Sergio Ramírez
Nada menos cierto que asumir que existe normalidad en Nicaragua. No la hay, ni institucional ni democrática, ni la hay en lo que se refiere al respeto de los derechos políticos de los ciudadanos, y las violaciones a la Carta Democrática de la misma OEA están asentadas en los actos de violencia en contra de la Constitución Política y de las leyes.
Para empezar, la sentencia emitida por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia leales a Ortega, que declara inconstitucional el artículo de la Constitución que prohíbe la reelección al presidente de la república, seguida por el decreto del propio Ortega, ya mencionado, que manda prorrogar no sólo los períodos de los magistrados de la Corte Suprema, sino también de los magistrados electorales y de los contralores, atribución que corresponde de manera exclusiva a la Asamblea Nacional. Este decreto fue, a su vez, convalidado por esos mismos magistrados de la Corte Suprema, fieles a Ortega.
En esas conversaciones allende las fronteras de que hablaba al principio, suele haber alguien que expresa la esperanza de que todas estas pesadillas terminarán pronto, desde luego hay elecciones presidenciales en 2011, en apenas un año, cuando también será renovada la Asamblea Nacional. Tendremos entonces la oportunidad de elegir libremente un nuevo gobierno, y Daniel Ortega será un asunto de la historia pasada.
