Lluís Bassets
Entre los muchos méritos a los que se ha hecho acreedor el presidente de la República Francesa, Nicolás Sarkozy, se halla el rescate de gran parte de la descarrilada Constitución Europea que tomó la forma y el nombre de Tratado de Lisboa por su aprobación al final del semestre de presidencia portuguesa en diciembre de 2007. El hiperactivo Sarko había llegado al Eliseo en mayo, pocos días antes de que Merkel presentara y obtuviera de sus colegas europeos el consenso para ultimar el nuevo tratado remodelado, algo que no fue inconveniente alguno para que el recién llegado reivindicara como propio buena parte del trabajo desarrollado ya por la presidencia alemana. Así fue como el siempre eurocauteloso Sarkozy apoyó y firmó Lisboa, incluyendo la aneja Declaración de Derechos Fundamentales, que se incorporó con fuerza jurídica vinculante y sometida por tanto a la jurisdicción del Tribunal de Luxemburgo.
Dos países, Polonia y Reino Unido, pidieron y obtuvieron una cláusula de exención: para ellos no tiene carácter jurídicamente vinculante. No lo pidió Francia, y si lo hubiera hecho se hubiera ido al garete de nuevo el tratado entero, puesto que se trata de un país central en la construcción europea. Así es como la República Francesa, como Estado socio que aplica la legislación europea, quedó vinculada y sometida a las instituciones europeas en cuanto a vigilancia del cumplimiento entero de este tratado; concretamente, a la Comisión Europea como guardiana de los tratados y al Tribunal como última instancia jurídica para la determinación de la legalidad de los actos jurídicos. Esta es una reflexión que debería parecer ociosa en el caso de los franceses: la Declaración de Derechos Fundamentales se inspira, entre otros textos, en uno que es histórico y determinante como es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Constituyente en 1789 y pilar de la identidad política francesa.
Sarkozy debe cumplir, pues, con la Declaración de Derechos fundamentales de la Unión Europea, incorporada al Tratado de Lisboa, y debe hacerlo incluso en el caso de que no le guste su filosofía universalista, que es fundamentalmente fruto de la Revolución Francesa. Está obligado a cumplir el artículo 19 sobre ?Protección en caso de devolución, expulsión y extradición?, cuyo punto 1 dice literalmente: ?Se prohíben las expulsiones colectivas?. Debe cumplir con el artículo 21, sobre la ?No discriminación?, en su punto 1 que dice literalmente: ?Se prohíben toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual?; y en su punto 2: ?Se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad en el ámbito de aplicación del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y del Tratado de la Unión Europea y sin perjuicio de las disposiciones particulares de dichos Tratados?. No debe olvidarse del artículo 22 sobre la ?Diversidad cultural, religiosa y lingüística? con su escueto y contundente enunciado: ?La Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y lingüística?. Pero tampoco del 45 sobre ?Libertad de circulación y de residencia?, que establece en su punto 1 que ?todo ciudadano de la Unión tiene derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros?.
La Comisión Europea tiene el deber de cuidar que Sarkozy cumpla con todos sus compromisos. Y si hay indicios de que no lo hace, como parecen atestiguar millares de gitanos rumanos expulsados colectivamente de Francia en los últimos meses, entonces debe abrir una investigación y si se da el caso denunciar al gobierno de Francia ante el Tribunal Europeo de Luxemburgo. Además de todo esto, todos los ciudadanos europeos, empezando por los franceses, debiéramos empezar a avergonzarnos por esta Europa que tenemos, por su deriva cada vez más antieuropea y por nuestra escasa valentía en la defensa de la Europa de los derechos fundamentales con la que nos hemos llenado la boca durante tantos años.
