Diez días después de su sulfuroso discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas, Chávez no parece haber surtido un gran efecto: sus apoyos y obstáculos para alcanzar un asiento en el Consejo de Seguridad siguen siendo los mismos, y la retórica antiimperalista -aunque grata a muchos oídos- no resulta muy contundente en boca de un gran socio comercial de Estados Unidos como él. Quizá el máximo efecto de su discurso fue disparar las ventas del libro de Noam Chomsky que mostró en el estrado. Nunca está de más promocionar un poco la lectura.
El que sí tuvo un eco inesperado en la prensa internacional –Newsweek le dedicó una página y el Herald Tribune, un editorial, por citar solo dos ejemplos- fue el menos rimbombante Evo Morales quien, en vez de un libro, empuñó una hoja de coca. Morales está haciendo campaña para diferenciar la coca de su derivado más tóxico: la cocaína. Y quizá a los Estados Unidos le convendría poner más atención a lo que dice.
La lucha contra el narcotráfico constituye el eje de la política norteamericana hacia la zona andina y buena parte de Centroamérica. En nombre de la salud de sus ciudadanos, EE. UU. no vaciló, por ejemplo, en invadir Panamá y vetar la entrada en su país a un ex presidente colombiano. Y aunque los métodos de lucha se han refinado un poco en los últimos años, la estrategia para luchar contra las drogas sigue basándose en la erradicación absoluta, con frecuencia recurriendo a infraestructura militar. Es como si para erradicar el alcoholismo bombardeasen con napalm los viñedos franceses.
Significativamente, la mayor resistencia contra Estados Unidos en la región andina se ha articulado precisamente en torno a las zonas que producen coca: es ahí donde comenzó su carrera política el propio Evo Morales, es ahí donde se hizo fuerte la guerrilla colombiana y es ahí donde más tenazmente sobrevivió Sendero Luminoso en el Perú.
La razón es simple: la violencia en la guerra contra la cocaína no suele afectar a los narcotraficantes y sus laboratorios, sino a los campesinos que cultivan lo que ha formado parte de su cultura durante siglos. Esos campesinos no pueden recurrir a las autoridades del Estado, que además a menudo son compradas por las ingentes masas de dinero que produce el negocio ilegal. En su camino hacia EE. UU., la cocaína deja tras de sí un reguero de conflictos sociales que van de la guerrilla a las maras. El resultado de todo esto es el caldo de cultivo perfecto para grupos antisistema, violentos o no, que capitalizan el descontento.
¿Cómo se soluciona todo esto? Dándole otro uso a la coca. Un uso legal. La propuesta de Morales y de muchos pequeños empresarios andinos es precisamente producir dentífricos, bebidas, medicinas, y convertir la coca en un polo de desarrollo para las poblaciones más deprimidas. Habrá que ver, claro, qué tan viable es eso, y qué solidez tiene la evidencia científica que ensalza a la hoja de coca como una panacea. Pero sí hay evidencia de una cosa: la política actual contra las drogas no está funcionando. No se han reducido significativamente los cultivos, y no lo harán mientras se mantenga el cóctel entre gente muy pobre y zonas geográficas muy inaccesibles.
La lección para EE. UU. parece difícil de aprender. De hecho, en Afganistán cometen el mismo error: en vez de dar una salida factible a los cultivadores de opio, los dejan en manos de los talibanes, que se están rearmando con el dinero del narcotráfico, gracias a EE. UU. Pero en el caso de la coca, la comunidad internacional puede dar un paso importante derogando la prohibición de Naciones Unidas que pesa sobre los productos derivados de la coca (prohibición que, por cierto, tiene excepciones que permiten a la Coca Cola comprar estos insumos). Ese sería el primer escalón para una solución pacífica y negociada que, además, beneficiaría tanto a los campesinos como a los Estados Unidos. Queda por ver si la administración norteamericana está dispuesta a que la salven de sí misma.
