Eder. Óleo de Irene Gracia
Lluís Bassets
No es fácil fabricar mayorías cualificadas, y menos en consultas populares, con frecuencia resueltas por unos pocos puntos de diferencia. Este tipo de mayorías suelen aglutinarse alrededor de temas muy sensibles, en los que se juntan muchas y diferentes cuestiones relevantes para la sociedad. Algo así es lo que obligatoriamente cabe imaginar que ha sucedido en el referéndum suizo sobre la percepción de remuneraciones abusivas por parte de los dirigentes de las grandes empresas cotizadas en bolsa.
Un 67?9 por ciento de los votantes, con amplias mayorías en todos y cada uno de los 26 cantones, ha decidido limitar la percepción de salarios y bonus por parte de los directivos así como la imposición de penas de cárcel y multas a quienes vulneren la legislación, aprobando así una iniciativa legislativa popular (ILP) que viene recogiendo las 100.000 firmas necesarias desde hace seis años por iniciativa de Thomas Minder, empresario y senador suizo cuya familia perdió 400.000 euros en la quiebra de Swissair, a la vez que Mario Corti, su máximo ejecutivo se embolsaba 10 millones de euros de prima.
Son al menos cinco las cuestiones que cabe notar en la movilización de los ciudadanos en favor de esta iniciativa. En primer lugar, la identificación con un sistema político funcional que incluye la democracia directa y referendaria como uno de los mecanismos legislativos a disposición de los ciudadanos. En segundo lugar, la revuelta contra la desigualdad económica que permite fijar sueldos desproporcionados a los directivos mientras se abate la miseria sobre los accionistas en perfecta correspondencia con lo que está sucediendo en el conjunto de la sociedad. En tercer lugar, la idea de que la empresa también es el territorio de la democracia: la nueva legislación obliga a las empresas a sustraer de los consejos de administración las decisiones sobre las remuneraciones de los directivos y las traslada a las asambleas de accionistas. En cuarto lugar, la idea de que el capitalismo debe ser regulado y que pueden ser los propios ciudadanos quienes deben hacerlo. Y en quinto y último lugar, la protesta contra unas elites empresariales que en el caso de Suiza se hallan tan distanciadas de los ciudadanos como lo están las elites políticas y financieras en toda Europa.
