Sergio Ramírez
Se quiere hacer retroceder a Nicaragua hacia tiempos ya padecidos, cuando los ciudadanos perdieron todas las posibilidades de expresarse y de protestar, y sólo quedó el camino de la rebeldía y de la confrontación, una hoguera que consumió vidas y detuvo el avance del país, secuestrado por la incertidumbre y la inseguridad bajo un poder brutal e irrestricto.
Grave también porque a través de estos hechos se mina el papel institucional que la Policía Nacional ha venido cumpliendo hasta ahora, en medio de azarosas dificultades, gracias a la ecuanimidad de sus mandos, y sobre todo, a la autoridad moral de su jefa, la comisionada Aminta Granera. Queda a la vista que la policía está siendo presionada desde arriba a salirse del marco constitucional y comportarse de manera complaciente con quienes se proclaman a sí mismos, garrote en mano, creadores de un nuevo orden, y dejarlos hacer.
Fue evidente que en los hechos violentos ocurridos en León, los destacamentos policiales que habían sido dispuestos para garantizar a los manifestantes su derecho ciudadano de reunirse y marchar de manera pacífica, no evitaron que los grupos de choque actuaran a su gusto, y los jefes de estos destacamentos sólo ordenaron despejar las carreteras cuando ya los hechos habían sido consumados.
