Lluís Bassets
La Diada cívica, familiar y festiva, terminó como siempre con un momento bronco y virulento. No es una novedad. Quema de banderas y de retratos del rey, gestos hoscos y consignas contra la constitución son elementos habituales en la cola de las grandes manifestaciones independentistas. No es habitual, sin embargo, que sea un partido parlamentario quien protagonice la retórica y la gesticulación como ha sucedido este año. Y menos habitual todavía es que sea una formación política de la que dependen la continuidad del gobierno que preside Carles Puigdemont y la aprobación de los presupuestos de 2017.
La manifestación convocada por la CUP, fuerza parlamentaria desde 2012 y parte de la mayoría de investidura desde 2016, culminó la fiesta del Once de Septiembre con una acción perfectamente organizada de quema de banderas, las de Francia, España y Europa. No hay dudas sobre el objetivo político de la ignición: expresar el rechazo a la actual frontera que separa España de Francia para unir los territorios de habla catalana al norte de la frontera con los del sur. Idéntico proyecto al que alberga la CUP para la Comunidad Valenciana y para las Islas Baleares, que si bien comparten lengua común con Cataluña han pertenecido históricamente y pertenecen actualmente a comunidades políticas distintas, en el pasado los antiguos reinos de Valencia y de Mallorca, y en la actualidad las comunidades autónomas del Reino de España. Tampoco tiene dudas la CUP respecto al rechazo del proyecto de Unión Europea expresado con la quema de la bandera, al que atribuye todos los males de la actual crisis económica, los defectos y desigualdades vinculados a la globalización y la opresión de los pueblos europeos inherente a una estructura económica, jurídica y política vinculada a los Estados nacionales reconocidos internacionalmente.
Hace cuatro años, con la primera Diada organizada por la Asamblea Nacional Catalana, la hegemonía era plenamente del partido catalanista burgués y moderado que era Convergència. Nadie hablaba de una república catalana –la consigna más repetida esta Diada de 2016– sino de un Estado catalán propio dentro de Europa. Este Estado propio, según sus promotores, todavía tenía entonces posibilidades de constituirse como un Estado federal o confederal dentro de España. El presidente de la Generalitat de entonces, Artur Mas, llegó a sugerir que la Corona española podía albergarlo perfectamente, incluso en el caso de que la opción que se tomara fuera la de la independencia, de forma que el rey se convirtiera en el único vínculo con el resto de España. Esta era una opción que, naturalmente, solo tendría sentido si se aseguraba la permanencia de la Cataluña imaginada como independiente dentro de la UE como un Estado socio más.
Ahora todo se lo ha llevado el viento. En cuatro años, el movimiento soberanista se ha desplazado fuertemente a la izquierda. Depende de una fuerza que es republicana y antimonárquica, antieuropea y también antiatlantista, antiamericana por tanto. La compañía de la CUP perjudica muy severamente a la imagen y a la credibilidad del gobierno de Puigdemont. La quema de banderas francesas, españolas y europeas por parte de una fuerza parlamentaria de la que depende la continuidad del Gobierno seguro que es un obstáculo infranqueable para los propósitos de internacionalización del conflicto que tiene Junts Pel Sí. Sorprende la facilidad con que los dirigentes del proceso esconden la cabeza bajo el ala y prefieren ignorar el percance enorme en consideración y prestigio que significa la compañía de tales socios.
Respecto a este tipo de protestas simbólicas, en las que se utiliza el fuego como instrumento destructivo y purificador, pienso lo mismo que el presidente Obama. No hay delito alguno ni nada hay que debiera prohibirse. Forman parte de la libertad de expresión, aunque sean una lamentable e incívica demostración de falta de sentido democrático y de consideración y respeto hacia los numerosos conciudadanos, españoles, franceses y europeos en general, que dan valor a los símbolos que ellos destruyen. Pero la gravedad del asunto no reside en el carácter supuestamente delictivo de estos actos sino en el hecho de que Puigdemont dependa de unos diputados de la CUP que tienen en tan baja consideración los ideales europeos que nos han ayudado a obtener la democracia y los niveles de paz y de prosperidad que gozamos, al menos todavía, en el entero continente.
