Lluís Bassets
Los tiempos de la justicia no son los tiempos de la política. Lo sabíamos ya, pero Eduardo Torres-Dulce quiso recordarlo en los días previos a su dimisión, justo tras el 9-N, en mitad del tumulto y de los empujones que le condujeron a tirar la toalla.
La política exige actuaciones drásticas y definitivas. Alicia Sánchez-Camacho las reclamaba al día siguiente del polémico proceso participativo. Pero los fiscales y los jueces se toman su tiempo. Para consultar y debatir, para matizar lo que el común de los mortales quisiera resolver de un plumazo y en ocasiones de forma partidista e incluso sectaria.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido las querellas y denuncias contra Artur Mas, pero, primer matiz, lo ha hecho por mayoría y tras cuatro largas horas de deliberación, a pesar de que la auténtica noticia hubiera sido la inadmisión de todas las denuncias y querellas presentadas por particulares, entidades y la propia Fiscalía del Estado. El auto de admisión, para desesperación de los apresurados, no estará redactado hasta después de Reyes, cuando habrán pasado dos meses desde los hechos supuestamente delictivos. El Tribunal, paso a paso, no cita a declarar al presidente, al menos todavía. Recordemos, además, que los fiscales catalanes ya no se mostraron partidarios ni siquiera de formular la querella contra Mas. Todo sucede en un día que quedará señalado en la historia de este país porque por primera vez una hermana de rey e hija de rey, una infanta de España, es citada por un tribunal para que se siente en el banquillo de los acusados para responder como cooperadora necesaria por dos delitos de fraude fiscal. Artur Mas y su vicepresidenta, Joana Ortega, esta del partido coaligado Unió Democràtica, de tibia militancia soberanista, en cambio, serán investigados por orden del tribunal por si hubieran cometido un delito de desobediencia a la resolución del Constitucional que anulaba el polémico proceso participativo después de haber anulado la consulta misma.
Nada en común entre ambos casos, salvo la fecha y la personalidad de uno de los querellantes, un habitual de todas las querellas como es el pseudosindicato ultra Manos Limpias. Respecto al momento, no tiene nada de extraña la coincidencia en una vida política tan judicializada como es la española, sobre todo bajo el mando del PP; y sometida a la fuerte trepidación desmoralizadora provocada por la metástasis de una corrupción que alcanza a todas la instituciones, incluida la familia real.
La admisión de la querella contra Artur Mas también coincide con la comparecencia en la comisión del Parlamento catalán sobre el caso Pujol de quien fue fiscal del escándalo Banca Catalana, José María Mena, alguien que precisamente vio inadmitida en 1986 su petición de procesamiento del entonces presidente de la Generalitat por un pleno de la Audiencia Provincial de Barcelona formado por 33 magistrados.
Esta coincidencia nos viene a recordar que Mas es el segundo presidente catalán de la actual democracia investigado, y en su caso no por un presunto delito económico, sino por otro directamente político, todo un regalo de Navidad en el momento en que el proceso soberanista parecía perder fuelle.
