Lluís Bassets

La unión cada vez más estrecha de los europeos, incluida en el texto del propio Tratado de la UE, es hija de un método único, que solo ha funcionado continuadamente en el territorio cansado de guerras y genocidios de nuestro continente. Este método es el del consenso, obtenido siempre mediante pequeños pasos, que van creando unas solidaridades prácticas y contribuyen a una solidaridad política mayor entre todos los socios. No está escrito en ningún tratado, pero todos saben que de las reuniones europeas nadie debe salir derrotado. La Unión Europea es exactamente el mecanismo contrario del juego de suma cero, en el que lo que gana uno lo pierde el otro. De ahí que el Consejo Europeo sea una fabulosa máquina de componendas, que permite a cada Gobierno regresar a casa con la cesta suficientemente llena aun después de haber cedido en sus pretensiones. Hubo un momento en que parecía que Tsipras lo había entendido. Hasta el pasado viernes, cuando el primer ministro griego anunció unilateralmente un referéndum que traslada la decisión sobre la última propuesta europea directamente al voto de los ciudadanos. Jean-Claude Juncker se lo aclaró ayer en la sala de prensa de la Comisión: los griegos no decidirán sobre el euro, sino que votarán si quieren seguir participando de la solidaridad europea. Tienen todo el derecho a hacerlo, naturalmente, pero también deben saber lo que se juegan. La UE ha resuelto, mal que bien, pero hasta ahora mejor que nadie, el célebre trilema de Dany Rodrik entre democracia, soberanía y globalización, que solo permite salvar dos elementos de los tres en juego y obliga siempre a renunciar al tercero. La fórmula europea funciona por la atenuación que produce el consenso: la democracia de cada socio queda sometida a la democracia de los otros y al acuerdo de mínimos entre todos; la soberanía se comparte: y la globalización se controla y gobierna desde Bruselas y desde el Banco Central. Así es como Europa ha superado el trilema. El golpe antieuropeo de Tsipras pone en juego la democracia directa y acciona la plena soberanía, pero si los griegos quieren seguir en la globalización deberán renunciar de nuevo y aceptar que también se les gobierne desde la UE. En caso contrario, les quedarán dos opciones: o caer en manos de un imperio que funciona verticalmente, sin métodos solidarios y, por cierto, sin democracia, como podría ser el ruso, o encarar la globalización en solitario con el riesgo de caer en el pozo de la depresión y la pobreza. Grecia forma parte de la UE desde 1981 y de la Alianza Atlántica desde 1952. A diferencia de España y Portugal, Grecia no tenía continuidad geográfica con el núcleo de Europa, era un país propiamente balcánico y su economía poco tenía en común con las de los países fundadores en el momento en que se tomaron las decisiones políticas de su integración. Si ahora se va de la UE, también será fruto de una decisión política, que revertirá incluso los efectos geopolíticos que tuvo su incorporación entonces y puede incluso aconsejar a Syriza el abandono de la OTAN.

Hay quien atribuye a la izquierda esta mala costumbre, en la que se esconde algo más grave que un prurito repetitivo. No es verdad. La superioridad moral se ha practicado desde todos los puntos cardinales de ideologías y creencias. Los más viejos del lugar entramos en contacto con ella y la sufrimos por la derecha y por el clericalismo. Nadie la ha practicado con tanta desenvoltura como los clérigos del nacionalcatolicismo. Y después, los clérigos de las izquierdas y más específicamente de la izquierda autoritaria y totalitaria. A pesar de su apariencia inocente, desde tiempos inmemoriales hasta el trágico siglo XX ha sido uno de los salvoconductos para el crimen. Es un racismo de la moralidad, un sectarismo de la verdad revelada, una indulgencia perpetua para los defectos propios y los de la propia tribu acompañada de la máxima exigencia y crueldad para los otros. Quienes lo practican tienen bloqueada cualquier capacidad de empatía y comprensión, no son capaces de situarse en el lugar del otro. Pero no nos pongamos estupendos. Bajemos unos peldaños hacia la prosa más cotidiana. La superioridad moral se exhibe incluso en el humor. El mundo del chiste se divide en dos meridianos: el de quienes se ríen del género humano a través del ejemplo que tienen más a mano, que es uno mismo; y el de quienes se mofan y ridiculizan a todos los humanos que caen bajo su mirada, principalmente si son débiles y perdedores, para enaltecer su propio ingenio y su mirada superior. No hay humor en la superioridad inmoral del chiste cruel y desalmado. Es cuartelero, violento y machista por definición. Bajo la apariencia de una rica imaginación no hay más que el refinamiento de la crueldad psicológica. El acoso escolar, el maltrato a niños y mujeres, la discriminación con los desvalidos y los disminuidos utiliza este falso humor darwinista y antiguo. No veo yo qué experimentos semánticos cabe hacer con los chistes primitivos que trivializan con el crimen y la muerte. Al parecer todo queda explicado por las redes sociales. El potencial dañino de tales artefactos corroe la moralidad de las personas decentes hasta convertirlas en alimañas. La responsabilidad personal queda transferida a la tecnología. ¿Cómo se explica, por ejemplo, que un notable escritor, y aparente buena persona, se deje llevar por sus bajos instintos y retransmita por twitter la conversación que está escuchando en el bar, donde un conocido suyo despotrica privadamente contra la independencia de Cataluña? ¿Cómo se explica que luego una web reconocida y premiada por el oficialismo nacionalista convierta esta acción de espionaje en noticia de portada, y por tanto en delación y denuncia? ¿Cómo se explica que el espía se deshaga en excusas autojustificativas que terminan con la siniestra sentencia de que el victimismo, típico de los nacionalistas, ha cambiado de bando? ¿Y todavía peor, que la publicación digital se disculpe ante el espía y los lectores pero no lo haga con el único afectado que es el escritor espiado y delatado por su antiindependentismo? Es la superioridad moral, en su variante catalana de superioridad nacional, que autoriza a espiar y delatar a quienes se resisten al proyecto unanimista del proceso independentista. Nada distinto, por cierto, a la que exhiben quienes defienden el siniestro humor del concejal de Fuencarral Guillermo Zapata, como ha hecho la alcaldesa de Barcelona en su página de Facebook. La superioridad moral se da por igual en todos los ejes, social o nacional. Si unos cuentan con la superioridad de los credenciales nacionalistas que les habilitan como poseedores de la verdad catalanista, los otros cuentan con los credenciales de su activismo social que les habilitan para difundir chistes antisemitas sin ser antisemitas o mofarse de las víctimas del terrorismo sin ser simpatizantes del terrorismo. Ciertamente, Ada Colau tiene razón: mientras no se produzcan incitaciones a la violencia, estas exhibiciones no merecen una acción de la justicia y están amparadas en la libertad de expresión. Pero no la tiene cuando dice que ?la gente sabe que un chiste, por reprobable que sea, no es comparable con la corrupción, a la mentira ni a la insensibilidad (sic) de los que nos han recortado derechos y servicios básicos?. Y no tiene razón porque es ella quien acude a la comparación con la corrupción, como hizo Pablo Iglesias, para exculpar y justificar el antisemitismo de los chistes de Zapata. La única coartada creíble para el antisemitismo chistoso y sus defensores es la frivolidad, probablemente la forma más liviana de la superioridad moral, que practica la asimetría de combinar la indulgencia consigo mismo y la inquisición para los otros.

Pocas encíclicas papales suelen tener efectos inmediatos y de tipo político. Como textos doctrinales que son, en los que el obispo de Roma se dirige a todos los fieles, las encíclicas influyen en el rumbo espiritual de la Iglesia y naturalmente en su relación con el mundo. Sobre todo si se trata de encíclicas de contenido político o social, como fueron la Rerum Novarum, de Leon XIII, de 1891, que estableció la doctrina social de la iglesia ante los movimientos obreros, o la Pacem in Terris de Juan XXIII, de 1963, que fue la respuesta a la guerra fría. Como cualquiera de las grandes encíclicas, la Laudato sii de Bergoglio, dedicada a una visión ecológica del planeta, sienta doctrina, pero también busca y tiene efectos políticos inmediatos. A diferencia de otras cartas papales, no se dirige únicamente a los fieles sino que pretende alcanzar a la humanidad entera, con independencia de la religión o las creencias. Es además un llamamiento, en muchos aspectos dramático, a la acción urgente ante las catástrofes medioambientales que se avecinan y específicamente las que se derivan del calentamiento global, dirigido sobre todo a los países más ricos y con mayores responsabilidades contaminantes y a las organizaciones internacionales pero también a los individuos, cada uno en su nivel, para que respectivamente actúen con políticas que limiten los desastres y adopten formas de vida más ecológicas y menos consumistas. Su repercusión demuestra el prestigio y la autoridad crecientes del papa Francisco. Solo han discrepado las voces cada vez más aisladas de quienes niegan la evidencia científica del cambio climático, como es el caso de Jeb Bush, el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, que ya ha declarado que en cuestiones de economía no está obligado a seguir a los obispos ni al papa. La nueva doctrina ecológica del Vaticano influirá sin duda en las elecciones presidenciales del país que ahora sostiene el peso de las negociaciones sobre la reducción de emisiones a la atmósfera. Barack Obama, en cambio, ha manifestado su sintonía con Bergoglio y le ha agradecido su encíclica como un apoyo a la conferencia que se celebrará en diciembre en París para limitar el incremento de la temperatura del planeta. Obama lo necesita, no tanto para convencer a sus interlocutores internacionales, sino sobre todo a sus conciudadanos y al Congreso que les representa y que le ha bloqueado numerosas iniciativas. La encíclica ha coincidido con una muy oportuna encuesta del prestigioso Pew Research Center sobre las posiciones de los católicos de Estados Unidos respecto al calentamiento global, en la que se evidencian las dificultades que tiene la sociedad estadounidense para aceptar el consenso científico. Solo atendiendo a la población católica, un 29% de los estadounidenses no cree que exista, un 53% no cree que sea fruto de la actividad humana y un 52% no considera que tenga consecuencias graves para el planeta. Estas cifras se amplían en el conjunto de la población y todavía más entre los no católicos. Quienes mejor sintonizan con las posiciones de Bergoglio respecto al medio ambiente, según la encuesta, son los católicos hispanos que votan demócrata y quienes peor, los blancos evangélicos que se identifican como republicanos.  Quienes más pueden darse por aludidos por esta encíclica son las oligarquías de los países más ricos y sobre todo los productores de gas y petróleo. Bergoglio propugna drásticas disminuciones en la extracción y uso de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, y su sustitución por energías alternativas. Son reiterados en toda la encíclica los ataques al consumo irresponsable, a la producción de deshechos innecesarios, al urbanismo que segrega a los ricos en zonas seguras y ecológicamente limpias y a los estilos de vida arrogantes de los más favorecidos. Este es un texto de gran densidad religiosa e intelectual. Hay capítulos perfectamente acordes con la literatura católica más devota y otros, de lectura más interesante para los laicos, que pertenecen al género del ensayo político y económico. Empieza con una evocación del santo inspirador de su papado, Francisco de Asís, y específicamente del poema y oración que es el Cántico de las Criaturas y termina con dos plegarias escritas de su mano, la Oración por nuestra tierra y la Oración cristiana con la creación. Jorge Bergoglio escogió el nombre de Francisco por el santo de los pobres y ahora se inspira en su filosofía de la naturaleza para esta encíclica ecologista, en la que hermana el cuidado del planeta con la atención a los más desfavorecidos, a los que considera las primeras y más importantes víctimas de las catástrofes originadas por el cambio climático. Hay ambición política en este texto redactado por el humilde cura andariego salido de los suburbios de Buenos Aires. Ambición eclesial y ambición papal. La voz de Bergoglio recupera ante la pobreza y la amenaza medio ambiental la intensidad del clamor de Wojtyla ante la falta de libertades bajo el comunismo. El Vaticano, eclipsado durante el pontificado de Ratzinger y herido en su prestigio por los numerosos escándalos de los abusos sexuales, está recuperando con Bergoglio su capacidad para actuar como contrapoder frente a los poderes de este mundo, con la ventaja de que aparece ahora despojándose de sus ropajes más arcaicos e incómodos y adaptándose en sus hábitos y en su vida diaria a la sencillez evangélica que siempre ha predicado y solo en muy contadas etapas de su historia practicado. Los ricos deben pagar su deuda ecológica con los pobres, el Norte con el Sur. No hay un derecho absoluto a la propiedad privada. El mercado libre y desregulado no sirve, ni siquiera para asignar precios a las emisiones de gases contaminantes. La economía no puede mandar sobre la política. Bergoglio critica incluso los rescates bancarios y la gestión de la crisis financiera. O propugna la sana presión, se entiende que los boicots, sobre quienes ejercen los poderes económicos y políticos. No parece haber dudas sobre la tendencia ideológica de la encíclica y del Papa que la ha redactado. Atendiendo a las reacciones, en todo caso, la derecha no parece tenerlas. El papa Francisco no deja rincón por barrer. De izquierdas en economía y ecologista e incluso animalista respecto a la naturaleza. Pero no se mueve en cuanto al aborto. Por primera vez en una encíclica se define contra la destrucción de embriones y la interrupción del embarazo, con el matiz de que no es parte de una doctrina moral sobre la reproducción sino de su visión franciscana de la naturaleza, que obliga a proteger a los más débiles, como son los pobres, los discapacitados y los embriones. Bergoglio se dirige a todos, pero a los creyentes les dice que no se puede amar a Dios sin amar la naturaleza y a los más desfavorecidos. El Papa les conmina a practicar una espiritualidad ecológica, a convertirse a una vida de sobriedad y bajo consumo, exactamente en las antípodas del tipo de religiosidad que funciona como una forma de equilibrio interior o autoayuda, tal como la practican muchos cristianos renacidos en Estados Unidos o piadosos magnates musulmanes en los países árabes.

¿Quién se acuerda de Paolo Cecchini? Nadie que no fuera ya adulto hace 30 años, cuando España se incorporó a las Comunidades Europeas (denominación anterior de la Unión Europea). Justo entonces, el presidente de la Comisión, Jacques Delors, encargó a un alto funcionario italiano, un oscuro subdirector general de Comercio Interior, que analizara las ventajas que reportaría crear el Mercado Único. El libro, titulado Los costes de la no Europa y conocido también como informe Cecchini alcanzó una gran notoriedad y fue instrumento crucial para uno de los mayores éxitos de la historia del continente. Rand Corporation, un veterano think tank estadounidense vinculado al Pentágono, acaba de hacer un ejercicio similar respecto Oriente Próximo. En su caso ha calculado cuánto va a costar a israelíes y palestinos el mantenimiento del actual y eterno callejón sin salida. El estudio, titulado El coste del conflicto israelo-palestino, proyecta cinco escenarios hasta 2024: un nuevo levantamiento violento palestino, un movimiento de resistencia no violenta, una retirada unilateral israelí de Cisjordania sin coordinación con los palestinos, otra con coordinación y finalmente la solución de los dos estados. Cualquiera sabe intuitivamente, sin necesidad de cifras, que la paz y los dos estados es la fórmula de mayor rendimiento económico para todos. Quienes más ganarían en términos absolutos son los israelíes, 123.000 millones de dólares, casi tres veces más que los 50.000 millones calculados para los palestinos. Estos últimos son los que lo notarían más personalmente, puesto que en renta per cápita la mejora sería del 36 por ciento frente a solo el 5 por ciento para los israelíes. El retorno de la violencia significaría, en cambio, una caída del PIB del 46 por ciento para los palestinos y del 10 por ciento para Israel. Quienes tienen más a ganar con la paz y más a perder con la guerra son los palestinos. Israel tiene menos incentivos económicos, sobre todo gracias a la desproporción de su poderío militar que le asegura el status quo a un coste relativamente bajo. Según el think tank, la parálisis incrementa los costes de la no-paz. Así sucede con la expansión continuada de las colonias, que encarece su hipotético desmontaje. O con las campañas BDS (boicot, desinversión y sanciones), que producen daños en Israel y respuestas reactivas del mismo tipo contra la economía palestina. Rand hace una advertencia, que suena a amenaza: ?El coste del estatus quo para ambos, israelíes y palestinos, sería mayor sin las ayudas de los países donantes, que en buena medida han aislado a las dos partes del coste total del actual bloqueo y han debilitado los incentivos para un acuerdo definitivo?. El informe se publica en el mismo momento en que Francia prepara una nueva resolución en favor de los dos estados, que someterá al Consejo de Seguridad este mismo año, mientras Washington ya da señales, por primera vez en mucho tiempo, de que no utilizará el veto en defensa del gobierno israelí.

Ahora toca la lista presidencial. Convergència Democràtica de Catalunya, el partido fundado por Jordi Pujol y heredado por Artur Mas, conseguirá una proeza histórica. Nunca se ha presentado a las elecciones con un punto en su programa que diga: queremos la independencia de Cataluña y quien nos dé su voto estará votando en favor de dicho objetivo. Y tampoco lo hará en las próximas elecciones catalanas del 27-S. Quien se presentará en cambio en vez de CDC y bajo el objetivo principal independentista, formulado por vez primera con tal claridad, será una lista de candidatos, buena parte de ellos dirigentes convergentes, elegidos directamente por el presidente. El argumento de Mas es como sigue: ya que no me han dejado hacer una consulta legal sobre la independencia de Cataluña y no basta la consulta alegal realizada el 9-N, ahora voy a utilizar mi facultad presidencial de disolver el Parlamento catalán y convoco así unas elecciones para el 27 de septiembre a las que me presento encabezando una lista única presidencial bajo la reivindicación de la independencia. Si obtengo la mayoría, considero que ya se ha expresado la voluntad democrática de los catalanes y solo me queda elaborar la constitución del nuevo Estado y negociar los términos de la independencia.   Su propósito inicial ha quedado matizado por la negativa rotunda de los otros partidos independentistas a incorporarse a su lista. Tanto Esquerra Republicana como las Candidaturas de Unidad Popular sabían que detrás de la propuesta hay también un propósito de salvación de un partido en declive electoral y políticamente arruinado, sobre todo por la corrupción de la familia del presidente fundador; como hay también una ambición política, perfectamente legítima, del presidente Mas, que ha personalizado el proyecto independentista hasta ligarlo a su propio destino como político. Detrás de la lista presidencial, aunque no sea única como se había propuesto, está el partido del presidente, preparado para sustituir a Convergència i a CiU y convertirse en el partido de Cataluña. En propiedad, CDC ha empezado a evaporarse. No tiene ya su magnífica y famosa sede de la calle de Córcega. No celebra sus regulares victorias electorales en el hotel Majestic, lugar también de los pactos célebres con el PP. Ni siquiera existe en la Red, sustituida por la denominación de los convergentes. Su último Congreso, que se celebró en Reus en marzo de 2012, nombró como secretario general a Oriol Pujol, presidente a Artur Mas y presidente fundador a Jordi Pujol. La refundación, pospuesta hasta un próximo Congreso de fecha indeterminada, ya está en marcha y la elaboración de la lista presidencial será su más evidente expresión, como lo fueron las decisiones precipitadas por los dramáticos hechos de julio pasado, tras la dimisión definitiva de Oriol Pujol, la destitución de Jordi Pujol y el apartamiento de ambos de todo cargo y militancia.  CDC ya era un partido presidencialista, o mejor dicho, ajustado como un guante al presidente que lo fundó y convirtió prácticamente en patrimonio personal o familiar, es decir, una formación dinástica en la que había ya un hijo del propietario, Oriol Pujol, preparado para perpetuar el apellido cuando se retirara Artur Mas. La institución democrática más importante en todo partido, como es el Congreso, no tiene en CDC la obligación de reunirse regularmente, sino que cuenta con un mero tope de 50 meses entre dos convocatorias ordinarias. Todo esto facilita las cosas a Mas, que tiene todavía más de un año por delante para convocar el XVII Congreso. Si no se hubiera producido la confesión de Jordi Pujol, ahora quizás CDC se habría mutado en los pujolistas en vez de los convergentes. La mayor transformación de su historia, como es la sustitución de la cúpula familiar y dinástica y la refundación del partido, se ha precipitado en un año escaso, desde julio pasado hasta ahora, en decisiones tomadas exclusivamente por el presidente y sus asesores. El modelo de partido es bien claro: un jefe y quienes le ayudan, siguen y obedecen. Nada de facciones ni tendencias, nada de oposición, y en cuanto a procedimientos abiertos y democráticos, los mínimos. Hay una cierta afición atolondrada a buscar afinidades entre Artur Mas y los caudillajes caribeños que está muy lejos de los modos y, sobre todo, de la psicología del presidente catalán. El rey Artur, tal como le denominó su biógrafa y hagiógrafa Pilar Rahola, tiene muchas afinidades con la cultura política francesa, donde la derecha republicana sigue el surco de los liderazgos marcados por el general De Gaulle y seguido por los presidentes que le sucedieron en la inspiración, principalmente Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy. Cada uno amoldó el partido de la derecha como partido del presidente, es decir, una organización destinada a conseguir que el presidente ganara las elecciones. Cada uno le dio incluso un nombre distinto o proporcionó a las siglas un significado propio. El penúltimo avatar del gaullismo ha sido la Unión para un Movimiento Popular, que ya fue una redenominación de la Unión para la Mayoría Presidencial, ahora convertido por Sarkozy en Los Republicanos.  El politólogo René Remond, autor de la célebre teoría de las tres derechas, situaba la tradición gaullista en el bonapartismo (cesarista), diferenciándola del legitimismo (contrarrevolucionario) y del orleanismo (liberal). Parece clara la hipótesis de que los comportamientos de Artur Mas, principalmente desde que se erigió en timonel y garante del proceso, primero para obtener el derecho a decidir, y súbitamente para convertirlo en la obtención de la independencia, van ajustándose al modelo de la derecha bonapartista neogaullista, cosa que quedará todavía más clara el día en que, sin que medie ninguna consulta democrática entre las bases, ningún proceso de debate, ni ningún procedimiento congresual, se proceda a elaborar la lista presidencial, por el simple método digital, al estilo del mexicano Dedazo. Los convergentes están en su derecho. También estarán en su derecho los militantes de Unió que le sigan, a pesar de que el partido democristiano ha hecho lo que CDC no ha querido hacer, como es consultar a los militantes y debatir abiertamente, e incluso con aspereza, sobre la línea del partido y, asociado a ella, sobre el futuro de su dirección. También Artur Mas está en su derecho, aunque no rima con el derecho a decidir que con tanto vigor ha defendido, tampoco con las denuncias de la democracia de baja calidad que atribuye a quienes lo niegan, y mucho menos con la radicalidad democrática que con tanta frecuencia se otorga a sí mismo a pesar de que no la practica.

Madrid y Barcelona, en sintonía. El anticatalanismo, en retroceso en las Islas y el País Valenciano. ¿Qué digo? En retroceso en toda España. En Aragón, sin ir más lejos, donde el gobierno saliente humilló a los catalanohablantes con la denominación de la Lapao (Lengua Aragonesa Propia del Área Oriental). Son los últimos meses de la España del PP, rígida y crispada, incapacitada para hablar y entenderse. Se va José Ignacio Wert, el ministro que quería españolizar a los niños catalanes. Lo poco que queda del PP en municipios y comunidades autónomas se lo debe a Ciudadanos, formación surgida de Cataluña y del vacío al que ha llegado aquí el partido que dirige Alicia Sánchez Camacho. Queda la mayoría absoluta y sobre todo La Moncloa, que lo es todo en el país de tradición centralista donde la derecha conserva todavía sus ensueños de uniformismo y autoridad. Allí está Mariano Rajoy, el presidente que se comunica a través de la pantalla de plasma, con una disfunción comunicativa que le iguala con la de su partido. Puede pronunciar las palabras diálogo y pactos, pero está incapacitado para ponerlos en práctica. El PP dialogó y pactó solo cuando lo necesitaba y no podía hacer otra cosa: entre 1996 y 2000. Luego ha perdido los papeles con las mayorías absolutas, la segunda de Aznar, hija del éxito económico y de la prudencia estratégica, y la primera y con toda seguridad única de Rajoy, hija del primer golpe de la crisis y del fracaso de Zapatero. Aunque Rajoy remodele ahora el Gobierno, nada indica que el PP vaya a cambiar a seis meses de las elecciones generales. Al contrario, las reacciones ante los pactos municipales y autonómicos y su empeño en el enfrentamiento con el Gobierno catalán indican que los populares van a morir matando. No están programados para hacer algo distinto y, además, solo tienen capacidad para sacar agua electoral del negro pozo de la radicalización y del frentismo. Se aleja para Rajoy la posibilidad de capitalizar unos éxitos de la economía reconocidos por todos, y por ende la eventualidad de repetir mandato. En caso de que pudiera formar gobierno, debería ser condicionado por apoyos o coaliciones que matizarían su radicalismo y bloquearían su programa más derechista. Han quedado barridos los horizontes simplistas y felices, que prometían echar a los nacionalistas de los pactos en Madrid, sustituidos por las fuerzas emergentes, y que anunciaban grandes coaliciones para bloquear cualquier reforma al alza del Estado de las autonomías. Las elecciones municipales y autonómicas y los pactos posteriores abren una etapa de profundas reformas del Estado. La España plural ya llama con insistencia a esas puertas. En esta etapa nueva queda pendiente la agenda de Artur Mas, desgastada desde hace casi un año, cuando le estalló el caso Pujol y, sobre todo, desde que el soberanismo alcanzó la cumbre con la consulta del 9N. Su próxima gran cita es el 27S, cuando Mas quiere convertir unas elecciones autonómicas en plebiscito de independencia. La nueva dinámica abierta en toda España, también en Cataluña, no ayuda precisamente a esta agenda. La geometría de los pactos demuestra que ni siquiera ERC, no digamos ya la CUP, pueden someterse a la apropiación presidencial del independentismo. La dificultad que tiene el soberanismo, tras la acumulación durante cuatro años de un enorme capital político, es saber cómo gestiona y consolida sus posiciones y no como cumple unos hitos y plazos imposibles al servicio del liderazgo convergente. De cara al 27S, Artur Mas y Mariano Rajoy se hallan hermanados por intereses similares. A ambos les conviene tensar la cuerda. Todo lo que sea amenazar a Mas con las penas del infierno dará votos en el electorado del PP más fiel y radical. A su vez, las amenazas reafirman y prometen votos al abanderado del proceso y a sus argumentos sobre la baja calidad democrática de la España constitucional. Mas puede esgrimir incluso el recurso último de una declaración unilateral de independencia ante el callejón sin salida que le ofrece Rajoy. Todo esto explica los silbidos del Nou Camp a un Rey desprotegido por un presidente español ausente y la media y frívola sonrisa de un presidente catalán olvidadizo respecto a la reciprocidad del respeto: solo te respetan si tú también respetas. Ni uno ni otro debieran cerrar los ojos ante la nueva realidad. A pesar del PP, desde el sábado hay una mano tendida hacia Cataluña, que Cataluña no puede despreciar.

Un año ya sin Rusia. Por segunda vez, el G-7 se ha reunido sin el presidente ruso, después de una historia ya institucionalizada de 16 años, desde la cumbre de Denver, cuando Bill Clinton invitó a Boris Yeltsin a que se incorporara al directorio mundial que conforman los dirigentes de los siete países más industrializados. El G-7 ya no volverá a ser nunca el G-8, tal como se le denominaba durante los años de asistencia rusa. Era una participación más fruto de una voluntad diplomática integradora que de una realidad política y económica. Ni Rusia era entonces mucho más democrática que ahora ni entonces era, como no es ahora, una de las potencias económicas que más cuenta en el mundo. Se trataba de cerrar las heridas de la guerra fría e incluirla en la cima de la gobernanza mundial. Todo esto se fue al garete con la anexión de Crimea en marzo de 2014. Cayeron las sanciones económicas sobre Rusia y se suspendió provisionalmente la participación de todos los socios occidentales en la cumbre que precisamente debía celebrarse en Sochi, en el Mar Negro, bajo presidencia rusa. A la vista de cómo ha evolucionado el conflicto entre Rusia y Ucrania, la suspensión ya no es provisional y el G-7 regresa a su formato original, como directorio de los países democráticos e industrializados, todos aliados de Washington, es decir, las potencias occidentales más Japón. Nada permite intuir que las cosas vayan a cambiar en los próximos años, ni por la evolución económica de Rusia ni tampoco por la política. Por eso Rusia no volverá. El G-7 pesa mucho: representa solo el 11% de la población, pero acumula un tercio del PIB mundial. Durante la crisis económica pudo parecer que el G-20, que reúne teóricamente las economías más grandes del planeta, le pasaba la mano por la cara. Pero no ha sido así. ?En la práctica, el G-20 básicamente amplía la base de apoyo y el alcance de los compromisos directos del G-8?, dice Josep M. Colomer en su libro El gobierno mundial de los expertos (Anagrama). El problema del G-8 es otro: su población se encoge, es la más anciana del mundo y sus economías también serán cada vez más pequeñas con relación al conjunto. Quien falta en el directorio mundial no es Rusia, sino China, y luego India, Brasil, y todo lo que sigue. Al final, la reunión del G-7 se sintetiza en un largo y tedioso comunicado, unas conferencias de prensa y unas fotos. Ahí está la lista entera de los graves problemas mundiales, en la letra pequeña que a pocos interesa. Como corresponde a los tiempos de la política de la imagen, el país anfitrión elige escenarios de gran fotogenia. Quienes pretenden gobernar el mundo quieren que sus reuniones ocupen las primeras páginas de los periódicos y los prime time de las televisiones. En la foto de este año, en Baviera, no está Putin y solo se ve a Merkel con los brazos extendidos, como si cantara, y Obama, que la escucha sentado en un banco ante un escenario alpino de película. De la política de la imagen surge al final la imagen que queda de la política.

La erosión de la unidad europea no solo llega desde Reino Unido o Grecia, sino de las propias sociedades, cada vez más despegadas de la Europa de los derechos fundamentales. De entrada están Grexit y Brexit, dos operaciones de género y ritmo temporal distinto que pueden resultar en el encogimiento por primera vez en la historia de un proyecto acostumbrado solo a crecer. La Unión Europea necesita a Reino Unido y necesita a Grecia, a cada uno de los dos países por razones distintas. Más al primero que al segundo, por razones que van desde el tamaño demográfico y económico, así como el papel financiero de la City de Londres, hasta el arma nuclear y la silla permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero nadie en sus cabales, no tan solo en Bruselas sino también en Washington, permitiría la primera deserción del euro y una pérdida geopolítica del calibre de Grecia en favor de la Rusia de Putin. Si Atenas abandonara la moneda europea y, como consecuencia, la UE, y Londres hiciera lo propio, no solo el club pasaría de 28 a 26, sino que sería una invitación a que más socios se dieran de baja. Hasta el ingreso de Croacia, hace dos años, Europa era una gran mansión abierta a los cuatro vientos, en la que iban entrando los países; pero a partir del momento en que Londres y Atenas se despidieran, fácilmente se abriría la ventanilla para salir. Sería la prueba de que se ha gripado la fábrica de democracia, estabilidad, prosperidad y seguridad, a pesar de su buen funcionamiento desde mitad del siglo pasado. Con el castigo adicional de que pasaría una pesada factura en forma de dilatadas negociaciones de divorcio, que absorberían esfuerzos y energías solo para poner orden, no para ganar ni avanzar. Turquía nos ofrece una buena demostración de que el modelo europeo ha perdido fuerza y atractivo. Este país candidato al ingreso en la UE evolucionó muy favorablemente en el horizonte de una sociedad islámica y abierta mientras actuó la tracción de su plena incorporación; pero, una vez se le han ido cerrando las puertas, va en dirección contraria hacia un régimen presidencialista de ribetes ultraconservadores y autoritarios, más cerca de Putin que de Merkel. Como miembro que es de la Alianza Atlántica y del Consejo de Europa, el destino de Europa también se juega en alguna medida en Turquía, y hoy en concreto en unas elecciones en las que Erdogan pretende obtener una supermayoría de 330 diputados sobre 550 para reformar la constitución y coronarse como primer e inaugural magistrado de un nuevo régimen presidencial. La mutación hacia regímenes de talante autoritario ya se produjo en un país que es socio de pleno derecho de la UE como Hungría. Allí otro nacionalista ultraconservador como Viktor Orban obtuvo en 2010 la supermayoría parlamentaria que le permitió una reforma constitucional antiliberal. Ahora se ha querido trasladar ante el Parlamento Europeo el debate sobre la reinstauración de la pena de muerte, bajo la coartada del derecho a la libertad de expresión, mientras compite con la extrema derecha de Jobbik en muestras de rechazo a la inmigración y a la pluralidad cultural y religiosa. Veremos cómo evoluciona Polonia después de elegir como presidente este 24 de mayo a Andrzej Dudas, del euroescéptico y ultracatólico partido Ley de Justicia, fundado por los hermanos Kaczinski. El desmontaje no afecta solo a la UE, sino también a otra institución como es el Consejo de Europa, que vela por los derechos humanos con su tribunal de Estrasburgo, instancia suprema en todo lo que se refiere a derechos fundamentales. Cameron también quiere que le devuelvan esos poderes europeos y que los tribunales británicos no se vean obligados a someterse a la jurisdicción de la corte europea, algo que se observa con muy buenos ojos entre los socios habitualmente menos respetuosos con la Convención de Derechos Humanos, como son la citada Hungría y por supuesto países como Rusia o Azerbaiján. Esta es la erosión más visible que se ofrece a ojos de los europeos, pero no es la única. También trabajan en el desmontaje dos virulentas crisis bélicas, una en el confín oriental con Rusia y otra en el flanco meridional. En el primero se ha producido por primera vez desde 1945 la anexión de un territorio y la agresión militar a un país que pretendía estrechar su relación con la UE con vistas a una futura adhesión, mientras que en el segundo hay cuatro guerras civiles árabes en marcha que han producido ya la mayor crisis de refugiados desde los años 90. Y de nuevo no es solo la UE, la institución central, la cuestionada. La invasión rusa de Crimea y de parte de las provincias de Lugantsk y Donetsk también interroga a la Alianza Atlántica sobre su incapacidad para prevenir y evitar una violación tan flagrante del derecho internacional en el corazón mismo del continente. Crecen a la vez las dudas ya existentes sobre dos instituciones como el Consejo de Europa y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, a las que pertenecen tanto Ucrania como la Federación Rusa, palancas cada vez más débiles a la hora de asegurar las libertades y la paz en el continente. Junto al desmontaje de la estructura exterior, actúa la corrosión interior, que afecta a los valores definitorios de Europa, tal como se contemplan en la Carta de Derechos Fundamentales, y toca dos puntos de máxima erosión, como son la seguridad y la inmigración. Las acciones y el reclutamiento de los terroristas del Estado Islámico en el interior mismo de Europa enerva las reacciones xenófobas y hostiles hacia los musulmanes europeos; pero activa también los reflejos autoritarios de la sociedad, tanto para recortar la libertad de expresión en nombre del respeto a la diversidad como para limitar las libertades individuales en nombre de la seguridad. Algo similar sucede con las oleadas de asilados que llegan a nuestras costas, que inspiran a los gobiernos fórmulas militarizadas, próximas a las intervenciones preventivas, para cortar las redes mafiosas de tráfico de personas, y a la vez suscitan el síndrome de la fortaleza europea cerrada a los extraños y diferentes, sobre todo si son pobres.

Cuatro guerras, cuatro estrategias. Así funciona Estados Unidos y así funciona la Unión Europea. En frente, el Estado Islámico, un enemigo que solo tiene una estrategia porque su guerra es una sola y la misma. Y sentados en la valla, los amigos y aliados, cada uno con su guerra y con su estrategia, dispuestos a sacar el máximo provecho. En París se reunieron este martes 25 aliados de una de las cuatro guerras, la de Irak, donde escuece la última derrota, la caída el 15 de mayo de Ramadi, 450.000 habitantes antes del desastre, apenas a una hora de coche de Bagdad. De allí se retiró el ejército iraquí porque no tenía ganas de combatir, según el secretario de Estado de Defensa, Ashton Carter. Estuvo el primer ministro iraquí, Haidar el Abadi, que pidió más armas, más vigilancia en las fronteras para que no entren combatientes extranjeros y salga petróleo de contrabando para financiar el Estado islámico, más bombardeos aéreos e incluso el permiso para saltarse los embargos y comprar armas a Irán y Rusia. Los aliados le pidieron que haga más reformas y que gobierne mejor y sea capaz de incluir a los sunitas. En Ramadi sucedieron algunas cosas muy notables, además de que al ejército iraquí, casi todo chiita, no le apetecía disparar contra los yihadistas. Apareció una nueva arma, los camiones-bomba de gran tonelaje, en número de hasta 30, que destruyeron las defensas de la ciudad y dejaron el paso libre a las tropas yihadistas. Los infiltrados que se levantaron dentro de la ciudad al empezar el ataque jugaron un papel importante, como en la caída de Mosul el 10 de junio de 2014. Y, lo más grave, la población sunita que huía en estampida no pudo entrar en Bagdad porque fue rechazada, por sospechosa de complicidad con el EI, por las autoridades chiitas que rigen en la capital. Los aliados para Irak no son los aliados para Siria. A los países árabes del Golfo no les apetece apoyar al régimen chiita y pro iraní de Bagdad pero se sienten muy motivados en el combate contra el amigo de Teherán que es Bachar el Asad. Seguro que no les produce mayores emociones la caída de Palmira en manos del Estado Islámico, sobre todo entre los fervientes wahabitas que vienen destruyendo estatuas y ruinas antiguas desde hace siglos en la península arábiga. En cada una de las guerras se produce una situación inmejorable para el EI: son contiendas civiles entre tres bandos que en ningún caso quieren aliarse entre sí. Allí donde hay chiitas, Irak, Siria y Yemen, la guerra que cuenta es con los sunitas, mientras el EI va recogiendo los frutos. En Libia hay dos Gobiernos que se disputan el poder por las armas, uno apoyado por Catar, Turquía y Sudán, y otro por Egipto, Arabia Saudí y Emiratos Árabes; quien se aprovecha es el yihadismo, que ya ha tomado Sirte y quiere declarar el dominio del califato en la Cirenaica. No hay quien pare estas guerras civiles a tres, mientras sean cuatro y sin estrategia para nosotros y una sola y bien coherente para el yihadismo. Es bien claro, además, que son hijas legítimas de una región sin dirección ni rumbo, la mejor situación para los aprovechados, empezando por Arabia Saudí e Irán.

Hay que tomar a cada uno por su palabra. Artur Mas ha perdido la batalla de Barcelona. Sin la capital, el proceso soberanista diseñado por el presidente catalán se enfrenta a una cuesta más empinada de lo previsto y probablemente insuperable, al menos para él. Muchos fueron los factores que facilitaron el viraje de Convergència hacia el independentismo. Uno de ellos fue la extensión de su poder institucional, simbolizado por la conquista en 2011 de la inalcanzable alcaldía de Barcelona. Los presupuestos y las instituciones a disposición de CiU, directamente a través de la Generalitat e indirectamente del Ayuntamiento y de la Diputación barcelonesa, le han proporcionado una potencia de fuego excepcional, con un control irrepetible de medios de comunicación, instituciones culturales, publicidad, subvenciones y nombramientos políticos. Otro de los factores que facilitaban la apuesta de Mas fue la incorporación también por primera vez de parte del empresariado, el mundo de los negocios e incluso de las clases más altas a su proceso independentista. El derrotado alcalde Trias era el exponente municipalista de la culminación en la toma del poder en las instituciones y a la vez de una cierta sintonía del nacionalismo con la burguesía barcelonesa. Con Ada Colau de alcalde, Artur Mas se encuentra de nuevo con un contrapoder al otro lado de la plaza de Sant Jaume, que ya reclama antes de entrar en la alcaldía las deudas contraídas por su gobierno durante los cuatro años de sequía, y sin la figura conciliadora y pactista que simbolizaba en su independentismo sobrevenido y esforzado el giro nacionalista de la burguesía barcelonesa. Pero la caída de Barcelona tendría un valor escaso si se limitara a estos dos factores, por visibles y simbólicos que sean. Si de contar con la capital de Cataluña se trata, es evidente que Mas no podrá regresar al uso abusivo de las arcas municipales, pero no puede descartarse que Ada Colau entre en tratos en algún momento con el soberanismo y termine entregándole alguna baza, previo pago de las contrapartidas correspondientes. En cuanto a un eventual estrechamiento de la base social del independentismo, no hay que precipitarse en el análisis de la caída, a la vista de un mapa electoral barcelonés en el que CiU mantiene un altísimo nivel de voto. Los resultados del distrito más rico de la ciudad, Sarrià-Sant Gervasi, un 41'5%, no son los de un partido del que han desertado sus votantes. Trias fue el más votado en otros tres distritos burgueses, de composición más mezclada, como Les Corts, Eixample y Gràcia. En los otros seis, en cambio, Barcelona En Comú es quien gana, seguida en cinco de ellos por CiU, siempre por delante de ERC. Solo en Nou Barris, CiU queda desplazada al quinto lugar, con un exiguo 10%. Nou Barris es la excepción barcelonesa: con los resultados de los otros nueve distritos, Trias habría empatado en votos con Colau. Pero es la regla metropolitana: en las grandes ciudades del extrarradio barcelonés CiU queda también malparada, el conjunto del soberanismo no supera el 21% e incluso la adelanta ERC como primera fuerza independentista. Del mapa electoral salen tres Barcelonas bien diferenciadas. Hay una Barcelona soberanista, en la que la suma de los votantes de CiU, ERC y CUP supera el 50%: Eixample, Gràcia, Les Corts y Sarrià-Sant Gervasi. Hay otra Barcelona, a la que podríamos llamar mestiza, en la que gana Ada Colau pero mantiene un voto soberanista muy alto, entre el 33 y el 39%, gracias a que CiU se sitúa como segundo partido: Ciutat Vella, Horta-Guinardó, Sant Andreu, Sant Martí y Sants-Montjuïc. Esas dos Barcelonas son muy parecidas al resto de Cataluña y si todo el país fuera así, la decantación hacia mayorías independentistas intratables sería un hecho. Pero hay una tercera Barcelona, a la que podríamos llamar española, en la que el soberanismo queda superado por PSC, Ciudadanos y PP. No solo es el decisivo distrito de Nou Barris sino la gran metrópolis, donde ERC es una fuerza emergente, y CiU es el partido del establishment en decadencia. En la corona metropolitana el soberanismo apenas se ha hecho un hueco y, cuando lo hace, es desde la izquierda, ERC o incluso la CUP. CiU es en la periferia de Barcelona lo que es el PP en Cataluña. El liderazgo de Artur Mas encuentra ahí un valladar infranqueable. Si alguien quiere saltarlo, deberá hacerlo con un programa en el que los ejes social y nacional sean uno solo e inconfundible, algo que hasta ahora solo existe en las palabras y los deseos del independentismo voluntarioso.