
Eder. Óleo de Irene Gracia
Lluís Bassets
Hay que abrir la caja número seis. Hay que leer enteramente el documento publicado por el FMI la pasada semana sobre las consultas anuales con España celebradas bajo el Artículo Cuarto de sus estatutos. Hay que intentar levantar de una vez la cabeza para ver cómo nos ven desde fuera en vez de estar todo el santo día peleándonos entre los de dentro sin ver más allá de un palmo de nuestras narices.
Eso es lo que se puede leer, entre otras cosas, en la dichosa caja seis, fruto del viaje de una amplia delegación del FMI y de las entrevistas con distintas autoridades: ?Pero el gobierno también tiene algunos sistemas de castigo que ha utilizado menos activamente. La reforma constitucional aprobada en septiembre de 2011, la Ley Orgánica para la Sostenibilidad Fiscal y la Estabilidad Financiera, y la Ley de Transparencia y Buen Gobierno proporcionan varias herramientas para aumentar la disciplina fiscal. (…) La ley prevé advertencias, sanciones y la posibilidad de intervenir directamente una región por parte de la administración nacional, así como multas progresivas a quienes persistan en las desviaciones. Las autoridades que hayan demostrado un incumplimiento doloso de los mandatos o hayan ignorado la aplicación de sanciones se enfrentarán a castigos que incluyen la destitución, la inhabilitación para el servicio público y la pérdida de la pensión. Estas amenazas deben ser utilizadas. En el corto plazo, el establecimiento de los mecanismos legales que garanticen la consolidación de la transparencia y la obtención de resultados es fundamental para garantizar el éxito. Es prometedor que los planes de ajuste hayan sido revisados de forma más estricta en 2012. La funcionalidad y la credibilidad de las nuevas herramientas, como son las advertencias, los decretos de no-disposición de crédito y el despido de funcionarios públicos deben ser rápida y convincentemente establecidos. Algunas medidas más enérgicas, como la imposición de las recomendaciones de una delegación de expertos y la intervención directa de una región por la administración nacional también deben ser ejecutadas tan rápidamente como lo permita la ley. En última instancia, todas las opciones deben ser contempladas para garantizar la sostenibilidad fiscal de las regiones, que ahora están más entrelazadas que nunca unas con otra y con el Estado soberano?.
Es la crisis, ya lo sabemos, y todos la quieren aprovechar. Los legionarios para imponer su ordeno y mando centralizador, los talibanes nacionalistas para protagonizar su fuga hacia adelante o hacia ninguna parte. Los efectos de estos aprovechamientos son bien claros. Un solo mensaje emite este país de legionarios y talibanes: no sabemos a dónde vamos, no nos aclaramos, no somos capaces de ponernos de acuerdo en cuatro cosas fundamentales para salir del atolladero en el que nos hemos metido todos juntos, con responsabilidades perfectamente compartidas.
Justo cuando entre Bruselas, Berlín y Francfort parecen tejerse los acuerdos para salir de esta, para sacarnos de esta, el aquelarre de nuestros políticos llega a su paroxismo. Venga, arrasemos con la autonomía catalana, grita la Legión. Pues muy bien, vamos alegremente al choque de trenes, responde gallardos los talibanes, sin darse cuenta de lo que piensan ni el FMI, ni el BCE, ni Berlín, ni Bruselas.
Legionarios y talibanes actúan casi siempre como si se necesitasen mutuamente para alimentar el círculo vicioso, la espiral de radicalismo que va a terminar con todo esto. Y nada les molesta más que las medias tintas, los que todavía intentan lanzar puentes, el territorio centrista y moderado donde se tejen los consensos. Así es como se dirigen, nos dirigimos, felices y risueños hacia el abismo.