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Iguala, México

Por 26 de septiembre de 2015 Sin comentarios

Jorge Volpi

Si los asesinatos y las desapariciones forzadas cometidos en Iguala hace un año se han convertido en una marca infamante es porque no representan una anomalía o una excepción, sino una metáfora o un resumen de nuestro México. Del México que hemos construido en los últimos quince años. Del México violento, injusto e inequitativo que habremos de heredar a las generaciones futuras. No nos redime citar los incontables vicios del régimen autoritario previo a la alternancia. En el 2000, tuvimos la oportunidad de suprimirlos o enmendarlos, pero nos conformamos con un cambio cosmético: la redistribución del poder y la riqueza entre los nuevos partidos y las nuevas élites -sin tomar en cuenta al resto del país-, y la coartada de que el mero recuento de los votos basta para asentar una democracia.  

            Los asesinatos y las desapariciones forzadas de Iguala nos recuerdan, en primer término, que no sólo hay dos Méxicos -la delgada capa de la aristocracia y la mitad de la población en la pobreza-, sino un México siempre más abajo, sumido en el natural resentimiento ante la falta de oportunidades. Un México que nunca redimimos ni consideramos nuestro igual: el de esas familias campesinas condenadas a sufrir la explotación o la manipulación de caciques sucesivos y el acoso de la policía o las fuerzas armadas. El México de esos jóvenes normalistas de Ayotzinapa que, como los indígenas en 1994, nos recuerdan en qué medida la discriminación y la desigualdad continúan asentadas entre nosotros.

            Los asesinatos y las desapariciones forzadas de Iguala encarnan, asimismo, el desastre de nuestra fallida guerra contra el narco. Pocas políticas públicas han causado tanto daño a una nación, no sólo por establecer una burda frontera entre dos campos contrarios, nosotros y ellos, los buenos y los malos, sino por plegarnos a la estrategia de un comandante que ni siquiera se encuentra en nuestro territorio -Estados Unidos, con su perversa prohibición de las drogas-, cuyo único resultado ha sido esta violencia sorda con un número de víctimas propio de una guerra civil. Nuestro estado de excepción permanente impulsó el fin de cualquier orden institucional: enviar al ejército a luchar contra el narco significó involucrarlo en incontables abusos y violaciones de derechos humanos.

            Asimismo, los asesinatos y las desapariciones forzadas de Iguala muestran la hondura de una corrupción que todo lo carcome y todo lo devora. La de unos partidos políticos dispuestos a ganar -y a enriquecerse- a toda costa, incluyendo a una izquierda que se vendió a un gobernador proveniente del PRI más rancio y, en Iguala, a una familia de criminales. Una corrupción que, sumada a las cantidades millonarias del tráfico de drogas, permitió que los cuerpos policíacos de dos municipios, Iguala y Cocula, se pusiesen al servicio de los criminales. En pocas palabras: allí, el narco y las instituciones se convirtieron en lo mismo. En Iguala y Cocula, como en muchas otras partes, se creó un auténtico narcoestado en miniatura.

            Y, por supuesto, los asesinatos y las desapariciones forzadas de Iguala, o más bien las investigaciones de los asesinatos y las desapariciones forzadas de Iguala, exhiben la inexistencia de un aparato de justicia confiable y eficaz. El cúmulo de fallas y contradicciones, sumadas a la tortura sistemática que caracteriza a nuestro sistema indagatorio, hace casi imposible acercarse a la verdad. Pese a las detenciones, los testimonios y las reconstrucciones de expertos y peritos, quedan infinitas dudas sobre lo ocurrido esa noche -y nada sabemos, en realidad, sobre las razones de la barbarie-, pero lo que se ha confirmado basta: la policía asesinó y desapareció a un amplio grupo de ciudadanos desarmados ante la complicidad o la indiferencia de las autoridades que debían protegerlos.

            Lo peor, sin embargo, es que los asesinatos y las desapariciones forzadas de Iguala no muestran un sistema corrupto y torpe, sino uno que funciona a la perfección, si se entiende que su único fin consiste en asegurar la impunidad de los poderosos, sean éstos políticos, empresarios o criminales (o todo a la vez). Si en el 2000 no conseguimos transformar al país fue en buena medida porque quienes se benefician de él hicieron hasta lo imposible por impedirlo. Los asesinatos y las desapariciones forzadas de Iguala son la consecuencia extrema de nuestro fracaso democrático. El 26 de septiembre no debería ser sólo un día de luto, sino un día de vergüenza. 

 

Publicado en Reforma, 26 de septiembre, 2015

 

Twitter: @jvolpi

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Jorge Volpi

Jorge Volpi (México, 1968) es autor de las novelas La paz de los sepulcrosEl temperamento melancólicoEl jardín devastadoOscuro bosque oscuro, y Memorial del engaño; así como de la «Trilogía del siglo XX», formada por En busca de Klingsor (Premio Biblioteca Breve y Deux-Océans-Grinzane Cavour), El fin de la locura y No será la Tierra, y de las novelas breves reunidas bajo el título de Días de ira. Tres narraciones en tierra de nadie. También ha escrito los ensayos La imaginación y el poder. Una historia intelectual de 1968La guerra y las palabras. Una historia intelectual de 1994 y Leer la mente. El cerebro y el arte de la ficción. Con Mentiras contagiosas obtuvo el Premio Mazatlán de Literatura 2008 al mejor libro del año. En 2009 le fueron concedidos el II Premio de Ensayo Debate-Casamérica por su libro El insomnio de Bolívar. Consideraciones intempestivas sobre América Latina a principios del siglo XXI, y el Premio Iberoamericano José Donoso, de Chile, por el conjunto de su obra. Y en enero de 2018 fue galardonado con el XXI Premio Alfaguara de novela por Una novela criminal. Ha sido becario de la Fundación J. S. Guggenheim, fue nombrado Caballero de la Orden de Artes y Letras de Francia y en 2011 recibió la Orden de Isabel la Católica en grado de Cruz Oficial. Sus libros han sido traducidos a más de veinticinco lenguas. Sus últimas obras, publicadas en 2017, son Examen de mi padre, Contra Trump y en 2022 Partes de guerra.

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