Lluís Bassets

Muchos son los que dicen que defienden a Cataluña. Pocos los que piensan en la defensa de los catalanes. El gasto militar nunca está de moda. Su popularidad es nula y menos en estos tiempos tan agradecidos para la demagogia.

?Esa manía de continuar gastando en defensa y de recortar en cambio mucho más el Estado de bienestar es muy difícil de entender?, declaró el portavoz del Gobierno catalán y consejero de presidencia, Francesc Homs, en su conferencia de prensa del 29 de enero. Él es el hombre del contacto permanente con los periodistas, también del cuidado y subvención del periodismo, y hay que ser comprensivo en consecuencia con su tarea sistemática de cultivo e instigación de los instintos más a ras de tierra.

Homs es también el hombre de la proyección exterior de Cataluña, después del presidente se entiende, hasta el punto de que tenía previsto exhibir en el título de su departamento el rótulo de Relaciones Exteriores, aunque luego por inexplicables e inexplicadas peripecias de última hora se quedó sin tan brillante denominación, aunque al parecer no sin su contenido. Nadie más en el Gobierno, a excepción de Artur Mas, tiene por su posición teórica el punto de vista que corresponde a la defensa de los catalanes, es decir, al gasto público en el mantenimiento de su seguridad ante hipotéticos peligros exteriores. Estamos hablando de un Gobierno que ha convertido la independencia de Cataluña en objetivo de su acción, por lo que necesariamente debería entrar en sus preocupaciones que los catalanes no se queden inermes en algún momento de la transición nacional prometida. El presidente aventuró en los primeros compases del proceso que dicha seguridad exterior quedaría confiada a la Alianza Atlántica, cabe suponer que a través de la aportación que hace el ejército español ya que no entraba en los propósitos presidenciales, al menos entonces, la incorporación del capítulo del hard power, el poder duro, en el tipo de soberanía plena a la que se aspira.

Ahora resulta que el consejero de Presidencia quiere ir más lejos y lamenta el excesivo gasto que hace el ejército español en defensa y lo contrapone a los recortes del Estado de bienestar, capítulo en el que precisamente el anterior Gobierno catalán, del que también era portavoz, obtuvo y exhibió notas de máximo y precoz podador, configurándose así una filosofía de la seguridad al menos curiosa, en la que no se prevé gasto alguno propio y se critica en cambio el gasto de quienes hasta ahora han venido cubriéndola.Es difícil saber a qué corresponde esta actitud, porque los datos de la realidad no acompañan a tanto buenismo antimilitarista.

Sin necesidad de extenderse mucho, recordemos la crisis bélica en Mali y la implicación de los intereses catalanes en ella, a través sobre todo del gas argelino, pero también de las estrechas relaciones con la entera región, donde ciudadanos catalanes han sufrido secuestros. Hay que recordar todavía más cuál es la situación del gasto público en defensa en el conjunto de Europa y en el presupuesto español, donde se está produciendo, como resultado de la crisis, una caída en picado paralela al aumento en recursos militares en todo el mundo emergente. Basta con recordar como ejemplo que solo para España el gasto militar se ha reducido la cuarta parte en los cuatro años de crisis.

Tampoco acompañan al señor Homs quienes tienen ideas y buenas sobre estos temas en su propio partido, como Jordi Pujol sin ir más lejos, a quien pertenece esta ristra de preguntas a propósito precisamente de la crisis maliense: ?¿Quiere Europa tener un peso en la política mundial? ¿En las grandes decisiones? ¿Para contribuir a la seguridad mundial o aunque solo sea para defender los intereses europeos? ¿O piensa dejar los temas de la seguridad totalmente en manos de Estados Unidos??. Pujol tiene claro, y así lo explica en un reciente artículo en la web de su fundación, que ?no se puede jugar un papel importante en el mundo sin una cierta potencia militar, y últimamente hay que añadir que sin ello tampoco se puede combatir al terrorismo a gran escala?.

Queda por saber si la actitud de Homs y de Mas es parte de la ruptura generacional con el pujolismo, directamente fruto de la adhesión al ideario de Oriol Junqueras o una mera concesión circunstancial a la facilidad del momento.

Las primeras elecciones después de la primavera árabe, la primera intervención aérea en la guerra civil Siria y el primer revés internacional después del reconocimiento de Palestina como Estado observador en Naciones Unidas. En Israel los acontecimientos se acumulan, tras dos años de glacial inmovilidad frente a las aguas agitadas del océano árabe circundante, signo de que el país está entrando en un viraje decisivo.

Las legislativas del 22 de enero han quebrado la tendencia hacia la derechización y han debilitado al primer ministro Benjamín Netanyahu. Un nuevo partido, laico, centrista, partidario del Estado palestino y defensor de las clases medias urbanas, se ha convertido en la segunda fuerza. Con el expresivo nombre de Hay Futuro (Yesh Atid) y un líder de carisma mediático como Yair Lapid, la nueva fuerza será determinante en la formación del gobierno; más que La Casa Judía, del multimillonario Neftalí Bennett, que propugna la anexión de Cisjordania a Israel y descarta la creación de un Estado palestino.

Los perdedores son los partidos religiosos, cuyos privilegios son discutidos por ambos. Los israelíes han sido sensibles a la idea de que hay que compartir la carga que tiene que soportar Israel para garantizar su seguridad, a lo que escapan los ultraortodoxos gracias a la exención del servicio militar y a las subvenciones a sus escuelas. Apenas una semana después de las elecciones, y cuando todavía no se sabe cómo será la ecuación de Gobierno de Netanyahu, Israel ha intervenido por primera vez con un ataque aéreo en el conflicto civil de Siria para evitar que Hezbolá, el partido libanés proiraní, reciba los arsenales de armas del régimen de Assad antes de caer. Netanyahu quería bombardear Irán, la potencia protectora de Siria y Hezbolá, para frenar su programa nuclear, pero finalmente ha bombardeado a sus protegidos, en el primer paso de lo que puede convertirse en escalada. Otra escalada distinta ha empezado en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que acusa a Israel de violación de la legislación internacional y de crímenes de guerra por la persistente anexión de los territorios ocupados de Cisjordania. Es el salto al plano internacional de la Intifada legal iniciada por los palestinos en los tribunales israelíes, con la Corte Penal Internacional como estación de llegada.

Toda la región está llena de religiosos barbados y de jóvenes violentos y armados, pero quienes construirán el futuro, si lo hay, serán las clases medias urbanas, preocupadas por el bienestar, la vivienda, la educación, la capacidad adquisitiva y por supuesto la seguridad y la paz. Es evidente la dificultad que tienen en el vecino Egipto para imponerse. Por eso es un buen augurio para Israel el ascenso de ese partido de las clases medias que con su propio nombre, Hay Futuro, anuncia su esperanza para el país y para la región.

No hay sorpresa. Los malos alumnos saben lo que les espera al final del curso. Eso sucede con la política exterior de la Unión Europea. A nadie puede extrañarle que suspenda las evaluaciones. Así ha sucedido con la tercera consecutiva que realiza el European Center on Foreign Relations (ECFR), el primer think tank paneuropeo, en su Scorecard o libreta de notas sobre las políticas exteriores de la Unión y de sus 27 socios, evaluadas tanto en su conjunto como cada uno de ellos. El tópico dice que la UE no tiene política exterior, y algunos piensan que no debe tenerla, al menos como la tienen China o Estados Unidos. Pero más allá del tópico, el Scorecard permite entrar en detalles y calibrar las dificultades para coordinar las políticas exteriores y construir una política exterior común tal como la establece el Tratado de Lisboa.

Este tercer cuaderno de notas, que hoy se publica, tiene una ventaja para nuestro mal alumno: los resultados de los dos anteriores fueron peores. El ECFR realizó su primera evaluación sobre 2010, con el propósito de que correspondiera precisamente al primer año de despliegue del Servicio Exterior Europeo (SEE) en aplicación del Tratado de Lisboa, y se encontró con una marginación de la política exterior precisamente cuando se suponía que debía producirse su despliegue. El alumno se hallaba distraído por la crisis del euro, decía el cuaderno de notas. Al año siguiente, la crisis ya le había afectado en sus capacidades: se hallaba disminuido. Este tercer año, que corresponde a 2012, los ?líderes europeos siguen dedicando más tiempo a la salud financiera de Europa que a su papel geopolítico?, mientras siguen declinando la imagen y el soft power o poder blando de Europa en el mundo y reduciéndose los recursos para defensa y política exterior. El único punto positivo de la evaluación es la consolidación y preservación del Servicio Exterior a pesar de la crisis, que según el ECFR es algo así como el acquis diplomático según el ECR, equivalente al acquis o caudal legislativo de la UE. Y que, lejos todavía de sus capacidades, el Servicio ha empezado a mejorar y a contar ?como un actor más significativo en 2012?.

El primer Scorecard que se haga en plena normalidad económica y financiera deberá dar una evaluación especialmente interesante, puesto que ?la mejora en los resultados de la política exterior depende en gran medida de la superación de la crisis y de la restauración del crecimiento y como consecuencia del incremento del poder económico europeo?. De momento, 2012 ha registrado la estabilización de la eurozona como resultado, principalmente, de la inyección de liquidez a los bancos europeos, del programa de compra de bonos en el mercado secundario por parte del BCE y de la marcha hacia la unión bancaria. El Scorecard hace notar, sin embargo, un aflojamiento preocupante en la determinación de los líderes europeos, empezando por Merkel, que se ha notado en cuanto la crisis se ha hecho menos aguda. Se perfila, además, una nueva amenaza con la aparición de una Europa de tres velocidades ?los que están en el euro, los que aspiran a estar y lo que no quieren estar? que tiene su punta de lanza en el referéndum de Cameron y la amenaza de salida británica. En cuanto a políticas concretas, las notas son ligeramente mejores en 2012 que en 2011 y el profesor asegura que el alumno presenta signos de ?estabilización y resiliencia?. Mejoraron las relaciones con Rusia y China, se mantuvieron en muy buen nivel con Washington e instituciones multilaterales, y de forma correcta con la Europa ampliada, Oriente Medio y África.

El Scorecard clasifica a los países respecto a las distintas políticas como líderes, remolones y entusiastas. Los tres líderes de 2011, Alemania, Francia y Reino Unido, lo son también en 2012, aunque disminuidos. Los tres grandes anotaban sus mejores actuaciones en casi una veintena de las 30 políticas evaluadas y no superan ahora la docena, mientras que les pisan los talones países de menor tamaño, como Suecia o Países Bajos. La evaluación señala también que ?el eje franco-alemán no actuó como conductor central de las iniciativas de política exterior en 2012?. Grecia encabeza el grupo de los remolones, en el que están Letonia, Rumania y España.

El Scorecard refleja la pérdida de peso de España en Europa y en el mundo, fruto del ensimismamiento desencadenado por la crisis, aunque no tiene instrumentos para recoger su dimensión más política. La política exterior española es la que ha sufrido un mayor recorte en su presupuesto, con especial impacto en la contribución al desarrollo y en aportaciones voluntarias a organizaciones multilaterales. La ausencia de protagonismo e iniciativa de un país de las dimensiones de España, que hizo aportaciones sustanciales a las políticas europeas desde la adhesión, es un hándicap más que lastra la política exterior común y contribuye al suspenso europeo. Si Europa va mal, España va mal; pero que España vaya mal no le hace ningún bien a Europa.

El calibre de la votación en el Parlamento catalán el pasado 23 de enero de la declaración de soberanía ha venido ocupando a la opinión política y pública toda la semana. Es lógico. Puede parecer una discusión bizantina pero no lo es. Ya se sabe que el calibre de un proyectil también nos ofrece la medida de los efectos que pueda producir. Ahí van algunas reflexiones sobre la fuerza del apoyo parlamentario obtenido en el primer peldaño del recorrido que han establecido CiU y ERC para llegar a la consulta sobre el futuro de Cataluña y su eventual independencia a ser posible en 2014.

1.- No es una mayoría excepcional. Dos de los cuatro grupos de la cámara han quedado fuera. La anterior declaración del 27 de septiembre, del mismo tenor, fue aprobada con un voto menos. Ni siquiera llega a los dos tercios exigidos para reforma del Estatut, el listón de votos soberanistas que se pretendía alcanzar y se auguró durante la campaña electoral. Hay ventajas que tienen inconvenientes: tiene enfrente a los dos partidos que vienen turnándose en el Gobierno central, con la cara positiva para el soberanismo de echar en brazos del españolismo al PSC y la negativa de que no hay aliado posible en Madrid, como lo fue el socialismo en la transición. En anteriores ocasiones, hasta siete, CiU y ERC votaron declaraciones del mismo tenor a las que se sumó el PSC con análogos o mejores resultados.

2.- No es ni mucho menos indestructible. La única formación que se identifica sólidamente con el camino emprendido en su totalidad es ERC, mientras que tanto en CiU como en Iniciativa per Catalunya-Verds hay bifurcación de posiciones respecto a las distintas etapas entre federalistas, confederalistas e independentistas. Una de las formaciones contabilizadas en la aritmética independentista, la CUP; solo dio un voto a favor y quiso marcar su posición crítica, por más radical, con dos abstenciones. 3.- Pero que nadie se engañe. Y sobre todo, que no se tergiverse en resultado. Si se trata de despreocuparse o de no preocuparse, pues muy bien, minimicemos la mayoría obtenida y actuemos como si no hubiera pasado nada. Allá cada uno. En todo caso, es una mayoría suficiente y más que suficiente. ¿Suficiente para qué? Esta es la clave. Es suficiente para que el plan siga adelante como si nada hubiera sucedido, aunque mucho sea lo que ha sucedido. A la vista de los resultados, desde las zonas más radicales del soberanismo, salieron enseguida arrogantes valoraciones que le daban más fuerza al proceso gracias precisamente a la acotación del poder parlamentario de CiU y en consecuencia de Artur Mas. Pertenecían a quienes estaban convencidos de que un presidente plebiscitado y con las manos libres terminaría pactando y lo haría quizás rápidamente.

Ahora, en cambio, piensan que con un presidente rehén de Oriol Junqueras, no habrá forma de pactar y se llegará así hasta la estación término donde se producirá el famoso y tan esperado choque de trenes. Está muy claro entonces dónde radica el problema de la suficiencia. No lo es para el plan inicial de Artur Mas, que requería la supermayoría presidencial, pero sí lo es para proseguir con el plan dispuesto por Junqueras a la vista de los resultados electorales. La nueva hoja de ruta tiene la ventaja de que no importa cuál sea el resultado del proceso, porque será en cualquiera de los casos una máquina cosechadora de votos para ERC. Artur Mas ha dejado de controlar personalmente el proceso y no tiene en la mano el famoso timón que quiso convertir en emblema de su conducción. Cada vez que se deba tomar una decisión, no será el líder quien calcule los riesgos ni quien piense en la eventualidad del sacrificio personal. Junqueras lo hará por él, quedándose con la decisión y dejándole con el sacrificio. Eso es el liderazgo compartido que ha querido leer Artur Mas como mandato de los electores, del pueblo catalán. Esta es la clave de la mayoría, más que suficiente y gozosa para Junqueras, justita y triste para Mas.

Hechos y palabras fácilmente emprenden caminos divergentes. Puede sucederle de nuevo a Obama en su segunda presidencia, como ya le pasó en la primera, sobre todo con sus promesas más célebres, que le valieron el Premio Nobel de la Paz, entre las que se encontraba el cierre de Guantánamo.En la etapa que inauguró solemnemente este pasado lunes, las palabras señalan a un Obama especialmente concentrado en la política interior: la superpotencia dedicada a reparar el mundo y a construir naciones se dedicará ahora a construirse a sí misma, después de declarar que ?está terminando una década de guerra? y que ?empieza una época de prosperidad?. Atrás quedarán dos guerras, la de Irak y la de Afganistán, y delante, una vez superado el cambio de rasante, el regreso al crecimiento y la expectativa del boom industrial que presagia la explotación del gas de esquisto, la nueva panacea que debe liberar a los americanos de las hipotecas del petróleo árabe.

No será fácil que Obama se desentienda de la marcha del mundo, como ya le están reprochando algunos respecto a la guerra civil en Siria, a la expansión de Al Qaeda en África o incluso al conflicto entre Israel y Palestina. Nada en el discurso inaugural, salvo su sobriedad expresiva sobre el resto del planeta, permite pensar en descompromisos y desatenciones respecto a los aliados internacionales y a la difusión de la democracia. La llegada de John Kerry a la Secretaría de Estado y de Chuck Hagel a la Secretaría de Defensa no son precisamente presagios de una nueva pasividad. Y luego hay que contar con la demanda más imperativa de acción, la que proporcionan los malditos hechos, desgranados en las horas precedentes y durante la semana inaugural con insólita intensidad en directa apelación a la atención de Washington. La guerra de Malí y la toma de rehenes de Argel en primer lugar. Mal puede terminar una década de guerra cuando Al Qaeda extiende sus redes y sus actividades africanas hasta el Atlántico sin que nadie, salvo Estados Unidos, tenga la capacidad para frenar el Afganistán que crece al lado de Europa mientras no se ha apagado todavía el que demanda la atención de la OTAN en Asia. También desde Israel llegan señales de que Washington deberá arremangarse de nuevo en el ahora liquidado proceso de paz: Netanyahu se prepara para gobernar con fuerzas centristas, más proclives a la negociación y al Estado palestino. El primer ministro británico, David Cameron, recordó a todos, Obama incluido, que Europa seguirá siendo un dolor de cabeza, incluso cuando salga de la crisis, porque estarán los euroescépticos dispuestos a modelarla a su gusto o a echarla por la borda. Solo faltaba la amenaza oportunista de Corea del Norte para recordarle a Obama que no hay desentendimiento posible, ni en su grado mínimo. Dirigir desde atrás es una contradicción en sus términos.

Al fin los euroescépticos tendrán el referéndum. Para salir de la Unión Europea si es preciso. Y lo es para los conservadores, diga lo que diga Cameron. Nadie puede discutir el derecho de los británicos a decidir cuando les plazca sobre su futuro dentro o fuera de la Unión Europea y cuanto antes mejor. Más discutible es que puedan y deban imponer al conjunto de la UE no tan solo las condiciones que les convienen sino el diseño que a ellos les gusta, en dirección abiertamente contraria a los intereses del conjunto de los países europeos y principalmente de la euroárea. Y su idea acerca de la UE es bien clara, aunque no terminen de decirlo.

La Europa británica que propone Cameron es lo más parecido a una simple área de libre comercio, como lo fue la EFTA creada como alternativa a la Comunidad Económica Europea. Su pretensión alcanza al corazón del proyecto europeo, inscrito en la frase célebre del Tratado que Cameron impugna: "la unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa". Para el primer ministro la UE es un mero instrumento, no un objetivo. Cameron lo tiene claro, aunque no lo diga todavía con todas las letras: o la UE se convierte en lo que los euroescépticos están dispuestos a tolerar o no habrá más remedio que largarse.

El descaro del chantaje es notable y lo ha contado mejor que nadie Boris Johnson, el euroescéptico alcalde conservador de Londres y destacado aspirante a primer ministro: "Ahora tenemos la oportunidad de obtener un gran acuerdo para Reino Unido, que nos situará en el corazón del comercio europeo pero también nos permitirá pensar globalmente". Todo está imaginado en este plan para la principal industria británica, que es la plaza financiera de la City: "El futuro de Londres consiste en seguir siendo la capital financiera y comercial de Europa, tener una relación única con Estados Unidos y construir nuestra creciente posición como capital de los BRICS y de las otras economías emergentes". El sueño conservador es relacionarse sin intermediarios con el mundo global y utilizar la UE como un mero espacio de libre comercio lo más desregulado posible. Es una idea que pudo ser atractiva sobre el papel algún día pero que ahora choca con multitud de obstáculos; el mayor, la dificultad que tienen todos los países europeos, Reino Unido incluido, para existir por sí solos en el mundo global, como si fueran potencias emergentes y no viejas ex potencias europeas. Washington y Pekín se lo están reprochando a Cameron sin embudos: prefieren relacionarse con Londres a través de una UE fuerte. El mundo empresarial y de los negocios no piensa de forma muy distinta.

El argumento para posponer el referéndum hasta 2018, en cambio, parece sólido. No sabemos cómo será la UE que saldrá de la actual crisis del euro y hay que esperar por tanto para pronunciarse. Pero es tramposo, porque la propuesta de negociación se dirige precisamente en la dirección contraria a la emprendida por los países del euro y, principalmente, del Pacto Fiscal del que Londres se ha excluido. En todo caso es una apuesta a que fracasen los planes de Merkel, mediante el recurso al teórico derecho de veto sobre la reforma de los tratados.

Los cinco años de margen, con la estación intermedia de las elecciones de 2015, ofrecen espacio para que todos avancen en una carrera de múltiples niveles, empezando por el interior, que es el que ha motivado el movimiento de Cameron para descargar sus responsabilidades de la actual crisis y trasladar la tensión a la promesa electoral del referéndum. La negociación tendrá también un elemento dinámico exterior porque es mucho suponer que cuando empiece habrá terminado la crisis del euro y estará ya completo y en marcha el nuevo esquema de gobernanza monetaria, fiscal y presupuestaria. Lo más probable es que sea un proceso que funcione como un circo de varias pistas, incluidas las nacionales, algunas de enorme peso, como la alemana.

Hay también una lectura de geopolítica europea de este discurso, con independencia de sus propósitos más tácticos y electoralistas: ante los avances de la Europa alemana, Cameron busca con su idea de una Europa británica la reconstrucción de un cierto equilibrio europeo.

Es difícil discutir el derecho a decidir. Más fácil es disentir de la obligación de decidir. Quienes reivindican el derecho a decidir no lo sienten como una obligación. Pero no es el caso de quienes no lo ven claro, quienes tienen dudas o quienes directamente no están de acuerdo. Todos estos lo perciben como la obligación de decidir, algo con lo que difícilmente se puede estar de acuerdo.

Eso se ha resuelto en las elecciones, dicen quienes defienden el derecho a decidir. También es un argumento dudoso: no todo el mundo entiende las elecciones de la misma forma. La teoría del mandato electoral tiene sus partidarios, pero cojea por muchos lados. Que cuatro de los seis grupos parlamentarios que conforman la cámara catalana defiendan nominalmente el derecho a decidir no significa que todos coincidan en el qué, el cuándo y el cómo: sin ir más lejos, para el PSC no es lo mismo que para CiU, como para CDC no es lo mismo que para UDC.

Veamos. Es posible, por ejemplo, que alguien defienda el derecho a decidir al final y como coronación de un proceso de negociación en el que las dos partes de este asunto concuerdan la nueva relación que se quiera establecer y la ratifican mediante una o varias consultas, a todos o a una de las partes. Derecho a decidir, sí; por parte de los catalanes solos, también; pero al final del proceso, simultáneamente a una consulta a todos los españoles; concordado con todos; y por supuesto, dentro de la legalidad. También es posible lo contrario. Que el derecho a decidir se anteponga a cualquier otro paso. Que se sitúe por encima de cualquier legalidad. Que se reduzca el diálogo con Madrid a un mero trámite previo a una decisión unilateral. Los argumentos que se utilizan para defender este procedimiento son muy serios, tan serios como que son autorreferenciales: decido solo yo, y quiero decidir que soy soberano, por la única y exclusiva razón de que soy soberano y de que no admito ni puedo admitir ninguna otra soberanía por encima de la mía.

Así planteado el derecho a decidir ha decidido antes de tomar la decisión. Basta con adherirse al derecho a decidir previo a cualquier negociación para que se convierta automáticamente en la decisión misma. Se entiende que quienes estén en desacuerdo con tanta perentoriedad lo sientan como una obligación que se les impone para no quedar descabalgados e identificados con el PP y C?s. También se entiende que quienes quieren ejercerlo se dejen de zarandajas y exijan decidir lo antes posible, ya, aquí y ahora, sin mayores dilaciones, antes de que la crisis escampe. Tiene, además, una ventaja: si no lo sacan adelante al menos sacarán réditos electorales y dividirán a los socialistas.

El derecho a decidir como premisa previa y exclusiva, que es lo que defienden CiU y ERC, es un programa de ruptura. Fruto de un mandato, pero no precisamente electoral sino de los manifestantes incontables, de la movilización y agitación popular. Legítimo, por supuesto. Pero ruptura. Con la Constitución y con el marco legal vigente. Así de llano. Se puede intentar, pero hay que tener fuerzas para coronar la cima. Y hay que contar con aliados fuertes e influyentes dentro y fuera para acompañar la cordada, cosa más que dudosa, a estas alturas al menos. Y luego, aceptar con todas las consecuencias el riesgo de que se fracase e incluso de que se pierda más en el intento de lo que se gane. Ha sucedido ya otras veces. Y sabemos el precio que hemos pagado.

No hay nuevo guion. Es el de siempre. Las mismas discusiones, las mismas dificultades, incluso las mismas palabras. Con tripartito incluido: esto de ahora ya es evidente que tiene tres patas, tan discordantes como los trípodes anteriores, inestable por definición, sin autoridad presidencial capaz de fijarlo. Y también es evidente que pediremos la luna y terminaremos a ras de suelo, Sísifos catalanes condenados a trasportar la piedra hasta lo alto antes de que vuelva a caer una y otra vez al pie de la montaña.

Estamos en mitad de la recesión más pavorosa que hayamos vivido las actuales generaciones. La Unión Europea se fragmenta y evapora a ojos vista. Nuestro sistema de bienestar social se va cayendo a pedazos. El sistema político que nos ha dado paz, estabilidad y prosperidad en los últimos tiempos se halla carcomido por la termita de la corrupción. Las instituciones, arrastradas por el barro del desprestigio. Y a unos pocos miles de kilómetros las katibas del terrorismo de Al Qaeda asaltan las plantas de gas que calientan nuestros hogares e intentan hacerse con el poder de un Estado entero en el corazón geoestratégico de Africa.

Mientras tanto, nuestros diputados recién electos siguen dándole al lápiz con su declaración. De soberanía, por supuesto. Económica, política y energética incluso, si se quiere. Precisamente lo que estamos perdiendo por todos lados y vamos a seguir perdiendo unos y otros y todos juntos si no reaccionamos. Y no es una ironía, sino fruto de una creencia cada vez más intensa y extendida. Cuidado, se nos dice, no es una cuestión meramente subjetiva, sino expresión de una voluntad popular expresada en las urnas y que obliga como mandato a los gobernantes. La realización de una declaración de soberanía estaba en el programa de la mayoría salida de las urnas y hay por tanto una obligación de aplicarla.

Bien, bajemos de la estratosfera y atendamos por un momento a esta idea. La teoría del mandato electoral parte de una creencia difícil de sustentar. Y es que las elecciones no sirven para contar con diputados que hagan y voten leyes y Gobiernos que las apliquen y gobiernen, sino que hacen hablar al conjunto de los ciudadanos como si fueran un individuo para dar instrucciones concretas: hacer una declaración de soberanía, por ejemplo. Es el pueblo que habla.

Cabría entenderlo así en los sistemas presidenciales, como el francés o el estadounidense, aunque con la salvedad de que el mandato popular que recibe el presidente puede entrar en contradicción con el mandato popular del Parlamento o sucede con la presidencia francesa de vez en cuando con la cohabitación. Pero no es este el caso de Cataluña. No lo es a pesar de la presidencialización electoral que funciona en España y de la especial presidencialización catalana, fruto de la huella de Tarradellas y Pujol. No lo es tampoco porque hay varios niveles de elección y de Gobierno, igualmente legítimas, y no en todas las ocasiones arrojan resultados concordantes. Y sobre todo no lo es por los últimos resultados electorales, que fueron una denegación en toda regla de la presidencia plebiscitaria planteada por la campaña de Artur Mas.

Toda la hoja de ruta de la transición nacional debía ser de un tenor totalmente distinto con una mayoría absoluta de CiU y un Parlamento con una mayoría abiertamente soberanista de más de dos tercios, los necesarios para la reforma estatutaria. Artur Mas habría tenido manos libres y mandato electoral. Ahora no tiene ni lo uno ni lo otro. Está en manos de Junqueras y no tiene mandato presidencial para liderar y negociar en nombre del pueblo soberano como pretendía.

Los mandatos electorales solo se podrían tener en cuenta si ?reflejaran puntos de vista estables tanto de los electores individuales como del conjunto del electorado?, según señala la autorizada voz de Stanley Kelley en un libro clásico como Interpreting elections. Estamos exactamente en la situación opuesta, en uno de los momentos más volátiles de la vida política de los últimos 40 años, tal como reflejan las elecciones y las encuestas. Y es difícil creer que la medicina ante tanta inestabilidad sea crear más inestabilidad.

Es clásica la diferenciación entre guerras necesarias y guerras de elección. Las primeras se definen porque no hay otra opción: la guerra es el único camino para evitar un mal mayor que está perfectamente garantizado en caso de no hacer nada. Las guerras optativas responden a una decisión política que conduce a preferir la guerra a la diplomacia, las sanciones o la negociación.

La que ha emprendido Francia en Malí pertenece al primer tipo, las guerras necesarias, aunque buena parte de los países europeos y de la comunidad internacional parecen comportarse como si fuera del segundo, una guerra opcional francesa en la que no se juegan sus intereses. No es así. El presidente francés ha mandado sus aviones y sus soldados a Malí porque no había otra respuesta posible al avance de las columnas insurgentes. Nada se podía negociar ni nadie había con quien negociar. Ningún papel puede jugar la diplomacia, ni nada puede disuadir a las katibas islamistas de que sigan cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad, atacando y expulsando a la población e imponiendo la sharía islámica más rigurosa como método de dominación.

La guerra cuenta con la cobertura legal interna del Gobierno de Bamako, que ha pedido la intervención militar urgente para evitar que los rebeldes islamistas del norte lleguen a la capital y se apoderen del país entero. También con cobertura multilateral internacional, a través de la resolución 2085 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aprobada por unanimidad el pasado diciembre, con los votos de Rusia y China. La guerra necesaria es una guerra justa. Lo es la causa, bien delimitada por la propia resolución de las Naciones Unidas, de restaurar la integridad territorial de Malí y evitar así que el país saheliano se consolide en un Estado terrorista. Cabe calificarla de defensiva, tanto para los malienses que sufren el régimen de terror islámico implantado en el norte y la amenaza de su extensión al sur, como para los países vecinos e, incluso, los europeos, tal como ha demostrado su extensión a Argelia por la acción sangrienta de la banda de Mojtar Belmojtar en la planta gasista de In Amenas. No es una guerra por la energía, tal como reza un típico reproche antibelicista, sino una guerra en la que está en juego la seguridad energética de los europeos.

La mayor paradoja de esta guerra es que sea Francia sola quien la libre, como si esta crisis fuera un tema regional, de calibre menor para Estados Unidos y para la Alianza Atlántica, comprometida en cambio en el lejano Afganistán. No lo es en absoluto para la Unión Europea, que se enfrenta a ella cuando todavía no ha terminado de salir de la crisis del euro y tiene evidentes dificultades para reconocerse y actuar como agente de estabilidad y seguridad, no ya en el mundo, sino meramente en el entorno regional donde se hallan los grifos del petróleo y del gas que llega a los hogares europeos.

La guerra de Malí es hija de la guerra de Libia. Lo son buena parte de los combatientes, veteranos de la confrontación bélica que terminó con el régimen del coronel Gadafi en apenas seis meses, desde marzo hasta agosto de 2011. Lo son también las armas, restos de los muy bien surtidos arsenales libios. Pero lo es también desde el punto de vista estratégico. Francia se ha visto obligada a dar en Malí el paso que nadie quería dar en Libia y del que todas las potencias huyen desde la guerra de Irak: poner pie en tierra.

La intervención internacional que dirigió la OTAN en Libia pudo hacer tres cosas: atender estrictamente al mandato de Naciones Unidas, echar una mano a los rebeldes para derrocar a Gadafi y completar la tarea asegurando el desarme de los mercenarios contratados por el coronel. El mandato del Consejo de Seguridad incluía abiertamente la primera, consentía con algo de manga ancha la segunda y quedaba demasiado lejos de la tercera, puesto que mal se podía desarmar a los leales a Gadafi desde los buques fondeados en el Mediterráneo o desde los aviones que sobrevolaban el territorio libio sin poner pie a tierra.

Si solo se hubiera atendido a la literalidad de la resolución, Gadafi y su régimen habrían podido sobrevivir, aunque es probable que Libia hubiera quedado dividida, puesto que los rebeldes no contaban con recursos para terminar con el régimen por sí solos. De ahí que el consenso pasivo inicial en el Consejo de Seguridad, en el que dos países con derecho a veto como Rusia y China se abstuvieron, se rompiera rápidamente por la evolución de una misión de protección de la población hacia otra de cambio de régimen. Quedaba un último escenario, virtual o teórico y de nula probabilidad: la neutralización y desarme de los combatientes gadafistas, que hubiera completado la tarea bélica, aunque con el grave precedente de complicarse la vida en la reconstrucción de Libia, algo que no contaba con mandato de nadie y que hubiera obligado a la siempre temida intervención terrestre.

Lo que no se hizo en Libia en 2011 será obligatorio en Malí a partir de 2013. Si Sarkozy fue quien interrumpió la marcha de los ejércitos de Gadafi sobre Bengazi con su ataque aéreo, su sucesor Hollande ha sido quien ha interrumpido la marcha de las columnas de combatientes islamistas sobre Bamako, de nuevo desde el aire y luego pie a tierra. En ambos casos, a última hora, al borde de la catástrofe y con el riesgo de la soledad.

Las noticias no podían ser peores. Lo eran desde hacía meses sin que nadie consiguiera correr tanto como los dos o tres centenares de pick-ups con que cuentan los dos o tres millares de insurgentes. Desde hace casi un año Malí se ha convertido en un Estado fallido, con un ejército golpista que ha sido desalojado del norte por las guerrillas islamistas y secesionistas. La mitad septentrional se halla bajo el terror de un rigorismo islámico que ha impuesto la sharía más estricta, está destruyendo el patrimonio artístico y religioso, liquidando cualquier forma de vida en sociedad y cometiendo crímenes de lesa humanidad. Según la agencia de NN UU para los refugiados, su cifra ya alcanza los 145.000, además de unos 200.000 desplazados del norte que han buscado acogida en otras zonas.

Los insurgentes proclamaron en mayo el Estado islámico de Azawad y en la euforia siguieron avanzando hacia el sur. Las autoridades malienses, incapaces de contenerles, requirieron ya en septiembre la intervención del Consejo de Seguridad de NN UU para proporcionar asistencia militar y restaurar la integridad territorial del país. No llegó hasta diciembre la autorización para el uso de la fuerza, que esta vez contó con el apoyo ruso y chino, con toda su lógica: no estaba en juego la protección de la población, sino la integridad territorial y la soberanía de Malí; a nadie interesa un nuevo foco de inestabilidad en el corazón de Africa; no es un antecedente que cuestione las soberanías nacionales celosamente defendidas por los emergentes, sino que más bien las refuerza.

NN UU ha aprobado tres resoluciones y dos declaraciones sobre Mali en toda esta crisis. Estados Unidos se mantiene en segundo plano, "dirigiendo desde atrás", todavía más que en Libia. La UE y la OTAN están desaparecidas. Los 3.300 soldados de la misión de la CEDEAO (Comunidad Económica de los Estados de Africa Occidental) se preparaban para estar listos? en septiembre. Bamako sería hoy la capital de un Estado islámico sin la intervención francesa de urgencia, que empezó a bombardear el jueves pasado y tiene ya soldados en tierra preparados para avanzar hacia el norte. El presidente francés, con poderes ejecutivos de comandante en jefe como el de los Estados Unidos, no ha querido ni ha podido inhibirse como los otros gobiernos europeos. No lo hizo el anterior en Libia y no lo ha hecho el actual en Malí, donde se desvanecen las fantasías de las victorias bélicas desde el aire. Aun con una guerra de retraso, Francia asume la tarea de Europa.