Sergio Ramírez
Ningún otro país que yo conozca tiene una Comisión Internacional contra la Impunidad instalada con carácter institucional, que depende más del Secretario General de las Naciones Unidas que de la autoridad del estado nacional. Es el caso de Guatemala, donde la democracia necesita muletas para caminar, según esta prueba fehaciente.
La Comisión, creada en el año 2006 mediante un acuerdo entre el gobierno de la república y las Naciones Unidas, y ratificado por el Congreso Nacional, comenzó a funcionar al año siguiente, y tiene poderes suficientes para iniciar investigaciones criminales, aún contra funcionarios públicos, y preparar la acción penal para poner a los responsables delante de los tribunales, cualquiera que sea su pelo, color y tamaño. Estos poderes vuelven a la comisión temible, y a la vez blanco de aversiones, como puede suponerse.
Y las discusiones acerca de si la soberanía viene a quedar menguada debido a su existencia, sobran frente al hecho de que las instituciones se encuentran intervenidas desde hace tiempo. Intervenidas por las mafias organizadas, por grupos económicos poderosos, y por los carteles del narcotráfico. Todos ellos han sometido y corrompido a las cúpulas policiales, se inmiscuyen en la escogencia de magistrados, jueces y fiscales, y ponen precio a todas las cabezas.
