Sergio Ramírez
Todo parece una trama de mafiosos de barrio que por torpeza se cuidan poco las espaldas, como que tienen un teléfono al que pueden llamar los interesados en negociar el contrabando de mercancías en las aduanas. Pero no se trata de una banda formada por codiciosos burócratas de segunda, que se meten al bolsillo unos cuantos miles. Son millones de millones los esquilmados en impuestos de importación, al punto de descalabrar las finanzas públicas.
La banda la encabeza nada menos que el presidente de la república, al que en su argot los mafiosos llaman "el número 1", o "el mero mero", o "el dueño de la finca"; y la vicepresidenta es "la número 2". Ambos perciben una mitad de las ganancias. La otra mitad va a dar a los bolsillos de los funcionarios involucrados. El público conoce ahora a la banda como "la línea", por la línea de teléfono designada para las transacciones.
Todo ocurre en Guatemala, y el escándalo estalló en abril de este año, cuando se presentaron las primeras evidencias contra la vicepresidenta Roxana Baldetti. Obligada a renunciar, y ahora en prisión, está siendo procesada por los delitos de asociación para delinquir, defraudación y cohecho pasivo; y se han reunido pruebas suficientes para enjuiciar por los mismos cargos al presidente Otto Pérez Molina, quien se acerca al final de su mandato, y se resiste a dejar el cargo, abandonado por la mayoría de sus ministros después que la Corte Suprema ha autorizado unánimemente su enjuiciamiento por el Congreso Nacional.
Desde que se conocieron las acusaciones contra la vicepresidenta, un movimiento ciudadano comenzó a tomar cuerpo con vigor inusitado, y al revelarse lo que todos sospechaban, que el presidente de la república era el jefe de la banda, el país demanda su renuncia: la iglesia católica, las iglesias evangélicas, las organizaciones de empresarios, los sindicatos, las universidades, los gremios profesionales, los maestros, estudiantes, empleados públicos, los medios de comunicación.
Una oleada cívica incontenible ha desbordado las calles de la capital y de las principales poblaciones, miles y miles de ciudadanos indignados ante esta trama obscena de corrupción, como no se veía desde que manifestaciones similares salieron a exigir la renuncia del dictador Jorge Ubico, que terminó yéndose al exilio en julio de 1944.
Y se probó esa vez que hay en Centroamérica un sistema de vasos comunicantes: las protestas sacudieron también El Salvador, donde el dictador Maximiliano Hernández Martínez resultó derrocado, y las dictaduras de Somoza en Nicaragua y Carías en Honduras fueron remecidas. Hoy, en Honduras la gente sale también de manera masiva a las calles a protestar contra la corrupción.
Cuando uno mira el desolado panorama de los países centroamericanos, los acontecimientos de Guatemala dan motivos de grandes esperanzas: democracias que a duras penas se sostienen bajo el peso del caudillismo rampante; pandillas convertidas en ejércitos de delincuentes; el narcotráfico con sus garras sucias que pervierte todo lo que toca; la violencia contra los periodistas que pagan con sus vidas el derecho de informar a los ciudadanos; el sicariato, la impunidad, la justicia como remedo.
Y de pronto, una rebelión cívica, sin un solo hecho de violencia, en un país donde la represión política ha desembocado a lo largo de su historia en asesinatos, convocada a través de las redes sociales por jóvenes que prefieren el anonimato al protagonismo. Una sociedad sometida por largos años al terror, ha terminado perdiendo el miedo. Una rebelión en las calles por la decencia.
¿Y cómo ha sido posible que un gobierno corrupto, con un presidente que viene de las filas militares represivas, no haya sido capaz de someter a jueces y fiscales, como es tan común en estas tierras?
Guatemala es el único país donde existe una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), creada por acuerdo entre el estado y las Naciones Unidas. La comisión es independiente y lleva adelante investigaciones contra funcionarios públicos, como lo hizo en el 2008 al poner tras las rejas al expresidente Alfonso Portillo por actos de corrupción.
Son los investigadores de la Comisión los que intervinieron los teléfonos de los implicados, y presentaron a los jueces las trascripciones de las conversaciones mafiosas. En una de ellas, el propio Pérez Molina da órdenes a un funcionario de aduanas, miembro de la banda.
El último capítulo de esta historia no ha concluido. La gente seguirá en las calles. Un rótulo en la puerta de un restaurante cerrado en respaldo de las marchas, lo dice mejor: "Preferimos perder dinero a perder el país".
