Basilio Baltasar

Estamos tan acostumbrados a ver en la política la mera puesta en escena de un discurso, que ya no sabemos reconocer la vida cuando ésta aparece envuelta en sus más puras pasiones de furia, engaño y traición.

Al principio parecía la tímida disensión de los sectores descontentos con el resultado de las recientes elecciones generales pero inmediatamente la pugna adquirió proporciones grandiosas. La lucha en el seno del Partido Popular por conquistar la sede del aparato pasará a la historia española como una de las más cruentas batallas entabladas a cielo abierto por una clase política inclinada a dirimir en privado, y en secreto, sus pleitos.

De hecho, el dramático enfrentamiento entre Mariano Rajoy y sus feroces adversarios libera fuerzas que hasta ahora permanecían ocultas y sometidas a la disciplina profesional de la casta gobernante. No es que las puñaladas traperas no tuvieran lugar, sino que el odio de los contrincantes discurría por los cauces reglamentarios.

Esta es una de las fuerzas que ahora se han confabulado para estallar. El odio. Cuando José María Aznar nombró con su dedo caprichoso a los tres hombres que podían sucederle al frente del Partido Popular -Mayor Oreja, Rodrigo Rato y Mariano Rajoy-, cuando los tuvo a la intemperie, pendientes del veredicto que sádicamente rumiaba, cuando les permitió imaginarse como posibles presidentes del gobierno que en aquél tiempo creían tener en sus manos -antes de la derrota electoral del 2004-, cuando les obligó a pasar ante la opinión pública como aspirantes al gracioso capricho de un líder displicente -sometiéndoles a una humillación que no han olvidado-, parecía que todos aceptaban religiosamente la elección del heredero, pero en realidad se estaba gestando el insondable resentimiento que hoy toma la revancha.

Ninguno de los enemigos declarados de Rajoy -más allá de unas vagas impugnaciones formales- ha sabido explicar de un modo aceptable lo que se le está reprochando a Rajoy. El verdadero motivo del ensañamiento es inconfesable.

El tono elegido por la Iglesia española es la expresión torva y amarga de unas intenciones indescifrables. ¿Acaso pretende la Conferencia Episcopal enarbolar el estandarte de una insurrección popular? ¿Enviar a los más furiosos de sus fieles contra nuestro precario estado de tolerancia?

Es en verdad enigmática la doctrina adoptada por los obispos. Su condena de los homosexuales, los preservativos y "las relaciones prematrimoniales" (esta descripción de los amoríos adolescentes es un arcaísmo que deberían pronunciar en latín) responde a su habitual obsesión por el sexo, pero su abominación de la carne no es incompatible con la indulgencia que ofrecen a los sacerdotes procesados por pederastia.

Confiar en que la parroquia de los creyentes de buena fe será ajena a la enseñanza de estas contradicciones ya demuestra hasta qué punto los responsables de la Iglesia están fuera de órbita.

Y es precisamente el abismo que hay entre su furia política y sus ideales de mansedumbre el que debe hacernos temer la extraña mutación operada en el seno del catolicismo español.

Ya no se trata de resucitar -en ausencia de otros milagros- al fantasma de la Guerra Civil española, el más persistente de los espantajos del miedo nacional, sino de encarnar el fanatismo de los fundamentalistas evangélicos. Los prelados no quieren identificarse con la ley y el orden del Estado, sino capitanear el levantamiento contra la sociedad civil y sus instituciones.

Las consignas contra la Educación para la Ciudadanía, la reglamentación del aborto y el matrimonio homosexual, por ejemplo, no sólo son juicios para el discernimiento moral del feligrés, sino un llamamiento a destruir las leyes vigentes. A esto se dedican ahora los obispos españoles.

Estuve en Burma el pasado verano mientras se gestaba el levantamiento de los monjes budistas. Los miembros de la resistencia lo alentaban con esperanza pero lo temían fatalmente. El recuerdo de la última matanza perpetrada por los militares mantenía viva la secuela del horror y hacía previsible el desenlace de la protesta. Aún así, la población, adornada con extrañas virtudes, se encaminó de nuevo hacia el sacrificio y de nuevo fueron degollados.

La opinión pública internacional se soliviantó, los gobiernos democráticos protestaron, las Naciones Unidas condenaron el abuso de poder, la prensa de todo el mundo difundió las imágenes de una represión brutal pero indolente, cansina. Lobos saciados matando ovejas en un cercado.

Los militares birmanos se apoderaron de su país antes de organizarse las complicidades de la Guerra Fría y desde entonces gobiernan inmunes a la deriva ideológica y económica de nuestra época. Aislados del mundo por el recelo de su autarquía castrense, ejercen con impunidad el dominio feudal sobre unos súbditos sometidos a su indigencia moral. Astutos y codiciosos, los militares gozan los privilegios de un prepotente mandato desde la satisfecha ignorancia de su inconcebible necedad. No saben nada de economía, industria, agricultura, educación o sanidad. Su pericia son los desfiles y a juzgar por la prominente barriga que se distingue bajo sus uniformes verde olivo no parece que ni siquiera de eso sean capaces.

No concluyen aquí los episodios de la tragedia birmana. Cuando los militares hayan saqueado las riquezas de Burma (bosques y minerales) y la quiebra del país amenace sus cuentas corrientes abandonarán un Estado destartalado y lo dejaran a merced de los oportunistas que, aprovechando la ausencia de instituciones reguladoras y la candidez de una población bondadosa, se abalanzarán sobre los restos del botín y harán más perfecto el expolio y la explotación.

Una descomunal tormenta ha devastado al país y nada tienen los birmanos para hacer frente al hambre, las plagas, los heridos y los enfermos que se arrastran por los campos anegados. Con el rictus de su estúpida mueca autoritaria, un grupo de militares contempla la riada de escombros y los cuerpos sin vida que flotan en las aguas pestilentes. Su primera orden ha sido tajante: prohibir la llegada de la ayuda internacional.

La imagen se reproduce en El País a toda página con la recomendación del editor: "mire bien esta fotografía". La hizo el soldado Ronald S. Haeberle el 16 de marzo de 1968 un instante antes de la matanza, en la aldea de My Lai, Vietnam, mientras el pelotón de marines obedece la orden de su jefe, el teniente William L. Calley, y dispara contra un centenar de civiles.

En el centro de la fotografía una anciana tiene su rostro contraído por el pánico y con una mueca patética implora piedad. Una muchacha se agarra a su cintura y asustada agacha la cabeza. Detrás, una mujer levanta el brazo para proteger a una niña aterrada. A la izquierda de la imagen otra mujer, más joven, sostiene en brazos al que quizá sea su hijo. El niño mira con curiosidad a los soldados que, detrás de la cámara, les apuntan con sus armas. Mientras el griterío de los marines y el llanto de los prisioneros inflama la atmósfera del poblado, la mujer con el niño en brazos intenta abrocharse el último botón de la camisa.

Este gesto de pudor quizá se deba a su incredulidad o a una falta de imaginación para anticipar el desenlace que el resto del grupo adivina como inminente. También podría revelar la existencia de un sentimiento más fuerte que el miedo. Una extraña certeza acerca del valor que en las puertas de la muerte adquiere la tranquilidad.

¿Cómo podríamos entender la inquietante indiferencia de esta mujer?

Los periodistas enviados a la ciudad austriaca de Amstetten transmiten a sus lectores el titubeo de la policía. Los investigadores encargados de contar los detalles del caso están familiarizados con el mundo del crimen pero parece que en esta ocasión no pueden disimular la sensación de asco que sienten al tratar el asunto de Josef Fritzl. Su trabajo no es condenar al personaje cuyo rostro hemos visto estos días en nuestros periódicos ni encontrar los adjetivos más adecuados a su insólita perversión pero se sienten obligados a pronunciar algún tipo de condena moral. La malignidad del crimen cometido por el padre de familia excede lo que se han acostumbrado a perseguir y el simple atestado policial, la fría enumeración de las circunstancias, la palabrería burocrática, no refleja el celo y empeño que quieren poner para llegar al final de la atroz historia.

Hasta hace poco la sociedad horrorizada se llevaba las manos a la cabeza cuando casos semejantes llegaban a su conocimiento. Entonces se pronunciaban durísimos juicios contra los torturadores y se esperaba con ansiedad la condena que los aislaría del cuerpo social.

Pero los interrogantes tradicionales han perdido sentido -¿cómo es posible que existan seres de tan terrible crueldad?- y la reflexión se orienta hacia otras incógnitas: ¿cómo alimentaba y vestía a la hija que tuvo secuestrada durante 24 años? ¿Cómo parió esta niña a sus siete hijos? ¿En qué farmacia compraba los enseres necesarios? ¿Cómo pudo mantener oculta a su segunda familia, enterrada en el zulo, sin que su esposa, familiares, vecinos o policías sospecharan jamás nada anómalo en su comportamiento?

El espanto que suscita el personaje que secuestra a su hija y la convierte en esclava sexual sólo es comparable a un temor más difuso pero implacable: ¿acaso no tendrá Fritzl a su alrededor una tupida red de cómplices?

El caso nos lleva a recordar la última y casi póstuma novela de Norman Mailer. Falleció el 10 de noviembre de 2007 cuando estaba rodando por las librerías "El castillo en el bosque". Una novela que a pesar de su caudaloso índice bibliográfico fue recibida como una obra de imaginación literaria.

A la legión de demonios desplegada por el diablo sobre la tierra para torcer el destino de sus criaturas se le asignan distintos cometidos y a uno de ellos, el narrador construido por Mailer, le corresponde el encargo de manipular el árbol genealógico que finalmente dará a luz al más anhelado de los hombres perversos: Adolf Hitler.

El demonio relata la misión que le han encomendado con la precisión de un funcionario fiel y cuenta a los lectores los motivos que le llevan a escoger Austria como el laboratorio más adecuado a sus fines. Entre la población campesina austriaca es una costumbre de ancestral arraigo la práctica del incesto. Al parecer, la turbulenta atmósfera moral que imponen los padres en familias sometidas a la violación permanente de los niños es la más adecuada para propiciar encarnaciones demoníacas.

Si los investigadores de la policía criminal quieren conocer la genealogía moral y el laberinto mental de Josef Fritzl deben leer "El castillo en el bosque", de Norman Mailer.

Es una presunción del imaginario nacionalista creer que existe una casta propietaria del país. En realidad, todo el universo identitario gira alrededor de esta idea: un abolengo legítimo se remonta a un tiempo envuelto en brumas tan espesas como incuestionables. Es el fundamento mágico de un discurso hilvanado para un orador, no para la discusión política de la ciudadanía. Al parecer hubo un ancestro que, al llegar el primero, acuñó la denominación de origen. Sus descendientes son naturales del país; el resto, hijos de emigrantes.

El sencillo reproche del ex presidente Jordi Pujol contra el actual presidente de la Generalitat catalana José Montilla despliega toda una parafernalia de autoridad y enfado. Al reclamar a Montilla un mayor "grado de integración" en Cataluña, Pujol se presenta como miembro del tribunal que certifica o deniega la categoría de los habitantes de Cataluña.

No se sabe qué requisitos regulan los diferentes grados de "integración" pero la convicción censora de Jordi Pujol permite intuir la existencia de un manual cuyo contenido sólo conocen los más puros integrantes de la casta propietaria. Los únicos que pueden conceder el definitivo certificado de autenticidad nacional.

La anécdota es insignificante pero reveladora y pertenece a la crónica todavía no escrita de la conmoción sufrida por la burguesía catalana ante el insólito resultado del sufragio universal: un charnego en el sillón presidencial de la Cataluña original.

Es previsible que los dilemas de la emigración se vayan enredando gracias a un exceso de fervor. Pero lo que en verdad está en juego no es la política impuesta por el poderoso flujo migratorio -la impetuosa oleada de necesitados tocando las puertas de Europa- sino el discurso elegido para entender un acontecimiento social.

La benevolente sonrisa de Caldera se sustituye por la fama de hombre duro que Corbacho aporta al gobierno de Zapatero. ¿Han cambiado los tiempos? Sabíamos que el Ministerio de Trabajo subvencionaba el retorno de los emigrantes fracasados sin hacer ostentación de una medida que podía parecer desconsiderada. ¿Con quién? Al fin y al cabo, ofrecer ayuda siempre es un gesto. Pero el riesgo de ser tomada como una expulsión encubierta contradecía demasiado el climax retórico dominante en la anterior legislatura.

Una legislación adecuada garantiza el control de fronteras, la contratación laboral, penaliza las irregularidades, persigue el tráfico de esclavos, detiene a los mafiosos... ¿Hace falta presumir de ello? ¿Hay que informar al ciudadano o hacerle además partícipe de un alarde bronco?

El problema reside en la responsabilidad que asume o rechaza el gobernante: o neutraliza con sus iniciativas y reflexivas consideraciones la inquietud de una sociedad preocupada o lidera con su puño las fobias de una multitud miedosa.

Este es el saldo de la reciente batalla electoral: cada uno identifica la mercancía que su adversario ha colocado en el mercado. Y se apropia de ella. Rajoy quiere tener talante. Y Zapatero, una enérgica respuesta a los problemas de nuestro tiempo.

El escueto diagnóstico de Paolo Flores d'Arcais -"si Berlusconi gana asistiremos a la putinización de Italia"- tiene un tono melancólico muy parecido al de las elegías crepusculares de las épocas decadentes.

El filósofo no se deja seducir por la simpatía populista del empresario y desvela sus secretas ambiciones: garantizarse la impunidad controlando la magistratura y los servicios secretos.

Como la declaración de Flores d'Arcais es una aterradora profecía, lo que nos sorprende es el ejercicio de sagacidad que el pensador ofrece a sus conciudadanos: ¿acaso es posible conocer semejantes planes sin que el individuo conspirador sea inmediatamente detenido?

La fragilidad del estado democrático, la facilidad con que puede ser asaltado y dominado por los más atrevidos, es la espeluznante conclusión de nuestra impotencia: lo sabemos todo y no podemos evitar nada.

En el interior de los monasterios tibetanos, en la penumbra y después de acallar el ruido que suena en sus cabezas, el único empeño de los monjes es sentarse en el suelo de una tierra invisible y transparente, y contemplar una realidad tan huidiza como el aliento de un moribundo; una tierra sutil, surcada por vientos levísimos, innombrable y en verdad incomprensible. Es una experiencia inaprensible, pero ellos perseveran en dar consistencia razonable, gramatical, a las intuiciones que cultivan con los ojos cerrados desde hace milenios.

La ocupación militar de su país por las tropas chinas los sacó de su ensimismamiento medieval y los empujó al exilio. Dispersos por el mundo exterior, padeciendo las trágicas soledades de su Éxodo, aprendieron los modos de un siglo ajeno y extraño. Pero adoptaron inmediatamente las instituciones extranjeras: fundaron su parlamento, convocaron elecciones entre los exiliados y eligieron a sus representantes. Como una especie de ensayo general de lo que harán el día en que puedan regresen al Tíbet. De este modo no sólo legitiman su presencia en el mundo de hoy sino que resuelven lo que por su cuenta no habían descubierto: una versión política del budismo. Libertad, igualdad y tolerancia.

Aún así, su activismo pacifista no ha sido debidamente ponderado por Occidente -aunque se le concediera el Premio Nobel de la Paz al Dalai Lama- ni sagazmente temido por China hasta hoy: cuando un atleta con la antorcha en la mano corre el riesgo de tropezar y caer al suelo ante las cámaras de todo el mundo.

Las autoridades chinas van descubriendo el poder de la cultura mediática global desde el día en que reclamaron para Pekín la sede de los Juegos Olímpicos: la imagen de monjes golpeados y detenidos no solo revela el origen y destino del régimen chino sino la incongruencia de un espectáculo deportivo organizado para ensalzar la competencia pacífica de los ciudadanos.

Cada vez será más difícil pedirle a la ciudadanía que contribuya con su indolencia a torcer el principio de igualdad consignado por la Constitución.

Costará un gran esfuerzo justificar la actual aritmética parlamentaria y será casi imposible razonar las incomprensibles prerrogativas concedidas por la vigente ley electoral.

¿Por qué trescientos mil votos (303.246 ciudadanos) permiten al PNV ocupar 6 escaños en el Congreso de los Diputados y los trescientos mil votos (303.535 ciudadanos) obtenidos por el UPD de Rosa Díez sólo generan un único asiento en el hemiciclo?

¿Por qué Gaspar Llamazares debe sentirse derrotado después de obtener la confianza de 963.040 ciudadanos (¡2 escaños!) y Durán i Lleida, con 774.317 votos, puede pasearse como un triunfador (¡11 escaños!)?

Si deseamos una sociedad informada y comprometida con los procesos de participación política convendrá reformar la ley que consagra ofensivos privilegios aristocráticos.

Las revoluciones democráticas nos permitieron impugnar categorías de superioridad (presunciones absurdas que sostenían la supremacía de una casta racial, religiosa o económica) pero el paso del tiempo ha impuesto entre nosotros la subsistencia de ofensivos restos arcaicos. Como si la pertenencia a un territorio permitiera (en base a no se sabe qué fantasía teológica) multiplicar por seis el valor del voto individual.

La solidez y la confianza de la sociedad española en sí misma depende de la restauración del principio que alentó la conspiración democrática contra la tiranía de la desigualdad: un hombre, un voto.