Eder. Óleo de Irene Gracia
Lluís Bassets
Apenas tres días después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el presidente George W. Bush obtuvo del Congreso de los Estados Unidos la autorización del uso de la fuerza militar contra sus autores y en prevención de futuros ataques. Esta resolución se vio apoyada el 20 de septiembre por una declaración presidencial ante una sesión conjunta del Congreso y del Senado, en la que se anunciaba el inicio de una guerra contra el terrorismo, que no terminará ?hasta que cada uno de los grupos terroristas de alcance global sea localizado, neutralizado y derrotado?.
La guerra contra el terror, a diferencia de las anteriores libradas por EE UU, no fue dirigida solo por sus generales, sino que fue en buena parte cosa de los juristas que asesoran legalmente al departamento de Justicia. Aquella contienda, que todavía no ha terminado, fue ?la guerra de los abogados?, según la denomina el Informe sobre trato a detenidos, que acaba de ser difundido por The Constitution Project, una organización estadounidense independiente y bipartidista de defensa de las libertades y el Estado de derecho.
Los juristas del Gobierno, que actuaban como si fueran una especie de tribunal supremo interno de la Administración, redactaban informes legales en los que apuraban y retorcían los márgenes de la ley para atender a las peticiones de la Casa Blanca. Un primer paquete de sus textos consideraba que el presidente gozaba de poderes constitucionales para suspender las convenciones de Ginebra sobre prisioneros de guerra, detener a ciudadanos estadounidenses como si fueran combatientes enemigos, autorizar escuchas e intercepciones de comunicaciones o declarar la guerra de forma preventiva contra los grupos terroristas o contra los Estados que les protejan y alberguen, aunque no tengan relación directa con los atentados del 11-S.
Un segundo paquete de informes, conocidos como los Memos de la Tortura, analizaban distintas técnicas de coacción a los detenidos, entre las que se encuentra el famoso waterboarding o ahogamiento por agua. El Informe del Constitution Project rechaza y desmiente las pretensiones de los abogados y declara que esas técnicas son una evidente forma de tortura que comprometió al Gobierno: ?EE UU no puede declarar a un país culpable de tortura y quedar exento él mismo de dicha calificación por una conducta similar si no idéntica?, asegura el documento.
Sin el trabajo legal de aquellos abogados oficiales no hubiera sido posible la creación del campo de detención de Guantánamo, limbo del derecho donde se puede detener e interrogar indefinidamente a los detenidos. Y tampoco hubiera sido posible la figura del combatiente enemigo sin Estado (stateless) al que se puede extraditar de un país a otro sin orden judicial alguna (las famosas entregas extraordinarias o secuestros de la CIA) o la creación de centros secretos de detención e interrogatorio en bases estadounidenses en Irak y Afganistán o en instalaciones de Tailandia, Polonia, Rumanía, Lituania y de países árabes cuyos servicios policiales colaboraron con los de Washington.
El Informe sobre el trato a detenidos concluye también que sobre los más altos dirigentes de Washington pesa la responsabilidad de haber permitido y contribuido a la extensión de la tortura. Corrige así, al menos moralmente, uno de los aspectos criticados de la presidencia de Obama, como fue su negativa a analizar y buscar responsabilidades retrospectivas por los abusos. No es la única crítica a Obama que contiene el Informe, pues también señala que ?el régimen de captura y detención ha sido superado por la tecnología y suplantado en buena medida por el uso de los drones o aviones no tripulados?.
Los abogados del departamento de Justicia, ahora demócratas y antes republicanos, también han sido decisivos en el uso creciente de esos drones para liquidar a sospechosos de terrorismo. El actual presidente prohibió la tortura, terminó con las entregas extraordinarias y se propuso aunque no consiguió cerrar Guantánamo, pero ha intensificado el uso de los drones hasta convertirlo en una política establecida, incluso para quitar la vida a conciudadanos. ?Nuestra nación está en guerra?, admitió en su primer discurso de toma de posesión, en enero de 2009. Y desde entonces ha actuado en consecuencia.
¿Pueden unas bombas caseras desafiar el poder de la mayor superpotencia de la historia? Obama ha reconocido el atentado de Boston como ?un acto de terrorismo?, lo que equivale en este contexto a identificarlo como un acto de guerra, aun antes de saber quién lo ha perpetrado. Las matanzas por francotiradores en escuelas y centros comerciales son un mal que viene de dentro, mientras que en los atentados terroristas los estadounidenses vislumbran un mal exterior que justifica una guerra sin fin, equivalente a un sistema permanente de suspensión de derechos y libertades como el que propugnó Bush y Obama no ha sabido ni querido rectificar.
