Lluís Bassets
El más alto tribunal del país al fin ha decidido sobre uno de los temas controvertidos que afectan a la democracia. El partido en el Gobierno es el que más perjudicado va a salir de la sentencia, decidida por un solo voto de diferencia, entre dos posiciones que demuestran la amplitud de interpretaciones que ofrece la Constitución. ¿Qué hace el presidente? ¿Acata en silencio la sentencia como cabría esperar de quienes consideran que el árbitro constitucional está por encima del ejecutivo y del legislativo? En absoluto. El presidente arremete sin matices contra la sentencia, apoya la interpretación de la Constitución que ha resultado perdedora, e incluso va más allá; anuncia que va a hacer todo lo que sea posible, desde su capacidad ejecutiva y mediante sus iniciativas parlamentarias para eludir en la medida de lo posible el acuerdo del máximo órgano judicial hasta conseguir que se aplique su visión de la democracia en este capítulo de la vida política.
No estamos hablando de un escenario político virtual ni tiene nada que ver con la sentencia del Tribunal Constitucional español sobre el Estatuto de Cataluña. Lo que se explica en el anterior párrafo es exactamente lo que ha sucedido en el Tribunal Supremo norteamericano, que ha sentenciado, por cinco votos a cuatro, a favor de la financiación ilimitada de publicidad política por parte de las empresas en nombre, nada menos, que de la libertad de expresión. El presidente Obama, profundamente irritado por la apelación de la derecha judicial a la Primera Enmienda que protege la libertad de expresión de los ciudadanos, ha manifestado su rechazo a la sentencia y su voluntad de ?reparar en lo posible el daño ocasionado?.
Ciertamente, es extraño que se proteja la libertad de expresión de las grandes corporaciones, es decir, los derechos del dinero, creando unas condiciones de desigualdad insalvables respecto a los ciudadanos individuales, tal como hace una sentencia que parece exactamente una venganza del capitalismo más extremo contra los programas de intervención del Gobierno en la economía para salir de la crisis. El caso es especialmente grave si abre el portillo a la financiación de campañas por parte de las filiales norteamericanas de empresas extranjeras, por ejemplo de países árabes, de Rusia o de la Venezuela de Chávez.
El Tribunal Supremo norteamericano, formado por magistrados de nombramiento vitalicio, interpreta la Constitución, pero todos entienden que las interpretaciones pueden cambiar y que cada uno tiene derecho a propugnar la interpretación que más le conviene. Es una constitución antigua pero muy viva, a la que los ciudadanos respetan a pesar de cada uno la interprete a su manera. Esto es lo que hace las democracias fuertes y lo que une a los países. Exactamente lo contrario de lo que ocurre cuando las constituciones se convierten en una tablas de la ley esculpidas en piedra, que no permiten mutaciones ni interpretaciones. Se estrecha su capacidad de integrar posiciones políticas, se debilita la democracia y se afloja la unidad política.
