Sergio Ramírez
El asunto está en que realmente tengamos esa oportunidad electoral. En lo que toca al propio Ortega su decisión es presentarse como candidato, por mucho que la Constitución se lo prohíba, y ganar las elecciones a cualquier costo, con los votos contados por los mismos jueces electorales que cometieron el fraude en las elecciones municipales de 2008, y por eso mismo es que ha dispuesto por decreto que permanezcan en sus puestos.
Y no se trata simplemente de una reelección más. La sentencia ilegal de sus magistrados de la Corte Suprema permite una reelección presidencial para siempre, en consonancia con la estrategia electoral del partido en el poder, definida en documentos que se han hecho públicos, en donde se afirma sin sonrojos que han llegado para quedarse, y que no están dispuesto a renunciar al gobierno bajo ningún circunstancia.
Ortega controla, además, a los jueces y magistrados de los tribunales en todos los niveles, organizados en sindicatos militantes, los mismos que estuvieron en las calles cuando fue atacado el Holiday Inn; controla a los jueces del Tribunal Electoral, y controla a los contralores que se supone deben detener los actos de corrupción. Y quiere, además, controlar a la Policía Nacional y al Ejército, y ha empezado ya con la Policía, instituciones que hasta ahora se ha regido al amparo de la Constitución, y por eso han sido respetadas por los ciudadanos.
No se trata nada más de ruido en las calles, y ataques esporádicos con palos y piedras, y ventanales destruidos a morterazos. Se trata de la supervivencia de la democracia en un país atacado cíclicamente por el mal de las dictaduras a largo plazo.
