Sergio Ramírez
Graves son también las razones que dan los líderes oficiales del asalto ocurrido en Nicaragua, para arrogarse la potestad de impedir a los demás manifestarse, si es que se les puede llamar razones: sus adversarios no tienen derecho de marchar por las calles porque son derechistas, traidores vendidos al imperialismo, defensores de la oligarquía. Por eso entonces hay que cortarles el paso, molerlos a palos y quemar y balacear sus vehículos. Todos los que somos críticos del gobierno, no importa las diferencias de pensamiento, estamos en el mismo saco; y a ese paso, pronto no se pondrá hablar en las radios, ni escribir en los periódicos, si es que sobreviven los periódicos, ni tampoco votar.
No se trata del enfrentamiento violento de grupos rivales al calor de una campaña electoral, sino del deliberado uso de la violencia bajo el amparo oficial, para impedir una demostración de ciudadanos que adversan al gobierno, hechos que no se esconden, y para los que no se buscan disculpas. Se anuncian, y se ejecutan, como una advertencia de que, a partir de ahora, las reglas del juego han cambiado.
Nuevas reglas del juego en las que la tolerancia desaparece, y se exhiben sin ningún pudor los viejos mecanismos de la represión a palos, que Nicaragua ya ha conocido tantas veces a lo largo de su historia.
