Lluís Bassets

Lo primero es defenderse. Y quien quiere defenderse y tiene medios busca al mejor abogado que tenga a su alcance. En su ciudad, en la localidad donde está abierta la investigación judicial y en la capital donde residen los órganos centrales del sistema judicial. Sota, caballo, rey: Miquel Roca.

Su bufete tiene oficinas en Barcelona, Palma y Madrid. Cuenta con equipos especializados en todas las ramas del derecho y está asociado al bufete penalista Molins y Silva. El jefe del despacho, que da nombre al negocio, es administrativista de formación, constitucionalista práctico y de primerísimo nivel en los años de la transición y sobre todo mercantilista desde 1996, cuando abrió su bufete después de dos décadas y media largas dedicado a la política.

Miquel Roca es ante todo un infatigable negociador capaz de encontrar una salida a cualquier disputa aparentemente irresoluble. Su verdadera especialidad no es jurídica, sino política, y consiste en resolver los litigios mediante la transacción y el pacto en vez del conflicto y el recurso a los tribunales.

La metáfora que mejor le describe es la de un ingeniero de puentes, canales y caminos. Tiende puentes allí donde no quedan ni vados para cruzar el río, desatasca canales allí donde se han obturado y abre caminos donde ha crecido la maleza: hay pocos personajes de la vida pública española que tenga más práctica en este tipo de actividades en todos los campos de la actividad social, económica y política.

Seguro que la Infanta de España le ha contratado para resolver estrictamente su problema con la justicia. Quiere contar con una defensa propia y diferenciada de la de su marido y quiere resolver pronto y bien su imputación por el juez Castro. Todo se dirigirá a anular el auto en el que se la citó como imputada para que declarara inicialmente el día 27 de abril, fecha que el juez ya ha pospuesto para dar tiempo a la revisión del recurso presentado por la fiscalía.

Será difícil, sin embargo, que la elección de un abogado como Roca no suscite todo tipo de conjeturas, desde quienes la interpretarán como el cierre de filas de los protagonistas de la transición ante la crisis que sufre la institución monárquica hasta quienes la entenderán como una iniciativa para conducir con mano más política y experimentada la estrategia de la casa real ante los numerosos frentes que tiene abiertos, en un momento en que los dos grandes partidos y sus dirigentes se hallan ensimismados en sus dificultades internas y el Gobierno con su presidente a la cabeza tienen ya suficientes problemas como para no desentenderse de las dificultades del Rey.

Hay muchos tratados sobre armas estratégicas que nadie ha usado, al menos desde 1945. Pero nunca la comunidad internacional se había puesto de acuerdo sobre las armas con las que se mata y muere cada día, en las calles de México, en asaltos terroristas, la actual insurrección siria o las guerras africanas. No era nada fácil para Naciones Unidas conseguir un acuerdo que no fuera meramente virtual y regulara unas mercancías cuya libre circulación tanto dolor produce. Muchos son los intereses que han venido obstaculizando la regulación de uno delos mercados más anárquicos de la economía mundial. Ahí estaba la enorme y temible coalición formada por la industria de fabricación de armas y munición y por los numerosos clientes de todo bordo que siempre hay para estas sucias mercancías.

Ningún país del mundo sintetiza mejor que Estados Unidos la alianza entre los intereses de oferta y demanda que ha salvaguardado a las armas de la regulación. El 40 por cierto del mercado mundial está en manos de la industria estadounidense. Y este país es el que tiene los más poderosos grupos de presión de usuarios individuales, amparados en una peculiar interpretación de la Segunda Enmienda de la Constitución.

No puede extrañar, por tanto, que Washington fuera hasta 2006 el principal boicoteador de cualquier intento de control sobre el comercio de armas en el mundo, al mismo nivel en que sus grupos de presión han venido impidiendo hasta ahora mismo la regulación del comercio interior y defienden la venta libre de armas de asalto y la existencia de ferias y convenciones donde se pueden adquirir sin control alguno.

El primer paso del Tratado sobre Comercio de Armas ahora aprobado lo dio la Asamblea General de NN UU hace siete años con una resolución que tuvo en frente precisamente a EE UU, único país que votó en contra de lanzar el debate para la regulación. La administración de George W. Bush, entonces al mando, había declarado a Naciones Unidas irrelevante y se oponía firmemente a cualquier acción multilateral.

Todo cambió con la llegada de Obama a la Casa Blanca. La administración demócrata oficializó el cambio de posición en 2009, cuando estuvo a favor de una nueva resolución que impulsaba el Tratado, en la que el único voto en contra fue el del Zimbabue del viejo dictador Robert Mugabe.La posición de Washington todavía iba a evolucionar más. La secretaria de Estado del momento, Hillary Clinton, pedía la aprobación por consenso, una forma de dar derecho de veto a cualquiera de los estados miembros. En 2013, tras el bloqueo de la Conferencia internacional, que se ha reunido en dos ocasiones, una el año pasado y otra este pasado mes de marzo, sin alcanzar el acuerdo, EE UU ha cambiado de nuevo de criterio y accedido a que fuera la Asamblea General la que aprobara el tratado, sin que entrara ya en juego la eventualidad de un bloqueo.

El Tratado ha contado con tres votos en contra, Corea del Norte, Irán y Siria, países que también bloquearon la aprobación por consenso en la Conferencia Internacional. Es una irónica paradoja que diez años después de la guerra de Irak y de la ofensiva de Bush contra NN UU, sea el organismo más democrático de la organización internacional el que designa por exclusión a los tres componentes del Eje del Mal, los tres proliferadores nucleares más o menos confesos, que reclaman como los neocons la libertad de mercado y la soberanía.

En el mismo instante en que Obama está perdiendo la batalla contra el libre mercado de las armas en su país, acaba de ganar otra más amplia en la escena internacional. Es una batalla modesta y realista, basada en la transparencia y el control nacional bajo supervisión de NN UU. Contiene huecos y salvedades: la munición y las partes sin montar quedan fuera del control más estricto; no entran los drones, los vehículos blindados y el material antidisturbios; los acuerdos bilaterales entre países quedan también exentos. Pero ha permitido obtener la abstención de grandes comerciantes como China y Rusia.

Aunque no se entromete en el derecho individual a portar armas que defienden los grupos de presión estadounidenses, la reacción de estos no deja lugar a dudas. Aliados con Assad, Kim Jong-un y Jamenei, denuncian el atentado a la libertad de los ciudadanos y la soberanía de los Estados y se escandalizan ante el poder de la Asamblea General de NN UU. Su airada reacción indica la bondad del camino emprendido por la comunidad internacional, aunque es casi seguro que el Tratado se encontrará con un muro cuando llegue para su ratificación al Senado, donde los republicanos tienen la minoría de bloqueo.

Nada se podrá hacer sin diálogo. Ni lo más, ni lo menos. Eso es algo con lo que no todos están de acuerdo. Algunos exigen líneas rojas en cuanto se habla de diálogo. Solo se puede hablar de cómo y cuándo celebrar la consulta para la independencia, dicen los de ese lado. De todo se puede hablar excepto de cualquier cosa que atente contra la unidad sagrada de la patria, responden del otro. El problema no es por tanto el diálogo que unos y otros aplauden, sino su contenido y su alcance. Las diferencias no versan sobre lo que se puede decir cuando se dialoga sino sobre lo que está implícitamente prohibido o limitado. Todos los que trazan líneas rojas son enemigos del diálogo. Su idea del diálogo es meramente instrumental, y en consecuencia engañosa: hablar para ganar tiempo, sacar un provecho circunstancial antes de la ruptura o cargarse de razones. Ese es uno de los usos más irracionales que se pueda hacer de la razón: en vez de creer en la argumentación racional y en la dialéctica entre dos posiciones, se fía todo a la retórica de la convicción pública. Y es argumento de perdedores: solo importa aparecer cargado de razones, aunque el otro al final tenga una razón última más poderosa y eficaz.

El diálogo solo puede ser abierto y sin límites. Los que establezca la ley, alguien susurrará inmediatamente. Claro que sí. Nadie va a sentarse con la pretensión de acordar una ruptura legal con quien está obligado, como es el caso del Gobierno, de cualquier Gobierno, incluido el catalán, a defender la legalidad. Pero a la vez, si no señalamos fronteras tampoco podemos coartar el futuro: la ley está al servicio de los ciudadanos, la democracia debe ser finalmente el origen de toda legalidad, y de ahí que no debamos tener miedo a los grandes consensos y a las grandes mayorías que nos conduzcan a reformar y cambiar las leyes y la Constitución.

Creo recordar que cierto monarca le dijo a un republicano que hablando se entiende la gente y su hijo tuvo también la especial sensatez de proclamar que Cataluña será lo que los catalanes quieran que sea. La política es, ante todo, intercambio de palabras, diálogo entre las distintas partes y partidos y, si se quiere, una gran conversación dentro de la comunidad política que tiene su foro central en el parlamento, lugar de la palabra y del diálogo. ¿Por qué deberíamos poner límites entonces al diálogo?

Si no hay límite, significa que lo que hemos dado por superado, los pactos fiscales rechazados, los estatutos amputados y las causas federales olvidadas y sin partidarios, todo puede ser objeto del diálogo. El diálogo es una segunda oportunidad, de la que se deduce que tampoco podemos poner límites temporales a la acción de la palabra.

Ahí los de las líneas rojas dirán inmediatamente que necesitan plazo y fecha. Solo faltaría que el diálogo significara perder la ocasión excepcional de la ruptura cuando la crisis proporciona las mejores condiciones imaginables. No habrá otro momento así. Y ahí es donde se aclara el valor falso de esas razones con las que se quieren cargar, como si fuera la munición de un arma. El diálogo debe ser también convencimiento en todas las direcciones. Hay que convencer a la propia comunidad política, por supuesto; pero también a la internacional, y, ante todo, a quien se siente en nombre de una comunidad más extensa al otro lado de la mesa. No sirve de nada cargarse de razones si no se convence a nadie porque no somos capaces de compartir nuestras razones con el otro.

Dialogar es admitir que el otro tiene intereses y razones de tanto peso como los propios. Es un primer paso antes de ceder. No es el camino de la rendición, sino de la única victoria posible en democracia: la que proporciona una buena transacción en la que ganan todas las partes y nadie sale perdiendo. Convencer es vencer.

Necesariamente debe haber diálogo, y del bueno, del que queremos casi todos. La alternativa es que nos precipitemos de la forma más atolondrada posible contra las rocas sin demora alguna, antes de que las cosas mejoren, que es lo que parecen desear fervientemente y vocean cada vez con mayor insistencia algunos que quieren ignorar u olvidar las severas lecciones que nos ha infligido la historia en los últimos siglos. La de Cataluña, sí.

Chipre no es un país soberano. No lo era antes, aunque quizá no lo sabían los chipriotas. Pero ahora queda claro que no lo es ni puede volver a serlo dentro de la UE. Si quisiera osar, debería recuperar una moneda propia y resignarse a retroceder varias décadas. Ni siquiera así recuperaría la soberanía, porque caería bajo otro paraguas soberano mayor y probablemente peor.

Soberano de verdad lo ha sido solo un poco, apenas o a medias. Habrá sido un sueño fugitivo, poco más de 50 años. Dejó de ser colonia británica en 1960, aunque permanecen las bases militares de Reino Unido, y desde 1974 la República de Chipre no ejerce su poder soberano sobre la mitad norte, ocupada por el ejército turco. Su Parlamento todavía creyó que era soberano cuando rechazó la primera oferta de rescate bancario que presentó su Gobierno a la vuelta de Bruselas. La segunda oferta, que no grava los ahorros inferiores a 100.000 euros, ya no pasó por la votación parlamentaria. Ahora se ha visto que la soberanía era un juego tramposo del presidente Nikos Anastasiadis, que se creyó con fuerzas para enfrentarse a la todopoderosa troika (BCE, UE, FMI) e incluso a la canciller Angela Merkel, que inspira los movimientos desde la sombra del escenario.

Lo que le ha sucedido a Chipre no es original. Les sucede a muchos, en distintos grados y formas. A quienes creen que son soberanos, y todavía más a quienes saben que no lo son, pero sueñan que todavía pueden serlo. A las viejas naciones surgidas de la paz de Westfalia en 1648, a las nuevas fabricadas desde el romanticismo hasta ahora, y a las novísimas imaginadas, todas ellas hechas de una soberanía indivisible, sin tajos ni atajos, y por definición compartida.

La denostada Alemania conocía de antemano la dura lección de humildad soberana que viene proporcionando la nueva geometría de la globalización a los europeos. Había sufrido ya un buen adelanto durante la misma guerra fría, cuando creció dividida y ocupada aunque próspera y europeísta. Siguió con la entrega del marco a cambio del euro sin recibir la contrapartida de la Europa federal unida que exigía. No cabe reprocharle un regreso al soberanismo, sino su escasa iniciativa y entrega a la nueva soberanía europea, falta en la que además casi todos los otros grandes le acompañan.

Lo peor de la soberanía no es que la pierdan las naciones viejas o nuevas, sino que se pierda en la nube desreguladora de la globalización. Soberano es quien se hace responsable de los propios ciudadanos. En derecho humanitario se dan las condiciones para la injerencia cuando un Estado ya no les protege. Se puede vivir con soberanías compartidas, pero no atrapados en la trampa de una irresponsabilidad soberana, sin que nadie, ni los viejos Estados, ni la UE, se haga responsable del bienestar y de los derechos efectivos de los ciudadanos.

Nadie debe tratar mal a su banquero. Es el principio de Hillary Clinton, enunciado a propósito de las relaciones entre Estados Unidos y China, el mayor tenedor de bonos estadounidenses del mundo. El consejero de Economía y Hacienda catalán, Andreu Mas Colell, que pertenece a la misma escuela pragmática que Hillary, definió bien pronto y claro quien era el banquero de Cataluña: el gobierno de España.

No todos han entendido ni atendido el consejo, aunque cada vez sea más evidente que, sin los cheques del banquero Mariano Rajoy, su cliente Artur Mas no podrá pagar facturas y nóminas y Cataluña entrará en la suspensión de pagos y la bancarrota. Durante unos meses, desde el subidón nacionalista del pasado 11 de septiembre, muchos han pretendido olvidar el principio de Hillary, y han actuado como si Rajoy fuera el cliente y no el banquero. También han olvidado que reúne otras potestades nada desdeñables, además de disponer del líquido que necesitan las arcas agostadas de la Generalitat. En sus manos está la negociación con Bruselas sobre el límite en el déficit público en que puede incurrir España, y de carambola sus comunidades autonómicas, Cataluña entre ellas. También está en sus manos la renegociación del sistema de financiación catalán, que tiene vencimiento este mismo 2013. Incluso las escasas inversiones en infraestructuras que vaya hacer el Estado en Cataluña en esta época de vacas flaquísimas que atravesamos depende también de su buena disposición y voluntad.

Rajoy tiene mucha cuerda que soltar en una negociación con Artur Mas y este, en cambio, tiene muy poco que concederle, salvo evitarle dolores de cabeza gratuitos. No es gratuito el dolor que pueda darle a Rajoy con el mantenimiento del pacto de estabilidad parlamentaria firmado entre CiU y ERC, porque es el que le ha permitido seguir en la presidencia catalana sin traicionarse, al menos de momento, ante sus electores, como hubiera sucedido en caso de completar la mayoría con los escaños populares o con los socialistas, a falta de la mayoría parlamentaria extraordinaria que buscó y no encontró con el adelanto electoral provocado por una mala lectura de la realidad catalana. Así es como Artur Mas se encuentra comprometido con la ingrata tarea de tener que hacer dos cosas contradictorias: de una parte, hacerse el simpático para poder seguir gobernando y, de la otra, decirle a Rajoy que todo debe conducir al final a un divorcio por las buenas o por las malas. Quiere a la vez la tarjeta de crédito y la carta de libertad.

Para complicarle las cosas, ahí está su socio republicano, Oriol Junqueras, con cuatro eslóganes tan simples como eficaces. Sin expolio fiscal no habría crisis en Cataluña. Con la independencia, todo quedará solucionado. Solo hay un punto para el diálogo, el momento y forma de la consulta para la independencia. Acompañará a cada recorte una enérgica y sonora culpabilización de Rajoy como responsable de la crisis de las finanzas catalanas. Es evidente la dificultad de convencer al banquero con argumentos tan persuasivos y amables.

Artur Mas es un político y negociador proclive al secretismo y la confusión, tal como acreditó en sus pactos de 2006 con Zapatero sobre el nuevo estatuto catalán, a espaldas de Maragall y de Duran i Lleida. De ahí que encaje bien en su personalidad esta última versión que nos proporciona su último encuentro secreto en la Moncloa, en función de la doble tarea que tiene encomendada. De una parte, dialogar con Rajoy para asegurar que la autonomía funcione; de la otra, mantener imperturbable, al menos en apariencia, el camino hacia la consulta, sumando declaraciones, nombramientos, aprobación de leyes improbables e instalación de consejos patrióticos que desbrocen esta ruta larga e incierta, al ritmo en que Rajoy vaya soltando su cuerda.

Cualquier brusquedad gestual puede desbaratar los equilibrios entre la credulidad de unos y de otros sobre los auténticos propósitos de Mas. Se entiende así el método oscurantista elegido para reanudar el diálogo, que permite a cada quien lanzar la interpretación más a su conveniencia. Rajoy ha cedido o le ha parado los pies y Mas se ha rendido o ha cumplido con su compromiso de dialogar con Rajoy sobre la consulta, a escoger a gusto de cada uno. De momento funciona, gracias a la oscuridad, aunque al final no cabe engaño sobre la naturaleza contradictoria de las dos tareas en las que Mas está comprometido. Si hace una, no puede hacer la otra. Solo la penumbra permite crear la ilusión de que soplar y sorber pueda ser.

Cuanto más oscura la elección, más indispensable la interpretación de los indicios y señales iniciales. Sucede en el Vaticano de Bergoglio y en el Zhongnanhai de Xi Jinping, el recinto oficial de Pekín donde se reúnen los cardenales del imperio rojo que gobiernan China y que aspiran a convertirla en la superpotencia del siglo XXI.

Ni ocho días ha tardado en viajar a Moscú el nuevo presidente de la República Popular, elevado a la máxima magistratura el 14 de marzo por el Congreso Nacional del Pueblo, el parlamento comunista sui generis, en una votación meramente ceremonial en la que recibió 2.952 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones. La capital rusa también lo fue del bloque comunista y en ella se formaron no pocos cuadros del comunismo chino en la época pre revolucionaria y en los primeros años de la República Popular. Mao Zedong, el presidente fundador, rompió virulentamente con Moscú debido a su extremado celo estalinista, que no admitía el viraje revisionista emprendido por Nikita Jruschov en 1956 con la denuncia de los crímenes de Stalin. Y así fue como durante 35 años, desde 1958 hasta 1993, no hubo viaje alguno, ni oficial ni oficioso, del líder chino a Moscú, mientras en cambio se estrechaban cada vez más los lazos con Estados Unidos, tras el exitoso viaje del presidente Nixon y su encuentro con Mao en 1972 y la apertura de plenas relaciones diplomáticas en 1978.

Con el actual viaje al mayor de sus numerosos vecinos terrestres, con el que comparte 4.000 kilómetros de frontera, Xi Jinping quiere consolidar una tradición inaugural. De sus palabras en Moscú, como de las de Vladimir Putin, se deduce el carácter estratégico y privilegiado de la relación que pretenden ambas potencias, en un retorno a la estrecha asociación de hace más de 60 años. El primer líder chino en emprender este camino fue Hu Jintao hace una década, con su viaje también inaugural a Moscú de junio de 2013, en su caso algo más tarde, exactamente tres meses después de su designación presidencial, y en una gira que le llevó también a Kazajstán y Mongolia e inmediatamente después a la cumbre del G8 en Évian (Suiza), donde pudo entrevistarse con una docena de jefes de Estado y Gobierno, el presidente George W. Bush entre otros. Xi Jinping, en cambio, después de su paso por Moscú, ha ido de gira por África, donde el maoísmo ya tenía sus caladeros revolucionarios, con estaciones en Tanzania, Suráfrica y República del Congo, y su participación ayer y anteayer en Durban en la cumbre de los cinco países emergentes del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica). El invento de esta tradición diplomática tiene un claro significado geoestratégico. La comparación de ambas giras pone de relieve la actual prioridad de África y del ancho mundo en comparación con la más próxima y estrecha del entorno inmediato de Asia Central hace diez años. En 2003 China todavía percibía la arquitectura internacional a la que se estaba incorporando, con el G8 en su centro, como una construcción ajena y extraña, en la que apenas sabía moverse. Hoy en cambio da enérgicos pasos para construir su propia geometría alrededor de los cinco brics, de cuya coherencia y capacidad de consolidación como grupo apenas nada cabe decir. Aunque aparentemente haya empezado algo similar a una institucionalización con el proyecto de un banco de desarrollo propio, el interés de Pekín es ante todo instrumental, pues reúne a sus dos principales socios terrestres, India y Rusia, con los que conforma un apabullante bloque demográfico, económico y territorial euroasiático, y a los dos países líderes de América Latina (Brasil) y de África (Suráfrica), en una agrupación que dibuja por exclusión la alianza occidental entre EE UU y la Unión Europea, y, naturalmente Japón, el más excluido, pues reúne la doble condición de potencia económica y comercial asiática y rival histórico y adversario en las disputas sobre aguas e islotes en los mares adyacentes.

Xi Jinping es un príncipe de la aristocracia fundadora de la República Popular, una casta comunista que ha salido reforzada en la última sucesión en la cúpula del partido y del Estado. A diferencia de Hu Jintao, Xi ha tomado de una vez las riendas del poder ideológico, estatal e incluso militar, sin compartirlo en un tiempo de transición con la generación precedente como venía sucediendo en anteriores relevos. Algunos expertos en política china, como François Godement, del European Council on Foreign Relations, han captado una recuperación del liderazgo personal y una centralidad del Partido muy acordes con una inspiración maoísta. En buena correspondencia, su política internacional deberá ser más dura y nacionalista, aunque adornada por un renovado despliegue de soft power o poder blando no únicamente económico, sino en forma de presencia cultural, de políticas de becas y de intercambios con Africa o de un estilo presidencial más cálido e incluso glamuroso, en el que se incluye por primera vez un papel para la primera dama Peng Liyuan en las giras oficiales.

No hay disparo sin retroceso. La violencia puede terminar con la vida de quien la sufre, pero siempre modifica a quien la ejerce. También queda herida la mano que golpea. La guerra de Irak, como todas las guerras, ha cambiado a Estados Unidos. Y a cada uno de los aliados que participaron en aquella aventura, incluidos los más pequeños. Todo eso es parte de una muy vieja sabiduría, no siempre atendida, que aconseja mucha prudencia antes de tomar las armas, sobre todo si se trata de iniciar las hostilidades, de disparar primero, aun cuando sea con la excusa de evitar que dispare el otro.

Hace una década, cuando empezó la guerra, quien quiso saberlo ya lo sabía. Las armas de destrucción masiva eran una leyenda fabricada por quienes habían decidido de antemano terminar con Sadam Husein, ocupar Irak, transformar de arriba abajo Oriente Próximo y, ante todo, dar una soberbia lección a quienes habían osado atacar a Estados Unidos el 11-S o simpatizaron con el terrorismo. Los bombardeos sobre Afganistán en 2011 y 2012 fueron solo un aperitivo: en la noche de la conmoción y del pavor sobre Bagdad (shock and awe) anunciada por Bush se sintetiza la respuesta jupiterina de la superpotencia ofendida y airada.

Una vez ya estuvo en marcha, apenas importaron los motivos de la guerra preventiva y pudieron salir a la luz las enormes ventajas materiales que iban a obtenerse: el petróleo, el alivio para Israel, los negocios que iban a hacer los amigos (España entre ellos, según Jeb Bush). A diez años vista, podemos echar las cuentas de aquel cuento de la lechera: en pocas ocasiones una superpotencia se ha infligido a sí misma una derrota tan severa, en costes económicos y humanos, pero sobre todo en retroceso geopolítico en toda la región y en el mundo en el preciso momento del ascenso de los países emergentes, con China a la cabeza.

Con la guerra de Irak, José María Aznar rompió definitivamente el consenso en política exterior, identificado con un locoide ensueño de grandeza. Recordemos algunas de sus frases de justificación posterior: ?España está por fin donde tiene que estar, con las dos democracias más importantes, y se reconcilia con su naturaleza atlántica?; ?España estuvo en las Azores porque no pudo participar en el desembarco de Normandía, que es donde debíamos haber estado?; ?España asume sus responsabilidades, defiende unos valores universales como son la libertad, la democracia y el respeto a la ley, y cumple la que debe ser la ambición de todos los españoles: estar entre los grandes países del mundo?. Es evidente que la crisis actual, política y moral además de económica, es hija también del efecto de retroceso que produjo aquel disparo de Aznar tan desafortunado y del que debe todavía una explicación en forma a los españoles.

El viaje de Obama a Israel sella un estrepitoso fracaso y pretende anunciar un nuevo comienzo. El fracaso es el que ha cosechado Obama en su primer mandato, cuando situó la paz entre israelíes y palestinos entre sus prioridades internacionales con el resultado que conocemos. El nuevo comienzo es el que quiere iniciar ahora, "dirigiéndose directamente al pueblo israelí", según palabras de Ben Rhodes, el asesor y speechwriter presidencial que saltó a la fama por el discurso de El Cairo de 2009, dirigido a los árabes. Rhodes considera que hasta ahora los procesos de paz se producían entre Israel y dirigentes autocráticos, mientras que ahora están apareciendo gobiernos más representativos y responsables que obligarán a "tomar en cuenta a las opiniones públicas si se quiere progresar en el proceso de paz".

Hubo fracaso porque fueron enormes las expectativas y la inversión de medios y esfuerzos. A diferencia de sus dos predecesores, Obama quiso dedicar sus energías desde el primer día a la creación de los dos Estados en paz y seguridad, tal como había establecido la Hoja de Ruta legada por George Bush, en la que se detallaban las fases para alcanzar el final del conflicto en 2005. Contó con equipos diplomáticos que incluían su secretaria de Estado Hillary Clinton y a un enviado especial con un historial de éxito en Irlanda como Georges Mitchell. Dedicó discursos y viajes en una ofensiva diplomática para neutralizar la mala imagen de Estados Unidos. Se dio mucha prisa para obtener resultados, antes de las elecciones de mitad de mandato, casi siempre un castigo para la mayoría presidencial, pero la velocidad le condujo al menos a dos errores: eludió Israel y Jerusalén en su diplomacia viajera y se entregó a la Autoridad Palestina con sus razonables exigencias a Netanyahu respecto a la congelación de los asentamientos como condición previa a cualquier negociación. Al final, el resultado fue el peor de todos: el proceso de paz quedó hecho trizas, nadie cree en la fórmula de los dos Estados y la Casa Blanca se vio obligada a actuar como siempre con su veto en el Consejo de Seguridad cuando Palestina presentó su candidatura para ingresar como Estado miembro en Naciones Unidas.

Todos los presidentes estadounidenses han invertido enormes e infructuosas energías en resolver el rompecabezas de Oriente Próximo. Lo característico de Obama es que lo ha hecho ya en su primer mandato y no está claro que le queden fuerzas para intentar un sprint final en el segundo como hicieron Clinton y Bush hijo en los dos últimos años, cuando ya no hay hipotecas electorales para un presidente que no puede volver a presentarse. Lo menos a que puede aspirar ahora es a recomponer en algo los desperfectos e intentar ese nuevo comienzo que Rhodes insinúa, para evitar que EE UU siga perdiendo fuelle en la región. Ayer se cumplieron diez años del comienzo de la desgraciada invasión de Irak, que además de derrocar a Sadam Husein fue lo más parecido a un castigo geopolítico que EE UU se infligió a sí mismo. La ofensiva diplomática hacia Oriente Próximo de Obama, en la que se incluía la paz entre árabes e israelíes, pretendía amortiguar y corregir los errores de Bush, pero no ha hecho más que profundizarlos. El incumplimiento del cierre de Guantánamo y la política de asesinatos selectivos mediante drones han venido a complementar el desengaño con Obama de un mundo árabe y musulmán reactivado por las primaveras democráticas y la llegada al poder del islamismo político en algunos países. Una de las ironías de su primer mandato, según Martin Indyk, Kenneth Lieberthal y Michael O'Hanlon (Bending History. Barack Obama's Foreign Policy, Brookings) "es que lo único que no le parecía interesar, como era promover el cambio democrático en Oriente Próximo, fue lo que ocurrió en realidad bajo sus ojos". Obama quiso enmendar y romper con Bush en política exterior, pero solo ha conseguido intensificar y en algún caso mejorar la tendencia, técnicamente al menos, siempre dentro del mismo surco: eso son los drones en relación a la guerra de Irak. Su popularidad en los países árabes y musulmanes está por los suelos, como antes. Y para colmo, tampoco se le considera de fiar en Israel. Entre sus compatriotas, que simpatizan con Israel respecto a Palestina en una proporción de casi siete a uno, son más (17 por ciento) los que creen que presiona demasiado a los israelíes que los que piensan lo mismo respecto a los palestinos (9 por ciento), mientras que un 69 por ciento prefiere que deje la cuestión de la paz en manos de quienes se pelean y no se inmiscuya (encuesta ABC/Washington Post). Su actual viaje a Israel y Jordania, con parada en Ramala y Belén, es para demostrar, en sentido exactamente contrario a su opinión pública, que EE UU no puede girar hacia Asia y olvidarse de Oriente Próximo en muchos años, al menos mientras tenga una tan larga y pesada lista de conflictos en marcha, que amenazan si no directamente su seguridad sí al menos la de sus aliados.

A favor de un referéndum o consulta pero en contra de la independencia. Esta es la posición de Victoria Camps, catedrática de Ética de la Universidad de Barcelona, entrevistada por Carles Capdevila, director del diario Ara este pasado sábado. Como Pere Navarro, Martín Rodríguez Sol o Francisco Rubio Llorente ("el único jurista de prestigio español que dice que es posible, dentro de la Constitución actual, permitir que Cataluña haga un referéndum"), Camps piensa que hay que buscar una salida para que se exprese la voluntad de los catalanes sobre el futuro de sus relaciones con España. No ofrece dudas su posición contra la independencia: es anacrónica y propia de un pensamiento decimonónico, algo que no le impide manifestarse a favor de considerar la opinión de los ciudadanos, la premisa para que una unión federal sea libre.

Felipe González quiere que también se le consulte: la libertad sobre el mantenimiento de la unión deben ejercerla todos los ciudadanos españoles. Aceptemos la idea de Camps de que no se trata del derecho a decidir, un eufemismo sin correspondencia legal. Aceptemos la bien fundada reserva sobre la validez para Cataluña de un derecho de autodeterminación que Naciones Unidas reserva solo para territorios coloniales. Aceptemos que no somos ni queremos ser Kosovo, por más que se empeñen el diario Abc y Soraya Sáenz de Santamaría. ¿Alguien puede impedir a los catalanes que a partir de ahora expresen sus preferencias una y otra vez, con el voto a partidos independentistas en las elecciones y la expresión de sus preferencias por esta opción en las consultas informales del tipo que sea, encuestas incluidas, a las que se les convoque? Incluso en un hipotético referéndum en el que voten todos los españoles, ¿será posible desatender la lectura regionalizada de los resultados, por más que arrojen una voluntad diametralmente contraria respecto al resto de España?

La democracia es, entre otras cosas, un sistema de gobierno que parte del consentimiento de los gobernados. ¿Durante cuánto tiempo puede gobernarse España sin el consentimiento mayoritario de la población catalana? No hace falta hacer consulta alguna para darse cuenta de que más pronto que tarde lo que hay que hacer es sentarse a dialogar en vez de seguir alimentando el divorcio con amenazas y reproches de un lado y de otro. Camps, Navarro, Rubio Llorente y Martínez Sol quieren buscar la más pequeña rendija que pueda ofrecer el sistema constitucional español para ofrecer una salida legal a la necesidad de expresión de la voluntad catalana sobre el futuro. Y no por el derecho a decidir, sino por algo más serio: el principio democrático. Rajoy, Gallardón, Torres Dulce y Sánchez Camacho quieren taponar cualquier rendija legal que permita expresar la voluntad de los catalanes. Se supone que desde la buena fe unionista, pero alimentando directamente el secesionismo, como lo alimentó el recurso del PP contra el Estatuto y luego los magistrados del Consitucional con su voto a favor de la sentencia. La única forma de defender la federación en el siglo XXI y en Europa es obtener las condiciones para dilucidar la cuestión en libertad. Y solo hay un camino para hacerlo: abrir un diálogo entre los dos gobiernos, tal como han pedido y votado los socialistas catalanes en Madrid y en Barcelona. No es lo mismo que propugnar una declaración unilateral de independencia, o incluso y como paso previo una igualmente unilateral declaración de soberanía, pues no sirven a la libertad ni tampoco impugnan efectivamente la actual forma de unión: nadie va a hacer caso y mucho menos reconocer en España, en Europa y en la comunidad internacional, una soberanía y una independencia proclamadas unilateralmente y fuera de la ley.

Las ventajas del diálogo son obvias, pues permite regresar al punto de partida, antes de que todo empezara a descomponerse, incluyendo la negociación fiscal inicialmente descartada. Solo con sentarse a hablar se abre de nuevo la agenda y se ofrece una nueva oportunidad al federalismo, que podrá ganar posiciones ante la opinión pública. Por eso el independentismo más febril quiere limitar el diálogo a la estricta negociación de la consulta sobre la independencia y lo exige cuanto antes, para recibir así el anhelado portazo en las narices, mientras está todavía abierta la ventana de oportunidad que ofrece la crisis.

La mayor ambición debe revestirse con los ropajes del total desprendimiento. El programa, las alianzas, los argumentos, la propaganda, deben ir más allá de la discreción hasta alcanzar el silencio absoluto. Solo caben la piedad y la fe. El funcionamiento de los mecanismos del poder y de las complejas escaleras que conducen a la cima pertenece a una gramática universal, pero en ningún otro lugar se dan con tanta pureza, tanta resolución y también tanto silencio. Solo llega quien convence al mundo de que ha renunciado a todo y ha matado hasta la última bacteria de vanidad en su interior.

Hay campañas electorales, hay el equivalente a las primarias en los partidos, incluso hay algo similar al supermartes de las elecciones estadounidenses, según han señalado los periodistas encargados de informar sobre el acceso a ese poder espiritual, que es tan puro y perenne como terrestre y tangible. Pero siempre se dan en forma de señales débiles, guiños apenas interpretables, sobrentendidos que solo una larga experiencia permite descodificar rápidamente.

El tiempo tiene una función indispensable en la decantación de las ambiciones y en su realización. No pasa en vano y los príncipes aspirantes lo tienen tasado, primero por su edad avanzada, y luego por la jubilación obligatoria impuesta en tiempos recientes. Pero la envergadura del cetro universal al que se aspira también exige unas ansias de poder de largo y profundo vuelo y una disposición al sacrificio y a la renuncia como único camino para alcanzar la más alta recompensa. Hay que saber apostar desde muy joven y aguantar la espera en una ascesis para muchos insoportable: son los que van cayendo por el camino, incapaces de resguardar sus pasiones de la vista de los otros.

La fortuna juega sus cartas. El monarca muere o renuncia inesperadamente, abriendo el camino a los príncipes aspirantes que hayan sabido mantenerse preparados y sepan leer los signos del tiempo. Es el lenguaje funcional del maquiavelismo, que se da aquí como en todas partes, pero queda públicamente anulado y encapsulado en el fuero más interno, donde la ambición debe llegar al grado cero antes de investir los ropajes blancos del poder infalible y máximo. Ahí está el secreto litúrgico para echar una mano: esos hombres se comportarán como tales en sus peleas por alcanzar la magistratura máxima, no hay otra forma de hacerlo, pero deberán acomodar sus manejos y tratos a la exigencia ceremonial de una opacidad sin fisuras, encerrados a cal y canto.

Ningún imperio ha conseguido ni siquiera emular esa escenografía soberbia de la sucesión en el poder. Ni en su solemne pompa litúrgica, ni en su oscurantismo, ni en la emoción popular de romanos y peregrinos agolpados en la plaza de San Pedro. Será quizás porque responde a la paradoja de que en el espíritu eclesial el poder se despliega a la vez como cero y como absoluto.