Eder. Óleo de Irene Gracia
Lluís Bassets
El caso Petraeus levanta la alfombra de la república pretoriana, pero si sucede es gracias a que antes hemos levantado una alfombra igualmente inquietante como es la de la república policial. ¿Qué hace el FBI husmeando en las camas de las más altas jerarquías del ejército? ¿Dónde está la privacidad de las comunicaciones? ¿Hasta dónde debe llegar la transparencia sobre la vida privada de los políticos y de los altos responsables del estado? ¿Tienen derecho los polizontes a actuar por su cuenta y riesgo sin control judicial ni parlamentario?
El alcance de la república policial importa en todos los países. Aquí mismo acabamos de tener una muestra más con la filtración al diario El Mundo de un borrador de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal que recoge meras conjeturas sobre supuestos delitos cometidos por el presidente catalán Artur Mas, la familia Pujol y el consejero de Interior, Felip Puig. No sabemos todavía qué hay detrás del caso Petraeus, pero es mucho más fácil imaginar que hay detrás de la filtración del diario de Pedro Jota.
Para una primera aproximación suele ser válida la búsqueda del beneficiario. Queda en principio descartado el partido republicano, a través de su líder en el Congreso, Eric Cantor, que no hizo nada para utilizar el escándalo durante la campaña electoral. El caso contrario es el del supuesto escándalo catalán: nada le va mejor al Partido Popular que un Artur Mas envuelto en la bandera y elevado al martirio, en una reacción patriótica y de cierre de filas alrededor del presidente, el partido y la nación agredidos por el enemigo exterior. Los que querían introducir la agenda social, evitar la polarización entre catalanismo y españolismo o deshinchar el protagonismo de Mas son los más perjudicados. ¿Quiénes son esos? El lector juzgará. A CiU le puede salir bien la jugada, pero al PP también.
La república policial tiene una larga y siniestra tradición. En el caso de Estados Unidos se halla en los cimientos del FBI, institución marcada por su fundador en 1935 y director hasta 1972, John Edgar Hoover, y sus prácticas de intromisión en la vida privada de todos, presidente incluido. En España este tipo de prácticas no es tanto el resultado de una fuerte tradición de intromisión en la vida privada de una institución como la falta de tradición de otras, la justicia, el parlamento y la prensa, que son las que tienen la obligación de garantizar el buen funcionamiento del Estado de derecho e impedir los abusos de la policía.
