Sergio Ramírez
Se ha hablado, durante meses, del golpe de estado que quitó del poder al presidente de Honduras, Manuel Zelaya, pero muy poco se ha hablado del reciente golpe de estado que prolonga el poder del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, a saber por cuánto tiempo.
En Honduras, la Corte Suprema de Justicia, El Consejo de Elecciones, y la Asamblea Nacional, se concertaron para avalar la destitución del presidente Zelaya, y consintieron que el ejército lo sacara violentamente del país. En Nicaragua, se dio una pantomima diferente. El Consejo Supremo Electoral recibió un recurso de nulidad en contra de la Constitución sometido por el propio Ortega, pidiendo que se anulara la disposición que le impedía ser, otra vez, candidato presidencial, porque ¡la Constitución! violentaba sus derechos ciudadanos.
El Consejo Electoral remitió la solicitud a la Corte Suprema de Justicia, y los magistrados del tribunal fieles a Ortega, en una conspiración de folletín, se citaron en sesión secreta sin avisarlo a sus demás colegas, y fallaron que Ortega tenía toda la razón, y que podía ser presidente tantas veces como le viniera a bien, porque la Constitución estaba errada. El presidente del Consejo Supremo Electoral, el mismo que llevó adelante el fraude en las elecciones de noviembre del año pasado, notificado de la sentencia la declaró "escrita en piedra" y por tanto de ineludible cumplimiento.
