Sergio Ramírez
Desde que fue creada, la Comisión ha logrado que sean destituidos más de dos mil funcionarios del poder judicial, del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil: desde el mes de agosto del año pasado, la cúpula policial ha sido destituida dos veces, por vínculos comprobados con los narcotraficantes. Y desde que comenzó su mandato, el presidente Álvaro Colom ha tenido que cambiar cinco veces a su Ministro de Gobernación, por causas que no son ajenas a la corrupción.
Carlos Castresana, Fiscal del Tribunal Supremo de España, nombrado por el Secretario General de las Naciones Unidas como jefe de la comisión, empezó a funcionar en el 2007 a la cabeza de un equipo de juristas y expertos investigadores de distintas nacionalidades, y fue dotado de los recursos técnicos suficientes para hacer su trabajo, incluida la intervención legal de las llamadas telefónicas. Una especie de superhéroe, aparentemente colocado más allá del alcance de las manos sucias de los que se disputan el control de la justicia, en busca de establecer la impunidad como ley suprema.
Y porque gozaba de ese prestigio de independencia supranacional, es que pudo hacer valer, sin que nadie los discutiera, los resultados de una investigación que resolvió uno de los casos criminales más extraños de que nadie tengan memoria.
