Lluís Bassets
China también quiere tener su Estado de derecho, su rule of law en la expresión clásica en inglés. Si tiene una economía de mercado y multimillonarios, posee empresas en todo el mundo y lidera la nueva carrera del espacio, es el primer país exportador y la segunda economía del planeta, ¿qué razón podría existir para que no tuviera algo parecido a un Estado de derecho?
Hay razones objetivas para que el Partido Comunista Chino se preocupe por el funcionamiento de la justicia en el preciso momento en que crecen las protestas sociales, se extiende la corrupción entre los dirigentes y la economía empieza a desacelerarse. Hoy se conocerán las medidas acordadas por el Comité Central, reunido desde el lunes con la idea del Estado de derecho como punto crucial de su orden del día. El régimen ya ha hecho algunos tímidos pasos para limitar y controlar la pena capital. También para reducir los centros de reeducación por el trabajo o las cárceles negras, temibles instituciones oficiosas de detención extrajudicial. Pero ahora quiere presentar la faz modernizadora de una reforma judicial que introduzca algo de transparencia en los procesos, elimine el control político local sobre los jueces e incluso digitalice los juzgados.
No habrá división de poderes, ni justicia independiente, ni sometimiento de todos por igual al imperio de la ley. Eso es Estado de derecho occidental, bien distinto al Estado de derecho con características chinas que hoy nos dará a conocer el Comité Central. Basta con tener algo a lo que llamemos Estado y que siga determinados procedimientos o reglas para que podamos decir que es un Estado de derecho. El chino es un Estado de derecho low cost.
Los miembros del Comité Central están afectados de forma relativa por estas decisiones. Aunque apenas hay otra escalera para el ascenso social, no todo es un camino de rosas para los casi 90 millones de comunistas, pues el partido queda fuera del Estado de derecho y cuenta con una jurisdicción especial, bajo competencia de la todopoderosa Comisión de Disciplina, una de cuyas ocupaciones más importantes es la lucha contra la corrupción.
Esta siniestra institución tiene sus centros de detención y sus propios policías, que pueden interrogar sin juicio a los acusados durante seis meses. El proceso secreto, que puede incluir malos tratos e incluso torturas, como la privación del sueño, termina con la expulsión del Partido y la entrega del reo a la justicia ordinaria.
Los únicos que están a salvo son los siete miembros del Comité Permanente del Politburó. Las dos últimas purgas por corrupción en la cúpula han afectado a Bo Xilai, que aspiraba a incorporarse al máximo organismo pero fue cazado en el camino, y ahora a Zhou Yongkang, el zar de la policía, incriminado justo cuando abandonó el comité permanente en 2012. El Partido se rige por leyes especiales pero los siete hombres más poderosos de China, los auténticos soberanos, están por encima del bien y del mal mientras se sientan en el Comité Permanente.
