Marcelo Figueras
Al menos en la ficción, cuando los detectives se enfrentan a un crimen lo primero que hacen es preguntarse a quién beneficia. Cuando algo oscuro ocurre entre dos naciones, todo lo que hay que hacer para encontrar al culpable es seguir la senda del dinero.
En su edición del domingo el diario argentino Página 12 reveló detalles del acuerdo que Finlandia firmó con el gobierno de Uruguay en el año 2002. Llamado Acuerdo de Protección de Inversiones, este convenio fue impulsado por la empresa finlandesa Botnia como condición para instalar su papelera en territorio uruguayo. Una de las dos papeleras, por cierto, que generaron el actual conflicto entre Uruguay y la Argentina. El documento establece que las empresas finlandesas no podrán sufrir expropiaciones “directas ni indirectas”, lo cual genera una figura legal inédita: un impuesto nuevo, por ejemplo, ¿podría ser considerado “expropiación indirecta”? Y además determina que en caso de que cualquier empresa (Botnia, por ejemplo) sufriese pérdidas económicas por “revueltas, insurrecciones o manifestaciones”, el Estado uruguayo deberá compensarla en efectivo con una cifra que la misma empresa calculará de acuerdo al criterio “que resulte más favorable” a sus dueños. Lo cual supone que si la papelera termina de construirse y un día los moradores de la localidad uruguaya de Fray Bentos descubren que contamina su ciudad, no podrán protestar por ello de forma que perjudique la producción de Botnia, o en todo caso deberán asumir que su protesta generará al Uruguay pérdidas cuantiosas. De esa forma Uruguay indemnizaría a una empresa a pesar de que le conste que perjudica a sus ciudadanos.
El acuerdo fue firmado durante la administración del anterior presidente uruguayo, Jorge Battle. En aquel momento el actual presidente, Tabaré Vázquez, se opuso a la firma de esa concesión porque dejaba a los uruguayos en posición muy débil para resistirse a los manejos de las papeleras (y de cualquier otra firma de origen finlandés) en su territorio. Ahora, en 2006, Vázquez se encuentra entre la espada y la pared: debe defender una iniciativa que nunca compartió, para garantizar una inversión millonaria que la humilde economía uruguaya no está en condiciones de despreciar. Una experiencia humillante que los argentinos conocemos muy bien, como consecuencia de las irresponsables privatizaciones y concesiones que el gobierno de Carlos Saúl Menem otorgó a troche y moche durante los 90.
La pobreza suele poner al hombre en la posición de tolerar indignidades para garantizarle algún bien esencial a los suyos. Ojalá que la pobreza que acosa a países hermanos como los nuestros no fuerce a nuestros gobernantes a la indignidad, en momentos en que nos necesitamos más que nunca. Y que Vázquez y Kirchner encuentren salida a esta trampa (¡otra más!) que el capital pirata tendió a nuestros pueblos.