Eder. Óleo de Irene Gracia
Lluís Bassets
Los socialistas catalanes asisten mañana a la reunión que ha convocado Artur Mas en la que quiere proponer la firma de un llamado pacto nacional por el derecho a decidir. Ni los populares ni Ciutadans han sido convocados, por la sencilla razón de que se han declarado y han votado siempre en contra del derecho a decidir propugnado por el Gobierno catalán. No es el caso del PSC, que votó en contra de la declaración de soberanía por parte del Parlamento catalán, pero en cambio hizo todo lo contrario cuando se votó la petición de diálogo con el Gobierno español para celebrar una consulta.
Todo cuadra hasta aquí en la posición del PSC, que defiende la idea federal frente al unionismo del PP y de Ciutadans y frente al independentismo de Convergència Democràtica, Esquerra y CUP. La tradición federalista catalana es bien clara al respecto: Cataluña debe federarse libremente con el resto de naciones y regiones españolas e incluso ibéricas; unión y libertad, por tanto, en un proceso que se ensancha luego hacia la federación europea. En consecuencia con esta teoría, debe defender el principio democrático, es decir, la celebración de una consulta a la población catalana sobre la fórmula de relación con España y debe escoger como fórmula la federación y no la independencia.
Menos consecuentes son, de una parte, los que se reconocen a sí mismos como unionistas y no saben si quieren menos autonomía, quedarnos tal como estamos o incluso un Estado centralista como el que hemos conocido en épocas anteriores. Tampoco lo son los soberanistas, que andan a la greña sobre si hay que celebrar la consulta inmediatamente debido a los problemas de liquidez o hay que esperar a que se despeje el horizonte económico; debe ser pactada y legal o debe realizarse sí o sí o incluso debe obviarse mediante una declaración unilateral de independencia por parte del parlamento.
Tampoco serán coherentes con sus posiciones los federalistas si se les ocurre firmar el pacto por el derecho a decidir sin exigir la paralización previa por parte del Gobierno de cualquier decisión e institución que implique adelantar la decisión sobre el futuro de Cataluña. Nada más absurdo que pretender la adhesión a una consulta por parte de quien no quiere separarse aceptandi a la vez que se prepare ya las estructuras del Estado independiente y se inicie el camino de la escisión en la fiscalidad o en la diplomacia.
La actual hoja de ruta de Artur Mas contiene multiplicidad de elementos contradictorios o abiertamente incompatibles: obtener liquidez del ?banquero? español para no suspender pagos, negociar con urgencia la financiación para 2014, conseguir una consulta legal sobre el futuro de Cataluña y finalmente preparar las estructuras del Estado independiente. Cada una de estas tareas suscita consensos distintos y de distinto diámetro parlamentario, desde el pacto fiscal que alcanza casi la unanimidad hasta el menor de todos que es el que pretende dedicar la centralidad de los actuales esfuerzos a la independencia.
La reunión de hoy sobre el derecho a decidir merece una reflexión final: es coherente con el principio democrático que defienden soberanistas y federalistas, pero es escasamente compatible con el principio de realismo político que impone la realidad económica y social del país. La cumbre a la que debieran haber sido convocados todos los partidos catalanes es la del empleo, para ver cómo diablos se da respuestas urgentes y efectivas a las más de 900.000 personas que están sin trabajo en Cataluña. Sobre eso el PSC, pero también Iniciativa, Esquerra y la CUP, todos los partidos que aseguran defender a los trabajadores, algo deberían decirle hoy al presidente de Cataluña.
