Eder. Óleo de Irene Gracia
Lluís Bassets
Los míos son derechos individuales, reconocidos y protegidos en la Constitución; los tuyos, colectivos, inexistentes y sin protección alguna. Eso dicen de forma implícita a los catalanoparlantes los seis magistrados del Tribunal Constitucional que han rechazado la obligatoriedad de conocer la lengua catalana para quienes accedan a la función pública en Baleares, donde son oficiales las dos lenguas. Admiten que el conocimiento del catalán sea un mérito, pero en ningún caso una obligación para los funcionarios.
Los derechos individuales del conjunto de los funcionarios españoles que desconocen la lengua catalana, cooficial en tres comunidades autónomas y hablada en una cuarta, quedan así perfectamente preservados. El Constitucional no defiende ni le preocupan, en cambio, los derechos individuales de los ciudadanos catalanoparlantes de Baleares, a pesar de que la Constitución permitiría de forma natural y sin ningún tipo de pie forzado la exacta equiparación entre los derechos lingüísticos de unos y de otros.
Recordemos que en su artículo tercero declara que ?La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección? y que el propio Estatuto de Autonomía de las Baleares dice claramente que ?la lengua catalana, propia de las Illes Balears, tendrá, junto con la castellana, el carácter de idioma oficial?, que ? todos tienen el derecho de conocerla y utilizarla, y nadie podrá ser discriminado por razón del idioma? y que ?las instituciones de las Illes Balears garantizarán el uso normal y oficial de los dos idiomas, tomarán las medidas necesarias para asegurar su conocimiento y crearán las condiciones que permitan llegar a la igualdad plena de las dos lenguas en cuanto a los derechos de los ciudadanos de las Illes Balears?.
Las lenguas no tienen derechos, los tienen los hablantes. Los territorios no hablan, lo hacen las personas. No hay derechos colectivos ni se hallan reconocidos internacionalmente. Las lenguas son para comunicarse y el castellano es la lengua de todos, además de ser la de muchos más, la segunda propiamente global del mundo. Además, la Constitución no impone el deber de conocer las lenguas cooficiales. De todo lo cual se deduce, según el parecer de los magistrados, que, como máximo, el catalán puede ser un mérito, jamás una exigencia.
El regocijo con que la derecha española ha acogido esta sentencia no debiera ocultarle la gravedad de la decisión que han tomado los magistrados. El Constitucional nos está diciendo a los catalanoparlantes españoles que no tenemos derecho individual a tener derechos lingüísticos. Tener derecho a tener derechos es el primer y más elemental de los derechos individuales, según fórmula genial de Hannah Arendt. En la comunicación entre un funcionario castellanoparlante y un ciudadano español catalanoparlante, prevalece el derecho individual del primero, aunque reciba su sueldo de los impuestos del segundo: esto es lo que han rubricado los seis magistrados que han apoyado la sentencia.
Dejo para otros la evaluación de sus inmediatas consecuencias políticas, pero me basta señalar que el resultado es de una mayor desprotección de la lengua catalana, que se suma a las políticas disparatadas y anticonstitucionales que están realizando los Gobiernos del PP en Valencia, Baleares y Aragón. Esta línea de sentencias entra en la labor emprendida por el PP de demolición de la Constitución española como regla de juego consensuada y válida para todos.
Soberanía también quiere decir protección de los derechos individuales de todos los ciudadanos, incluidos por supuesto quienes tienen el catalán como lengua propia y en ella quieren dirigirse a la administración y que la administración se dirija a ellos. Si sucede en Canadá y en Suiza, nada debiera impedir que también suceda en España. Quien no se siente protegido bajo la soberanía de un Estado se ve obligado a buscar otras protecciones. Nadie debe extrañarse.
