Eder. Óleo de Irene Gracia
Lluís Bassets
Triste aniversario el de la apertura del campo de detención de Guantánamo. Se produjo hace 12 años, en plena guerra contra el terror, para mantener en detención indefinida y sin juicio a los combatientes enemigos que supuestamente combatían contra EE UU en aquella contienda sin frentes. El 11 de enero de 2002 ingresó el primer detenido en este campo inventado por George W. Bush con el objetivo declarado de eludir las convenciones de Ginebra sobre derechos de los prisioneros de guerra, pero también para evitar juzgarlos bajo la legalidad garantista de EE UU. El resultado es la actual institución monstruosa, que sigue funcionando incluso más allá de la voluntad de los gobernantes estadounidenses. De los 12 años de vida de Guantánamo, los cinco últimos han transcurrido ya bajo responsabilidad de Obama, el presidente que prometió cerrar el campo y que incluso firmó una orden ejecutiva a los dos días de tomar posesión, pero ha terminado asumiendo su existencia, hasta el punto de que a él se debe la reinstalación de comisiones militares o consejos de guerra secretos y sin garantías para juzgar a los detenidos.
El balance no necesita comentarios respecto a la enorme falta cometida contra el Estado de derecho y las libertades individuales por la Administración republicana de Bush y continuada por la demócrata de Obama. Han pasado por el campo 779 hombres, 22 de ellos menores de edad en el momento de su detención. Según el Centro para los Derechos Constitucionales, institución estadounidense que defiende a los confinados, el 86% fueron comprados a título de sospechosos a las autoridades locales por un valor medio de 5.000 dólares. Hasta ahora han sido liberados o transferidos 624 presos. Siguen allí 155, la mitad ya declarados no culpables, pero sin perspectivas de repatriación o transferencia a otros países. La mayoría, exactamente 88, son de nacionalidad yemení, de los cuales 77 no tienen cargo alguno en su contra aunque permanezcan internados.
En su primer mandato, Obama pudo exhibir la oposición del Congreso a las transferencias de detenidos y a su enjuiciamiento en territorio estadounidense. La herencia que entonces rechazaba se ha convertido cinco años después en plenamente asumida y parte del dispositivo de seguridad a su cargo como comandante en jefe. Un buen número de detenidos se hallan ahora en huelga de hambre indefinida y sometidos a alimentación forzosa, circunstancias sobre las que las autoridades responsables han dejado de proporcionar información. Entre los presos restantes, 45 han sido designados sin juicio para la detención indefinida, una pena fuera de todo código nacional e internacional. El Centro para los Derechos Constitucionales mantiene abierta una campaña bajo el lema Basta de excusas, cerrad Guantánamo.
