Lluís Bassets
La erupción de violencia que se está extendiendo por Grecia, hasta poner al gobierno conservador de Karamanlis contra las cuerdas, merece una atención especial. Algo muy de fondo falla en un país miembro de la Unión Europea para que se produzcan revueltas de una virulencia y una gravedad desconocidas en todo el continente desde hace muchas décadas. Francia ha experimentado revueltas en sus suburbios y protestas estudiantiles y obreras muy amplias. En el Reino Unido ha habido disturbios de componente étnica. Nadie queda a salvo de manifestaciones violentas de una noche o de un día, en la Europa nórdica o en la mediterránea, en Alemania o en España. Pero la gravedad griega viene de la amplitud y la profundidad de la protesta, que va mucho más allá de quienes las empezaron y del inaceptable incidente policial que está en su origen.
La muerte de Alexandros Grigoroupulos, un adolescente de 15 años, a manos de la policía es la espoleta nada casual que ha hecho prender el incendio. Situaciones de este tipo se dan con excesiva frecuencia en nuestras satisfechas y prósperas democracias europeas y no siempre reciben el tratamiento que corresponde por parte de la justicia, menos aún del parlamento y a veces ni siquiera de los medios de comunicación. Estos mismos días un juez británico ha decidido cortar el paso a cualquier posibilidad de que se juzgue por homicidio o asesinato a los responsables de la muerte del joven brasileño De Menezes, ejecutado a boca jarro por la policía en el Metro de Londres, sólo por culpa de su color oscuro que le asimiló a ojos policiales con el estereotipo del árabe o paquistaní terrorista.
La lista de casos es infinita. Esta Europa tan contenta de sí misma y tan crítica con los métodos antiterroristas que se han practicado en la otra orilla del Atlántico resulta que está en las mismas o parecidas cosas y que, además, ha cooperado sigilosamente en actividades turbias de este tipo, dando el visto bueno por activa o por pasiva a los vuelos a Guantánamo, y tolerando cárceles secretas en su territorio (Polonia, Rumania y Macedonia). El Estado policial no sobreviene de la noche a la mañana como resultado de unas elecciones, sino que va imponiéndose por falta de vigilancia judicial, parlamentaria y cívica y por fallos elementales en la formación y en la organización de los servicios de policía.
El caso griego sirve para mirarnos la cara en el espejo en muchas cosas. En primer lugar respecto a la situación de los jóvenes, a la calidad y eficacia de nuestras universidades, a los puestos de trabajo y a las viviendas a que tienen acceso, al incremento de la pobreza y de la marginalidad, y al tipo de sociedad que les ofrecemos a los jóvenes en general. Sobre todo en la época de vacas flacas en la que estamos entrando. Pero también respecto a las policías a las que hemos decidido confiar el orden público. Debemos estar atentos a Grecia, porque las recesiones son el momento dorado para el asalto de los populismos, las demagogias y las tentaciones autoritarias.
