Sergio Ramírez
La "emergencia gitana" del gobierno de Berlusconi, trae consigo una legislación por la que se concede poderes especiales a la policía y a los jueces para enfrentar "el peligro gitano", que parte de una concepción simple, que es también de vieja data: la culpa, o la sospecha de culpa, se basa en la procedencia étnica; y así la culpa, si es que existe, vas más allá de la persona, y se extiende a su familia, a sus descendientes, a todo su entorno.
Semejante falacia derriba sin pudor uno de los principios fundamentales del orden jurídico, y de las garantías procesales, que figura en todas las constituciones del mundo: el delito nunca trasciende a la persona del delincuente, cuando hay un delincuente. Es el viejo rabo del fascismo que asoma cada vez que puede, chamuscado de azufre, entre los pliegos de las togas de los magistrados.
Todos los gitanos, bajo el principio primitivo de la culpa extendida, son entonces ladrones, sus mujeres prostitutas. Sucios, pestilentes, malvados, promiscuos. No hay excepciones. Son los que roban niños para asesinarlos y vender sus órganos, como cree el pequeño estudiante del colegio de Monticelli, que ha visto como rociaban gasolina en sus chabolas, y eran obligados a correr para salvar sus vidas; y ese niño siente que con un acto así, sus padres lo están protegiendo de ser alguna vez secuestrado, y descuartizado a cuchillo.
