Eder. Óleo de Irene Gracia
Lluís Bassets
Todos sabemos del qué. Es un asunto pendiente desde hace ya tres años, cuando los magistrados del Tribunal Constitucional decidieron en su sentencia sobre el Estatuto de Cataluña que su interpretación de la Constitución estaba por encima de la voluntad de los ciudadanos expresada en tres votaciones, dos de ellas efectuadas en el Congreso y en el Senado, en representación del conjunto de los españoles, y otra en el Parlamento catalán, además del referéndum de ratificación al que fueron convocados solo los ciudadanos catalanes.
El quién plantea alguna dificultad. Tienen sus razones quienes quieren limitarlo al censo de los catalanes; como tienen las suyas quienes quieren ampliarlo al conjunto de los españoles. Pero cualquiera de las dos fórmulas servirá para saber qué piensan quienes se sienten directamente concernidos y motivados, que son los catalanes. Y si no hubiera fórmula de consulta posible, ni solo a unos ni a todos, también entonces habrá una fórmula automática para saber qué piensan los catalanes sobre el actual marco constitucional, y esta es la de las sucesivas elecciones, que no necesitan ser calificadas de plebiscitarias si los partidos que proponen la independencia la inscriben de forma clara e inequívoca en su programa.
El conflicto no radica tanto en el qué ni en el quién, sino en el cuándo, la fecha de la consulta, y así se ha visto esta semana en el parlamento catalán. Hay un amplio consenso respecto a la idea de que hay que cambiar el sistema que ha servido durante 35 años para que los catalanes se sientan razonablemente gobernados dentro de España. También lo hay respecto a la necesidad de utilizar las urnas para conocer la distribución de mayorías y minorías y proceder a negociar este o cualquier otro cambio. No lo hay en cambio en la cuestión del tiempo, y más en concreto en las prisas para resolver esta cuestión justo y precisamente en 2014.
Hay dos ritmos temporales contrapuestos en la resolución de este rompecabezas. Uno lento, sin fecha, y otro apresurado, que convierte a la consulta en la única cuestión a resolver antes que cualquier otra: las urnas como talismán. Si hay opiniones divergentes, consúltese ya a los ciudadanos. A la prisa no se apuntan tan solo los independentistas, sino que voces abiertamente partidarias de mantener el estatus quo también han expresado su preferencia por una solución que pase ante todo por preguntar a los catalanes o a todos los españoles.
Los motivos más sólidos, sin embargo, son los de los independentistas. En 2014 se celebra el tricentenario de la caída de Barcelona al final de la guerra de sucesión, efeméride que ocupará todo el año e impregnará la entera vida pública. También en 2014, y concretamente el 18 de septiembre, se celebrará el referéndum sobre la independencia de Escocia, convocatoria que la ha hermanado con la reivindicación catalana, sobre todo por el contraste entre la actitud de David Cameron accediendo a la consulta y la de Rajoy cerrándose en banda. Finalmente, según las previsiones del Gobierno y también de las organizaciones internacionales, en 2014 se supone que recorreremos el último tramo del calvario de la crisis, de forma que a continuación el clima social y político quizás empezará a mejorar.
Son motivos sólidos, es verdad, pero tanto para convocar la consulta como para no hacerlo. Donde los partidarios de la independencia ven motivos razonables los contrarios verán condiciones insalvables para que la consulta se celebre en condiciones de neutralidad. Para estos, el cuándo deberá ser cuando termine la crisis, sin vinculación alguna con Escocia y con ausencia de celebraciones oficiales que incorporen la propaganda independentista en el propio paisaje urbano.
Queda el por qué, que explica mucho más que el qué, el quién y el cuándo, ya que hunde sus raíces en el fondo del asunto. Porque no se puede gobernar un país durante mucho tiempo sin el consenso de los gobernados y España deberá plantearse más pronto que tarde, en 2014, 2015 o en 2016, cómo resuelve mediante la aplicación del principio democrático la reivindicación planteada desde Cataluña de que se consulte a los ciudadanos sobre el futuro de su país.
