Lluís Bassets

No hay vencedores. Lo ha dicho el presidente Obama, de quien se sabe que es un muy buen analista político, aunque todavía no haya conseguido convencernos de que sea tan bueno como presidente. Y es verdad: todos son perdedores.

El primero de todos, el Partido Republicano. Ha demostrado que no es un partido de Gobierno y que tiene escasas aspiraciones de volver a serlo. Quema a su gente y dilapida su capital político gracias a los extremistas que se han apoderado del partido. Pero ellos tampoco son los vencedores: los chantajistas dejan de serlo en cuanto nadie accede a someterse al chantaje. Les ha doblado el brazo Barack Obama, que no ha cedido ni un milímetro a sus exigencias.

Les ha vencido, pero no es un vencedor. Su gran victoria es haber evitado la catástrofe. No es poco, pero sigue siendo insuficiente. Obama es el gran perdedor de esta historia y desde hace tiempo. Su segundo mandato presidencial se ha convertido en un calvario más penoso que el primero. Si en sus primeros cuatro años consiguió decepcionar a casi todos por los pobres efectos de sus promesas electorales, en el segundo ha sembrado la alarma por los métodos de espionaje universal que practican sus agencias de inteligencia y los expeditivos sistemas de neutralización del peligro terrorista en todo el planeta que utilizan sus militares y espías. El club de los perdedores tiene a Obama de presidente, aunque no sea el más perdedor de todos, pero sí el más destacado y más responsable. Esta es una crisis optativa, con mecanismo de repetición incluido: tuvimos el abismo fiscal al empezar el año; ahora, el doble pulso del bloqueo presupuestario y de la amenaza sobre el techo de deuda, y a partir de hoy, el horizonte de una nueva crisis para principios de año. Este tipo de crisis, decididas por mentes obstinadas en órdagos, líneas rojas, desafíos y choques de trenes, tienen un retroceso más complejo porque en ellas se juegan la carrera y ven empeñada su palabra quienes las desencadenan, esos políticos que fabrican problemas en vez de resolverlos. Si fueran solo ellos quienes perdieran, por grande que fuera la pérdida, los ciudadanos podríamos quedarnos tan anchos.

Pero no: el mayor perdedor de esta crisis es la superpotencia americana. Es inconmensurable la contribución republicana a su declive, primero metiéndole en dos guerras sin salida y ahora situándola a dos horas de una suspensión de pagos que ha minado su prestigio y su autoridad. Seguro que alegra a quienes desconfían de principio y abominan de la democracia representativa, como son los dirigentes de Moscú y Pekín. Pero en cuanto a los otros, los europeos principalmente, para nada debieran alegrarnos tales debilidades de Washington, porque también son las nuestras y porque sus efectos repercuten obligatoriamente en nuestras economías.

Ha llegado la hora de Irán. Los primeros signos del deshielo se notaron en Nueva York, con motivo del viaje del nuevo presidente Hasan Rohaní para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas. Pero los primeros pasos acaban de darse en Ginebra, donde su ministro de Exteriores, Mohamed Zarif ha presentado una primera agenda de negociación sólida y creíble.

Irán quiere jugar en la escena internacional. Su demografía, su historia, su peso económico y geopolítico, conducen a los dirigentes del país persa a una reflexión melancólica sobre el limitado lugar que ocupan ahora en el mundo. Justo cuando muchos países emergen desde el subdesarrollo con vocación de protagonismo global, la República Islámica de Irán no levanta cabeza debido a sus más de tres décadas de enemistad con Estados Unidos y, sobre todo, a las sanciones que están golpeando a su economía como castigo a su programa de enriquecimiento de uranio.

Como sucedió con la Unión Soviética en tiempos de Gorbachev o con China tras la muerte de Mao Zedong, hay en Irán un impulso reformista que viene de muy adentro y que es capaz de encontrar adhesiones incluso en el corazón ideológico del régimen en la medida en que se consiga modernizar el país sin renunciar a los principios e incluso la estructura del poder islámico. Su explicación tiene que ver meramente con los reflejos de supervivencia, estimulados por el estado pésimo de la economía. El ayatolá Jamenei ha sabido encontrar la fórmula para esta apertura hacia occidente. Inspirándose en la tradición del chiismo duodecimano, ha señalado la idea de flexibilidad heroica, que es la que corresponde a las concesiones tácticas que hacen los luchadores ante el adversario para sacar ventajas estratégicas. Cada momento exige su virtud para el intérprete máximo de la ley islámica. Hasan, nieto de Mahoma y segundo de los doce imanes sagrados del chiismo, que hizo la paz con el califa omeya, es quien ejemplifica la virtud chiíta que deberá desarrollar el actual presidente Hasan Rohaní. Al igual que su hermano, el tercer imán y mártir venerado del chiismo, Husain, ejemplifica la resistencia heroica que caracterizó la presidencia anterior de Mahmud Ahmadinejad.

El actual deshielo, además del anhelo interno de normalización, surge de un doble éxito: el de Teherán con su programa de enriquecimiento de uranio, y el de Washington y Naciones Unidas con el severo régimen de sanciones económicas impuestas precisamente como castigo por el proyecto nuclear. El régimen iraní ha conseguido con sus progresos en la fabricación de uranio el nivel de invulnerabilidad que Sadam Husein nunca tuvo a su alcance; y las sanciones han hecho visible al régimen que otra vida era posible y deseable incluso para su estabilidad y su futuro.

El resultado es que Teherán esta vez no juega de farol. Sus nuevos dirigentes quieren resultados y pronto. Están dispuestos a hacer concesiones sustanciales, pero necesitan contrapartidas económicas inmediatas que repercutan en la población. El equipo negociador ha dado todas las señales de que la flexibilidad heroica es ya efectiva por su parte. A cambio, quieren obtener para su país las ventajas de la globalización económica, su reconocimiento como potencia regional y una industria nuclear civil del nivel que les corresponde. Como es natural, debe desaparecer del horizonte la idea de un cambio de régimen propugnada con frecuencia desde occidente.

Una vez mostrada la carta iraní, la mano dificil en esta partida corresponde a la Casa Blanca, que deberá contar con la opinión hostil de sus aliados y amigos. En primer lugar, Benjamin Netanyahu, que no hace diferencias entre Rohaní y Ahmandinejad y solo confiará en la paralización total del programa nuclear. Luego, un grupo de nueve senadores demócratas y republicanos que han escrito a Obama con la generosa oferta de poner fin al enriquecimiento de uranio a cambio de no imponer más sanciones: su propuesta nos advierte de las dificultades que tendrá la Casa Blanca para que las levante el Congreso. En tercer lugar, Arabia Saudí, monarquía hostil por definición a alterar el estatus quo y temerosa de una apertura persa que convierta al enemigo chiita en un socio estratégico de Estados Unidos, como ha sucedido con China después de Deng Xiaoping. Todos ellos prefieren mantener las sanciones y no retirar las amenazas de represalias armadas. Es decir, que las negociaciones de Ginebra naufraguen. Ahora será Obama y no Ronahí quien deberá dar muestras de la flexibilidad heroica demandada por el ayatola Jamenei.

Vaya sorpresa se ha llevado Tata Martino. No sabía que aquí iba a encontrarse con el periodismo de camiseta, la modalidad que arrasa entre reporteros y cronistas deportivos y a la que muy pocos son capaces de sustraerse. O eres del Barça o eres del Madrid. Y todo lo que escribas, preguntes o comentes contará para la victoria de tu equipo y la derrota del contrario.

El periodismo de camiseta va más allá del periodismo de club o de filiación, porque ya no se somete a los intereses, como a veces sucede en este oficio, sino abiertamente a los propios sentimientos e ideas, y por eso es un periodismo de excepción. Lo que vale para el conjunto del oficio, en cuando a neutralidad, valores éticos o reglas de comprobación, queda en suspenso en cuanto entramos en esta región periodística tan peculiar y tan hispánica. En el fútbol, cada detalle cuenta para la victoria y, al final, lo único que cuenta es la victoria. De forma que no hay que desperdiciar energías a la hora de conceder méritos o puntos al adversario. Cualquier cosa puede influir en una futura victoria del equipo del periodista de camiseta. Así que pocas bromas.

Tata lleva poco tiempo aquí y no sabe que este tipo de periodismo está muy arraigado y tiene mucha historia. Hay, por supuesto, excelentes profesionales que cumplen estrictamente con las normas de ecuanimidad y equilibrio reclamadas por el periodismo más exigente. Los que tengo más cerca y a los que más sigo lo son, sin duda alguna. Pero el grueso del periodismo deportivo, empezando por la prensa especializada, es descaradamente de camiseta. Tata Martino es un rosarino perspicaz que ha descubierto en poco tiempo uno de los secretos de nuestra vida colectiva. Los secretos, ya se sabe, están tan expuestos ante nuestras narices que ya no somos capaces de verlos. Y esto es lo que nos pasa con el periodismo de camiseta, al que observamos, todavía, con una ingenua conformación originada quizás por una muy antigua politización del fútbol. Nos acostumbramos a que la política influyera en el fútbol gracias a que el Barça era el instrumento de identificación y de integración del que carecía Cataluña durante la dictadura de Franco.

La curiosidad de la época en que nos hemos ido adentrando nos la trae la futbolización de la política gracias al poderío y a la influencia del periodismo de camiseta. El oficio ha registrado períodos en los que han sido los periodistas políticos los de mayor influencia, en otros han sido los económicos, y en otros más los diseñadores, los fotógrafos o los digitales los que se sitúan en la cima de la hegemonía profesional y de la notoriedad pública. Ahora el que manda es el periodismo de camiseta. El fútbol es un juego de suma cero que además premia la polarización. Si yo gano los tres puntos, tú los pierdes; pero en caso de empate, nos vemos castigados los dos y nos quedamos con un punto cada uno. Traducido a la política, es un juego que radicaliza y premia a los extremos e interpreta la realidad en términos binarios y opuestos: o amigo o enemigo, nada de terceras vías.

El periodista de camiseta, en cuanto le colocan al frente de un informativo o de una tertulia, trata la actualidad política como si fuera la liga de fútbol. Cuenta con que hay solo dos actores en esta cancha, el Barça y el Madrid, y pelea por la pelota ante el micrófono, la cámara o el ordenador con tanto ahínco como lo hacen los jugadores detrás del balón. No perdona ni una.

La politización del fútbol permitía concentrar los malos humores y el sectarismo en el partido del domingo y mantener para el resto de la semana una actitud civilizada y amistosa con los conciudadanos del otro equipo. Todo lo contrario de lo que sucede cuando el fútbol se proyecta sobre la política y debajo de la camiseta del club aparece otra camiseta de inconfundible reivindicación política. El periodismo deportivo ha resistido al periodismo de camiseta, pero tengo dudas de que la política se salve a estas alturas de los embates del periodismo de camiseta, dedicado desde primeras horas de la mañana a jalear sin vergüenza alguna al partido ideológico al que pertenece.

La izquierda copia a la derecha en economía. La derecha a la izquierda en divisiones y falta de liderazgos. Ambas copian a la extrema derecha en sus guiños contra Europa y contra la inmigración. Y ahí está el resultado: la extrema derecha gana unas elecciones parciales y se sitúa por primera vez en cabeza de los sondeos, concretamente para las elecciones europeas. Esto sucede en Francia, pero de forma menos escandalosa está sucediendo en todas partes.

La fórmula que funciona es la suma de tres factores: nacionalismo, rechazo del extranjero, abominación del establishment político. Quien la ha encontrado en Francia es el Frente Nacional, el partido tradicional de la ultraderecha, pero en otros países quienes declinan estos temas, todos juntos o de forma parcial, son una multitud de alternativas políticas, a veces perfectamente honorables, que prosperan en sondeos y elecciones cabalgando en la antipolítica y a costa de los partidos y de las ideologías tradicionales.

Incluso los más puros como los grillini del italiano Movimiento Cinco Estrellas se hallan bajo los efectos magnéticos de las ideas que vienen, a veces camufladas, de las fuentes emponzoñadas del extremismo. Su jefe, el cómico Beppe Grillo, está a favor de mantener el delito de inmigración ilegal que impusieron Bossi y Berlusconi y ha confesado en su blog que escondió sus ideas para poder pescar votos de todos lados.

No estamos ante un movimiento pendular, sino un mar de fondo que viene de lejos, tan lejos como las ideas del Frente Nacional, que ha sabido convertirlas en respetables y en alternativa creíble. Así es como podemos prepararnos para encontrarnos con un Parlamento Europeo en el que tendrán un peso enorme los eurodiputados antieuropeos, xenófobos y chauvinistas, en un momento especialmente delicado para la UE, cuando estamos a punto de realizar la unión bancaria y nos enfrentamos a retos como el de la inmigración, tan cruelmente planteado por la tragedia en la costa de Lampedusa.

Las elecciones europeas no suelen movilizar a los electores, que nos las tomamos como si fueran un voto gratis, una especie de salva de advertencia especialmente útil para castigar a quienes gobiernan. Es una visión errónea, sobre todo después del Tratado de Lisboa, que ha incrementado los poderes del Europarlamento y le ha proporcionado mejores palancas de acción e influencia frente a la Comisión y al Consejo.

De los electores europeos depende ahora que el próximo mes de mayo situemos a una fuerza populista antieuropea en el corazón representativo de la Unión Europea. Además de trabajar legislativamente contra Europa, esos diputados representan exactamente los valores más contrapuestos a la unión de los europeos: las fronteras, los enfrentamientos entre nacionalismos y, sobre todo, la exclusión del extranjero. Son el partido de la Antieuropa.

El manual nos dice que hay que distinguir entre las reglas de juego, aceptadas por todos y a todos por igual aplicables, y luego el juego mismo. La experiencia nos indica luego que la realidad es exactamente al revés: el juego incluye el combate por modificar la regla a conveniencia de cada parte. De ahí la dificultad del consenso democrático y la necesidad de que existan árbitros con autoridad, los tribunales constitucionales, para desempatar unas partidas en las que constantemente se cuestiona el reglamento que sirve para jugarlas.

Un buen ejemplo nos lo ofrece estos días la democracia más antigua y sólida del mundo, que, sin duda, es la de los Estados Unidos de América. El partido republicano, con mayoría en la Cámara de Representantes, está boicoteando la aprobación de los presupuestos y se dispone a bloquear la autorización de endeudamiento al Tesoro, a menos que el presidente acceda a derogar, o al menos aplazar, la aplicación de la legislación conocida como Obamacare por la que los ciudadanos sin cobertura médica contarán con ayudas e incentivos de la administración para acceder a un seguro médico a precios razonables.

La legislación conocida como Obamacare fue aprobada por el Congreso en 2010, cuando ambas cámaras contaban con mayoría demócrata, durante la primera presidencia de Barack Obama. Fue refrendada con la relección del presidente que había convertido la reforma sanitaria en la cuestión central de su programa hasta asociarla a su nombre. Y finalmente, ratificada en su constitucionalidad por el Tribunal Supremo. Desde el primero de octubre los ciudadanos están ya contratando masivamente pólizas para ellos y para sus familias a través de portales de internet, en una operación de gran complejidad y trascendencia para la asistencia sanitaria que van a recibir en el futuro. Si todo funciona al actual ritmo, la actual y enorme bolsa de ciudadanos sin cobertura médica pronto habrá quedado enormemente reducida y EE UU empezará a ser un país distinto y más parecido en cuanto a sistema de salud a los europeos.

Esto sería así si no fuera por la facción más extremista e insurreccional del partido republicano, conocida como Tea Party, con potentes palancas entre los congresistas, que rechaza cualquier acuerdo presupuestario o sobre endeudamiento que sirva para financiar la reforma sanitaria ya en marcha. Así es como mantiene secuestrado al Congreso hasta amenazar con la suspensión de pagos de EE UU para dentro de una semana. Su objetivo es, de momento, frenar el ritmo de contratación de seguros médicos, algo que se produciría sin lugar a dudas en caso de que la Casa Blanca cediera a su chantaje y ofreciera un aplazamiento en la aplicación de la reforma; y, a la larga, hundir la entera reforma sanitaria y conseguir así, por medios espurios, lo que no alcanzaron por el funcionamiento legal y regular de las instituciones democráticas.

Este es el núcleo de la pelea, que la derecha extrema republicana quiere identificar con la defensa de unos valores y un modelo de sociedad ultraliberal e individualista, opuesta al socialismo, al intervencionismo del Estado e incluso al aborto y a la eutanasia, conceptos todos ellos que los republicanos lunáticos estilo Sarah Palin asocian con la cobertura sanitaria universal. Para librarla, no cuenta tan solo con la mayoría en el Congreso y la minoría de bloqueo republicana en el Senado, sino con los medios y el dinero que le proporcionan los grupos de presión y los millonarios extremistas, dispuestos a cualquier cosa con tal de hacer fracasar a Obama y a los demócratas.

Anne Appelbaum, brillante autora de una historia de la guerra fría (El Telón de Acero. El aplastamiento de Europa oriental, 1945-56), ha contado mejor que nadie este secuestro en una columna en The Washington Post, titulada "El Partido republicano pone en peligro la democracia". "En una democracia que funcione ?escribe? no importa lo que piensa la mayoría en un momento determinado. Lo que importa es lo que deciden las instituciones legítimas, representativas y legales".

La técnica utilizada por el Tea Party constituye una perversión del sistema parlamentario, convertido en obstaculización de la política en vez de instrumento de acción política. Ya que no puede dominar al ejecutivo ni legislar, se dedica a evitar que el presidente gobierne y que el Congreso legisle. Es el secuestro de la democracia, la mayor y más tramposa de las modificaciones de la regla de juego que pueda hacerse, cuya acción destructiva podría extenderse más allá incluso del daño institucional que pueda hacer a EE UU. Una suspensión de pagos de los bonos dañaría a la economía estadounidense y probablemente también a la europea, además de remachar el desprestigio de la superpotencia y de su presidente en un momento de dudas y de declive en su liderazgo internacional.

No eran emigrantes. Eran fugitivos. No huían solo de la pobreza y de la falta de horizontes vitales. Lo que les hizo correr y salir a toda prisa de sus países es la muerte, por el hambre o por la guerra. No venían del Magreb decepcionado por el fracaso de las revueltas árabes, asolado por el paro juvenil y machacado por el rigorismo islamista. Llegaban directamente de Eritrea y de Somalia, dos Estados fallidos, países en trance de muerte donde ya no es posible seguir viviendo. Doscientos de ellos fueron a naufragar y a morir ahogados en la costa europea más cercana a la pequeña isla italiana de Lampedusa, donde el papa Bergoglio había pronunciado cuatro meses antes sus palabras exactas sobre la ?globalización de la indiferencia?.

Estas desgracias son el pan de cada día en un mundo desgobernado donde funciona la subsidiariedad irresponsable: que cada uno se apañe con sus problemas aunque el origen de los problemas sea responsabilidad de todos. Así se gobierna la globalización, con la indiferencia ante el destino de unas poblaciones dejadas de la mano de Dios. Así hemos abandonado entre unos y otros a países como Eritrea y Somalia, que solo interesan cuando se trata de combatir la piratería y garantizar la seguridad de nuestro tráfico marítimo, nuestros suministros energéticos o nuestra pesca.

El principio de subsidiariedad que rige en las relaciones entre los distintos niveles de Gobierno, desde el más pequeño municipio hasta el de mayor rango, como son las instituciones de la Unión Europea, exige que las decisiones se tomen y se apliquen donde sea más acorde a las necesidades de los ciudadanos. Pero la inversión y la perversión de esas reglas de buen gobierno está induciendo a que cada nivel de Gobierno, suficientemente ocupado en lo suyo, se desentienda o no ponga medios suficientes para resolver las dificultades que tienen los otros niveles. Y así está sucediendo con la inmigración que llega a Europa.

Lampedusa se está convirtiendo en un inmenso cementerio con los centenares de tumbas anónimas que acogen los cuerpos de náufragos ahogados frente a sus costas. ?¿Cuán grande tiene que ser el cementerio de mi isla??, ha clamado Giusi Nicolini, la alcaldesa de la isla, dirigiéndose a las autoridades europeas. ?Venga a contar cadáveres conmigo?, le ha dicho a su primer ministro, Enrico Letta. Al final, Lampedusa se siente sola y desasistida por Italia, y a Italia le pasa lo mismo respecto a la Unión Europea y a los países de la Europa del norte. Los jóvenes en paro, los ancianos desasistidos y los inmigrantes sin papeles son las principales víctimas de esa subsidiariedad irresponsable que rige en nuestro mundo ingobernado, gracias a esa globalización de la indiferencia tan bien descrita por Bergoglio. Y su emblema es la isla de Lampedusa, donde también naufragan los valores europeos. 

Los míos son derechos individuales, reconocidos y protegidos en la Constitución; los tuyos, colectivos, inexistentes y sin protección alguna. Eso dicen de forma implícita a los catalanoparlantes los seis magistrados del Tribunal Constitucional que han rechazado la obligatoriedad de conocer la lengua catalana para quienes accedan a la función pública en Baleares, donde son oficiales las dos lenguas. Admiten que el conocimiento del catalán sea un mérito, pero en ningún caso una obligación para los funcionarios.

Los derechos individuales del conjunto de los funcionarios españoles que desconocen la lengua catalana, cooficial en tres comunidades autónomas y hablada en una cuarta, quedan así perfectamente preservados. El Constitucional no defiende ni le preocupan, en cambio, los derechos individuales de los ciudadanos catalanoparlantes de Baleares, a pesar de que la Constitución permitiría de forma natural y sin ningún tipo de pie forzado la exacta equiparación entre los derechos lingüísticos de unos y de otros.

Recordemos que en su artículo tercero declara que ?La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección? y que el propio Estatuto de Autonomía de las Baleares dice claramente que ?la lengua catalana, propia de las Illes Balears, tendrá, junto con la castellana, el carácter de idioma oficial?, que ? todos tienen el derecho de conocerla y utilizarla, y nadie podrá ser discriminado por razón del idioma? y que ?las instituciones de las Illes Balears garantizarán el uso normal y oficial de los dos idiomas, tomarán las medidas necesarias para asegurar su conocimiento y crearán las condiciones que permitan llegar a la igualdad plena de las dos lenguas en cuanto a los derechos de los ciudadanos de las Illes Balears?.

Las lenguas no tienen derechos, los tienen los hablantes. Los territorios no hablan, lo hacen las personas. No hay derechos colectivos ni se hallan reconocidos internacionalmente. Las lenguas son para comunicarse y el castellano es la lengua de todos, además de ser la de muchos más, la segunda propiamente global del mundo. Además, la Constitución no impone el deber de conocer las lenguas cooficiales. De todo lo cual se deduce, según el parecer de los magistrados, que, como máximo, el catalán puede ser un mérito, jamás una exigencia. El regocijo con que la derecha española ha acogido esta sentencia no debiera ocultarle la gravedad de la decisión que han tomado los magistrados. El Constitucional nos está diciendo a los catalanoparlantes españoles que no tenemos derecho individual a tener derechos lingüísticos. Tener derecho a tener derechos es el primer y más elemental de los derechos individuales, según fórmula genial de Hannah Arendt. En la comunicación entre un funcionario castellanoparlante y un ciudadano español catalanoparlante, prevalece el derecho individual del primero, aunque reciba su sueldo de los impuestos del segundo: esto es lo que han rubricado los seis magistrados que han apoyado la sentencia.

Dejo para otros la evaluación de sus inmediatas consecuencias políticas, pero me basta señalar que el resultado es de una mayor desprotección de la lengua catalana, que se suma a las políticas disparatadas y anticonstitucionales que están realizando los Gobiernos del PP en Valencia, Baleares y Aragón. Esta línea de sentencias entra en la labor emprendida por el PP de demolición de la Constitución española como regla de juego consensuada y válida para todos. Soberanía también quiere decir protección de los derechos individuales de todos los ciudadanos, incluidos por supuesto quienes tienen el catalán como lengua propia y en ella quieren dirigirse a la administración y que la administración se dirija a ellos. Si sucede en Canadá y en Suiza, nada debiera impedir que también suceda en España. Quien no se siente protegido bajo la soberanía de un Estado se ve obligado a buscar otras protecciones. Nadie debe extrañarse.

Dos ángeles han dado muerte al caimán. Angela Merkel le echó del Gobierno. Pero ha sido su brazo derecho, Angelino Alfano, su delfín, quien le ha quitado el poder. Empieza una nueva historia. "Quien nazca hoy tendrá la fortuna de vivir en una Italia distinta", ha escrito el director de La Stampa, Mario Calabresi, en respuesta a la carta de un lector.

Durante veinte años ha gobernado personalmente o ha permitido que gobernaran otros, mientras quedaran preservados sus intereses. Hasta que se hartaba, hacía caer al Gobierno y ganaba de nuevo las elecciones. Esto se ha terminado. En la última dentellada ha intentado hacer con el actual presidente del Consejo, Enrico Letta, lo mismo que le hizo al anterior, Mario Monti, pero se ha mordido a sí mismo. Nada puede ya frenar su desposesión como senador y el arresto domiciliario en cumplimiento de la sentencia firme de cuatro años de cárcel por fraude fiscal.

Berlusconi entró en política para eludir a la justicia y va a dejar la política porque ya no puede seguir eludiendo a la justicia. Quien le ha dado el puntapié ha sido su lugarteniente, Angelino Alfano, autor como ministro de Justicia de una legislación, el lodo Alfano, que extendía la inmunidad del jefe del Estado a los presidentes de las dos cámaras y al presidente del Consejo y que fue declarada inconstitucional pero le sirvió como parapeto legal para seguir eludiendo la justicia.

Está escrito en los guiones de la tragedia. Bruto debe matar a César. Los ataques del enemigo a campo abierto refuerzan, mientras que el peligro real está en la espalda. Hay un error intelectual, de análisis sobre las propias fuerzas, en una derrota como la que sufrió ayer el Caimán. Siempre ha confundido su libertad personal con la libertad de los italianos. Por eso, antes de perderla, amenaza con derribar el gobierno y buscar nuevas elecciones.

Sabía que su adversario no cedería, pero en cambio confiaba en exceso en su autoridad sobre sus huestes y en su capacidad para mantenerlas unidas y cohesionadas. No se dio cuenta de que el lugarteniente criado en sus ubres políticas pertenecía a la misma generación que el presidente del Consejo: 43 años Alfano, 47 Letta; que la participación en el Gobierno crea solidaridades, consolidadas por la defensa cerrada que Letta hizo de su vicepresidente Alfano ante una moción de censura; que ambos coincidieron en las juventudes democristianas, bajo la influencia de Ciriaco de Mita.

El emperador decide solo y da las órdenes sin consultar a sus lugartenientes. Así fue como decidió ordenar que dimitieran a los cinco ministros del Pueblo de la libertad, con Alfano a la cabeza, y exigir elecciones inmediatas, y así es como ayer se desdijo cuando por sorpresa y a viva voz anunció en el Senado que votaría la confianza a Enrico Letta.

Pudiera parecer que el caimán se ha escurrido de nuevo del lazo, justo cuando iban a darle muerte, en una escena de comedia bufa, género que ha cultivado con virtuosismo. Ni el mejor humorista hubiera imaginado una secuencia tan absurda, que termina cuando ese emperador destronado se traga sus amenazas y se dispone a recibir el golpe de la justicia, tan largamente merecido como esperado.

La inutilidad de su retroceso es evidente, no sólo porque la justicia seguirá su curso, sino por la ruptura de su mayoría. Alfano y 25 senadores más habían asegurado ya la confianza a Letta cuando Berlusconi se sumó a las tropas enemigas, puesto que no podía vencerlas. Letta ya no necesitaba sus votos. Berlusconi ha intentado salvarse a sí mismo, pero al Gobierno ya lo había salvado Angelino Alfano. Una nueva mayoría sin Berlusconi, totalmente amortizado y vencido, ha quedado dibujada en las votaciones de ayer. El imperio ha durado veinte años y ha terminado cuando se ha quebrado el orden interno del ejército berlusconiano, formado por abogados, gerentes de empresas y jóvenes cachorros que terminan creciendo y emancipándose. Cuando el jefe ya no manda ni es capaz de mantener la disciplina de los suyos, las leyes de la manada conducen a su liquidación.

El dato original de este episodio italiano es que no ha sido la nueva democracia digital plebiscitaria de Beppe Grillo y su Movimiento Cinco Estrellas el que se ha cargado al emperador de la videodemocracia plebiscitaria, sino dos políticos formados en la democracia cristiana y en nombre de la genuina democracia representativa tan impugnada en nuestra época.

Todos sabemos del qué. Es un asunto pendiente desde hace ya tres años, cuando los magistrados del Tribunal Constitucional decidieron en su sentencia sobre el Estatuto de Cataluña que su interpretación de la Constitución estaba por encima de la voluntad de los ciudadanos expresada en tres votaciones, dos de ellas efectuadas en el Congreso y en el Senado, en representación del conjunto de los españoles, y otra en el Parlamento catalán, además del referéndum de ratificación al que fueron convocados solo los ciudadanos catalanes.

El quién plantea alguna dificultad. Tienen sus razones quienes quieren limitarlo al censo de los catalanes; como tienen las suyas quienes quieren ampliarlo al conjunto de los españoles. Pero cualquiera de las dos fórmulas servirá para saber qué piensan quienes se sienten directamente concernidos y motivados, que son los catalanes. Y si no hubiera fórmula de consulta posible, ni solo a unos ni a todos, también entonces habrá una fórmula automática para saber qué piensan los catalanes sobre el actual marco constitucional, y esta es la de las sucesivas elecciones, que no necesitan ser calificadas de plebiscitarias si los partidos que proponen la independencia la inscriben de forma clara e inequívoca en su programa.

El conflicto no radica tanto en el qué ni en el quién, sino en el cuándo, la fecha de la consulta, y así se ha visto esta semana en el parlamento catalán. Hay un amplio consenso respecto a la idea de que hay que cambiar el sistema que ha servido durante 35 años para que los catalanes se sientan razonablemente gobernados dentro de España. También lo hay respecto a la necesidad de utilizar las urnas para conocer la distribución de mayorías y minorías y proceder a negociar este o cualquier otro cambio. No lo hay en cambio en la cuestión del tiempo, y más en concreto en las prisas para resolver esta cuestión justo y precisamente en 2014.

Hay dos ritmos temporales contrapuestos en la resolución de este rompecabezas. Uno lento, sin fecha, y otro apresurado, que convierte a la consulta en la única cuestión a resolver antes que cualquier otra: las urnas como talismán. Si hay opiniones divergentes, consúltese ya a los ciudadanos. A la prisa no se apuntan tan solo los independentistas, sino que voces abiertamente partidarias de mantener el estatus quo también han expresado su preferencia por una solución que pase ante todo por preguntar a los catalanes o a todos los españoles.

Los motivos más sólidos, sin embargo, son los de los independentistas. En 2014 se celebra el tricentenario de la caída de Barcelona al final de la guerra de sucesión, efeméride que ocupará todo el año e impregnará la entera vida pública. También en 2014, y concretamente el 18 de septiembre, se celebrará el referéndum sobre la independencia de Escocia, convocatoria que la ha hermanado con la reivindicación catalana, sobre todo por el contraste entre la actitud de David Cameron accediendo a la consulta y la de Rajoy cerrándose en banda. Finalmente, según las previsiones del Gobierno y también de las organizaciones internacionales, en 2014 se supone que recorreremos el último tramo del calvario de la crisis, de forma que a continuación el clima social y político quizás empezará a mejorar.

Son motivos sólidos, es verdad, pero tanto para convocar la consulta como para no hacerlo. Donde los partidarios de la independencia ven motivos razonables los contrarios verán condiciones insalvables para que la consulta se celebre en condiciones de neutralidad. Para estos, el cuándo deberá ser cuando termine la crisis, sin vinculación alguna con Escocia y con ausencia de celebraciones oficiales que incorporen la propaganda independentista en el propio paisaje urbano.

Queda el por qué, que explica mucho más que el qué, el quién y el cuándo, ya que hunde sus raíces en el fondo del asunto. Porque no se puede gobernar un país durante mucho tiempo sin el consenso de los gobernados y España deberá plantearse más pronto que tarde, en 2014, 2015 o en 2016, cómo resuelve mediante la aplicación del principio democrático la reivindicación planteada desde Cataluña de que se consulte a los ciudadanos sobre el futuro de su país.

El club es muy estricto sobre el comportamiento de los aspirantes, pero una vez dentro se olvida de los criterios de entrada y permite que sus socios desatiendan los compromisos y se comporten como gamberros. Los criterios están en la Carta de Derechos Fundamentales de 2007, consagrados legalmente en el Tratado de Lisboa, y son ?los principios de libertad, democracia, respeto por los derechos humanos y Estado de derecho?. Se les conoce también con el nombre de Criterios de Copenhague, porque fueron las condiciones impuestas por la UE en 1993 para abrir las puertas a los nuevos miembros tras la caída del Muro de Berlín.

Veinte años después de colocar el listón, ahora se comprueba que son numerosos los socios que no pasarían el examen o sacarían notas dudosas. Así lo ha revelado un estudio realizado por Demos, un think tank con sede en Londres por encargo del grupo socialdemócrata del Parlamento Europeo, que lleva como expresivo título La democracia en Europa no está garantizada para siempre en el que se intenta medir los retrocesos democráticos en el conjunto de la UE.

Como era previsible, los nuevos socios del centro y del este de Europa se sitúan en lo más bajo de la tabla, mientras que entre los socios de la UE anteriores a 1993, aunque siguen obteniendo mejores notas en la evaluación, se registran retrocesos evidentes y un extendido malestar entre los ciudadanos sobre la calidad de sus democracias.

Los dos países peor situados son Bulgaria y Rumania, alumnos que se colaron sin suficientes méritos en el examen de entrada; y los que más han retrocedido son Hungría, debido sobre todo a la legislación y a los comportamientos del partido Fidesz en el poder, y Grecia, donde el crecimiento de una extrema derecha xenófoba se suma al desempleo altísimo, la corrupción, la agitación social y la desafección política. Según Demos, la crisis económica y las políticas de austeridad ?alimentan el nacionalismo rampante, el euroescepticismo y el extremismo político?, pero son fenómenos anteriores que se pueden localizar también en países fundadores de la UE.

España no se halla entre los que sacan peores notas en ninguno de las cinco dimensiones analizadas (procedimientos electorales, derechos y libertades, tolerancia de las minorías, ciudadanía activa, satisfacción con la democracia) e incluso las obtiene destacadas en respeto a las minorías, aunque retrocede en procedimientos electorales y derechos fundamentales y libertades.

Demos propone una batería de medidas para controlar y frenar los retrocesos democráticos en la UE. Sin euro no hay Europa, como ha dicho Angela Merkel; pero sin democracia, lo que quedaría sería lo contrario de Europa, la antieuropa ya experimentada por nuestros padres y abuelos y que es lo más próximo a la barbarie que hemos conocido en nuestra historia reciente.