Sergio Ramírez
Desde las alturas del poder, hay quienes declaran las canciones de Mejía Godoy sujetas a confiscación, como si se tratara de un hato de ganado, de un banco, o de una fábrica de productos lácteos. Y no falta en esas declaraciones la prosa de cursilería edulcorada.
En un escrito del comandante Tomás Borge, antiguo ministro del Interior, se lee: "Es mi opinión que la formalidad legal, la cual puede dar origen a una demanda respaldada por la sociedad de autores españoles, no debe obligarnos a renunciar a esa obra que, quiérase o no, pertenece a la sangre de los caídos, tan respetada por los centenares de miles de nicaragüenses integrantes del FSLN…".
Frente a este desprecio de "la formalidad legal" en nombre de la sangre de los caídos, cae abatida la propia Ley de Derecho de Autor que rige en Nicaragua, y que garantiza a los creadores la propiedad de sus obras, como la garantizan la Declaración Universal de Derechos Humanos , y la Convención de Berna de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI).
Esta vieja concepción atrabiliaria, de que los creadores individuales no son dueños del fruto de su talento, si no que lo es el pueblo que inspiró con sus gestas al artista, (y aquí debe leerse por pueblo un partido político), parecería inofensiva hoy en día, cuando los partidos únicos, dueños del pensamiento único, han venido siendo despojados en todas partes de sus viejas majestades.
Pero ya se ve que no.
