Lluís Bassets
La CIA acaba de sufrir un revés histórico, el tercero y el de mayor envergadura, a cuenta de la presidencia de George W. Bush, comandante en jefe de la guerra global contra el terror. El primero lo sufrió el 11-S, por el mero hecho de que se produjeran los atentados sin que la central de espionaje se hubiera enterado de los preparativos. El segundo, con las inexistentes armas de destrucción masiva que se inventó para invadir Irak. El tercero lo acaba de sufrir con la investigación del Senado, que acredita la brutalidad e inutilidad de su programa de interrogatorio y tortura a los sospechosos de terrorismo.
La transferencia de culpa desde los centros de decisión política hasta la poderosa central es parte de los hábitos de la administración americana. La Casa Blanca de Bush puso todos los ingredientes para que sus agentes tuvieran las manos libres para interrogar a los terroristas. Un ejército de expertos legales fabricaron increíbles teorías para convertir las torturas en interrogatorios reforzados perfectamente legales. Se crearon unos centros de detención e interrogatorio fuera de cualquier jurisdicción y control legal. Las convenciones de Ginebra sobre prisioneros de guerra fueron anuladas. Los poderes presidenciales se ampliaron de modo que desde la Casa Blanca era posible hacer cualquier cosa sin control judicial ni parlamentario. La nueva construcción argumental situaba a los responsables políticos ante una situación límite, en la que iba a estallar una bomba de relojería cuya clave estaba en manos de un terrorista detenido. No era un diálogo entre la Casa Blanca y la CIA. Todos participaron, intelectuales y periodistas incluidos. El Congreso y el Senado, y sus líderes demócratas, estaban al corriente. E incluso los países aliados, en distintos grados, conocieron e incluso colaboraron con la nueva política antiterrorista.
La investigación del Senado tiene dos antecedentes meritorios, aunque muy pálidos, en los informes elaborados por el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo sobre la utilización de centros de reclusión, aeropuertos y el espacio aéreo europeos dentro del programa de detención y tortura. Catorce son los países, España entre ellos, que participaron o permitieron el millar largo de vuelos de la CIA. Rumanía y Polonia, además, son sospechosos de haber albergado cárceles secretas donde incluso se puede haber torturado. Las investigaciones encontraron muy escasa colaboración de los gobiernos y del Consejo Europeo y son escasas las actuaciones judiciales que han seguido a los 21 casos estudiados con nombres y circunstancias concretas.
El Senado ha tachado de su informe los nombres de los países participantes. Entre ellos hay dictaduras árabes, como la Libia de Gaddafi y la Siria de El Assad, pero también países de la UE y de la OTAN. De ahí que lo menos que pueden hacer los parlamentos de los países implicados y el propio Parlamento Europeo, ahora que el Senado de los EE UU ha puesto el listón algo más alto, es reabrir sus investigaciones y evitar de nuevo una transferencia de culpas como la que practican los políticos estadounidenses con su central de espionaje.
