Eder. Óleo de Irene Gracia
Basilio Baltasar
Si la condena contra los periodistas de la SER Daniel Anido y Rodolfo Irago fuera consecuencia de un error judicial, no nos importaría apelar a una instancia superior. Al fin y al cabo, afrontar el proceso legal que lleva de Villaviciosa de Odón a Estrasburgo sólo requiere tiempo, dinero, paciencia, viajes, buenos letrados y confianza en el discernimiento racional de lo establecido por las leyes. Sin embargo, se me hace difícil sustraerme al temor de una sentencia que parece querer encauzar la profesión periodística por otros derroteros. El fallo del juez no sería en este caso una sanción a dos profesionales, sino un inesperado aviso a todos los demás.
Sorprende que un juez pretenda llevar a cuestas semejante tarea cuando la propia marcha del mundo nos impele a ser informados de todo cuanto nos incumba. No sólo al amparo del espíritu constitucional sino por la expectativa del sentido común: ¿quién querría proteger secretos políticos sin alterar la dialéctica ciudadana?
Puede ser que el juez haya incurrido en una interpretación sesgada por una ley ambigua. Ya se verá. Mientras tanto, la lectura de su sentencia inspira sentimientos a cuya fuerza no podemos sustraernos.
La pertenencia a un partido político se consideraba secreta cuando la ley de Franco perseguía a sus militantes. Hoy el ordenamiento constitucional pretende todo lo contrario: la participación en la institución "partido político" resulta aconsejable. Considerarla un acto de privacidad contradice el logro de una sociedad liberada de sus temores. Por eso, penalizar al periodista que nos cuenta cómo se produjeron unas militancias conflictivas, y quiénes fueron sus protagonistas, supone admitir que la pertenencia a un partido puede ser un motivo de vergüenza.
Como la información proporcionada por Anido e Irago nos ha permitido conocer una historia de afiliaciones fraudulentas, resulta implícito en el auto del juez lo que la Justicia quiere negar: que la vinculación a un partido -en este caso al Partido Popular de Villaviciosa de Odón- es una información vetada.
Nada podría parecernos más absurdo que este silogismo: si los militantes se avergüenzan y los periodistas nos informan, éstos se condenan.
Los desagradables inconvenientes que durante un tiempo sufrirán Anido e Irago por cumplir con su deber de informar representan un gravísimo altercado en el funcionamiento de nuestra constitucionalidad. Ser inhabilitados para el ejercicio de la profesión, ser condenados a prisión y a pagar multas e indemnizaciones por haber contado una historia de corrupción urbanística contribuirá a fomentar una conclusión coloquial que en modo alguno podemos aceptar: lo justo será esconder información al ciudadano. Dado que informar acarrea penas de prisión, se entenderá que informar es un delito.
Mientras se enmienda el juicio, y eso llevará su tiempo, recordaremos "la convicción de sentido común" que subraya John Rawls en su Teoría de la Justicia: "la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales".
