Jorge Volpi
-Prepárense porque miles de presos estarán de vuelta a las calles en los próximos días. La expectativa con esa determinación es que pudieran salir hasta 4 mil personas cuando menos de prisión, entonces ante eso habrá que prepararse la sociedad.
Con esta frase, cuya sintaxis es apenas menos retorcida que su sentido, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, encabezó las descalificaciones contra la Suprema Corte por haber resuelto que los inculpados o imputados -que no "reos", como ha insistido en escribir la prensa- del antiguo sistema inquisitorial pudiesen solicitar ante los tribunales la revisión de su prisión preventiva de acuerdo con los principios establecidos por el nuevo sistema oral acusatorio.
Su ataque al nuevo modelo penal no es novedoso: en marzo ya había afirmado que el incremento de la delincuencia en la capital se debía a que, por culpa de éste, 12 mil presos habían abandonado la cárcel.
-Vamos a firmar un manifiesto todos los gobernadores para pedirle al Poder Legislativo que legisle en esa materia, pero también estamos tomando medidas en torno a una posible salida de presuntos delincuentes -lo secundó el panista José Rosas Aispuru, gobernador de Durango.
-Los delincuentes no pueden enfrentar sus procesos en libertad -terció el priista Omar Fayad, gobernador de Hidalgo.
Y, para que no queden dudas del lado que han escogido los gobernadores, Isabel Miranda de Wallace no sólo confirmó su alarma sino que -como acostumbra- la redobló al afirmar, sin ningún dato comprobable, que 70 mil delincuentes podrían salir a las calles.
Como se puede comprobar con estas declaraciones, la mayor perversidad de sus autores radica en el uso del lenguaje. Y no me refiero a su torpeza gramatical, sino a la elección de las palabras: a fin de acentuar el miedo entre los ciudadanos, de por sí expuestos a inauditas cotas de violencia e impunidad, no tienen empacho en afirmar que quienes se aprestan a abandona las cárceles -previsiblemente para continuar robando, violando o asesinando- son "delincuentes".
Y, claro, ¿quién querría que 4 mil o 12 mil o 70 mil (o, si a esas vamos, 100 o 200 mil) delincuentes inunden nuestras calles y nos tengan a su merced? La formulación es tan contundente, y sin embargo tan repugnante, tan mendaz, que a nuestros gobernadores debería caérseles la cara de vergüenza. ¿Cómo es que todos ellos, gobernantes de todos los partidos, utilizan este lenguaje propio de la ultraderecha?
Tras un sinfín de contratiempos y presiones, la sociedad mexicana al fin ha comenzado a valorar y defender uno de los preceptos elementales que garantizan el estado de derecho y la convivencia democrática: la presunción de inocencia. Y de pronto nuestros gobernadores -incluido Mancera, quien posee un doctorado en Derecho- no dudan en vapulearla y relegarla, en el más puro estilo de demagogos y tiranos, como un estorbo que sería mejor desechar para proteger a los ciudadanos en peligro.
No, señores gobernadores: quienes se encuentran sujetos a prisión preventiva -una medida cautelar entre otras- no son delincuentes. Tampoco presuntos delincuentes. Son ciudadanos a quienes se presume inocentes en tanto las autoridades -es decir, sus policías y sus ministerios públicos- no acrediten su culpa ante un juez, el cual además debe emitir una sentencia condenatoria. Sin esta sentencia, señores gobernadores, esos ciudadanos son tan inocentes como ustedes (y, visto el índice delictivo entre los funcionarios de su rango, quizás más).
¿Por qué decir entonces lo contrario? ¿Por qué engañar así a sus electores? La respuesta es de una obscenidad inaudita: porque así ustedes pretender justificar su fracaso en el "combate contra el crimen". Porque así pueden echarle la culpa a alguien más de la inaudita incapacidad y la pasmosa corrupción de sus cuerpos policíacos y sus ministerios públicos. Porque así pueden aparentar que se preocupan por su seguridad cuando en realidad no hacen nada o hacen lo contrario.
Twitter: @jvolpi
