Eder. Óleo de Irene Gracia
Jorge Volpi
El 19 de febrero de 1588, Felipe II envió a su Grande y Felicísima Armada, formada por unas 127 naves, hacia Inglaterra, con la católica misión de deponer a Isabel I del trono. Tras unas cuantas escaramuzas, ésta se vio obligada a rodear la tormentosa costa británica de vuelta a los puertos españoles -con el naufragio de unos 35 barcos-, sin haber alcanzado su objetivo. El fracaso de la Armada Invencible marcó el cenit del poderío español en Europa y el inicio de un largo periodo de decadencia. Hubieron de transcurrir casi cuatro siglos para que la nación ibérica volviese a ocupar un sitio de honor en el mundo.
Tras la muerte de Franco en 1975, España por fin atisbó una era de progreso ininterrumpido, acentuado por su ingreso a la Comunidad Europea en 1986. Pese a las amenazas de ETA y algún requiebre económico, en menos de tres décadas la España democrática se convirtió en una de las principales economías del planeta e incluso, durante un breve y engañoso lapso, quiso mostrarse como una potencia global: recuérdese el embarazoso trío de las Azores, cuando José María Aznar, entonces presidente del Gobierno, se empeñó en comparecer con Bush Jr. y "el amigo" Blair para decretar la ilegal invasión de Irak.
Tras la caída de Lehman Brothers en 2008 y la crisis del mercado hipotecario, España ha sufrido una nueva tormenta perfecta que no sólo la ha dejado con los más altos índices de desempleo -cerca de 5 millones en una población de 47, con un paro juvenil del 50%-, sino que amenaza a todas las instituciones nacidas con la transición. Hoy, España parece a punto de naufragar de nuevo, enredada en la telaraña que, al calor de la imprevisión y la avaricia, su élite tejió durante los años de vacas gordas.
Los últimos días no podían haber sido más turbulentos. Primero, Felipe Froilán, uno de los nietos de don Juan Carlos, de 13 años, se disparó en un pie. Por qué un adolescente manejaba una escopeta calibre .36 es algo que, hablando de la familia real, no hay que preguntar. Apenas unos días después, se anunció que el propio rey se había fracturado la cadera mientras se hallaba en Botsuana en una cacería de elefantes. (Los deslices borbónicos con las armas no son nuevos: en 1956, don Juan Carlos mató accidentalmente a su hermano don Alfonso mientras jugaban con una pistola calibre .22).
El desliz no podía resultar más incómodo, no sólo porque el rey preside honoríficamente el World Wild Fund o porque la monarquía se encuentre en sus horas más bajas -a raíz de la imputación por fraude del Iñaki Undargarin, esposo de la infanta Cristina-, sino porque ofrece una imagen de soberbia sin precedentes en alguien que había sido protegido de todo ataque por su papel ejemplar durante el fallido golpe militar de 1981. En épocas de bonanza, apenas importa que una familia sin mérito se beneficie de los impuestos ciudadanos, pero cuando el gobierno de Mariano Rajoy ha recortado millones de euros al estado de bienestar y la prima de riesgo vuelve a dispararse -y, para colmo, Cristina Kirchner ordena expropiar YPF, la filial argentina de Repsol-, las voces que exigen la abdicación se multiplican.
La erosión de la monarquía es un síntoma de la quiebra del modelo español. Pésimamente gestionada por los socialistas, la crisis provocó la estrepitosa caída de Rodríguez Zapatero, pero el nuevo gobierno del PP carece de margen de maniobra. España es, a todos los efectos, un país intervenido -como Grecia, Portugal o Irlanda-, cuyas férreas medidas de austeridad no derivan de la voluntad de sus dirigentes, sino de las órdenes de Bruselas, que son las de Alemania. Ninguna de las medidas de Rajoy estimula el crecimiento o el empleo; obsesionado con reducir el déficit, siguiendo la línea ideológica de Merkel, éstas sólo alargarán la recesión.
Y es aquí donde otro pilar de la transición podría hundirse: el sistema autonómico. Para responder al centralismo franquista, España se dotó con regiones cuyas competencias exceden las de muchos estados federales. Durante la prosperidad, éstas no sólo mejoraron las infraestructuras públicas -las mejores de Europa-, sino que dilapidaron sus recursos en incontables proyectos faraónicos. Otra vez: en épocas de crecimiento, a nadie le preocupaba el derroche; ahora, la existencia misma de las autonomías está en cuestión (sobre todo al revisar sus cuentas).
Lo peor del laberinto de España es que no ofrece salida. Su pertenencia a la Unión Europea, que la catapultó al primer mundo, motiva ahora su letargo -al menos mientras domine la ortodoxia germana-, pero abandonar el euro suena impensable. La monarquía ya no sólo resulta anacrónica, sino vergonzosa, pero nadie exige su abolición. Las autonomías son corruptas y onerosas, pero nadie llama a descabezarlas. Mientras tanto, la educación es degradada, el paro aumenta, se impone el copago sanitario -burdo eufemismo: el pago sanitario-, y España naufraga. Al menos hasta que los ciudadanos, no sólo de la península, sino de toda Europa, digan basta.
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