamó la República Catalana dentro de la Federación de Repúblicas Ibéricas, adelantándose así a la proclamación de la República en Madrid por parte de Niceto Alcalá Zamora, para conseguir con ello una negociación posterior, que es la que desembocó en el Estatuto de 1932; nada muy distinto a lo que pretende ahora Artur Mas, que quiere forzar una negociación tirando millas en el camino de la independencia unilateral.

Algunas de las analogías sugieren comportamientos recurrentes. Entonces como ahora, los dos presidentes no eran inicialmente secesionistas; y en ambos casos nada puede entenderse sin la radicalización izquierdista y el abandono de la moderación. También entonces como ahora, todo se juega al final en la correlación de fuerzas y en la capacidad de hacer un buen cálculo de las propias y las ajenas. En 1934, la insurrección no contó con la movilización obrera y callejera y quedaron en nada las milicias armadas que debían apoyar el golpe. En el actual proceso, Artur Mas no ha obtenido la mayoría parlamentaria indestructible que pedía ya en las elecciones de 2012 y tampoco ahora cuando pedía un resultado plebiscitario que los electores le han negado, aunque haya ganado las elecciones con una mayoría insuficiente para gobernar sin el apoyo de la CUP. Su aislamiento internacional es pavoroso, pero además no cuenta con aliados en España; y se ha enajenado a la mitad de la población catalana.

El juego comparativo no ha terminado. También tiene sentido fijarse en las reacciones del Gobierno español. Entonces se respondió a la fuerza militar con la fuerza militar. Ahora las armas son jurídicas y gradualistas; el reproche, justísimo, es la falta de respuesta política. Ante la aprobación en el pleno, ahora responde Rajoy con el anuncio del recurso al Constitucional que produzca la inmediata suspensión de la declaración y de sus efectos.

Con Artur Mas en funciones y a la espera de una improbable investidura, el papel de Companys corresponde ahora a Carme Forcadell, la presidenta del Parlament sobre la que ha recaído la responsabilidad de un trámite tan irregular como precipitado para aprobar la declaración. Pero no será por esta actuación partidista en la interpretación del reglamento del Parlament por lo que se le pedirá responsabilidades, sino por las iniciativas que pueda tomar en el futuro en cumplimiento de la declaración que el Constitucional suspenderá en las próximas horas. Si Forcadell es la primera que actúa contra la legalidad de la que deriva su presidencia será ella y no Mas quien alcanzará una palma del martirio patriótico similar a la que obtuvo Companys el Seis de Octubre de 1934. Seguro que será un honor para ella, pero también que no le importará a Mas, si le sirve para seguir dirigiendo el proceso hasta su culminación.

Por qué en las grandes entrevistas con nuestros gobernantes elegidos por las urnas nunca se habla de cultura? Ni tan siquiera lo hacen, en sus enmascarados baile de cifras, para analizar la pérdida de un 30% de media en la recaudación del sector ?según datos de la Unión de Asociaciones Empresariales de la Industria Cultural Española?. Los cines cierran, igual que las librerías míticas. Los artistas, con la crisis, casi mendigan mientras los grandes grupos barren las pequeñas utopías. Hay más preguntas. ¿Por qué a la política se le llena la boca animando al consumo, y el Anuario de Estadísticas Culturales del 2015 fija en 260 euros anuales el gasto anual de cada ciudadano en cultura? Casi diez veces menos de lo que gastamos en llenar la nevera. O ¿por qué llevamos varios equinoccios oyendo hablar de la Constitución, y nadie se indigna por uno de sus fatales incumplimientos? Ya en su preámbulo, la Carta Magna determina como principio básico el derecho a la cultura de todos los ciudadanos, al tiempo que se confiere a los poderes públicos la responsabilidad de promover y tutelar el acceso a la misma. Además, y es bueno recordarlo, con el objetivo de garantizar la neutralidad cultural del Estado establece la libertad ideológica, de expresión y de creación. ?Cuando sumas subvenciones a la industria del automóvil ?los falsamente verdes?, a las eléctricas, al fútbol, a los toros, con dinero público, y luego le quitas al Museo del Prado un 70% de su presupuesto, tienes una clara muestra de la inhibición de las responsabilidades del Estado en la cultura. Una sociedad inculta es una sociedad fracasada?, aseguraba Basilio Baltasar, organizador del VII Foro de Industrias Cuturales bajo el lema ?¿Cultura o barbarie??, organizado por la Fundación Santillana y la Fundación Alternativas, con Nicolás Sartorius al frente, ese hombre tan joven que anima a negociar con el poder para ajardinar la jungla y alimentar la indigencia cultural de estos tiempos. ?A los poderes públicos les importamos un carajo?, decía sin rodeos el actor y presidente de la Academia del Cine, Antonio Resines. Pero también hubo autocrítica: ?No estamos operativos?. Ahí estaban representados todos los gremios, los que defendían la desgravación fiscal, siguiendo el modelo francés, en lugar de la política de subvenciones; los que lamentaban el papelón de Montoro en la no-ley de mecenazgo, y quienes se preguntaban por qué en los rankings internaciones somos los mayores consumidores de piratería: ¿qué nos pasa? ¿no tenemos cultura? , exclamaba Carlota Navarrete. ?La cultura es la suma de todas las formas de arte, amor y pensamiento, que, en el curso de los siglos, han permitido al hombre ser menos esclavo?, dejó bien dicho André Malraux. Urgen los cambios de modelos, sí, pero aterra pensar que territorio tan desangelado y silencioso ha abandonado este derecho constitucional. (La Vanguardia)

En dos ocasiones el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse de forma directa sobre los límites del debate político respecto a la independencia de Cataluña. La primera, en marzo de 2014 con motivo del recurso presentado por el Gobierno contra la declaración soberanista; la segunda, esta pasada semana, en relación a la petición de suspensión del debate previsto para hoy sobre la declaración de independencia presentada por C's y PP. En ambas, el TC ha decidido por unanimidad que la cámara catalana tiene reconocido el derecho a debatir sin límite alguno sobre las propuestas encaminadas a convertir a Cataluña en un Estado independiente.

El tópico del argumentario independentista descalifica al TC como un instrumento político en manos de los partidos mayoritarios españoles y más específicamente del PP, pero no hay nada que permita deducirlo de las dos decisiones, ni de la sentencia sobre la declaración soberanista, ni de las providencias que rechazan la suspensión del primer pleno del nuevo parlamento programado para hoy lunes, perfectamente imaginables en un tribunal que no respondiera a las características y vicios que se le achacan desde el movimiento soberanista.

No está de más recordar que la sentencia contra la declaración soberanista declara ?inconstitucional y nulo? el principio que atribuye al ?pueblo de Cataluña (...) carácter de sujeto político y jurídico soberano?, pero como contrapartida considera aceptables dentro de la Constitución las referencias "al derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña", considerado como una aspiración política a la que se puede llegar siguiendo los principios de legitimidad democrática, pluralismo y legalidad. En la misma línea, las dos providencias de la pasada semana consideran ?como uno de los fundamentos del sistema democrático que el parlamento es la sede natural del debate político? y que en consecuencia ?el eventual resultado del debate parlamentario es cuestión que no debe condicionar anticipadamente la viabilidad misma del debate?. Para simplificar, en los órganos de representación democrática cabe debatir propuestas que desbordan el marco legal e incluso mociones que proponen su superación o anulación. Pero que todo se pueda discutir no significa que todo lo que se discuta y decida en un parlamento sea democrática y constitucionalmente aceptable.

C's y PP defendían en su recurso que no cabe ni siquiera admitir a trámite propuestas de debate que desbordan o pretendan anular la Constitución. El PSC, que considera inconstitucional la declaración y por ello la recurrió en amparo, no pidió la suspensión del debate. El resto de fuerzas, incluida al menos una parte de Catalunya Sí que es Pot, piensa que el Parlamento tiene legitimidad para discutir y también aprobar cuantas mociones y propuestas considere en la medida en que cuenta con el aval de las urnas.

Para la consejera y portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté, es una cuestión de respeto a la libertad de expresión y al mandato democrático, aunque ambos argumentos han sido rebatidos por el TC. Respecto a la primera, el tribunal la resuelve al aceptar el debate de hoy y también en la sentencia sobre la declaración de soberanía al considerar que el texto ?puede producir efectos jurídicos? y no es una mera declaración fruto de la libertad de expresión. Respecto a la segunda, el mandato democrático, el TC no entra, como es natural, a valorar los resultados electorales que, ciertamente, han proporcionado una mayoría de diputados independentistas, pero sin el aval plebiscitario de una mayoría de votos que pidieron en la campaña; pero sí coloca ciertos límites a dicho mandato a la hora de tomar ciertas resoluciones.

Las providencias del TC que autorizan el debate parlamentario de hoy recuerdan ?el deber de fidelidad a la Constitución por parte de los poderes públicos?, de forma que es ?a la propia Cámara autonómica a la que corresponde velar porque su actuación se desarrolle en el marco de la Constitución?, aunque añade que eso se producirá ?sin prejuicio de que la última palabra, cuando así se le pida, le corresponderá a este TC?. En estos párrafos, reforzados por la unanimidad, los magistrados reivindican su autoridad última e incluyen una advertencia implícita a la presidencia del Parlament de forma que, al final de las cuentas, el choque de legimitidades será entre los 72 diputados de la mayoría independentista, encabezados por Carme Forcadell, y el TC con los poderes constitucionales en la mano para frenarla.

Todo se puede discutir en democracia, pero no todo se puede hacer en democracia. Y lo que menos, vulnerar la legalidad por mayoría simple, como en una asamblea de facultad, sin seguir las reglas legales establecidas para modificar las leyes.