Lluís Bassets
Se está confirmand lo que muchos se temían y que la Unión Americana para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) había denunciado ya el pasado mes de julio. La Administración demócrata del admirado Barack Obama está asumiendo como una nueva normalidad una parte del peor legado de su antecesor George W. Bush con relación al recorte de derechos y libertades, como es el mantenimiento de detenciones indefinidas de sospechosos de terrorismo, los tribunales militares de excepción y los asesinatos selectivos, que se han incrementado en los dos últimos años. La ACLU reconoce los progresos en derechos humanos de la nueva Administración demócrata, como prohibir categóricamente la tortura y los centros de detención secretos de la CIA o dar a la luz pública los informes jurídicos de la anterior Administración que autorizaban la tortura. Pero ha asumido como un legado inamovible e incluso ha ampliado otro tipo de prácticas que según esta institución de vigilancia democrática vulneran ?los valores básicos que están en los fundamentos de la fuerza y la seguridad de nuestra nación?.
Una sentencia de un tribunal federal de apelación reforzó esta pasada semana la actitud de la Casa Blanca respecto a los detenidos sospechosos de terrorismo. El tribunal rechazó por un solo voto de diferencia (seis a cinco) que cinco prisioneros de la CIA supuestamente torturados por encargo en prisiones de terceros países pudieran emprender acciones legales ante tribunales estadounidenses. La demanda, presentada también por la ACLU, tuvo que resolver ?un penoso conflicto entre derechos humanos y la seguridad nacional?, según uno de los jueces que decidió sobre el caso.
Acosado salvajemente desde la derecha, erosionado por la crisis económica y sobre todo por la pérdida de puestos de trabajo y encadenado todavía a las funestas consecuencias de las guerras preventivas y las políticas antiterroristas de Bush, Obama no tiene márgenes de maniobra para progresar en su programa de derechos civiles. Al contrario, tiene fuertes presiones de los militares y de los agentes secretos para que lo abandone. Obama no tan sólo carga con parte del legado de Bush en derechos humanos, sino que además se ve obligado a defenderlo. La ACLU emprendió la acción judicial contra las torturas bajo Bush y la ha seguido con Obama, cuya Administración ha recurrido en defensa del secreto de Estado y en contra de los derechos de estos detenidos. La tortura ha quedado prohibida con Obama, pero no el secreto sobre las torturas del reciente pasado y por tanto las que puedan producirse secretamente en el presente. The 'New York Times' zanjó el caso con un editorial este pasado jueves cuyo título dice todo sobre su posición: ?La tortura es un crimen, no un secreto?.
