Marcelo Figueras
Día raro, el de ayer. En Argentina se celebraba otro aniversario de la Revolución de Mayo, a exactos dos años de lo que será en el año 2010 la -agónica, pero merecida- fiesta del Bicentenario. Parte de la atención del país estaba en Rosario, donde los dirigentes del campo hicieron un acto envolviéndose en la bandera y hablando de patriotismo, cuando no buscan más que torcerle el brazo al Estado para no tener que ceder nada de sus ganancias extraordinarias. ¿Qué clase de patriota es aquel que, sin más argumento que el de su propio beneficio, presenta ultimátums de corte mafioso a un gobierno elegido de modo democrático?
En medio de mi estado de ánimo un tanto nublado (con la edad que tengo, y todavía no termino de entender la pulsión de muerte que inflama a tantos sectores de nuestra sociedad; hay mucha gente que no soporta estar bien, y que sólo parece sentirse viva durante las crisis terminales), me encontré en Página 12 con una entrevista que Nora Veiras le hizo a Carlos Slepoy, un abogado argentino cuya dedicación a la causa de los derechos humanos en particular, y de la Justicia en general, le valió el mayor de los elogios de parte de Baltazar Garzón. Hablando de cuestiones puntuales, referidas en general a los juicios a los genocidas que aún están en trámite, empecé a leer en las palabras de Slepoy cosas que interpelaban nuestra realidad más allá del marco concreto de las injusticias perpetradas durante la dictadura. Reproduzco sus palabras de manera literal, a ver si a ustedes les pasa lo mismo que a mí:
"Cuando decimos que la dictadura tuvo que contar necesariamente con la complicidad o colaboración activa de los gerentes de las fábricas, de los rectores de las universidades y de los colegios secundarios para señalar a quienes iban a ser objeto del secuestro o de la muerte, estamos diciendo que hay muchos responsables que no están rindiendo cuentas de todo esto".
Agrego yo: y también tuvieron que contar con la complicidad o colaboración activa de algunos obispos y sacerdotes, de dirigentes políticos y de gerentes de la actividad agropecuaria, muchos de los cuales siguen hoy en día dando discursos como si representasen otra cosa que su interés personal, y su propia capacidad de supervivencia. Sigo -sigue Slepoy:
"Acá hay un consenso general de que la dictadura no fue más que el brazo ejecutor de una política criminal… Se llega a la conclusión de que toda la deuda externa contraida durante la dictadura es una deuda fraudulenta, que consistió en avales públicos para la estatización de la deuda privada, que todo ha sido fraudulento, que no se puede justificar por qué se tomaron determinados préstamos. Sin embargo no se puede juzgar a estos responsables, entre los cuales están muchos de los que formaron parte del equipo económico de Martínez de Hoz (el primer Ministro de Economía de la dictadura), aparte de Martínez de Hoz mismo, porque está prescripta la acción. Esto es una auténtica aberración, porque si responsable es Videla de crímenes contra la humanidad, cuánto más son responsables sus mandantes, quienes pergeñaron el plan criminal como modo de llevar adelante las políticas económicas y sociales. De lo que se trataría simplemente es de plantear que esa aparente cosa juzgada que ha tenido por objeto dejar en la impunidad a quienes son también responsables de estos crímenes podría ser revisada".
Y por último:
"A mí me parece muy bien que se lo juzgue a Ménem por (la causa del contrabando de) las armas, pero quién lo va a juzgar por haber destruido la industria nacional, las empresas públicas, por haber hecho una política que sumió a este país en una situación de exclusión social, de marginación. Creo que otra cuenta pendiente es juzgar los crímenes del menemismo como tales… El Pacto Internacional de Delitos Sociales, Políticos y Culturales habla de las riquezas naturales como un patrimonio inalienable de los pueblos y ese patrimonio fue liquidado por el menemismo". (Agrego: buena parte de esa ‘liquidación’ sigue perpetrándose hoy día.)
Mi pregunta es la siguiente: si esta sociedad se hubiese hecho cargo de sus responsabilidades, y forzado a que estos gerentes, obispos, políticos, economistas, rectores y demás actores de los que hablamos fuesen juzgados por su desempeño, en pie de igualdad con los militares que oficiaron de brazo asesino, ¿sería nuestro país lo que hoy es? ¿Habría existido el acto del campo tal como ocurrió ayer, motorizado por esos mismos dirigentes?
Cuándo celebramos la Revolución que nos convirtió en un pueblo independiente, ¿qué estamos celebrando?
