Marcelo Figueras
Leí Rebelión en la granja hace ya muchos años, cuando todavía estaba en la escuela primaria, pero la frase no se me olvidó nunca. Hablo de aquella según la cual todos los animales son iguales, pero hay algunos que son más iguales que otros. En la Argentina de este año 2007, existen políticos que están dispuestos a hacer cualquier cosa para seducir a la clientela de animales que se sienten más iguales que el resto.
El pasado viernes hubo una protesta de maestros en Neuquén. El conflicto tiene que ver con la renuencia de algunos mandatarios provinciales a hacer efectivos los aumentos que el gobierno nacional otorgó a los educadores. Neuquén es una de las provincias más ricas del país, a consecuencia de la renta que el petróleo le deja, y esto es algo que tanto los maestros como el resto de los trabajadores locales tienen claro. En el fondo, el problema es clásico: se trata de gente que le reclama a los poderes fácticos que derramen algo de la riqueza que ganan a manos llenas.
Estos docentes neuquinos intentaron cortar una ruta. El gobernador Jorge Sobisch ordenó a la policía impedir ese corte. Y los policías le hicieron caso de la manera que están acostumbrados. Uno de ellos, el cabo primero José Darío Poblete, disparó a quemarropa contra un pequeño automóvil que transportaba maestros. La granada impactó en la nuca del profesor Carlos Fuentealba, y dada la potencia del disparo a tan corta distancia, terminó matándolo.
Este crimen tiene un responsable material, que es Poblete. Pero también tiene otros responsables. Por ejemplo, los que permitieron que un hombre que tiene una condena en firme por torturas, otra en la Corte de Casación por vejaciones y también denuncias de una ex pareja por amenazas, siga cumpliendo a diario trabajo policial. Otro responsable es aquel que creó el grupo especial de la policía neuquina en el que Poblete trabajaba, porque articular una formación semejante es anticonstitucional. Y otro responsable más es aquel que envió a la policía a reprimir sin ponerle límites claros (que son los que marca la ley, dicho sea de paso), a sabiendas de que se trata de una policía brava de las que dispara primero y pregunta después.
El nombre que habría que repetir al llenar los casilleros de estas responsabilidades es el del gobernador Sobisch, un hombre que aspira a presentarse como candidato a la presidencia de la República en las elecciones de este año. Sobisch coqueteaba desde hace tiempo con la idea de mostrarse como el hombre que pondría coto a tanta protesta social: el candidato del orden, que hasta la semana pasada tejía alianzas potenciales con otros referentes de la misma ideología, desde Macri hasta Blumberg. Su idea era la de seducir a la gente que quiere seguir enriqueciendo sin trabas y a la que el populacho protestón molesta, al cortar las calles y dificultar la circulación de sus BMW. En consecuencia, el viernes intentó hacer valer los derechos de aquellos que tienen auto (es decir, de aquellos que son más iguales que los demás) por encima de los que reclaman un sueldo digno (que son menos iguales, de acuerdo a la parábola orwelliana), y terminó asesinando a una persona a sangre fría.
Hoy lunes hay un paro de maestros y manifestaciones en todo el país, en repudio a la violencia institucionalizada de los Sobisch. No sé cuál será el futuro del ahora gobernador en su propia provincia, dado que su partido tiene mayoría parlamentaria que puede preservarlo de un juicio político. Pero sí estoy seguro de que la candidatura presidencial de Sobisch ha muerto. Murió en el preciso instante en que Poblete le disparó con saña al profesor que hacía uso de su derecho a manifestarse y a peticionar, un derecho que la Constitucional nacional le garantiza. La forma en que salió a mostrarse en los medios evidencia que a Sobisch la vida de ese hombre lo tiene sin cuidado. Pero el suicidio político que cometió al hacer posible ese homicidio sí le dolerá, ahora que hizo evidente que el orden que defendía es aquel que impera en los cementerios. A Sobisch le esperan muchas noches de pesadilla, de las que despertará con el nombre de Fuentealba en la boca. Ojalá la condena social sea tan grande y severa como para disuadir a los pichones de Sobisch –que en este país abundan- de seguir defendiendo la tesis de que es válido defender los derechos de ciudadanos clase A mediante la violencia de uniforme.
