Lluís Bassets

Muchos de quienes desfilaron ayer con motivo del Primero de Mayo llevaban una prenda cortada y confeccionada en una de las 5.000 empresas de manufactura textil que dan empleo a cuatro millones de personas en las 200.000 instalaciones industriales de Bangladesh. Es probable, incluso, que dicha prenda haya salido de una de las cinco fábricas que se alojaban en el Rana Plaza, el edificio que se hundió con cinco mil obreros dentro el pasado 24 de abril.

Tiene toda la lógica, porque el textil de Bangladesh es una pujante industria que ocupa a cuatro millones de personas, exporta 20.000 millones de dólares anuales y representa el 17 por ciento del PIB. El textil chino, de largo el primer exportador con un tercio de la producción mundial y el único que supera al bangladeshí, tiene crecientes dificultades para competir en precios con el donde se pagan país los salarios industriales más bajos del mundo, aproximadamente 32 euros al mes.

El Rana Plaza era inicialmente un edificio de cinco plantas, destinado a centro comercial. Su propietario, Sohel Rana, construyó ilegalmente tres plantas más y lo destinó a uso industrial, sin importarle el incremento de carga ni la fragilidad de la estructura. Hasta ahora se han extraído cerca de 390 cuerpos sin vida de las ruinas, pero el balance de muertos puede elevarse por encima de los 800, al que hay que añadir numerosos heridos y mutilados, en lo que ya es el siniestro más mortífero de la historia de esta industria.

El caso de Rana, ahora detenido, no es excepcional si se atiende a la alta siniestralidad del sector textil, en forma sobre todo de incendios y de hundimientos de edificios, fruto de las pésimas instalaciones y de la construcción precaria y descontrolada. En los últimos cinco años han fallecido 700 trabajadores solo en incendios, 112 de ellos en el mayor de todos, declarado el pasado noviembre también en Dacca.

Esta última catástrofe tiene un punto en común con el hundimiento del Rana Plaza: en ambos casos hubo capataces que tuvieron un comportamiento criminal. Según el Daily Star de Dacca, en el incendio de noviembre los encargados impidieron a los trabajadores que abandonaran los talleres una vez se había declarado el fuego. En el caso del Rana Plaza, aparecieron grietas y se oyeron crujidos en la víspera del hundimiento, pero las empresas no ordenaron el desalojo y obligaron a los trabajadores a acudir igualmente al día siguiente.

La calidad de las instalaciones no entra en el radio de visión de una administración que cuenta apenas con medio centenar de inspectores de edificios industriales para todo el país. Human Rights Watch ha recogido el testimonio de inspectores que acreditan el trato de favor que reciben la primera industria bangladeshí por parte del Gobierno. "Intentamos siempre mantener buenas relaciones con el sector gerencial y normalmente les avisamos antes de la inspección", señaló uno de los inspectores.

Sohel Rana, además de propietario del edificio, es un dirigente local del partido en el gobierno, la Liga Awami. No es un dato anecdótico en un país de corrupción oceánica, donde hay un berlusconismo de los miserables que convierte a la política en palanca descarada para la promoción de los negocios de quienes la ejercen.

Tan alta siniestralidad tiene una sencilla explicación económica. La presión a la baja de las multinacionales de la confección sobre los precios encuentra todavía una cierta flexibilidad en los alquileres de los edificios y el mantenimiento de las infraestructuras, dado que ya es imposible reducir aún más los salarios.

La catástrofe puede alentar el boicot a las manufacturas de Bangladesh o estimular la imposición de barreras comerciales bajo la excusa humanitaria de las pésimas condiciones de trabajo, sin tener en cuenta que los trabajadores del textil necesitan sus pobres salarios, mejores que los ínfimos ingresos que proporcionan los trabajos en el medio rural de donde ellos provienen. Bangladesh necesita su industria textil para salir definitivamente de la pobreza, al igual que las mujeres, que ocupan el 80 por ciento de los puestos de trabajo, también la necesitan para emanciparse y construir sus vidas sin el control tradicional de padres, maridos y hermanos.

Mucho pueden y deben hacer, por supuesto, las multinacionales del textil que producen en Bangladesh, sobre todo para que sus prendas se fabriquen en condiciones dignas, que incluyen por supuesto la seguridad de los edificios y la defensa de los trabajadores. La tragedia de Dacca es un clamor por una Administración pública eficaz, que inspeccione con diligencia y ordene el sector, y por unos sindicatos fuertes y vigilantes, que denuncien las condiciones de trabajo y los abusos criminales de capataces que impiden a los trabajadores salvar sus vidas en caso de accidente. La desregulación y el Estado mínimo, al igual que la prohibición de los sindicatos, que tanto gustan a los conservadores occidentales, son la guadaña de la muerte para los obreros de la confección.

El Príncipe es un hijo del exilio. Maquiavelo empezó a escribirlo ahora hace exactamente 500 años, en la casa de campo familiar de Sant'Andrea in Percussina, a diez kilómetros de Florencia. Todo ocurrió muy aprisa: el 16 de septiembre de 1512, el golpe de Estado con que los Medici recuperaban el poder; el 7 de noviembre su destitución como secretario; luego el confinamiento y la prohibición de entrar en el Palazzo Vecchio, que albergaba la institución republicana de la Señoría y donde ha trabajado toda su vida; desde entonces hasta el 10 de diciembre la indagación sobre su gestión; y al final, la cárcel, donde sufre la peor y más peligrosa experiencia de su vida: además de la miseria de un calabozo insalubre, tiene que enfrentar la tortura, un método judicial perfectamente acorde con los tiempos. Le atan las manos a la espalda y le suben y bajan con una polea hasta seis veces, en un tormento conocido como de la cuerda que suele producir dislocaciones. El 11 de marzo de 1513 el cónclave elige como nuevo papa a Giovanni di Lorenzo de Medici bajo el nombre de León X. Machiavelo queda en libertad y se encierra en el Albergaccio, su refugio campestre.

El aniversario que ahora se celebra no es de la publicación, que no se produjo hasta 1532, cinco años después de su muerte, sino de la escritura, fruto tanto de su experiencia política como de la nostalgia que sentía por la intervención en los asuntos públicos. Muy poco se puede añadir a estas alturas a la fortuna inmensa del célebre libro y de su autor, glosado y comentado, odiado y ensalzado en estos 500 años hasta fructificar muy pronto en un concepto y un adjetivo, maquiavelismo y maquiavélico, en el que se sintetizan la necesidad y la inmoralidad del realismo político. Por cierto, nadie entre los que mejor lo practican suele admitir su fiel adscripción a la doctrina maquiavélica.

Maquiavelo todavía molesta. Su aparente apología de la mentira es la mejor denuncia contra la mentira. Vale allí donde hay poder. De ahí que los políticos más maquiavélicos no tengan rebozo en mentir incluso a la hora de exteriorizar su admiración por el maestro. Pero no son los que merecen mayor atención, porque les conocemos de sobra. Les superan en maestría manipuladora quienes exhiben la innovación arcangélica de una política de corte totalmente nuevo y puro, ajena a la falsedad y al enmascaramiento, esos personajes que jamás incurren en el doble lenguaje, que dicen cumplir todo lo que prometen y se venden a sí mismos como inseparables compañeros de la verdad, el bien y el valor. El secretario es taxativo en su libro respecto a las promesas políticas, de la que se derivan tantos falsos mandatos electorales: "Un señor prudente no puede, ni debe, mantener la palabra dada cuando tal cumplimiento se vuelva en su contra y hayan desaparecido los motivos que le obligaron a darla. Y si los hombres fuesen todos buenos, este precepto no lo sería, pero como son malos y no mantienen lo que prometen, tú tampoco tienes por qué mantenérselo a ellos. (?) Los hombres son tan crédulos y tan sumisos a las necesidades del momento que el que engaña encontrará siempre quien se deje engañar".

Maquiavelo empezó a escribir en Sant'Andrea después de un cambio de régimen y en pleno cambio de época, ideas ambas muy próximas a las que revolotean ahora sobre nuestras cabezas. Los dos personajes que inspiraron su libro de forma más destacada fueron César Borgia y Fernando el Católico, el primero arzobispo de Valencia y el segundo monarca de Aragón y por tanto de Cataluña. Ambos fueron decisivos en la escena internacional de la época, que todavía era estrictamente europea y casi del todo italiana. Los catalanes se quedaron sin sus ancestrales estructuras de Estado hace tres siglos, en 1714, pero no tenían príncipe propio desde mucho antes, al menos desde los tiempos en que Maquiavelo contó cómo deben comportarse los príncipes. Hasta aquel momento en que dos personajes de raíces bien catalanas inspiraban al secretario florentino hay que remontarse si se quiere desmentir rotundamente el tópico sobre la ineptitud catalana para el poder desnudo, tal como la codificó Vicens Vives bajo la figura mitológica del Minotauro.

George W. Bush ya no es el peor presidente de la historia. Lo ha sido a criterio de muchos, historiadores incluidos, al menos desde el desastre del Katrina hasta los mismos días en que se inaugura un monumento dedicado a su presidencia, la biblioteca y museo que le corresponde como a todo inquilino de la Casa Blanca. Coincidiendo con su inauguración en Dallas (Texas), una encuesta ha revelado que ha recuperado casi del todo la estima de sus conciudadanos (un 50% lo desaprueba todavía frente al 47% que lo aprueba, aunque en 2008 eran respectivamente el 73% y el 23%).

Fue el peor porque no había a mano peor balance que el suyo. La competencia surgía de etapas remotas de la historia estadounidense. Empezó a dejar de ser el peor cuando Obama alcanzó la Casa Blanca: oscurecer al predecesor es fundamental para la victoria del candidato a la sucesión, cosa que no tiene vigencia cuando se vence. Así es como Bush mejoró en cuanto Obama se propuso mirar hacia adelante y descartó cualquier acción vengativa contra la anterior Administración respecto a sus comportamientos más criticables, como la legalización de la tortura o las mentiras de la guerra de Irak. Todavía mejoró más en cuanto se comprobó que Obama seguía el mismo surco contra el terrorismo, el punto más criticado y criticable de George W. Bush, principalmente en el feo asunto de los asesinatos selectivos mediante el uso de drones.

Si Obama no hubiera conseguido renovar su mandato presidencial en 2012, nada hubiera facilitado tampoco a partir de entonces un juicio más moderado de sus partidarios respecto a Bush. Ahora la imagen del presidente republicano puede despegarse incluso de su partido y todavía más de sus viejos partidarios más próximos, los derrotados y declinantes neocons, para engrosar incluso las filas de la renovación republicana y de la transversalidad con los demócratas en las políticas de inmigración, territorio donde se decidirá el futuro político de EE UU y en el que Bush se hallaba ya entonces a la izquierda de los suyos.

El caso de Bush conduce a pensar en los nuestros, en los que tienen ahora buena imagen y los que la tienen mala. Seguro que ellos también lo hacen. Es inevitable para un político tener presente el juicio de la posteridad. No hay corazón humano que se resista al demonio de la vanidad. A quienes alcanza el fuego ardiente de la fama les arrastra en un momento u otro la melancolía de la vida eterna y la salvación.

La biblioteca presidencial, que EE UU ha establecido por ley, encuadra y garantiza las coordenadas de la posteridad, además de rendir un servicio al conocimiento de la personalidad y del balance de la presidencia. El pragmatismo estadounidense echa así una mano al tiempo, que Marguerite Yourcenar calificó de gran escultor, para que se ahorre una parte de su trabajo.

Un nuevo y potente tópico se está instalando entre nuestras creencias, una idea que señala la estupidez generalizada de quienes nos dirigen en abierta oposición a la soberana inteligencia de las multitudes. Puede aplicarse en todos los ámbitos, pero es en la acción política donde tiene mayor presencia. Cuenta con asideros argumentales en el estado de nuestras instituciones, las dificultades para gobernar la economía, el deterioro de los liderazgos o la extensión de la corrupción, pero encuentra su epifanía en el éxito de las tecnologías de la información y de la comunicación para dar poder a los individuos y a los grupos en detrimento de quienes les venían organizando, dirigiendo o representando.

No vale para un país o un continente. Es de aplicación global, como la tecnología y la economía que la acompaña. Antoni Gutiérrez Rubí lo desarrollaba ayer en estas mismas páginas a propósito de las ILP (iniciativas legislativas populares) en el artículo 'Queremos legislar', en el que fundamentaba así el deseo expresado en el título: "No solo porque queremos, podemos y debemos, sino porque sabemos. El conocimiento disponible en la sociedad abierta y en red es superior al de sus representantes y expertos. No estamos hablando de masas inertes y amorfas, sino de multitudes activas e inteligentes en la sociedad red, capaces de articular ?o al menos iluminar? soluciones públicas para problemas complejos si se dispone de entornos abiertos gracias a la tecnología".

Nos encontramos ante una nueva rebelión de las masas que revierte el esquema propuesto por Ortega hace 80 años, cuando identificaba al hombre masa, fruto de la democratización y base sociológica de los totalitarismos. Aquellas multitudes que Ortega consideraba mostrencas hoy usan teléfonos móviles y tabletas, y muy pronto gafas Google, con las que toman imágenes, comunican e interactúan. La apariencia puede ser de entretenimiento, sobre todo cuando los escenarios turísticos, los estadios deportivos o la romana plaza de San Pedro relampaguean por los millares de flashes de los móviles multitudinarios, pero de pronto surge un acontecimiento inesperado y trágico en el que se manifiesta la profundidad del fenómeno y las novedades, merecedoras de reflexión y de debate, que introduce en nuestra vida pública.

Este es el caso del atentado de Boston del 16 de abril y la posterior caza al hombre en búsqueda de sus autores, un conjunto de hechos que constituyen un buen punto de partida para la comprensión de estos cambios. Nada de lo que allí ha sucedido, desde la acción criminal de los hermanos Tsarnaev hasta la detención de Dzhokhar, puede comprenderse sin la nueva rebelión digital de las masas y específicamente sin el registro de imágenes por parte del público, la transmisión por las redes sociales e incluso la participación directa del público en la interpretación de los millares de datos que iban vomitando sin parar las redes sociales. Hasta el punto de que la ilusión de que una multitud inteligente estaba al cargo de la investigación del crimen llegó casi a imponerse a una sociedad que ya ha experimentado en muchos campos el poder de la tecnología en manos del público. Corroboraban esta impresión los graves errores informativos en que incurrieron medios tradicionales como la cadena de televisión de noticias continuas CNN, la agencia de prensa AP o el diario The Boston Globe, así como la difusión de sospechas sin fundamento sobre ciudadanos inocentes.

"Los medios, tal como los hemos conocido, han cambiado para siempre", escriben los redactores del Daily Barometer, un pequeño diario universitario de Oregon. "Chequeábamos nuestros teléfonos, no mirábamos la CNN. No íbamos a los portales del Boston Globe o el Boston Herald. Y definitivamente no íbamos a esperar a la edición del diario en papel del día siguiente para ver el relato de Associated Press. Todos estábamos en Twitter". "Ha sido el primer gran relato periodístico interactivo", "el primer gran acontecimiento en el que millones de personas se convirtieron en parte del relato ellas mismas", ha señalado Felix Salmon, de la Columbia Journalism Review.

Las filtraciones de Wikileaks ya proporcionaron una ilusión similar, la del acceso directo del público a documentos secretos revelados por organizaciones de hackers. Las multitudes quieren investigar y esto es una novedad, pero al final quien proporciona la inteligencia para comprobar datos y sacar conclusiones es el FBI en su tarea policial y el periodismo profesional en la suya. Los medios tradicionales que se equivocaron fueron los que siguieron las redes sociales, no los que hicieron bien su trabajo. También Obama sacó sus conclusiones: "En la era de la información instantánea hay la tentación de aferrarse a cualquier información, a veces para saltar a las conclusiones. Por eso es importante, ante una tragedia como esta en que la seguridad pública está en riesgo y las apuestas son tan altas, que hagamos las cosas bien. Por eso investigamos. Por eso comprobamos los hechos de forma exhaustiva".

Triste semana la de Barack Obama. Empezó con el atentado de Boston, le siguieron los sobres envenenados que llegaron al Capitolio y a la Casa Blanca y la misteriosa explosión de West, localidad texana vecina de Waco donde hace veinte años se produjo la matanza de los davidianos. Y luego el golpe a su autoridad propinado por el Senado, que ha rechazado su legislación sobre control de armas, prioridad presidencial después de la matanza en la escuela de Newtwon, en Connecticut, el pasado diciembre.

En contra de la opinión tópica, la opinión pública estadounidense apoya al presidente en su afán por someter a control el comercio de las armas. Todas las medidas que ha propuesto contaban con el respaldo de mayorías suficientes, según los sondeos del Pew Research Center: un 53% quería prohibir la venta de munición por Internet, un 54% limitar el tamaño de los cargadores, un 55% acabar con la comercialización libre de las armas de asalto y un 58% de las semiautomáticas, un 67% quisiera un registro federal de las compraventas de armas, un 80% que las personas con enfermedades mentales no puedan comprarlas y un 85% que se impongan controles en las ferias y ventas privadas, donde se produce el mayor número de transacciones y se aprovisionan los delincuentes. Ninguna de estas propuestas ha prosperado, incluidas las más moderadas, en una demostración de poderío del lobby que defiende el derecho a poseer y portar armas, que ha exhibido su capacidad de intimidación sobre unos congresistas y senadores temerosos de perder las elecciones si osan enfrentarse a sus exigencias.

No basta tan solo el poderoso lobby del rifle para explicar el revés sufrido por Obama. Los senadores que han bloqueado la legislación representan una fracción de población mucho menor que los que votaron en contra. Cada uno de los Estados se halla representado por dos senadores, con independencia de su población, de forma que un puñado de pequeños Estados rurales, conservadores y de población mayoritariamente blanca tienen más poder que los grandes Estados urbanos, progresistas y de población multirracial. Las dos senadoras de California, que votaron en favor de los controles, en nombre de 38 millones de ciudadanos, tuvieron en frente a 26 senadores de 13 Estados que suman 34 millones de habitantes, según el cálculo de Thinkprogress, un lobby demócrata. La derrota de Obama es una muestra del limitado poder del presidente en política interior y de las dificultades de gobernanza que tiene un país como EE UU en una cuestión crucial para la seguridad de sus habitantes. La Casa Blanca cuenta con todos los poderes para combatir el terror cuando llega desde el exterior, pero alcanza el grado cero de sus capacidades cuando debe combatir la violencia que viene de dentro.

Apenas tres días después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el presidente George W. Bush obtuvo del Congreso de los Estados Unidos la autorización del uso de la fuerza militar contra sus autores y en prevención de futuros ataques. Esta resolución se vio apoyada el 20 de septiembre por una declaración presidencial ante una sesión conjunta del Congreso y del Senado, en la que se anunciaba el inicio de una guerra contra el terrorismo, que no terminará ?hasta que cada uno de los grupos terroristas de alcance global sea localizado, neutralizado y derrotado?.

La guerra contra el terror, a diferencia de las anteriores libradas por EE UU, no fue dirigida solo por sus generales, sino que fue en buena parte cosa de los juristas que asesoran legalmente al departamento de Justicia. Aquella contienda, que todavía no ha terminado, fue ?la guerra de los abogados?, según la denomina el Informe sobre trato a detenidos, que acaba de ser difundido por The Constitution Project, una organización estadounidense independiente y bipartidista de defensa de las libertades y el Estado de derecho.

Los juristas del Gobierno, que actuaban como si fueran una especie de tribunal supremo interno de la Administración, redactaban informes legales en los que apuraban y retorcían los márgenes de la ley para atender a las peticiones de la Casa Blanca. Un primer paquete de sus textos consideraba que el presidente gozaba de poderes constitucionales para suspender las convenciones de Ginebra sobre prisioneros de guerra, detener a ciudadanos estadounidenses como si fueran combatientes enemigos, autorizar escuchas e intercepciones de comunicaciones o declarar la guerra de forma preventiva contra los grupos terroristas o contra los Estados que les protejan y alberguen, aunque no tengan relación directa con los atentados del 11-S. Un segundo paquete de informes, conocidos como los Memos de la Tortura, analizaban distintas técnicas de coacción a los detenidos, entre las que se encuentra el famoso waterboarding o ahogamiento por agua. El Informe del Constitution Project rechaza y desmiente las pretensiones de los abogados y declara que esas técnicas son una evidente forma de tortura que comprometió al Gobierno: ?EE UU no puede declarar a un país culpable de tortura y quedar exento él mismo de dicha calificación por una conducta similar si no idéntica?, asegura el documento.

Sin el trabajo legal de aquellos abogados oficiales no hubiera sido posible la creación del campo de detención de Guantánamo, limbo del derecho donde se puede detener e interrogar indefinidamente a los detenidos. Y tampoco hubiera sido posible la figura del combatiente enemigo sin Estado (stateless) al que se puede extraditar de un país a otro sin orden judicial alguna (las famosas entregas extraordinarias o secuestros de la CIA) o la creación de centros secretos de detención e interrogatorio en bases estadounidenses en Irak y Afganistán o en instalaciones de Tailandia, Polonia, Rumanía, Lituania y de países árabes cuyos servicios policiales colaboraron con los de Washington.

El Informe sobre el trato a detenidos concluye también que sobre los más altos dirigentes de Washington pesa la responsabilidad de haber permitido y contribuido a la extensión de la tortura. Corrige así, al menos moralmente, uno de los aspectos criticados de la presidencia de Obama, como fue su negativa a analizar y buscar responsabilidades retrospectivas por los abusos. No es la única crítica a Obama que contiene el Informe, pues también señala que ?el régimen de captura y detención ha sido superado por la tecnología y suplantado en buena medida por el uso de los drones o aviones no tripulados?.

Los abogados del departamento de Justicia, ahora demócratas y antes republicanos, también han sido decisivos en el uso creciente de esos drones para liquidar a sospechosos de terrorismo. El actual presidente prohibió la tortura, terminó con las entregas extraordinarias y se propuso aunque no consiguió cerrar Guantánamo, pero ha intensificado el uso de los drones hasta convertirlo en una política establecida, incluso para quitar la vida a conciudadanos. ?Nuestra nación está en guerra?, admitió en su primer discurso de toma de posesión, en enero de 2009. Y desde entonces ha actuado en consecuencia.

¿Pueden unas bombas caseras desafiar el poder de la mayor superpotencia de la historia? Obama ha reconocido el atentado de Boston como ?un acto de terrorismo?, lo que equivale en este contexto a identificarlo como un acto de guerra, aun antes de saber quién lo ha perpetrado. Las matanzas por francotiradores en escuelas y centros comerciales son un mal que viene de dentro, mientras que en los atentados terroristas los estadounidenses vislumbran un mal exterior que justifica una guerra sin fin, equivalente a un sistema permanente de suspensión de derechos y libertades como el que propugnó Bush y Obama no ha sabido ni querido rectificar.

Es un secreto a voces. Si hasta hace poco emprendíamos rumbo desconocido, ahora ya estamos camino de ninguna parte. La hoja de ruta se ha descompuesto. Quienes pretendían encabezar la marcha y conducirla a buen puerto se han quedado sin brújula y sin mapa, mientras pretenden disimular con la ficción de que todo sigue los planes previstos. La improvisación se ha impuesto en el día a día y la ocultación cuando no la tergiversación se han convertido en los instrumentos reconocidos de Gobierno. Así es como resultan los liderazgos compartidos, fruto del adelanto electoral y de la amarga victoria de Artur Mas, que le dejó a merced de Oriol Junqueras.

Creíamos que este Gobierno se dedicaba a hacer dos cosas a la vez, ambas contradictorias, como soplar y sorber; es decir, obtener mayores márgenes de déficit y liquidez del Gobierno central para salir de la parálisis actual y, a la vez, marchar decididamente hacia la consulta soberanista. Pero con la constitución del Consejo Asesor para la Transición Nacional nos damos cuenta de que ya son tres las cosas incompatibles entre sí que quiere hacer el Gobierno: soplar, sorber y comer. Procurar por el corto plazo de las arcas maltrechas, conseguir la consulta y apresurarse a adelantar faena, es decir, preparar desde ahora el Estado independiente.

Todo es fácil para quienes se creen su propio cuento de la lechera. Conseguir una amplia mayoría parlamentaria y social para conseguir una consulta, tal como se propugna en la declaración del Parlament del 13 de marzo, que obtuvo 104 votos sobre 125 con el apoyo del PSC, les parece compatible con tirar millas para preparar el Estado independiente tal como se le ha encargado al Consell de la Transició Nacional. Lo mismo sucede con la declaración de soberanía del 23 de enero, 85 votos a favor, con el PSC en contra, y que se sitúa en la campaña en favor de la independencia y no en la celebración de la consulta.

Para la lechera se trata de matices sin importancia. Es lo mismo que sucede con el diálogo entre Madrid y Barcelona. Lo hemos pedido desde el primer día, se defiende la lechera. Sí, pero con líneas rojas bien claras, para que nadie se engañe sobre la mala voluntad española, aclaran los socios de Esquerra. No son matices, mal le pese a la cándida lechera soberanista, sino que forman parte del incomprensible debate sobre el sexo de los ángeles a que se somete a la opinión catalana, acompañado de duchas turcas: hoy tendemos puentes, ahora se han roto y a las pocas horas volvemos a negociar, todo en la más absoluta penumbra informativa, sin explicaciones nítidas y con abundante ración retórica y sentimental.

El estado de emergencia, enunciado por el propio presidente, debería obligar a una tregua, al menos en la palabrería y en la gestualidad; sobre todo, para concentrar los esfuerzos en la salida del estado catatónico de las finanzas catalanas. Las declaraciones de Alicia Sánchez Camacho, aun sin llegar a la heroicidad de soñar en un voto diferenciado en Madrid sobre la fiscalidad catalana, dibujan el consenso social y político más amplio posible sobre la necesidad de un acuerdo fiscal este mismo 2013, cumpliendo el calendario legal de renegociación. Para la lechera soberanista esto es alta traición. Hay que seguir la hoja de ruta sin faltar ni a una sola cita, aunque al día siguiente cada gesto tartarinesco venga desmentido por los hechos y por las negociaciones en la penumbra.

Acaba de pasar por Barcelona Stéphane Dion, el político quebequés y canadiense que inventó la política de la claridad, al que no quieren escuchar ni unos ni otros porque apoya, de un lado el derecho a decidir, pero del otro argumenta con suficiente solvencia que la separación es una desgracia irreversible. Aquí, en Barcelona y en Madrid, se lleva la política de la confusión y de la oscuridad. Confusión entre las necesidades inmediatas y los objetivos a medio y a largo plazo, que lleva a la pirueta circense de hacer a la vez tres cosas incompatibles. Oscuridad en la argumentación y en la negociación, fruto del oscurantismo de unos y de la ceguera voluntaria de los de más allá. La lechera, mientras tanto, sigue soñando, antes de darse de bruces con el suelo.

¿Hasta dónde está llegando la crisis? ¿Es ya una crisis de régimen? La crisis social ya está aquí y arrastra la crisis política, que se traduce por de pronto en el ascenso de nuevas fuerzas, frecuentemente más extremistas y populistas, y a medio plazo en propuestas de cambios drásticos en las reglas de juego.

Estas son preguntas y observaciones que empiezan a tener sentido en un buen puñado de países en los que se acumulan los ingredientes para una explosión social e incluso política: desempleo insoportable, recortes salariales, pérdida de derechos sociales, pobreza creciente, escándalos de corrupción e incapacidad de partidos y Gobiernos para ofrecer un mínimo horizonte. A la vez, entra en quiebra el sistema de participación de unas democracias disfuncionales en las que los ciudadanos no cuentan en las decisiones que más les afectan. Es una ironía, amarga aunque estimulante, que desde Cataluña se reivindique el derecho a decidir en el preciso momento en que nada pueden decidir los ciudadanos europeos sobre cualquier cosa que les concierna.

La crisis desborda a cada uno de los países y es europea. Así la identifica el ministro francés Arnaud de Montebourg en unas declaraciones a Le Monde: ?Si hay crisis de régimen es en el ámbito de la Unión Europea, donde no hay debate democrático alguno sobre las causas y las consecuencias de esta política de austeridad que nos está arrastrando a una espiral recesiva?. Su idea de crisis vale también para su país, donde el presidente Hollande, su Gobierno y la oposición conservadora se hallan bajo mínimos, y solo el Frente Nacional se relame los labios ante el estado de confusión de la opinión pública: ?Hay crisis de régimen cuando el sistema institucional es incapaz de responder a la pérdida de confianza?.

Si también Francia entrara en una crisis de su actual régimen político, Montebourg tiene la fórmula de sustitución, en la que el presidente se limitaría a ejercer como árbitro, como en Italia o Portugal, y se pasaría del actual presidencialismo a una democracia parlamentaria. Montebourg encabeza desde 2001 un grupo de reflexión denominado Convención para la VI República, pero de momento solo se fija en la austeridad europea y rechaza en cambio que Francia se enfrente a una crisis de régimen: ?No estamos todavía en esta situación, porque las decisiones que el Gobierno va a tomar servirán para restablecer la confianza?. Nada distinto a lo que dice Mariano Rajoy, aunque al presidente español ni siquiera le pasan por la cabeza ideas de cambio de régimen. Lo peor de este tipo de cambios es que no esperan a los dubitativos ni a los perezosos. Si nadie se atreve a conducir las transformaciones políticas por las buenas de un reformismo sensato, con sus pactos y sus consensos renovados, suelen llegar igualmente, aunque por las bravas del rupturismo y del estropicio institucional.

Sin grietas no hay filtraciones. Y está visto que las hay y cada vez más. El entero edificio tiene pinta de estar agrietado, puesto que todo acaba derivando en la aparición escandalosa de alguna filtración sobre los secretos de la CIA, del departamento de Estado, del Vaticano o más recientemente de las cuentas corrientes escondidas en paraísos fiscales. Quien impuso la moda llevaba la palabra inscrita en su nombre, Wikileaks, en la que se juntan la idea de la participación de la gente (wiki) con la de filtración (leak), inspirada en la enciclopedia elaborada por la audiencia que lleva el nombre de Wikipedia. El fundador, Julian Assange, está recluido en la embajada ecuatoriana en Londres, donde se refugió en junio de 2012 para escapar a los requerimientos de la justicia para su extradición a Suecia, pero desde allí todavía pretende mantener el liderazgo filtrador que le ha dado notoriedad.

El pasado diciembre anunció la inminente publicación de más de un millón de documentos que afectan a todos los países del mundo. Y así ha sucedido este lunes, cuando Wikileaks ha ofrecido el acceso a 1'7 millones de documentos y comunicaciones diplomáticas estadounidenses, correspondientes al período 1973-1976, en el momento en que Henry Kissinger era consejero nacional y secretario de Estado del presidente Nixon. El habitual sentido de la mesura demostrado por Assange se ha expresado también en la presentación de esta filtración, a la que ha denominado los Cables de Kissinger: "El mayor corpus de materiales de contenido geopolítico jamás publicado". Recordemos el twitt que anunció la filtración de los 250.000 documentos del departamento de Estado o Cablegate en noviembre de 2010: "los próximos meses verán un nuevo mundo, en el que la historia global quedará redefinida".

Ahora la cantidad es mayor, siete veces más en cuanto a número de documentos, pero basta registrar algunos de los titulares de prensa que ha generado para darse cuenta de que está lejos de las filtraciones que lanzaron a Wikileaks a la fama. Los dos que ha publicado EL PAÍS son los siguientes: "Wikileaks revela el lado más turbio de la presidencia de Echeverría en México" y "Wikileaks crea un buscador para los documentos de la era Kissinger. Entre el millón de registros se encuentran las relaciones del secretario de Estado con Franco y la Familia Real española". Aunque otros periódicos han presentado al rey de España como un informador al servicio de Washington al dar cuenta de esta última noticia, los documentos tienen interés casi estrictamente para historiadores. El material publicado ya no está cubierto por el secreto, pues pertenece a la Public Library of US Diplomacy, y Wikileaks se ha limitado a crear un buscador que da acceso ordenado al archivo. Es un buen servicio a la transparencia, pero en este caso Wikileaks no emula al periodismo ni hace filtración alguna, sino que copia a Google.

Además, esta vez Assange no ha tenido suerte, porque pocos días antes se vio desbordado por otra filtración mayor en volumen, profesionalidad y relevancia internacional, esta sí mezcla de periodismo y de filtración, que afecta además a uno de los resortes más secretos e inquietantes del sistema financiero mundial como son los paraísos fiscales. Se trata de la publicación de 130.000 cuentas secretas, seleccionadas de un total de 2'5 millones, que mantenían ocultas clientes y entidades financieras de 170 países, entre las que aparecen BNP Paribas, Crédit Agricole y Deustche Bank.

La organización que ha realizado la filtración es el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que dirige el periodista Gerard Ryle, australiano como Assange, y ha contado durante 15 meses con el trabajo de 86 periodistas de 46 países. La lista de evasores no tiene desperdicio, y en ella hay nombres perfectamente previsibles, como el del multimillonario Gunther Sachs o de la baronesa Thyssen, y otros que han desencadenado un terremoto político, como el de Jean-Jacques Augier, amigo del presidente francés François Hollande, tesorero de su campaña electoral y uno de los 130 evasores franceses detectados justo cuando acaba de dimitir el ministro de Hacienda, Jerôme Cahuzac, cazado con una cuenta opaca en Suiza de 600.000 euros.

Offshore leaks es el nombre con que se conoce esta última filtración. Wikileaks está perdiendo la carrera, pero no la reputación. Para denominar el Cablegate, Assange se inspiró en el remoto Watergate de 1973, cuando los periodistas del Washington Post descubrieron el espionaje de Nixon a la sede del Partido Demócrata en el edificio así denominado y terminaron obteniendo las grabaciones que lo avalaban. Todo debía llevar la palabra gate cuando se trataba de celebrar la denuncia ejercida desde la prensa. Ahora, en cambio, todo son filtraciones, leaks, incluso las que no lo son, en homenaje a las inevitables grietas tecnológicas por las que se escapan las informaciones secretas de los Estados y de las entidades financieras.

La guerra fría empezó en Corea de forma incandescente y devastadora: dos millones de muertos en tres años, entre 1950 y 1953. Estados Unidos perdió 33.000 hombres y tuvo más de 100.000 heridos. Pero los ejércitos asiáticos, los dos coreanos y el chino, hicieron la aportación más sustancial: 415.000 surcoreanos y un millón y medio de combatientes norcoreanos y chinos. ?La brutalidad de aquella guerra nunca penetró en la conciencia cultural de Estados Unidos?, escribió el periodista David Halberstam en su último y magistral libro sobre la contienda de Corea, de publicación póstuma y titulado El invierno más frío.

Según aquel excepcional reportero, fallecido en 2007, ?fue una guerra de papel impreso, explicada en los periódicos en blanco y negro, y permaneció en la conciencia de la nación en blanco y negro?, la última antes de que la televisión se impusiera en los hogares. Para Halberstam, no tuvo ni la gloria ni la legitimidad de la Segunda Guerra Mundial: ?Los soldados que combatieron en Corea se sentían separados de su país, con sus sacrificios poco apreciados y su lejana guerra sin apenas importancia a ojos de sus contemporáneos?.

Terminó con la península coreana dividida y sentó un precedente que marcó la historia hasta nuestros días. Fue la única ocasión en la que soldados chinos y estadounidenses se enfrentaron directamente en las trincheras y en la que pilotos de la Unión Soviética, entonces aliada de China, entraron en fuego con pilotos de Estados Unidos. Moscú acababa de sumarse a Washington en la carrera nuclear. Se calcula que contaba con cinco artefactos como máximo, frente a los 369 de la primera superpotencia, según el historiador John Lewis Gaddis (La guerra fría). Inauguró una era: la de la disuasión atómica y la destrucción mutua asegurada, puesto que dos potencias nucleares como la URSS y EE UU pudieron implicarse en una guerra sin necesidad de utilizar la nueva arma de destrucción masiva. Parece una historia remota, pero es de actualidad gracias a la escalada, de momento verbal y gestual, con la que el joven líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, pretende reavivar aquella vieja contienda, que no tuvo acuerdo de paz, sino un mero cese de las hostilidades o armisticio, ahora denunciado por el régimen norcoreano. Las dos Coreas nominalmente vuelven a estar en guerra. Las armas, teóricamente, están preparadas a uno y otro lado del paralelo 38, que establece la línea divisoria para empezar las hostilidades. Todo es un simulacro de la guerra fría por parte de la dictadura hereditaria de Pyongyang, incluso en el tipo de armas inservibles heredadas de la desaparecida Unión Soviética con que pretende alcanzar las bases estadounidenses. Pero no está de más recordar que incluso las escobas las carga el diablo.