Sergio Ramírez
En el año de 1982, la Asamblea Constituyente de Honduras aprobó una nueva carta magna en la que se prohibía la reelección presidencial de manera terminante e inconmovible. Ni por medio de una reforma constitucional, ni aún por un plebiscito podía cambiarse el artículo que impedía a un presidente de la república continuar en el mando. Esta prohibición entraba entre las disposiciones llamadas "pétreas", escritas en piedra. Y el código penal pasó a considerar el solo intento de promover la reelección como traición a la patria.
La extrema previsión de los legisladores provenía de la propia historia del país, plagada de dictaduras militares, elecciones fraudulentas, y presidentes ambiciosos de quedarse sentados en la silla presidencial largo tiempo, o para siempre, lo que significa también apoderarse de las institucionales, someterlas, y corromperlas.
En junio de 2009, el presidente Manuel Zelaya, del partido Liberal, promovió la celebración de una consulta popular a través de lo que llamó una "cuarta urna" en busca de abrir la vía para llamar a una nueva Asamblea Constituyente. Fue acusado de querer eliminar el artículo pétreo que le prohibía reelegirse, y como remate de una grave crisis institucional el ejército, con el respaldo de la Asamblea Nacional en manos de sus adversarios conservadores del partido Nacional, lo depuso mediante un golpe de estado.
Como si otra vez estuviéramos viendo la misma vieja película, el presidente fue sacado en pijama de su cama a medianoche, metido en un avión, y expulsado a Costa Rica. Parecía que estábamos regresando de nuevo a la época poco honrosa de las famosas repúblicas bananeras.
En 2014 fue electo presidente Juan Manuel Hernández, del partido Nacional, y al año siguiente un grupo de diputados de su propio partido recurrió ante la Corte Suprema de Justicia para que las disposiciones que prohibían la reelección fueran derogadas. El sólo hecho de formular la petición, daba pie para procesarlos, con la consecuencia de ser cesados de sus cargos e inhabilitados políticamente, perdiendo aún la ciudadanía, "por incitar, promover o apoyar el continuismo o la reelección", según la letra de la misma Constitución.
Pero la Corte Suprema, dominada por magistrados del mismo Partido Nacional, sentenció que las disposiciones constitucionales que prohibían la reelección presidencial ¡eran inconstitucionales!, abriendo el camino al presidente Hernández para presentarse de nuevo como candidato.
Estas son las raíces del drama que hoy está viviendo Honduras tras las elecciones del 26 de noviembre de este año, cuando un cuestionado Tribunal Supremo Electoral se ha visto impedido de poder declarar a un ganador frente a una votación estrechamente dividida entre el propio Hernández y el candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, el presentador de televisión Salvador Nasralla, respaldado por el expresidente depuesto Manuel Zelaya.
El conteo inicial que favorecía a Nasralla cambió abruptamente tras interrupciones del sistema electrónico. Cuando el sistema se restableció, Nasralla pasó de ganador a perdedor. Todo un acto de prestidigitación digital.
El Tribunal Electoral ha concluido un nuevo recuento parcial de los votos sin la presencia de la oposición, y mantiene el escaso margen de ventaja a favor del presidente Hernández. Nasralla no acepta los resultados y demanda un nuevo recuento total, o la anulación de las elecciones para celebrar unas nuevas, algo que luce más que improbable; y aunque los observadores de la Unión Europea y de la OEA avalaran el escrutinio oficial, la sombra del fraude no podrá ser desterrada.
Desgraciadamente, la Corte Suprema de Costa Rica ordenó en 2003 anular la prohibición de reelección establecida por una reforma constitucional en 1969. Esta sentencia, proveniente de un país de reconocida tradición democrática creó un precedente nefasto que ha sido seguido después en Nicaragua, en Honduras, y últimamente en Bolivia.
En 2010, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, dominada por Daniel Ortega, declaró inaplicable el artículo de la Constitución que impedía la reelección, y así pudo seguirse presentando como candidato, amparado por las razones filósofas de sus correligionarios del tribunal: "el derecho a Elegir y Ser Electo, no puede ser alterado…por ser un derecho sustancial y esencial al ser humano".
Evo Morales, que lleva ya bastantes años como presidente de Bolivia, buscó seguir reeligiéndose y para ello convocó un plebiscito, que perdió. No dejó de insistir. Ahora, el Tribunal Constitucional lo autoriza a seguir presentándose como candidato de manera indefinida. La prohibición constitucional, dice la sentencia, violenta sus derechos políticos.
Lo escrito en piedra, está más bien escrito en el agua.
La extrema previsión de los legisladores provenía de la propia historia del país, plagada de dictaduras militares, elecciones fraudulentas, y presidentes ambiciosos de quedarse sentados en la silla presidencial largo tiempo, o para siempre, lo que significa también apoderarse de las institucionales, someterlas, y corromperlas.
En junio de 2009, el presidente Manuel Zelaya, del partido Liberal, promovió la celebración de una consulta popular a través de lo que llamó una "cuarta urna" en busca de abrir la vía para llamar a una nueva Asamblea Constituyente. Fue acusado de querer eliminar el artículo pétreo que le prohibía reelegirse, y como remate de una grave crisis institucional el ejército, con el respaldo de la Asamblea Nacional en manos de sus adversarios conservadores del partido Nacional, lo depuso mediante un golpe de estado.
Como si otra vez estuviéramos viendo la misma vieja película, el presidente fue sacado en pijama de su cama a medianoche, metido en un avión, y expulsado a Costa Rica. Parecía que estábamos regresando de nuevo a la época poco honrosa de las famosas repúblicas bananeras.
En 2014 fue electo presidente Juan Manuel Hernández, del partido Nacional, y al año siguiente un grupo de diputados de su propio partido recurrió ante la Corte Suprema de Justicia para que las disposiciones que prohibían la reelección fueran derogadas. El sólo hecho de formular la petición, daba pie para procesarlos, con la consecuencia de ser cesados de sus cargos e inhabilitados políticamente, perdiendo aún la ciudadanía, "por incitar, promover o apoyar el continuismo o la reelección", según la letra de la misma Constitución.
Pero la Corte Suprema, dominada por magistrados del mismo Partido Nacional, sentenció que las disposiciones constitucionales que prohibían la reelección presidencial ¡eran inconstitucionales!, abriendo el camino al presidente Hernández para presentarse de nuevo como candidato.
Estas son las raíces del drama que hoy está viviendo Honduras tras las elecciones del 26 de noviembre de este año, cuando un cuestionado Tribunal Supremo Electoral se ha visto impedido de poder declarar a un ganador frente a una votación estrechamente dividida entre el propio Hernández y el candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, el presentador de televisión Salvador Nasralla, respaldado por el expresidente depuesto Manuel Zelaya.
El conteo inicial que favorecía a Nasralla cambió abruptamente tras interrupciones del sistema electrónico. Cuando el sistema se restableció, Nasralla pasó de ganador a perdedor. Todo un acto de prestidigitación digital.
El Tribunal Electoral ha concluido un nuevo recuento parcial de los votos sin la presencia de la oposición, y mantiene el escaso margen de ventaja a favor del presidente Hernández. Nasralla no acepta los resultados y demanda un nuevo recuento total, o la anulación de las elecciones para celebrar unas nuevas, algo que luce más que improbable; y aunque los observadores de la Unión Europea y de la OEA avalaran el escrutinio oficial, la sombra del fraude no podrá ser desterrada.
Desgraciadamente, la Corte Suprema de Costa Rica ordenó en 2003 anular la prohibición de reelección establecida por una reforma constitucional en 1969. Esta sentencia, proveniente de un país de reconocida tradición democrática creó un precedente nefasto que ha sido seguido después en Nicaragua, en Honduras, y últimamente en Bolivia.
En 2010, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, dominada por Daniel Ortega, declaró inaplicable el artículo de la Constitución que impedía la reelección, y así pudo seguirse presentando como candidato, amparado por las razones filósofas de sus correligionarios del tribunal: "el derecho a Elegir y Ser Electo, no puede ser alterado…por ser un derecho sustancial y esencial al ser humano".
Evo Morales, que lleva ya bastantes años como presidente de Bolivia, buscó seguir reeligiéndose y para ello convocó un plebiscito, que perdió. No dejó de insistir. Ahora, el Tribunal Constitucional lo autoriza a seguir presentándose como candidato de manera indefinida. La prohibición constitucional, dice la sentencia, violenta sus derechos políticos.
Lo escrito en piedra, está más bien escrito en el agua.
